(Redacción Imbabura).- Aunque el presidente Daniel Noboa destaca una reducción de homicidios a nivel nacional y en El Oro, en la provincia de Imbabura la realidad muestra un escenario distinto. El mandatario atribuye los resultados a medidas como el toque de queda focalizado, controles fronterizos y operativos contra el crimen organizado; sin embargo, Imbabura no fue parte de estas restricciones.
En la provincia, el contingente policial y militar ha concentrado su accionar en sectores como Buenos Aires por la minería ilegal y en la zona norte por problemáticas vinculadas al contrabando y narcotráfico. Mientras tanto, la migración delincuencial se ha focalizado en ciudades como Ibarra y Otavalo. Días atrás, tras la visita del ministro del Interior, John Reimberg, se enfatizó la necesidad de debilitar redes delictivas relacionadas con narcotráfico, extorsión y préstamos ilegales tipo “gota a gota”. Además, se anunció el fortalecimiento del contingente policial en una provincia donde hay cerca de 2.400 uniformados para una población de cerca de 300 mil habitantes.
A pocos días después de la visita ministerial y en medio de las declaraciones de Noboa, las víctimas se siguen contabilizando en la provincia:
01 de enero: José Daniel V., de 31 años. Falleció por proyectil de arma de fuego durante un incidente en Santa Teresita de Alpachaca, en Ibarra.
19 de enero: Edwin Patricio Brazales, de 46 años, y Óscar Daniel Brazales., de 39, reconocidos comerciantes, fueron asesinados al estilo sicariato en Otavalo.
2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.
29 de marzo: Manuel Fabián Franco Cedeño, de 42 años, y Diego Caballero, de 31 años, fueron asesinados en un ajuste de cuentas en el sector de la Cruz Verde, al interior de la licorería y un karaoke aledaño en Ibarra.
Con este hechos, Imbabura cierra el tercer mes del año con al menos ocho muertes vinculadas a desapariciones, asesinatos y sicariatos, reflejando una situación de seguridad que aún genera preocupación, pese a los resultados positivos expuestos a nivel nacional.
(Redacción Ibarra).- En los últimos meses, usuarios de plataformas como Telegram, Instagram y TikTok han presenciado la aparición de una figura femenina otavaleña: una influencer creada completamente con inteligencia artificial. Bajo el nombre de Saya Otavalo, este avatar acumula más de 32.4 mil seguidores en TikTok, 9.190 en Instagram y alrededor de 13.6 mil suscriptores en Telegram, donde se promociona abiertamente contenido de carácter explícito, así como el acceso a la denominada “página azul”.
Juana Chicaiza, influencer indígena que genera contenido cultural y político en TikTok, advierte en uno de sus videos que estas representaciones no son neutras ni inocentes. Enfatiza que cuando los cuerpos digitales adoptan identidades indígenas, el problema se profundiza: “No es innovación, es racismo tecnológico que afecta a nuestros pueblos y nacionalidades”. Además, sostiene que la forma en que se programa la inteligencia artificial reproduce prejuicios, borra dignidades y normaliza una nueva forma de colonización en el entorno digital. “Cuando una mujer indígena se convierte en un avatar sexualizado, no es empoderamiento; es una amenaza directa a nuestra identidad”, afirma.
La construcción de una influencer quechua con una estética hipersexualizada no solo cuestiona el uso de la inteligencia artificial, sino también las dinámicas de mercado que convierten la identidad cultural en un recurso explotable. Más allá de lo indígena, diversos sectores coinciden en que la sexualización extrema de cuerpos femeninos, ya sean reales o artificiales, contribuye a la cosificación de la mujer y refuerza estereotipos dañinos.
Asimismo, hay quienes señalan que la responsabilidad no recae únicamente en los creadores de este tipo de contenido, sino también en el consumo masivo que lo respalda. En un entorno digital donde prima la viralidad, muchos usuarios no cuestionan si lo que siguen es real o artificial, mientras otros buscan lucrar a partir de la imagen e identidad de la mujer indígena hipersexualizada.
Un análisis del contenido de esta influencer mediante herramientas de detección de inteligencia artificial sugiere que tanto las imágenes como los videos han sido generados digitalmente, lo que refuerza las sospechas sobre su origen artificial. A pesar de ello, existe un público que consume e incluso paga por este tipo de material, lo que evidencia la consolidación de un modelo de negocio basado en la creación y comercialización de avatares hipersexualizados mediante inteligencia artificial.
(Redacción Imbabura).- Policía Nacional logró la captura de dos ciudadanos señalados como presuntos responsables de un doble asesinato ocurrido en Otavalo. El procedimiento se llevó a cabo el día de ayer como parte de acciones operativas enfocadas en combatir el crimen organizado por parte de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (DINASED) de la Subzona Imbabura.
El hecho investigado se remonta al pasado 19 de enero, cuando los hermanos Edwin y Oscar Brazales Argoti, de 46 y 39 años, fueron atacados con arma de fuego en las inmediaciones de la avenida 31 de Octubre y la calle Juan Montalvo, en el centro de Otavalo. Producto del ataque, ambas víctimas fallecieron en el lugar.
Tras el levantamiento de evidencias en la escena, entre ellas indicios balísticos, y el desarrollo de diligencias investigativas, las autoridades identificaron a posibles implicados. Las indagaciones incluyeron entrevistas y análisis de información que apuntarían a la participación de una estructura delictiva organizada.
Con orden judicial, agentes especializados ejecutaron un operativo en el cantón Cotacachi, donde se concretó la detención de los sospechosos. Durante la intervención, se incautaron varios elementos que serán sometidos a pericias, entre ellos una motocicleta, teléfonos móviles y prendas de vestir.
De acuerdo con las primeras hipótesis, los detenidos identificados como F. T. J. y S. G. J. tendrían vínculos con el grupo de delincuencia organizada “Los Choneros”, lo que refuerza la línea investigativa sobre la participación de redes criminales en este caso.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales.
(Redacción Imantag).- Durante un recorrido realizado junto a medios de comunicación de la provincia, el prefecto de Imbabura, Richard Calderón, dio a conocer los detalles de varias obras que se ejecutan dentro de su administración para fortalecer el desarrollo productivo y vial de la provincia.
Entre los proyectos más relevantes destaca un reservorio de agua para riego en la parroquia de Imantag, considerado el más grande en la historia de Imbabura. La infraestructura cuenta con una capacidad de almacenamiento de 150 mil metros cúbicos de agua. Para hacer una comparativa, 150 mil metros cúbicos equivalen a 150 millones de litros, una cantidad inmensa comparable al volumen de aproximadamente 60 piscinas olímpicas (basado en 2.500 metros cúbicos por piscina), un gran lago artificial o el transporte en un convoy de unos 7.500 camiones cisterna de gran tamaño, lo que permitirá irrigar aproximadamente 1.500 hectáreas de cultivos.
La obra contempla además la implementación de 10 kilómetros de canales de riego entubados y revestidos, lo que permitirá optimizar el uso del recurso hídrico y fortalecer la producción agrícola de la zona. Para los productores y agricultores de Imantag, este proyecto representa una oportunidad clave para garantizar mejores cosechas y mayor estabilidad en sus actividades productivas.
Durante el recorrido, el prefecto también anunció que este sábado iniciará la obra de asfaltado de la vía Imantag–Cotacachi. Esta intervención busca mejorar la conectividad del sector con ciudades como Otavalo, Atuntaqui, Ibarra y Urcuquí.
La obra forma parte del plan de intervención vial impulsado por la Prefectura, que hasta el momento supera los 158 kilómetros de trabajos ejecutados entre asfaltado, adoquinado y empedrado, como parte de los compromisos asumidos durante la campaña.
La mejora de esta vía responde además a una necesidad urgente del sector productivo. Actualmente, frutas, verduras y flores que se transportan desde esta zona suelen deteriorarse durante el traslado debido al estado del camino. Aunque los productores aplican protocolos de transporte para proteger la mercadería, las condiciones de la vía provocan daños en los productos. Esto ocasiona que, al llegar a los mercados locales o nacionales, aquellos que presentan afectaciones deban venderse a menor precio, reduciendo significativamente su valor comercial y afectando los ingresos de los agricultores.
(Redacción Ibarra).– La utilización de plataformas digitales para la compra y venta de productos entre particulares se ha vuelto cada vez más común en el país. En Ibarra, particularmente, este tipo de transacciones ocurre a diario, facilitando que muchas personas ofrezcan o adquieran artículos como implementos deportivos, ropa, repuestos, maquillaje, zapatos, dispositivos electrónicos o incluso distintos tipos de servicios.
Una de las herramientas más utilizadas para este tipo de negocios es Facebook Marketplace, espacio donde miles de ciudadanos publican productos nuevos y usados a precios accesibles. Sin embargo, nuestra redacción recibió reportes de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de robos y estafas tras concretar citas con supuestos vendedores contactados a través de esta plataforma.
Uno de los casos relatados corresponde al de un joven ibarreño que buscaba adquirir una consola de videojuegos. Tras encontrar una oferta de una PlayStation 5 a un precio atractivo, se puso en contacto con el supuesto vendedor y ambos acordaron reunirse en el domicilio indicado para revisar el equipo antes de concretar la compra.
Según el testimonio, el interesado se trasladó hasta el lugar en su vehículo. Al llegar a la ubicación enviada —un sector céntrico de la ciudad—, fue interceptado por el presunto vendedor, quien se subió al automóvil y le indicó que su domicilio se encontraba unos metros más adelante.
Sin embargo, al percatarse de que estaba ingresando a una calle sin salida, la víctima comenzó a sospechar y se produjo un forcejeo con el supuesto vendedor. En ese momento, al menos tres personas más aparecieron en el lugar y rodearon el vehículo. Los individuos lo intimidaron con un arma blanca y procedieron a sustraerle su teléfono móvil, el reloj, la billetera con el dinero destinado para la compra y la radio del automóvil. Antes de huir, arrojaron las llaves del vehículo hacia la maleza, aparentemente para impedir que la víctima pudiera perseguirlos.
En otro testimonio recogido por nuestra redacción, se menciona una modalidad similar utilizada por supuestos vendedores. En estos casos, citan al interesado en un espacio público para mostrarle un teléfono móvil en venta. Tras permitirle revisar el dispositivo, le indican que el dinero para la compra se encuentra en un vehículo cercano y le piden que se acerque hasta allí para concretar el pago. Es en ese momento cuando varios sujetos aparecen y lo abordan, procediendo a robarle sus pertenencias antes de huir del lugar.
Otro caso reportado corresponde al de una joven que, tras acordar la compra de varias prendas de vestir a través de Marketplace, aceptó realizar una transferencia bancaria desde Ibarra para que la supuesta vendedora —quien afirmaba encontrarse en otra ciudad— enviara la mercadería por medio de una empresa de encomiendas. Sin embargo, la compradora asegura que, después de efectuar el pago, recibió un comprobante de envío que posteriormente se comprobó que era adulterado. La mercadería nunca llegó a su destino y, poco tiempo después, el perfil de la supuesta vendedora fue eliminado de la plataforma, dejando a la víctima sin posibilidad de contacto ni devolución del dinero.
Casos de este tipo han generado preocupación entre usuarios que recurren a plataformas digitales para concretar compras directas. Ante esta situación se recomiendan extremar precauciones al momento de realizar este tipo de transacciones: verificar la identidad del vendedor, revisar con detenimiento su perfil y su historial en la plataforma, acordar encuentros en lugares públicos y concurridos y, de ser posible, acudir acompañado para reducir riesgos.
(Redacción Otavalo).- Nuestra redacción evidenció en varios eventos y actividades oficiales —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, realizada el 14 de enero de este año— el uso reiterado del nombre de la alcaldesa Anabel Hermosa en distintos materiales promocionales pertenecientes a la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
En dichos espacios públicos fue posible observar stands, roll-ups, backing, carpas inflables, arcos inflables, tótems y otros elementos visuales donde el nombre de la primera autoridad del cantón destacaba de manera visible junto a la identificación institucional.
Al revisar la información disponible en el Sistema Nacional de Contratación Pública, se constató que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación municipal, en proceso de ínfima cuantía, se adquirieron dichos bienes antes mencionados, destinados a la difusión de acciones institucionales.
El contexto cobra especial relevancia si se considera lo establecido en el artículo 219 del Código de la Democracia, que prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su responsabilidad.
Lo que cambió:
En actividades y apariciones públicas más recientes de la alcaldesa, se ha evidenciado un giro llamativo, puesto que en parte del material físico, el nombre “Anabel Hermosa Alcaldesa” aparece cubierto con un parche, reemplazado por un logo circular con la frase “Cumplimos”.
En plataformas digitales institucionales, como la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía, continúan visibles etiquetas como #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, por lo que el debate se mantiene abierto sobre los alcances y límites de la comunicación pública en la provincia.
(Redacción Imbabura).- La provincia de Imbabura cierra febrero con una preocupante escalada de violencia que ha conmocionado a sus cantones. Tras un 2025 catalogado como el año más violento del país, los primeros meses de 2026 evidencian que la crisis de seguridad persiste.
Al cierre de 2025, Imbabura acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1). Las autoridades atribuyeron este escenario a disputas entre bandas criminales, a las que el Gobierno declaró “la guerra”. Solo entre enero y junio de 2025 se registraron 22 homicidios en la provincia.
Enero abrió el año con un doble asesinato en Otavalo
El 19 de enero de 2026, la violencia golpeó a Otavalo con el asesinato de los hermanos Edwin Patricio B., de 46 años, y Óscar Daniel B., de 39, reconocidos comerciantes del sector. El doble crimen, perpetrado bajo la modalidad de sicariato, generó profunda consternación en la comunidad. El hecho no solo impactó por su gravedad, sino también por la percepción ciudadana de escasa respuesta institucional por parte del GAD de Otavalo y la Gobernación de Imbabura.
Febrero: desapariciones
En febrero, la violencia se concentró principalmente en Ibarra, donde se registraron varios casos de desaparición que terminaron en muerte.
2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.
A estos hechos se suma el caso del otavaleño Héctor Enríquez, cuyo cuerpo fue localizado el 25 de febrero en la vía Alóag–Santo Domingo, en Pichincha, tras haber sido reportado como desaparecido en la ciudad de Quito.
Solo en Ibarra, febrero dejó al menos tres homicidios confirmados, además de desapariciones que derivaron en muertes violentas. Con este panorama, Imbabura concluye febrero como uno de los meses más violentos en lo que va del año.
(Redacción Pichincha).-La tarde de este miércoles fue localizado el cuerpo de Héctor Fernando Enríquez Ruiz, quien era buscado desde las primeras horas del día en la vía que conecta Alóag – Santo Domingo.
El operativo de búsqueda se activó en la mañana, con la participación articulada de efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Cuerpo de Bomberos de Cotacachi y Cuerpo de Bomberos de Otavalo.
Como parte del despliegue, se incorporó un escuadrón aéreo de rescate que utilizó drones para realizar sobrevuelos estratégicos en zonas de difícil acceso. Estos equipos tecnológicos permitieron ampliar el rango de cobertura y facilitar la identificación de puntos clave para el avance de las tareas en tierra.
Tras varias horas de labores coordinadas, los equipos confirmaron la localización del cuerpo. Al cierre de esta edición, los rescatistas iniciaban las maniobras de recuperación, que incluyen descensos verticales mediante sistemas de cuerdas en sectores considerados estratégicos por su complejidad geográfica.
El apoyo de los cuerpos de bomberos de Imbabura respondió a un pedido institucional, debido a la experiencia de su personal en operaciones de búsqueda y rescate en terrenos de alta dificultad.
El cuerpo del joven reportado como desaparecido fue localizado alrededor de las 15:30 en el kilómetro 20 de la vía Alóag–Santo Domingo, en un terreno agreste entre matorrales. Personal de Criminalística y Medicina Legal realizó el levantamiento de los restos luego de confirmar su identidad en coordinación con sus familiares.
De acuerdo con la información obtenida en el proceso investigativo, el joven fue visto por última vez el 18 de febrero, cerca de las 23:00, en la ciudad de Quito, desde donde se dirigía con rumbo a Otavalo. Al no llegar a su domicilio, fue reportado como desaparecido por sus allegados.
La camioneta en la que se movilizaba, una Mazda B-750, fue hallada posteriormente en la provincia de Los Ríos. En el cantón Buena Fe fueron detenidos tres sospechosos —una mujer y dos hombres— quienes se encontraban en posesión del vehículo.
Inicialmente, los aprehendidos fueron procesados por el delito de receptación. Sin embargo, la Fiscalía anunció que solicitará audiencia para formular cargos por el presunto delito de desaparición involuntaria. Según las autoridades, los detenidos habrían guiado a la Policía hasta el lugar donde fue arrojado el cuerpo.
(Redacción Otavalo).- Durante una entrevista en el medio digital APAK TV de Otavalo, el abogado Washington Ruiz informó la situación en la que se encuentra la acción de protección presentada a favor del lago San Pablo que fue aceptada en primera instancia el año pasado.
Explicó que la sentencia de primera instancia fue considerada ambigua y poco específica, por lo que se interpuso un recurso de apelación. En segunda instancia, los jueces provinciales ratificaron la protección del lago y fallaron nuevamente a favor, esta vez por unanimidad. En relación con la demanda, señaló que en segunda instancia la sentencia fue ampliada, fortalecida y precisada por los jueces, especialmente en lo referente a la reparación integral, estableciendo con mayor claridad las obligaciones que deben cumplirse. Posteriormente, el Municipio de Otavalo interpuso un recurso de ampliación y aclaración; sin embargo, este fue negado en su totalidad por los magistrados.
Ruiz leyó textualmente en la entrevista: “La sentencia definitiva (sentencia de apelación), en la parte de la reparación integral 4.1, los jueces constitucionales de la Corte Provincial de Imbabura resolvieron que, en el término de 60 días hábiles después de haber emitido esta sentencia, el Municipio propicie una reunión ampliada entre los actores institucionales, sociales, económicos y deportivos, para establecer una hoja de ruta en la que se precisen las acciones realizadas por cada estamento público y privado hasta la presente fecha y, a partir de allí, definir las obligaciones y compromisos de cada una de las instituciones y demás organismos involucrados”.
Seguidamente, manifestó que ante esta situación, la semana pasada el Municipio extendió una invitación a varios dirigentes para participar en un conversatorio sobre el lago San Pablo. Sin embargo, la mayoría de asistentes fueron funcionarios municipales y no estuvieron presentes todos los actores involucrados, entre ellos dirigentes de cerca de 40 comunidades, actores turísticos y propietarios de embarcaciones. Además, se señaló que a dicha reunión no asistió la alcaldesa Anabel Hermosa.
En la entrevista, a su vez, afirmó que no existiría voluntad política ni un plan integral con presupuesto asignado para atender la problemática del lago, pese a que el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), en sus artículos 55 y 60, faculta a la alcaldesa a realizar traspasos presupuestarios cuando exista una declaratoria legalmente sustentada.
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:
o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;
Por su parte, Diego Conejo, dirigente de la comunidad de Pucará de Velásquez, sostuvo que en el cantón la prioridad debería ser la intervención del sistema de alcantarillado y la construcción de colectores marginales, a fin de evitar los puntos de vertido hacia el lago, y anunció que desde la comunidad de Pucará de Velásquez se ejecuta un plan de manejo de residuos de origen textil, debido a que este tipo de desechos son los que más se generan en su comunidad.
(Redacción Otavalo).- En el marco de la acción de protección presentada a favor de la conservación del río El Tejar, causa N.º 10282-2024-00138, se inició un proceso judicial que marcó un antes y un después en la defensa ambiental del cantón Otavalo. La demanda fue impulsada a finales de 2024 por dirigentes barriales, entre ellos representantes del barrio Los Portales, y el colectivo Unidos por la Pacha Mama, quienes denunciaron la constante contaminación del afluente y la inacción institucional frente a las descargas de aguas servidas.
Durante la audiencia desarrollada el 1 de mayo de 2024, la Procuraduría del Municipio de Otavalo aseguró que no existía contaminación en el río, mientras que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) sostuvo que, de existir, los niveles serían “aceptables”. Ante estas afirmaciones, el juez constitucional resolvió suspender la audiencia y dispuso la práctica de dos diligencias clave: una inspección judicial para constatar de manera directa el estado del cauce y un análisis químico exhaustivo de las aguas, con el fin de determinar el grado real de contaminación.
El proceso avanzó y, en febrero de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó la sentencia que declaró al río El Tejar sujeto de derechos, determinando responsabilidades directas del Municipio de Otavalo y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo por negligencia prolongada en el manejo del sistema de alcantarillado y el control de descargas contaminantes. El fallo ordenó medidas de reparación integral a corto, mediano y largo plazo, así como disculpas públicas por décadas de omisiones.
El origen estructural del problema se remonta a 2010, cuando se formuló el proyecto para la construcción de los colectores marginales del interceptor del río El Tejar (margen derecho) y la primera etapa del sistema de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Otavalo. Esta obra, concebida para captar las descargas del casco urbano y evitar que las aguas residuales se viertan directamente al cauce, quedó inconclusa hace más de catorce años. En febrero de 2025 se destinaron aproximadamente 45 mil dólares para actualizar los estudios orientados a la construcción de los colectores marginales y a la segunda etapa del tratamiento de aguas servidas. No obstante, un año después no se concretó la contratación correspondiente, lo que, según los accionantes, implicó un año adicional de contaminación continua. En noviembre de 2025, mediante consulta formal, se solicitó al Municipio la certificación de incorporación presupuestaria en la proforma 2026 para la construcción del sistema de colectores. La respuesta municipal detalló asignaciones para monitoreos ambientales, la adquisición de un dron con licencias y certificaciones por 12 mil dólares y la contratación de servicios profesionales para educación ambiental por 10.846 dólares; sin embargo, no precisó recursos destinados directamente a la construcción de los colectores marginales, infraestructura considerada esencial para frenar las descargas contaminantes.
En 2010 se estimó para la primera etapa una inversión de 7 millones de dólares; sin embargo, ante la limitada capacidad de endeudamiento, se asignaron únicamente 2 millones. Para 2025 debía haberse completado dicha inversión, pero actualmente se calcula que se requerirían alrededor de 7 millones de dólares para ejecutar integralmente el sistema.
El 31 de diciembre de 2025, dentro de la misma causa, el juez constitucional recordó a las entidades accionadas que el 13 de marzo de 2026 debían presentar los resultados correspondientes a las medidas de corto plazo, advirtiendo que, de no hacerlo, el despacho judicial aplicaría las facultades coercitivas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. En el sector de El Batán se tomaron muestras por parte del GAD y EMAPAO para demostrar técnicamente que la calidad del agua había mejorado.
Desde mediados de enero de 2026 se ejecutaron trabajos de limpieza y mantenimiento de pozos de revisión y alcantarillado en varios sectores de la ciudad. El 9 de febrero se intervino el denominado punto Z2, en las calles Ricaurte y Colón, sector El Batán, donde se realizó limpieza de rejillas, sumideros y pozos, además de redireccionar aguas servidas hacia la Planta de Tratamiento La Fuente de la Salud, ubicada en el sector San Eloy. Previamente, se había intervenido el sistema de aguas residuales del mercado 24 de Mayo.
El 22 de febrero de 2026, EMAPAO anunció la culminación de las intervenciones técnicas orientadas a eliminar las descargas directas en cinco zonas específicas: Segundo Castro, Abdón Calderón, Antonio Ricaurte, Cristóbal Colón y la avenida Luis Cisneros. Se ejecutaron nuevas interconexiones, mantenimiento de colectores, adecuación de estructuras pluviales y actualización del catastro de redes. Según declaraciones oficiales, la Alcaldía destinó más de 640 mil dólares para estos trabajos, cuyo plazo concluía el 13 de marzo de 2026, fecha en la que debía justificarse judicialmente la descontaminación del cauce en El Batán.
La sentencia también dispuso la elaboración de una planificación complementaria con participación ciudadana para la protección y recuperación del río, así como la proyección de un parque lineal en la quebrada El Tejar. Paralelamente, se encuentra en fase precontractual la consultoría para el rediseño y actualización de los estudios definitivos de alcantarillado mixto, encauzamiento de aguas y protección de laderas.
Con la declaratoria de sujeto de derechos y el seguimiento judicial permanente, el río El Tejar deja de depender únicamente de decisiones administrativas y pasa a estar amparado por una obligación legal de cumplimiento obligatorio. El proceso, que inició con la negación de la contaminación y avanzó hacia la constatación técnica y la imposición de medidas estructurales, marca un precedente en la defensa ambiental del cantón y mantiene bajo vigilancia el cumplimiento efectivo de las obras que, por más de una década, quedaron pendientes.
