(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional anunció una disminución temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector turístico con motivo del feriado de Carnaval 2026. La medida regirá del sábado 14 al martes 17 de febrero.
La decisión fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 304, firmado por el presidente Daniel Noboa, y establece que la tarifa del IVA pasará del 15% al 8% exclusivamente para servicios vinculados a actividades turísticas.
El propósito de esta disposición es estimular el turismo interno y fortalecer la actividad económica en uno de los periodos de mayor desplazamiento de viajeros a escala nacional.
El beneficio estará dirigido únicamente a los establecimientos que consten en el registro oficial del Ministerio de Turismo. Entre los servicios contemplados se encuentran:
Hospedaje: hoteles, hostales y alojamientos similares.
Alimentos y bebidas: restaurantes, cafeterías y locales gastronómicos.
Transporte turístico y alquiler de vehículos con fines turísticos.
Agencias de viajes y operadoras que ofrezcan paquetes y recorridos.
Organización de eventos como congresos, ferias y convenciones.
El control sobre la correcta aplicación de la nueva tarifa estará a cargo del Servicio de Rentas Internas, que verificará que los comprobantes de venta reflejen el 8% durante los días establecidos. Con esta reducción temporal, las autoridades buscan incentivar el consumo en el sector y generar mayor movimiento económico durante el feriado.
(Redacción Ibarra).- El uso de aplicaciones de transporte se ha consolidado como una alternativa cotidiana de movilidad en distintas ciudades del país. No obstante, el modelo de verificación de conductores que aplican estas plataformas ha reabierto el debate sobre los alcances reales de los controles previos y los posibles vacíos en materia de seguridad para los usuarios.
En el caso de inDrive, el proceso de habilitación de conductores se basa principalmente en la carga digital de documentos personales y del vehículo, un sistema que permite un ingreso rápido a la plataforma, pero que no siempre implica una validación exhaustiva antes de comenzar a operar.
Habilitación sin confirmación de revisión manual
Conductores que presentan documentos vigentes, como cédula de identidad, licencia de conducir y matrícula del vehículo, pueden quedar habilitados para recibir solicitudes de viaje sin recibir una notificación expresa de que exista una revisión manual detallada de la información enviada.
En la práctica, si el sistema no detecta inconsistencias evidentes en los documentos cargados, la cuenta puede activarse y comenzar a operar, lo que convierte el filtro inicial en un control básico, más que en una certificación integral del perfil del conductor.
Sin cruce automático con bases oficiales
En Ecuador, este tipo de plataformas no realiza cruces automáticos en tiempo real con bases oficiales del Estado, como la Agencia Nacional de Tránsito, el Registro Civil o los sistemas judiciales de antecedentes.
Esto implica que una persona puede ingresar a la aplicación con documentos auténticos y en regla, pero sin que se verifique de manera previa su historial judicial, siempre que cumpla con los requisitos formales exigidos por la plataforma.
Un sistema de control reactivo
El control más estricto se activa, en la mayoría de los casos, después de que el conductor ya se encuentra operando. Reportes de usuarios, calificaciones negativas reiteradas, incidentes de tránsito o denuncias formales son los principales detonantes para que la plataforma revise o suspenda un perfil.
Mientras no existan reportes, el conductor puede continuar activo, un escenario que plantea riesgos potenciales, considerando que no todos los hechos irregulares son denunciados por los usuarios.
¿Cómo verifican a los conductores las apps de transporte? – Solicitan documentos digitales básicos del conductor y del vehículo. – Aplican filtros automáticos de formato, vigencia y coherencia. – Pueden realizar revisiones humanas puntuales, que no siempre son notificadas. – No cruzan información en tiempo real con bases estatales en Ecuador. – El control más riguroso se activa tras reportes, incidentes o denuncias.
Un debate aún abierto
El análisis sobre la seguridad en las aplicaciones de transporte no se limita a una sola empresa, sino que forma parte de un debate más amplio sobre regulación, responsabilidad y el rol del Estado frente a plataformas tecnológicas que operan en un entorno normativo en desarrollo.
El desafío sigue siendo encontrar un equilibrio entre accesibilidad, rapidez y seguridad, en un modelo donde una parte importante del control depende de la denuncia posterior de los usuarios.
(Redacción Ecuador).– La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech alcanzó un hito sin precedentes para la ciencia y la ingeniería del país al fabricar el primer dispositivo semiconductor desarrollado íntegramente en un laboratorio ecuatoriano. El logro posiciona a la institución como referente nacional en tecnologías avanzadas, nanociencia y microfabricación.
Los semiconductores constituyen la base de la tecnología moderna y están presentes en computadoras, sistemas de telecomunicaciones, aeronáutica, energía, medicina y una amplia gama de dispositivos electrónicos. A nivel mundial, su producción depende de procesos altamente costosos, complejos y con un significativo impacto ambiental, lo que ha motivado la búsqueda de alternativas más eficientes y sostenibles desde la comunidad científica.
En este contexto, investigadores del Grupo de Aplicaciones Avanzadas de Nanotecnología (GIAANT) de Yachay Tech desarrollaron un método optimizado para la síntesis de óxido de cobre mediante tecnología sputtering. El proceso permitió obtener una capa delgada de aproximadamente 90 nanómetros, con destacadas propiedades ópticas y semiconductoras.
Esta capa fue integrada en la fabricación de un diodo semiconductor tipo heterounión, compuesto por silicio tipo n, óxido de cobre tipo p y contactos de aluminio. El dispositivo fue sometido a técnicas avanzadas de caracterización como XRD, AFM, UV-Vis y mediciones eléctricas, las cuales confirmaron su funcionamiento como diodo rectificador, convirtiéndolo oficialmente en el primer semiconductor fabricado en Ecuador.
Los resultados de la investigación fueron presentados en la Primera Conferencia Latinoamericana de Nanotecnología IEEE-LANANO 2025, realizada en Cusco, Perú, y el artículo científico asociado fue aceptado para su publicación en las memorias oficiales del evento.
Con este avance, Yachay Tech se consolida como la única institución del país con un laboratorio de microfabricación operativo, equipado con tecnología comparable a la utilizada en centros internacionales especializados en ingeniería de semiconductores. Además, el desarrollo abre nuevas posibilidades de aplicación, como la creación de células solares semitransparentes, con potencial uso en ventanas inteligentes, fachadas solares y sistemas agrivoltaicos.
El rector de Yachay Tech, Andrés Rosales, destacó la importancia del logro:
“Este avance refleja el talento, la disciplina y la visión de nuestros investigadores y estudiantes. Fabricar el primer dispositivo semiconductor en Ecuador marca un antes y un después para la academia nacional y demuestra que en el país es posible desarrollar ciencia de frontera”.
Rosales añadió que este hito genera oportunidades reales para el desarrollo de una futura industria tecnológica ecuatoriana basada en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.
Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.
Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.
En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.
Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.
(Redacción Túlcan).- Un violento asalto armado ocurrido la mañana del pasado sábado en el parque Isidro Ayora de Tulcán dejó como saldo una persona fallecida en el lugar y dos heridos, dos de ellos dedicados al cambio de divisas.
El hecho ocurrió cuando tres sujetos armados atacaron a dos cambistas en el parque Ayora. Al encontrar resistencia, los delincuentes los amenazaron con un arma blanca y uno de ellos realizó varios disparos. Una de las balas impactó a un ciudadano que transitaba por el lugar, quien falleció de manera inmediata.
Posteriormente se confirmó que la víctima era albañil y se dirigía a la iglesia La Dolorosa junto a su pareja al momento del ataque, por lo que no habría sido el objetivo del asalto. Los dos cambistas resultaron heridos: uno con un impacto de bala en la pierna y el otro con heridas de gravedad. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital Luis Gabriel Dávila, donde permanecen bajo pronóstico reservado.
Luego del hecho, la Gobernación del Carchi, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó operativos de control y seguridad en distintos sectores de la provincia. El gobernador Byron Borja lideró las acciones de búsqueda para identificar a todos los responsables y realizó una visita a los heridos. El operativo permitió la captura de Milton Rodrigo B. A., señalado como presunto responsable del robo con resultado de muerte. Para el día domingo, la Fiscalía formuló cargos en su contra y un juez dispuso prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Posteriormente, en la madrugada de hoy se confirmó el fallecimiento de Marcelo Crucerira, uno de los cambistas que había resultado herido durante el asalto. Con este deceso, el número de víctimas mortales ascendió a dos.
Este hecho marca un precedente en la violencia registrada en Tulcán en los últimos años al convertirse en el primer caso reciente en el que una persona es baleada y fallece en el lugar del ataque. Hasta antes de este suceso, los episodios de violencia registrados en la ciudad no habían escalado a muertes causadas por armas de fuego.
De acuerdo con los reportes disponibles, el homicidio más reciente previo a este hecho se registró el 11 de enero de este año, en el sector Chapuel, y correspondió a un ataque con arma blanca ocurrido durante una riña en la vía pública, presuntamente relacionada con el consumo de licor.
Asimismo, en septiembre de 2025 se reportó un caso de tentativa de homicidio, en el que un policía fue procesado por un presunto ataque contra un ciudadano. En ese hecho, la víctima fue trasladada a una casa de salud, se recuperó posteriormente y no se empleó un arma de fuego.
En ese contexto, el hecho suscitado el pasado sábado es el primer caso de esta índole ocurrido en Túlcan.
(Redacción Ecuador).- Con más de 90 millones de kilómetros recorridos sin eventos graves ni fatalidades y el cumplimiento de más de 2.000 días sin fatalidades y 1.500 días sin accidentes con pérdida de tiempo a 2025, UNACEM Ecuador consolida su liderazgo en seguridad vial a nivel nacional.
Este diciembre, la compañía marca un nuevo hito, 6 años consecutivos sin fatalidades. Estos resultados son fruto de Volante Seguro, un programa que, desde 2010, ha transformado la forma de conducir de cientos de choferes profesionales colocando la vida en el centro de cada decisión.
Volante Seguro busca fomentar una cultura de prevención entre los conductores-contratistas de la empresa para salvaguardar su patrimonio e integridad, así como la vida de los peatones vinculados con su operación.
Para John Gómez, Coordinador de Seguridad, Logística y Transporte, “Volante Seguro surgió como una respuesta a una necesidad real: cuidar a las personas que día a día recorren largas distancias para mantener en movimiento a nuestra industria. Con el tiempo, se convirtió en un modelo integral de gestión de seguridad en carretera”.
El programa incorpora sistemas de monitoreo que registran velocidad, frenado y hábitos de conducción, permitiendo alertas oportunas y la toma de decisiones más seguras en tiempo real. A ello se suma la verificación permanente del estado mecánico de los vehículos, el control riguroso de las cargas y un acompañamiento 24/7 a los conductores-contratistas. Todo esto se complementa con procesos de capacitación diseñados para reforzar un mensaje esencial: la seguridad comienza por uno mismo y un viaje seguro es siempre una meta compartida.
Esta visión y los resultados tangibles permitieron que, en octubre de 2025, durante el Congreso Técnico FICEM, UNACEM Ecuador recibiera el Premio al Mejor Programa Anual de Salud y Seguridad, un reconocimiento regional que destaca su liderazgo en cultura vial. “Recibir este premio en FICEM ha sido una experiencia muy valiosa. Nos permite compartir nuestras buenas prácticas y reafirmar que no solo producimos cemento y hormigón, también construimos bienestar para las personas”, menciona John Gómez.
Los resultados hablan por sí solos: una reducción sostenida de incidentes viales, el fortalecimiento de la conciencia preventiva y la consolidación de un modelo de transporte industrial más humano y eficiente. Lo confirma uno de los choferes que ha vivido el proceso de transformación: “Antes, manejar era solo cumplir con una ruta. Hoy, gracias a Volante Seguro, entendemos que cada viaje es regresar a casa con tranquilidad y entregar un mejor servicio, conducimos con más conciencia y orgullo, porque nos preocupamos por nuestra seguridad y por la experiencia de quienes confían en nosotros. Este programa nos ha dado las herramientas y la capacitación necesarias para cumplir nuestras metas”. Mauricio Puetate, conductor-contratista de UNACEM Ecuador.
El reconocimiento recibido no solo celebra un logro operativo, sino que reafirma el propósito de UNACEM Ecuador, centrado en proteger la vida, salvaguardar la salud y mantener unidas a las familias, construyendo un entorno más seguro y sostenible para todos.
(Redacción Imbabura).– Ecuador concluye el año 2025 con resultados económicos favorables, pese a las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, entre ellas el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 %, vigente desde el 1 de abril de 2024 para financiar el conflicto armado interno y reforzar la seguridad, y que se mantuvo durante todo 2025. Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) y el INEC, el país logró sostener el crecimiento económico a pesar de un contexto internacional adverso y de la caída del precio del petróleo WTI a USD 57,44 por barril. En este escenario, el riesgo país se redujo de 1.211 a 508 puntos, reflejando una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para la inversión y el financiamiento.
El fortalecimiento económico se refleja en la solidez del sistema financiero. El Banco Central reporta que las reservas internacionales crecieron 37,9 %, alcanzando USD 9.516 millones, mientras que los depósitos de la banca privada aumentaron 15,1 %, hasta USD 59.336 millones. A esto se suma un crecimiento del 8 % en las exportaciones y la recuperación de sectores clave como la construcción (6,7 %) y la agricultura (10,1 %).
Estos avances también se evidencian en los hogares. Según el INEC, la inflación bajó de 1,51 % a 1,05 %, el empleo adecuado subió de 33 % a 37,4 %, y la pobreza total se redujo de 28 % a 24 %. El mayor dinamismo económico se reflejó en el consumo interno, con ventas proyectadas por USD 231.530 millones, superiores a las registradas en 2024.
No obstante, esta recuperación nacional no se ha reflejado con la misma intensidad en la provincia de Imbabura. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) estima pérdidas económicas de entre USD 90 millones y USD 100 millones tras más de un mes de protestas y paralizaciones. A estas afectaciones se sumaron pérdidas cuantiosas para la provincia al perder el feriado de cuatro días por la Independencia de Guayaquil, del 9 al 12 de octubre, periodo en el que, a escala nacional, la reducción temporal del IVA al 8 % impulsó significativamente la actividad turística. Mientras otras provincias registraron alta afluencia de visitantes, Imbabura permaneció sitiada y sin turismo, profundizando el impacto económico del paro. Posteriormente, durante el feriado de Finados de noviembre, pese a los esfuerzos de reactivación y a la reducción temporal del IVA del 15 % al 8 % para servicios turísticos específicos en Carchi, Imbabura, Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 1 y el 4 de noviembre, la provincia apenas reportó un crecimiento económico del 6,4 % y una ocupación turística del 38,6 %. Aunque esta cifra superó el 31,3 % registrado en 2024, sigue siendo insuficiente para una recuperación sostenida. En ese período se contabilizaron 33.400 viajes, con un gasto turístico total de USD 1,84 millones.
Tras el paro indígena de 2025, que afectó gravemente a Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha, el Gobierno del presidente Daniel Noboa implementó el plan de reactivación “Firmes con Noboa”, que incluyó el Bono Emprende de USD 1.000 dirigido a comerciantes y pequeños emprendedores afectados por el cierre de vías y la paralización de actividades. De manera complementaria, la Prefectura de Imbabura y las alcaldías de los cinco cantones de la provincia articularon eventos y actividades orientadas a impulsar la reactivación económica local; sin embargo, estas acciones no lograron generar resultados sostenidos ni de alto impacto. Si bien estos incentivos representaron un alivio temporal y permitieron inyectar liquidez en la economía local, los indicadores reflejan que, al cierre de 2025, Imbabura aún no logra una recuperación plena, convirtiéndose en una excepción dentro del balance económico positivo que registra el país.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional informó que, tras un proceso de diálogo técnico y constructivo, se alcanzó un consenso histórico para fijar el Salario Básico Unificado (SBU) del año 2026 en USD 482, lo que representa un incremento de USD 12 respecto al valor vigente. El acuerdo fue anunciado este lunes 15 de diciembre por el Ministerio del Trabajo.
La decisión se adoptó en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, instancia tripartita conformada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, luego de analizar indicadores económicos, sectoriales y laborales, bajo criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar laboral.
Este consenso marca un hito, al ser la primera vez en casi nueve años que el nuevo valor del salario básico se establece mediante acuerdo entre todas las partes, reflejando el crecimiento económico del país y buscando fortalecer el poder adquisitivo de los hogares ecuatorianos.
El ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó que este acuerdo evidencia el compromiso del país con un modelo laboral equilibrado, basado en el diálogo y la corresponsabilidad, y señaló que el incremento salarial apunta a impulsar la productividad, la estabilidad laboral y el crecimiento económico.
(Redacción Imbabura).- Ante el impacto económico generado por el reciente paro nacional y la inestabilidad política en el país, la Fundación FEPEV Ecuador y el Instituto Tecnológico ITCA anunciaron un ejercicio conjunto de colaboración para impulsar la reactivación productiva de la provincia.
La iniciativa surge como respuesta directa al deterioro económico que atraviesa Imbabura. Durante la presentación, la Dra. Alicia Soto, rectora del ITCA, destacó que “la solución no puede depender únicamente del Gobierno, sino de la capacidad local para proponer alternativas responsables que permitan dinamizar la economía con planes concretos”.
Por su parte, Patricio Rubio, representante de la Fundación FepeveEcuador, recordó que desde 2019 la organización ha trabajado en cuatro ejes fundamentales de atención: personas con cáncer, adicciones, adultos mayores y víctimas de violencia. Solo en Imbabura —señaló— han llegado a 14 mil familias, con 3 mil beneficiarios directos.
Rubio enfatizó que el objetivo ahora es integrar esfuerzos con el sector productivo para promover oportunidades laborales: “Como ONG buscamos articular con empresas y fomentar la productividad. Enseñamos a nuestros usuarios a convertirse en participantes activos del mundo laboral”, afirmó.
El proyecto cuenta con avales internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el respaldo de programas como Imesun, «Inicie y Mejore Su Negocio». Con esta alianza, ambas instituciones buscan convertirse en un motor de apoyo y crecimiento económico, promoviendo estrategias sostenibles que permitan enfrentar la crisis y fortalecer el desarrollo de negocios en la provincia.