(Redaccion Ibarra).- La mañana de este jueves cinco cachorros fueron rescatados por personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra luego de quedar atrapados en un agujero de difícil acceso en el sector Los Ceibos.
La alerta fue reportada cerca de las 08h53 por moradores del sector, quienes escucharon ladridos provenientes desde el interior de un agujero cubierto de tierra. Según versiones de los vecinos, la can madre habría escogido ese lugar para dar a luz; sin embargo, los animales quedaron atrapados sin posibilidad de salir por sus propios medios.
Tras recibir el llamado de emergencia, los bomberos utilizaron herramientas manuales y un sistema de pescante, removiendo cuidadosamente la tierra para evitar poner en riesgo a los animales.
Después de varios minutos de trabajo, los cinco cachorros fueron extraídos con vida y puestos a salvo. Al momento de la intervención, la madre de los animales ya no se encontraba en el lugar.
(Redaccion Imbabura).- En Imbabura, varios procesos de desvinculación en instituciones públicas han sido revisados por la justicia en los últimos años. Aunque cada caso tiene particularidades, las decisiones coinciden en un punto: la necesidad de que los despidos estén debidamente motivados y respeten garantías constitucionales, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad.
En la provincia existen precedentes que enmarcan esta situaciòn.
Caso 1: Danny Francisco Hidrobo fue cesado en junio de 2019 como Supervisor de la Banda Municipal del GAD de Ibarra. En enero de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura aceptó su acción de protección y concluyó que la desvinculación vulneró el derecho a la seguridad jurídica. La sentencia dejó sin efecto la acción de personal, dispuso su reintegro bajo nombramiento provisional y ordenó el pago de remuneraciones no percibidas, además de aportes al IESS.
Caso 2: En 2023, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura resolvió a favor de Nataly B., quien fue desvinculada como jueza de coactivas de una empresa pública regional con sede en Ibarra. La funcionaria, madre sustituta de un niño con más del 30% de discapacidad, alegó la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral reforzada tras ser separada de su cargo luego de una hospitalización.
El tribunal aceptó la acción de protección y ordenó su reincorporación, así como el pago de los sueldos dejados de percibir.
Caso 3: En enero de 2026, la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Imbabura resolvió el caso de José Luis Flores Guerrero, exguardia del Gobierno Provincial, desvinculado en 2024 mediante visto bueno.
La jueza determinó que no existió fundamento legal suficiente para la terminación laboral, dejó sin efecto el visto bueno y ordenó el pago de indemnizaciones por despido intempestivo, desahucio y beneficios proporcionales. En este caso, no se dispuso el reintegro, sino compensación económica.
Caso actual: docente y cuidador, bajo análisis constitucional
A estos antecedentes se suma el caso de Luis Hernando Paredes, servidor del área educativa, cuya destitución está siendo analizada en la justicia constitucional.
Paredes fue destituido por el Ministerio de Educación bajo la acusación de “abandono injustificado del trabajo”. Sin embargo, según la acción de protección presentada, es cuidador directo de una persona con discapacidad severa del 97% y había solicitado vacaciones —inicialmente aprobadas— para acompañarla a un tratamiento médico en el exterior.
Durante ese período también presentó problemas de salud respaldados por certificados médicos validados por el IESS. El reclamo señala que la administración basó su decisión principalmente en el registro de salida del país, sin considerar integralmente su condición de cuidador ni los elementos médicos presentados.
Será la justicia constitucional la que determine si existió o no vulneración de derechos como la seguridad jurídica, el derecho al trabajo o la protección reforzada en contextos de discapacidad.
Un tema que sigue en discusión
Los casos registrados en Imbabura muestran que los procesos de desvinculación en el sector público continúan siendo objeto de revisión judicial cuando existen dudas sobre su legalidad o proporcionalidad.
El caso de Luis Paredes se suma a este escenario y podría aportar nuevos criterios sobre la aplicación de causales como el abandono del puesto, especialmente cuando intervienen factores de salud y cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.
(Redacción Imbabura).- La rendición de cuentas 2025 de la Policía Nacional en Imbabura revela una brecha que impacta directamente en la seguridad: la provincia opera con menos uniformados de los que recomienda el estándar internacional.
Según los datos presentados, Imbabura tiene 469.879 habitantes. De un total de 1.033 efectivos, apenas 914 cumplen funciones preventivas, es decir, son los que realizan patrullaje en territorio.
Bajo el estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes, la provincia debería contar con al menos 1.380 agentes operativos. Sin embargo, actualmente hay 1.033 policías en funciones, lo que representa un déficit de 347 uniformados y reduce la cobertura a aproximadamente 225 por cada 100.000 habitantes.
Ciudad Blanca: menos de la mitad del personal necesario
El Distrito Ciudad Blanca, el más poblado, concentra 209.816 habitantes, pero cuenta con solo 297 policías operativos. Aplicando el estándar internacional, este sector debería tener cerca de 630 policías. La cifra actual representa menos del 50% del personal requerido, evidenciando una presión operativa constante.
Patrullaje extendido y respuesta limitada
Con una extensión cantonal de 1.093 km² y apenas 297 policías en funciones operativas, la carga territorial en el Distrito Ciudad Blanca resulta considerable: en promedio, cada uniformado tendría que cubrir cerca de 3,7 km². Sin embargo, en la práctica —debido a turnos, descansos y otras funciones— el número de agentes en calle se reduce significativamente, lo que puede elevar la cobertura a más de 10 km² por policía en servicio. Esto implica que un solo uniformado podría estar respondiendo en un radio cercano a los 2 kilómetros a la redonda, una distancia que limita el patrullaje preventivo y refleja cómo la falta de personal termina diluyendo la presencia policial en amplios sectores del cantón.
Poco personal para investigar
A esto se suma que solo 102 policías están en investigación y 17 en inteligencia. Lo que refleja una estructura enfocada en patrullaje, pero con limitaciones para enfrentar delitos complejos o estructuras criminales.
Las cifras oficiales muestran que Imbabura no solo enfrenta problemas de inseguridad, sino también una limitación de personal. Con menos policías de los necesarios en las calles, la provincia opera al límite de su capacidad, en un escenario donde la demanda de seguridad supera claramente los recursos disponibles.
Durante la visita del ministro Reimberg a Ibarra, el pasado 26 de marzo, se le consultó sobre el déficit de personal policial frente a una provincia con alta población. El funcionario aseguró que se incrementaría el número de efectivos y se reforzaría el parque automotor para mejorar la seguridad; sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre si este ofrecimiento se ha cumplido en los meses posteriores.
(Redacción Otavalo).- La presencia del nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, en material de comunicación institucional volvió a encender el debate sobre los límites entre informar gestión pública y promocionar a una autoridad usando recursos del Estado.
En varios eventos vinculados a la Alcaldía de Otavalo —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, cuya difusión comenzó el pasado 14 de enero— se ha evidenciado el uso reiterado de una gráfica institucional en la que el nombre de la alcaldesa destaca de forma predominante en distintos materiales publicitarios. Esta presentación, por su diseño y énfasis visual, resulta llamativa y deliberada, y según el criterio de varios especialistas; lo que se asemejaría más a una marca personal que a una identificación oficial del Municipio.
Al revisar el Sistema Nacional de Contratación Pública, se pudo verificar que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación de la Alcaldía de Otavalo, se inició un proceso de ínfima cuantía para la adquisición de bienes destinados al proyecto de difusión de acciones de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
Dentro de las especificaciones técnicas de dichos bienes constan stands, inflables, carpas inflables, arcos inflables, obeliscos inflables, tótems, roll-ups, backing y otros elementos promocionales, los cuales no solo incorporan el nombre institucional de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, sino también el nombre de la primera autoridad del cantón.
Asimismo, en las redes sociales institucionales, particularmente en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, se observa de manera reiterada la inclusión del nombre de la alcaldesa, acompañado de los hashtags #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, un llamativo juego de palabras que refuerza la evidente apropiación simbólica de los canales institucionales.
¿Qué dice la norma?
El Código de la Democracia, en su artículo 219, prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su cargo. Especialistas señalan que el punto no es impedir la comunicación institucional, sino evitar que el presupuesto público se use para posicionamiento personal o con fines que puedan afectar la equidad política.
Contraloría ya ha observado casos similares
La Contraloría General del Estado sí ha revisado y observado el uso de recursos públicos en publicidad institucional cuando esta incluye nombres de autoridades u organizaciones políticas. Un antecedente directo es el examen especial realizado al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los gastos de publicidad, información y difusión en vallas y otros medios, específicamente para determinar si se utilizaron recursos y espacios públicos para promocionar nombres de personas u organizaciones políticas. Aunque en ese caso el informe concluyó con observaciones y recomendaciones —y no con una sanción administrativa definitiva—, el proceso dejó establecido que este tipo de prácticas son objeto de control fiscal. Además, la Contraloría ha reiterado en comunicados oficiales que mantiene controles permanentes, especialmente en periodos electorales, para evitar el uso de bienes y recursos públicos con fines de promoción personal o política, en concordancia con la prohibición expresa del artículo 219 del Código de la Democracia.
Cuando sí hay sanción: el precedente del TCE
En la vía electoral, el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado casos vinculados al uso de bienes públicos en contextos de promoción. En la causa 084-2019, el TCE declaró responsable al entonces rector de la ULEAM, Alejandro Miguel Camino Solórzano, y dispuso una multa de 10 remuneraciones básicas por permitir que vallas de propiedad pública sean usadas con publicidad electoral, citando el art. 219 como base prohibitiva y aplicando el régimen de infracciones.
Documentos públicos del requerimiento de la ORDEN DE COMPRA DEL GAD DE OTAVALO.
(Redacción Ibarra).- La madrugada de este lunes, un aparatoso siniestro de tránsito sacudió el sector de Yahuarcocha. A las 00h26 se registró un choque múltiple que involucró a tres vehículos particulares y dejó como saldo a tres personas heridas.
La magnitud del incidente activó de inmediato los protocolos de emergencia. Desde las estaciones Santo Domingo y Yahuarcocha, el Cuerpo de Bomberos de Ibarra envió dos ambulancias y una unidad de rescate. En el lugar, el personal especializado se encontró con una escena compleja: uno de los heridos permanecía atrapado dentro de uno de los automotores, lo que obligó a ejecutar maniobras de extracción con herramientas hidráulicas.
Tras la estabilización, tanto este paciente como otro con heridas de consideración fueron atendidos por paramédicos y trasladados a una casa de salud. Un tercer herido recibió atención por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), también presente en la emergencia.
Aunque las causas del accidente aún están en investigación, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales que lamentar.
(Redacción Urcuquí).- En una operación militar desplegada durante el fin de semana, el Ejército Ecuatoriano logró desarticular una compleja red de minería ilegal en la denominada Zona Minera Norte, ubicada en el sector de Buenos Aires, cantón Urcuquí. La intervención, que se ejecutó en tres áreas distintas dentro de la zona conocida como Mina Nueva, reveló el alto nivel de organización e infraestructura utilizada por los grupos dedicados a esta actividad ilícita.
Durante la operación, los uniformados hallaron una mega procesadora compuesta por tres trituradoras de material aurífero, quince piscinas de sedimentación, más de mil quinientos sacos de material aurífero y una central de poleas con motor, lo que evidencia la magnitud de la extracción clandestina. Además, se encontraron nueve generadores de electricidad, veintitrés canecas de gasolina, tanques de gas, cocinas improvisadas y alojamientos con capacidad para albergar a más de 150 personas, lo cual sugiere una operación a gran escala, sostenida y bien abastecida.
En otra zona del operativo se identificó un campamento con espacio para 40 personas y otra procesadora equipada con trituradoras, piscinas, tanques de agitación y nueve canecas de ácido, presumiblemente utilizadas para procesos químicos de separación del oro.
En un tercer punto, los militares encontraron más maquinaria: tres trituradoras, tanques de agitación y cientos de sacos con material aurífero listo para ser procesado, además de armas de fuego y uniformes militares.
Todo el material fue inhabilitado por personal especializado EOD del Ejército, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), como parte de las acciones de combate a la minería ilegal que afectan gravemente a los ecosistemas locales y a la seguridad de la región.
Según fuentes militares, esta intervención representa un duro golpe a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que operan en el sector, y forma parte de una serie de acciones estratégicas para recuperar el control del territorio y frenar el avance de economías criminales vinculadas a la minería ilegal.
(Redacción Ibarra).- Desde encuentros espontáneos hasta comunidades organizadas que mueven cientos de personas cada semana, los clubes de running han tomado un nuevo protagonismo en la ciudad. Y no solo por razones deportivas: correr también se ha convertido en una manera de conocer gente, generar vínculos e incluso encontrar el amor.
Lo que antes era una práctica individual, enfocada únicamente en rendimiento o superación personal, hoy se ha transformado en una experiencia colectiva, abierta y profundamente social. En este nuevo contexto, el deporte ha evolucionado hacia algo más humano: el encuentro. Ya no se corre solo para mejorar marcas, sino también para compartir una ruta, una conversación o una sonrisa al cruzar la meta.
Este boom no es exclusivo de The Crew. En Ibarra ya existen alrededor de seis clubes activos, cada uno con su propia esencia, pero con un denominador común: integrar a más personas al mundo del running, sin importar su nivel. Desde salidas entre semana hasta entrenamientos para carreras, la ciudad respira deporte y comunidad.
Pero, ¿por qué se dice que los clubes de running son el “nuevo Tinder”? Como lo señala un reciente reportaje del diario El País , estos espacios permiten conocer personas en contextos reales, despojados de superficialidad y filtros digitales. A diferencia de las aplicaciones de citas, donde la conexión se basa muchas veces en fotos o textos breves, en los clubes de running se construyen relaciones desde la acción, el compromiso y la convivencia.
Correr en grupo rompe el hielo de forma natural. No importa si alguien llega solo o acompañado: siempre habrá una bienvenida, un tramo para conversar, una meta que cruzar junto a otros. El esfuerzo compartido crea vínculos auténticos, donde no es raro que surjan amistades duraderas, equipos de entrenamiento, proyectos personales… e incluso relaciones sentimentales.
“La gente viene por deporte, pero también por compañía. Vemos cómo se hacen amigos, se organizan salidas fuera del running, se dan primeros pasos… y también relaciones que se consolidan”, comenta Michael Encalada, fundador del club social de running The Crew.
(Redacción Imbabura).-El fuerte temporal invernal mantiene en alerta a la provincia de Imbabura, donde durante el fin de semana se registraron múltiples emergencias por lluvias intensas, provocando deslizamientos de tierra, inundaciones y daños a la infraestructura vial.
En Cotacachi, un deslizamiento de tierra en el sector de Pinsaquí obstaculizó el ingreso al cantón, generando riesgo para los conductores y afectando la movilidad de la zona.
En Otavalo, el sector San Eloy fue testigo de intensas corrientes de agua que descendían con fuerza por las calles. En la parroquia San Luis, específicamente en Gualapuro, se reportaron graves daños a una obra reciente de adoquinado, donde la fuerza del agua levantó la superficie vial y provocó la caída de varios postes eléctricos. También se presentaron deslizamientos en la comunidad de Urcusique, parroquia Quichinche, lo que obligó a cerrar temporalmente la vía Cuicocha-Apuela. Además, en Jardines de Otavalo se reportaron inundaciones que afectaron a viviendas y zonas residenciales. La alcaldesa colaboró directamente con el personal del Cuerpo de Bomberos de Otavalo y durante su recorrido, hizo un llamado a la ciudadanía: “A los vecinos, por favor, seamos solidarios. Hay muchas complicaciones tanto en este sector como en distintos puntos de la ciudad. Es momento de cuidarnos entre todos y tomar las debidas precauciones”. Ante la magnitud de los eventos, el COE cantonal fue activado.
El cantón Antonio Ante también vivió una jornada crítica a causa del fuerte temporal. Las intensas lluvias provocaron serias afectaciones en las parroquias Andrade Marín y San Roque. El alcalde César Escobar informó que se activó la alerta amarilla luego del desbordamiento de gran magnitud en el puente sobre el río Ambi, que conecta la vía Imantag–Antonio Ante, así como en el sector Las Gardenias, donde varias viviendas resultaron afectadas y la vía principal sufrió socavamiento, comprometiendo su estabilidad. Desde la madrugada, equipos del Cuerpo de Bomberos trabajan intensamente para mitigar los daños y atender a la población.
«La limpieza de las quebradas se ejecutará con apoyo de la maquinaria de la Prefectura. Este es un momento que exige solidaridad; es una situación integral que requiere la participación de todos”, señaló Escobar. “Vamos a construir sistemas de alcantarillado fluvial en la parte alta del cantón para disminuir la fuerza del agua y evitar nuevos desbordamientos. Es una corresponsabilidad colectiva, y daremos apoyo a las familias que han perdido sus enseres o cuyas viviendas presentan daños estructurales”, añadió.
En Ibarra, aunque no se han declarado alertas de emergencia, existen puntos críticos bajo observación, como la quebrada a lo largo de la avenida 17 de Julio, los asentamientos en la vía al mirador San Miguel Arcángel y el colector del río Ajaví, que año tras año presenta desbordamientos. En otros cantones como Urcuquí y Pimampiro no se han reportado afectaciones graves, pero tampoco están exentos de riesgos ante la persistencia del temporal invernal.
A nivel provincial, se evidencian serias deficiencias en infraestructura vial y obras públicas, sin un plan concreto para la gestión de lluvias y fenómenos climáticos. Esta ausencia de planificación obliga a los municipios a actuar de forma reactiva, priorizando respuestas inmediatas en lugar de acciones preventivas. La proliferación de construcciones en los márgenes de quebradas, la alteración de cauces naturales, la acumulación de desechos y el escaso mantenimiento de alcantarillado incrementan la vulnerabilidad de la población.
Aunque el INAMHI cumple su labor de advertencia climática, la reacción institucional por parte de las municipalidades sigue siendo débil. Es urgente que los gobiernos locales y provinciales implementen políticas firmes de ordenamiento territorial, monitoreo constante de zonas fluviales y mantenimiento preventivo de estructuras clave como puentes, alcantarillas y canales de drenaje.
(Redacción Imbabura).- En la sede de la Cooperativa 28 de septiembre, con la presencia de los dirigentes Marcelo Andrade Villegas Presidente de la Unión de Taxis de Imbabura, Edwin Vasquez Secretario del Sindicato de Choferes de Imbabura, Oscar Garcia Presidente de Transportes Unidos, Luis Onorio Cifuentes del Gremio de Taxis Ejecutivos, Angel Miño Rosero Unión de Transportes de Carga Liviana, Juan Pablo Ruiz Presidente de la Coop. 28 de Septiembre, Fernando Barreno, Jorge Hernandez Representante Trans Escolar Intra e Interprovincial, aproximadamente 80 representantes del gremio de transporte de las diferentes modalidades, se reunieron para adoptar una resolución sobre la paralización anunciada.
Luego de varias conversaciones y diálogos se confirmó la paralización desde las 00h00 de este jueves de todas las unidades de transporte en la provincia de Imbabura.
(Redacción Ibarra).- A las 20:10 minutos de este martes 08 de mayo del 2018, Personal de la Policia Nacional del Ecuador, acordonó el terminal terrestre de Ibarra, en vista de un reporte de una maleta sospechosa abandonada en el pasillo central de este lugar.
Inmediatamente se evacuó alrededor de unas 30 personas de los negocios cercanos, así también pasajeros que esperaban los últimos turnos del bus.
Inmediatamente se procedió a realizar un barrido visual de la maleta, descartando en primera instancia la presencia de algún elemento que determine la existencia de un artefacto explosivo.
Para proceder a descartar la amenaza, de procedió a llamar al Grupo antiexplosivos del GIR, quienes después de una investigación más profunda descartaron finalmente la presencia de un artefacto explosivo.
Juan Andrés Saa, quien esperaba el bus para Otavalo comentó que los policías les pidieron abandonar el terminal, hasta descartar la amenaza. «Vinieron los policías y nos pidieron que salgamos, habían varios cercos de seguridad y como llovía bastante no pudimos salir a la calle»
A las 22:45 el GIR confirmó la falsa alarma y procedieron a revisar las cámaras de seguridad para determinar las circunstancias y la persona que olvidó este elemento.
