(Redacción Otavalo).- El cantón Otavalo vivirá el Carnaval 2026 combinando conciertos, eventos familiares y la celebración ancestral del Pawkar Raymi, resaltando la identidad cultural y la riqueza andina del territorio.
La agenda festiva iniciará el viernes 13 de febrero con una variada programación en distintos sectores del cantón. En Peguche, desde las 19:00, se desarrollará un concierto andino que pondrá en escena lo mejor de la música tradicional. Mientras tanto, en Pinsaquí, el Chicha Fest arrancará desde las 09:00, ofreciendo una jornada llena de ritmo y tradición. En el sector de Monserrath, la celebración continuará con una Noche Internacional a partir de las 20:00.
El sábado 14 de febrero seguirán los conciertos en Peguche, y en Monserrath se llevará a cabo la esperada Noche de Gala, consolidando un fin de semana cargado de música y entretenimiento para propios y visitantes.
Para el domingo 15 de febrero, desde las 14:00, la Plaza Cívica será el epicentro de la fiesta en la zona urbana, con la presentación de StarSquad, Poder Negro y Grupo Delicia Oficial. Además, el público podrá disfrutar de espuma y ferias de emprendimientos locales.
Uno de los momentos más significativos del carnaval será el lunes 16 de febrero, con la ceremonia ancestral del Tumarina, eje central del Pawkar Raymi. Este ritual simbólico conjuga flores, agua y energía como acto de renovación y agradecimiento. La ceremonia se desarrollará desde las 07:00 en la Cascada de Peguche; a las 10:00 en Pinsaquí; y el 17 de febrero desde las 09:00 en Monserrath.
Con esta programación, Otavalo invita a vivir un carnaval que integra música, tradición y espiritualidad.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional anunció una disminución temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector turístico con motivo del feriado de Carnaval 2026. La medida regirá del sábado 14 al martes 17 de febrero.
La decisión fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 304, firmado por el presidente Daniel Noboa, y establece que la tarifa del IVA pasará del 15% al 8% exclusivamente para servicios vinculados a actividades turísticas.
El propósito de esta disposición es estimular el turismo interno y fortalecer la actividad económica en uno de los periodos de mayor desplazamiento de viajeros a escala nacional.
El beneficio estará dirigido únicamente a los establecimientos que consten en el registro oficial del Ministerio de Turismo. Entre los servicios contemplados se encuentran:
Hospedaje: hoteles, hostales y alojamientos similares.
Alimentos y bebidas: restaurantes, cafeterías y locales gastronómicos.
Transporte turístico y alquiler de vehículos con fines turísticos.
Agencias de viajes y operadoras que ofrezcan paquetes y recorridos.
Organización de eventos como congresos, ferias y convenciones.
El control sobre la correcta aplicación de la nueva tarifa estará a cargo del Servicio de Rentas Internas, que verificará que los comprobantes de venta reflejen el 8% durante los días establecidos. Con esta reducción temporal, las autoridades buscan incentivar el consumo en el sector y generar mayor movimiento económico durante el feriado.
(Redacción Otavalo).- La presencia del nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, en material de comunicación institucional volvió a encender el debate sobre los límites entre informar gestión pública y promocionar a una autoridad usando recursos del Estado.
En varios eventos vinculados a la Alcaldía de Otavalo —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, cuya difusión comenzó el pasado 14 de enero— se ha evidenciado el uso reiterado de una gráfica institucional en la que el nombre de la alcaldesa destaca de forma predominante en distintos materiales publicitarios. Esta presentación, por su diseño y énfasis visual, resulta llamativa y deliberada, y según el criterio de varios especialistas; lo que se asemejaría más a una marca personal que a una identificación oficial del Municipio.
Al revisar el Sistema Nacional de Contratación Pública, se pudo verificar que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación de la Alcaldía de Otavalo, se inició un proceso de ínfima cuantía para la adquisición de bienes destinados al proyecto de difusión de acciones de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
Dentro de las especificaciones técnicas de dichos bienes constan stands, inflables, carpas inflables, arcos inflables, obeliscos inflables, tótems, roll-ups, backing y otros elementos promocionales, los cuales no solo incorporan el nombre institucional de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, sino también el nombre de la primera autoridad del cantón.
Asimismo, en las redes sociales institucionales, particularmente en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, se observa de manera reiterada la inclusión del nombre de la alcaldesa, acompañado de los hashtags #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, un llamativo juego de palabras que refuerza la evidente apropiación simbólica de los canales institucionales.
¿Qué dice la norma?
El Código de la Democracia, en su artículo 219, prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su cargo. Especialistas señalan que el punto no es impedir la comunicación institucional, sino evitar que el presupuesto público se use para posicionamiento personal o con fines que puedan afectar la equidad política.
Contraloría ya ha observado casos similares
La Contraloría General del Estado sí ha revisado y observado el uso de recursos públicos en publicidad institucional cuando esta incluye nombres de autoridades u organizaciones políticas. Un antecedente directo es el examen especial realizado al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los gastos de publicidad, información y difusión en vallas y otros medios, específicamente para determinar si se utilizaron recursos y espacios públicos para promocionar nombres de personas u organizaciones políticas. Aunque en ese caso el informe concluyó con observaciones y recomendaciones —y no con una sanción administrativa definitiva—, el proceso dejó establecido que este tipo de prácticas son objeto de control fiscal. Además, la Contraloría ha reiterado en comunicados oficiales que mantiene controles permanentes, especialmente en periodos electorales, para evitar el uso de bienes y recursos públicos con fines de promoción personal o política, en concordancia con la prohibición expresa del artículo 219 del Código de la Democracia.
Cuando sí hay sanción: el precedente del TCE
En la vía electoral, el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado casos vinculados al uso de bienes públicos en contextos de promoción. En la causa 084-2019, el TCE declaró responsable al entonces rector de la ULEAM, Alejandro Miguel Camino Solórzano, y dispuso una multa de 10 remuneraciones básicas por permitir que vallas de propiedad pública sean usadas con publicidad electoral, citando el art. 219 como base prohibitiva y aplicando el régimen de infracciones.
Documentos públicos del requerimiento de la ORDEN DE COMPRA DEL GAD DE OTAVALO.
(Redacción Otavalo).- Una tragedia vial se registró este lunes en la vía Panamericana E-35. A las 08:24, una llamada al ECU 911 alertó sobre un grave siniestro de tránsito provocado por la pérdida de pista y volcamiento de un vehículo de carga en el sector de San Miguel, en la parroquia San Rafael de la Laguna, cercana al Lago San Pablo en Otavalo.
De forma inmediata, desde la Sala de Operaciones del ECU 911 se coordinó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de Otavalo, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y EMELNORTE, quienes atendieron la emergencia en el lugar.
La fuerza del impacto fue tal que el vehículo de carga destruyó postes de energía eléctrica y afectó un negocio de venta de comida en una propiedad privada. Según el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, el siniestro dejó como resultado una mujer fallecida, cuyo cuerpo fue entregado a medicina legal para los procedimientos correspondientes, así como dos personas heridas, quienes fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas de urgencia a una casa de salud para recibir atención médica.
Testigos del hecho señalaron que la responsabilidad del siniestro recaería en el conductor de la camioneta color gris, quien presuntamente se encontraba en estado etílico al momento del accidente. Adicionalmente, comuneros de la parroquia impidieron que la Policía Nacional y las entidades competentes realizaran los procedimientos correspondientes, alegando que el hecho ocurrió en territorio indígena y que debía ser tratado mediante una asamblea comunitaria. Esta situación quedó evidenciada en transmisiones en vivo de distintos medios de comunicación, donde se observó el accidente, la llegada de los equipos de emergencia, el levantamiento del cuerpo y el diálogo entre un agente de la Policía Nacional y una líder comunitaria.
Posteriormente, y en días recientes, el conductor señalado como presunto responsable del siniestro permanece desaparecido, pese a que inicialmente moradores del sector aseguraron que había sido retenido por la comunidad.
Familiares de la persona fallecida llegaron desde el cantón Píllaro con la intención de retirar el cuerpo y brindarle cristiana sepultura; sin embargo, enfrentaron inconvenientes para realizar el trámite. En el lugar se mantiene una asamblea comunitaria, donde se busca una reparación para la familia afectada por la pérdida y los daños ocasionados. De manera preliminar, se conoce que la mujer fallecida dejó en la orfandad a una joven de 18 años.
(Redacción Otavalo).– Ingresar a Otavalo por el norte se ha convertido en una prueba de paciencia. Nuestra redacción mantiene un seguimiento periodístico permanente en uno de los puntos más críticos para la movilidad vial del cantón, el redondel que conecta la vía E35 con las calles de enlace entre la Panamericana y el ingreso al centro de la ciudad. En este sector confluyen la avenida Ponce de León y vías como De Los Corazas, Virgilio Chávez y Antonio José de Sucre, generando un alto flujo vehicular que lo ha convertido en un nodo estratégico, pero también conflictivo, para la circulación diaria.
En este sector, la saturación vehicular ha alcanzado niveles preocupantes y representa un riesgo constante tanto para peatones como para conductores que circulan en ambos sentidos. Esta situación se intensifica durante las horas pico y los fines de semana. El elevado flujo de vehículos que no pertenecen al parque automotor de Otavalo, sumado a la falta de una infraestructura adecuada para absorber la carga vial, genera congestión, maniobras peligrosas y retrasos prolongados, afectando directamente a residentes, transportistas y visitantes que utilizan esta importante vía de acceso.
Ante este escenario, y considerando que se trata de una vía que pertenece al Ministerio de Transporte e Infraestructura, se solicitó información oficial para conocer si existen cifras, estudios técnicos o diagnósticos relacionados con este tramo vial. Asimismo, se consultó si está prevista la ejecución de una obra de solución definitiva, como la construcción de un paso elevado o un paso deprimido, que permita aliviar la carga vehicular y mejorar la seguridad en la zona. Sobre el tema, el subsecretario Zonal 1 del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Juan Sebastián Echeverría, manifestó que se ha solicitado al departamento de delegaciones un análisis de la situación, debido a que se trata de una vía que se encuentra bajo concesión. Según indicó, este proceso permitirá determinar las competencias y posibles acciones a seguir para atender la problemática.
Mientras tanto, el malestar ciudadano persiste ante la ausencia de respuestas concretas. El aumento sostenido del tráfico y el riesgo permanente de siniestros mantienen en alerta a quienes transitan por el sector, a la espera de que las autoridades aceleren los estudios técnicos y definan una intervención que permita ordenar la circulación y mejorar la seguridad en uno de los principales accesos a la ciudad de Otavalo.
(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.
En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.
La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.
Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.
El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.
(Redacción Ibarra).- La noche de este sábado, aproximadamente a las 22:16, se registró un violento asalto en la avenida 31 de Octubre, en el sector conocido como la Zona Rosa de Otavalo. De manera preliminar y según testimonios de moradores del sector, un joven habría sido atacado con un arma cortopunzante a la altura del cuello, lo que le provocó una fuerte hemorragia en el lugar del incidente.
En un video captado por una cámara de seguridad se observa cómo un individuo desciende de un vehículo de color blanco y se aproxima a la víctima. Tras el ataque, el agresor vuelve a subir al automotor y huye del lugar.
Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de la víctima ni se ha informado sobre personas detenidas. Las autoridades investigan el hecho para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del ataque.
(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Paro 2025
Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.
La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.
Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:
En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.
Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:
Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.
Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.
El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.
Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :
En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.
Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.
(Redacción Imbabura).- Durante la audiencia realizada la tarde de ayer, la Fiscalía anunció una reformulación de cargos en el proceso judicial que involucra a las 12 personas detenidas durante las manifestaciones en Otavalo.
El fiscal Galiano Balcázar, encargado del caso, informó que los procesados serán investigados por los presuntos delitos de ataque y resistencia, además de daño al bien público. La autoridad señaló que estos deberán ser demostrados durante el proceso judicial.
Por su parte, la defensa de los acusados rechazó los nuevos señalamientos, asegurando que no existen pruebas que vinculen a sus representados con los delitos mencionados.
La decisión de la Fiscalía se produjo luego de descartar el delito de terrorismo, al no encontrarse elementos que sustenten la acusación presentada originalmente por el Gobierno Nacional, en el contexto del Paro Nacional de 2025.
La audiencia de reformulación de cargos se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, fecha en la que además se dará a conocer el dictamen final sobre el hábeas corpus solicitado a favor de Luis Jácome, que continúa privado de libertad en la cárcel de Ibarra.
(Redacción Otavalo).- En el mercado 24 de Mayo, uno de los principales centros de abasto de Otavalo, los comerciantes enfrentan una reducción significativa en sus ingresos. Aunque la ciudad registró un movimiento turístico durante el feriado, la afluencia no se tradujo en mayores ventas. Decenas de familias que dependen del comercio minorista aseguran que sus productos se mantienen en los puestos mientras que los visitantes prefieren recorrer o comprar en espacios informales.
Esta mañana, un grupo de vendedores expresó su descontento y amenazaron con retornar a las antiguas instalaciones del mercado 24 de Mayo, ubicadas entre las calles 31 de Octubre y la actual Plaza Cívica, alegando afectaciones por la escasa demanda, la competencia del comercio ambulante y la falta de apoyo municipal.
Ante esta situación, el Municipio de Otavalo dispuso el vallado de la calle Abdón Calderón para impedir nuevas ocupaciones informales. La medida podría ampliarse hacia la calle 31 de Octubre y los alrededores del terminal terrestre, con el objetivo de mantener el orden y recuperar el control del espacio público.
