(Redacción Pichincha).-La tarde de este miércoles fue localizado el cuerpo de Héctor Fernando Enríquez Ruiz, quien era buscado desde las primeras horas del día en la vía que conecta Alóag – Santo Domingo.
El operativo de búsqueda se activó en la mañana, con la participación articulada de efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Cuerpo de Bomberos de Cotacachi y Cuerpo de Bomberos de Otavalo.
Como parte del despliegue, se incorporó un escuadrón aéreo de rescate que utilizó drones para realizar sobrevuelos estratégicos en zonas de difícil acceso. Estos equipos tecnológicos permitieron ampliar el rango de cobertura y facilitar la identificación de puntos clave para el avance de las tareas en tierra.
Tras varias horas de labores coordinadas, los equipos confirmaron la localización del cuerpo. Al cierre de esta edición, los rescatistas iniciaban las maniobras de recuperación, que incluyen descensos verticales mediante sistemas de cuerdas en sectores considerados estratégicos por su complejidad geográfica.
El apoyo de los cuerpos de bomberos de Imbabura respondió a un pedido institucional, debido a la experiencia de su personal en operaciones de búsqueda y rescate en terrenos de alta dificultad.
El cuerpo del joven reportado como desaparecido fue localizado alrededor de las 15:30 en el kilómetro 20 de la vía Alóag–Santo Domingo, en un terreno agreste entre matorrales. Personal de Criminalística y Medicina Legal realizó el levantamiento de los restos luego de confirmar su identidad en coordinación con sus familiares.
De acuerdo con la información obtenida en el proceso investigativo, el joven fue visto por última vez el 18 de febrero, cerca de las 23:00, en la ciudad de Quito, desde donde se dirigía con rumbo a Otavalo. Al no llegar a su domicilio, fue reportado como desaparecido por sus allegados.
La camioneta en la que se movilizaba, una Mazda B-750, fue hallada posteriormente en la provincia de Los Ríos. En el cantón Buena Fe fueron detenidos tres sospechosos —una mujer y dos hombres— quienes se encontraban en posesión del vehículo.
Inicialmente, los aprehendidos fueron procesados por el delito de receptación. Sin embargo, la Fiscalía anunció que solicitará audiencia para formular cargos por el presunto delito de desaparición involuntaria. Según las autoridades, los detenidos habrían guiado a la Policía hasta el lugar donde fue arrojado el cuerpo.
(Redacción Otavalo).- Durante una entrevista en el medio digital APAK TV de Otavalo, el abogado Washington Ruiz informó la situación en la que se encuentra la acción de protección presentada a favor del lago San Pablo que fue aceptada en primera instancia el año pasado.
Explicó que la sentencia de primera instancia fue considerada ambigua y poco específica, por lo que se interpuso un recurso de apelación. En segunda instancia, los jueces provinciales ratificaron la protección del lago y fallaron nuevamente a favor, esta vez por unanimidad. En relación con la demanda, señaló que en segunda instancia la sentencia fue ampliada, fortalecida y precisada por los jueces, especialmente en lo referente a la reparación integral, estableciendo con mayor claridad las obligaciones que deben cumplirse. Posteriormente, el Municipio de Otavalo interpuso un recurso de ampliación y aclaración; sin embargo, este fue negado en su totalidad por los magistrados.
Ruiz leyó textualmente en la entrevista: “La sentencia definitiva (sentencia de apelación), en la parte de la reparación integral 4.1, los jueces constitucionales de la Corte Provincial de Imbabura resolvieron que, en el término de 60 días hábiles después de haber emitido esta sentencia, el Municipio propicie una reunión ampliada entre los actores institucionales, sociales, económicos y deportivos, para establecer una hoja de ruta en la que se precisen las acciones realizadas por cada estamento público y privado hasta la presente fecha y, a partir de allí, definir las obligaciones y compromisos de cada una de las instituciones y demás organismos involucrados”.
Seguidamente, manifestó que ante esta situación, la semana pasada el Municipio extendió una invitación a varios dirigentes para participar en un conversatorio sobre el lago San Pablo. Sin embargo, la mayoría de asistentes fueron funcionarios municipales y no estuvieron presentes todos los actores involucrados, entre ellos dirigentes de cerca de 40 comunidades, actores turísticos y propietarios de embarcaciones. Además, se señaló que a dicha reunión no asistió la alcaldesa Anabel Hermosa.
En la entrevista, a su vez, afirmó que no existiría voluntad política ni un plan integral con presupuesto asignado para atender la problemática del lago, pese a que el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), en sus artículos 55 y 60, faculta a la alcaldesa a realizar traspasos presupuestarios cuando exista una declaratoria legalmente sustentada.
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:
o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;
Por su parte, Diego Conejo, dirigente de la comunidad de Pucará de Velásquez, sostuvo que en el cantón la prioridad debería ser la intervención del sistema de alcantarillado y la construcción de colectores marginales, a fin de evitar los puntos de vertido hacia el lago, y anunció que desde la comunidad de Pucará de Velásquez se ejecuta un plan de manejo de residuos de origen textil, debido a que este tipo de desechos son los que más se generan en su comunidad.
(Redacción Otavalo).- En el marco de la acción de protección presentada a favor de la conservación del río El Tejar, causa N.º 10282-2024-00138, se inició un proceso judicial que marcó un antes y un después en la defensa ambiental del cantón Otavalo. La demanda fue impulsada a finales de 2024 por dirigentes barriales, entre ellos representantes del barrio Los Portales, y el colectivo Unidos por la Pacha Mama, quienes denunciaron la constante contaminación del afluente y la inacción institucional frente a las descargas de aguas servidas.
Durante la audiencia desarrollada el 1 de mayo de 2024, la Procuraduría del Municipio de Otavalo aseguró que no existía contaminación en el río, mientras que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) sostuvo que, de existir, los niveles serían “aceptables”. Ante estas afirmaciones, el juez constitucional resolvió suspender la audiencia y dispuso la práctica de dos diligencias clave: una inspección judicial para constatar de manera directa el estado del cauce y un análisis químico exhaustivo de las aguas, con el fin de determinar el grado real de contaminación.
El proceso avanzó y, en febrero de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó la sentencia que declaró al río El Tejar sujeto de derechos, determinando responsabilidades directas del Municipio de Otavalo y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo por negligencia prolongada en el manejo del sistema de alcantarillado y el control de descargas contaminantes. El fallo ordenó medidas de reparación integral a corto, mediano y largo plazo, así como disculpas públicas por décadas de omisiones.
El origen estructural del problema se remonta a 2010, cuando se formuló el proyecto para la construcción de los colectores marginales del interceptor del río El Tejar (margen derecho) y la primera etapa del sistema de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Otavalo. Esta obra, concebida para captar las descargas del casco urbano y evitar que las aguas residuales se viertan directamente al cauce, quedó inconclusa hace más de catorce años. En febrero de 2025 se destinaron aproximadamente 45 mil dólares para actualizar los estudios orientados a la construcción de los colectores marginales y a la segunda etapa del tratamiento de aguas servidas. No obstante, un año después no se concretó la contratación correspondiente, lo que, según los accionantes, implicó un año adicional de contaminación continua. En noviembre de 2025, mediante consulta formal, se solicitó al Municipio la certificación de incorporación presupuestaria en la proforma 2026 para la construcción del sistema de colectores. La respuesta municipal detalló asignaciones para monitoreos ambientales, la adquisición de un dron con licencias y certificaciones por 12 mil dólares y la contratación de servicios profesionales para educación ambiental por 10.846 dólares; sin embargo, no precisó recursos destinados directamente a la construcción de los colectores marginales, infraestructura considerada esencial para frenar las descargas contaminantes.
En 2010 se estimó para la primera etapa una inversión de 7 millones de dólares; sin embargo, ante la limitada capacidad de endeudamiento, se asignaron únicamente 2 millones. Para 2025 debía haberse completado dicha inversión, pero actualmente se calcula que se requerirían alrededor de 7 millones de dólares para ejecutar integralmente el sistema.
El 31 de diciembre de 2025, dentro de la misma causa, el juez constitucional recordó a las entidades accionadas que el 13 de marzo de 2026 debían presentar los resultados correspondientes a las medidas de corto plazo, advirtiendo que, de no hacerlo, el despacho judicial aplicaría las facultades coercitivas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. En el sector de El Batán se tomaron muestras por parte del GAD y EMAPAO para demostrar técnicamente que la calidad del agua había mejorado.
Desde mediados de enero de 2026 se ejecutaron trabajos de limpieza y mantenimiento de pozos de revisión y alcantarillado en varios sectores de la ciudad. El 9 de febrero se intervino el denominado punto Z2, en las calles Ricaurte y Colón, sector El Batán, donde se realizó limpieza de rejillas, sumideros y pozos, además de redireccionar aguas servidas hacia la Planta de Tratamiento La Fuente de la Salud, ubicada en el sector San Eloy. Previamente, se había intervenido el sistema de aguas residuales del mercado 24 de Mayo.
El 22 de febrero de 2026, EMAPAO anunció la culminación de las intervenciones técnicas orientadas a eliminar las descargas directas en cinco zonas específicas: Segundo Castro, Abdón Calderón, Antonio Ricaurte, Cristóbal Colón y la avenida Luis Cisneros. Se ejecutaron nuevas interconexiones, mantenimiento de colectores, adecuación de estructuras pluviales y actualización del catastro de redes. Según declaraciones oficiales, la Alcaldía destinó más de 640 mil dólares para estos trabajos, cuyo plazo concluía el 13 de marzo de 2026, fecha en la que debía justificarse judicialmente la descontaminación del cauce en El Batán.
La sentencia también dispuso la elaboración de una planificación complementaria con participación ciudadana para la protección y recuperación del río, así como la proyección de un parque lineal en la quebrada El Tejar. Paralelamente, se encuentra en fase precontractual la consultoría para el rediseño y actualización de los estudios definitivos de alcantarillado mixto, encauzamiento de aguas y protección de laderas.
Con la declaratoria de sujeto de derechos y el seguimiento judicial permanente, el río El Tejar deja de depender únicamente de decisiones administrativas y pasa a estar amparado por una obligación legal de cumplimiento obligatorio. El proceso, que inició con la negación de la contaminación y avanzó hacia la constatación técnica y la imposición de medidas estructurales, marca un precedente en la defensa ambiental del cantón y mantiene bajo vigilancia el cumplimiento efectivo de las obras que, por más de una década, quedaron pendientes.
(Redacción Otavalo).- El cantón Otavalo vivirá el Carnaval 2026 combinando conciertos, eventos familiares y la celebración ancestral del Pawkar Raymi, resaltando la identidad cultural y la riqueza andina del territorio.
La agenda festiva iniciará el viernes 13 de febrero con una variada programación en distintos sectores del cantón. En Peguche, desde las 19:00, se desarrollará un concierto andino que pondrá en escena lo mejor de la música tradicional. Mientras tanto, en Pinsaquí, el Chicha Fest arrancará desde las 09:00, ofreciendo una jornada llena de ritmo y tradición. En el sector de Monserrath, la celebración continuará con una Noche Internacional a partir de las 20:00.
El sábado 14 de febrero seguirán los conciertos en Peguche, y en Monserrath se llevará a cabo la esperada Noche de Gala, consolidando un fin de semana cargado de música y entretenimiento para propios y visitantes.
Para el domingo 15 de febrero, desde las 14:00, la Plaza Cívica será el epicentro de la fiesta en la zona urbana, con la presentación de StarSquad, Poder Negro y Grupo Delicia Oficial. Además, el público podrá disfrutar de espuma y ferias de emprendimientos locales.
Uno de los momentos más significativos del carnaval será el lunes 16 de febrero, con la ceremonia ancestral del Tumarina, eje central del Pawkar Raymi. Este ritual simbólico conjuga flores, agua y energía como acto de renovación y agradecimiento. La ceremonia se desarrollará desde las 07:00 en la Cascada de Peguche; a las 10:00 en Pinsaquí; y el 17 de febrero desde las 09:00 en Monserrath.
Con esta programación, Otavalo invita a vivir un carnaval que integra música, tradición y espiritualidad.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional anunció una disminución temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector turístico con motivo del feriado de Carnaval 2026. La medida regirá del sábado 14 al martes 17 de febrero.
La decisión fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 304, firmado por el presidente Daniel Noboa, y establece que la tarifa del IVA pasará del 15% al 8% exclusivamente para servicios vinculados a actividades turísticas.
El propósito de esta disposición es estimular el turismo interno y fortalecer la actividad económica en uno de los periodos de mayor desplazamiento de viajeros a escala nacional.
El beneficio estará dirigido únicamente a los establecimientos que consten en el registro oficial del Ministerio de Turismo. Entre los servicios contemplados se encuentran:
Hospedaje: hoteles, hostales y alojamientos similares.
Alimentos y bebidas: restaurantes, cafeterías y locales gastronómicos.
Transporte turístico y alquiler de vehículos con fines turísticos.
Agencias de viajes y operadoras que ofrezcan paquetes y recorridos.
Organización de eventos como congresos, ferias y convenciones.
El control sobre la correcta aplicación de la nueva tarifa estará a cargo del Servicio de Rentas Internas, que verificará que los comprobantes de venta reflejen el 8% durante los días establecidos. Con esta reducción temporal, las autoridades buscan incentivar el consumo en el sector y generar mayor movimiento económico durante el feriado.
(Redacción Otavalo).- La presencia del nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, en material de comunicación institucional volvió a encender el debate sobre los límites entre informar gestión pública y promocionar a una autoridad usando recursos del Estado.
En varios eventos vinculados a la Alcaldía de Otavalo —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, cuya difusión comenzó el pasado 14 de enero— se ha evidenciado el uso reiterado de una gráfica institucional en la que el nombre de la alcaldesa destaca de forma predominante en distintos materiales publicitarios. Esta presentación, por su diseño y énfasis visual, resulta llamativa y deliberada, y según el criterio de varios especialistas; lo que se asemejaría más a una marca personal que a una identificación oficial del Municipio.
Al revisar el Sistema Nacional de Contratación Pública, se pudo verificar que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación de la Alcaldía de Otavalo, se inició un proceso de ínfima cuantía para la adquisición de bienes destinados al proyecto de difusión de acciones de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
Dentro de las especificaciones técnicas de dichos bienes constan stands, inflables, carpas inflables, arcos inflables, obeliscos inflables, tótems, roll-ups, backing y otros elementos promocionales, los cuales no solo incorporan el nombre institucional de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, sino también el nombre de la primera autoridad del cantón.
Asimismo, en las redes sociales institucionales, particularmente en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, se observa de manera reiterada la inclusión del nombre de la alcaldesa, acompañado de los hashtags #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, un llamativo juego de palabras que refuerza la evidente apropiación simbólica de los canales institucionales.
¿Qué dice la norma?
El Código de la Democracia, en su artículo 219, prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su cargo. Especialistas señalan que el punto no es impedir la comunicación institucional, sino evitar que el presupuesto público se use para posicionamiento personal o con fines que puedan afectar la equidad política.
Contraloría ya ha observado casos similares
La Contraloría General del Estado sí ha revisado y observado el uso de recursos públicos en publicidad institucional cuando esta incluye nombres de autoridades u organizaciones políticas. Un antecedente directo es el examen especial realizado al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los gastos de publicidad, información y difusión en vallas y otros medios, específicamente para determinar si se utilizaron recursos y espacios públicos para promocionar nombres de personas u organizaciones políticas. Aunque en ese caso el informe concluyó con observaciones y recomendaciones —y no con una sanción administrativa definitiva—, el proceso dejó establecido que este tipo de prácticas son objeto de control fiscal. Además, la Contraloría ha reiterado en comunicados oficiales que mantiene controles permanentes, especialmente en periodos electorales, para evitar el uso de bienes y recursos públicos con fines de promoción personal o política, en concordancia con la prohibición expresa del artículo 219 del Código de la Democracia.
Cuando sí hay sanción: el precedente del TCE
En la vía electoral, el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado casos vinculados al uso de bienes públicos en contextos de promoción. En la causa 084-2019, el TCE declaró responsable al entonces rector de la ULEAM, Alejandro Miguel Camino Solórzano, y dispuso una multa de 10 remuneraciones básicas por permitir que vallas de propiedad pública sean usadas con publicidad electoral, citando el art. 219 como base prohibitiva y aplicando el régimen de infracciones.
Documentos públicos del requerimiento de la ORDEN DE COMPRA DEL GAD DE OTAVALO.
(Redacción Otavalo).- Una tragedia vial se registró este lunes en la vía Panamericana E-35. A las 08:24, una llamada al ECU 911 alertó sobre un grave siniestro de tránsito provocado por la pérdida de pista y volcamiento de un vehículo de carga en el sector de San Miguel, en la parroquia San Rafael de la Laguna, cercana al Lago San Pablo en Otavalo.
De forma inmediata, desde la Sala de Operaciones del ECU 911 se coordinó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de Otavalo, Ministerio de Salud Pública, Policía Nacional y EMELNORTE, quienes atendieron la emergencia en el lugar.
La fuerza del impacto fue tal que el vehículo de carga destruyó postes de energía eléctrica y afectó un negocio de venta de comida en una propiedad privada. Según el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, el siniestro dejó como resultado una mujer fallecida, cuyo cuerpo fue entregado a medicina legal para los procedimientos correspondientes, así como dos personas heridas, quienes fueron estabilizadas en el lugar y trasladadas de urgencia a una casa de salud para recibir atención médica.
Testigos del hecho señalaron que la responsabilidad del siniestro recaería en el conductor de la camioneta color gris, quien presuntamente se encontraba en estado etílico al momento del accidente. Adicionalmente, comuneros de la parroquia impidieron que la Policía Nacional y las entidades competentes realizaran los procedimientos correspondientes, alegando que el hecho ocurrió en territorio indígena y que debía ser tratado mediante una asamblea comunitaria. Esta situación quedó evidenciada en transmisiones en vivo de distintos medios de comunicación, donde se observó el accidente, la llegada de los equipos de emergencia, el levantamiento del cuerpo y el diálogo entre un agente de la Policía Nacional y una líder comunitaria.
Posteriormente, y en días recientes, el conductor señalado como presunto responsable del siniestro permanece desaparecido, pese a que inicialmente moradores del sector aseguraron que había sido retenido por la comunidad.
Familiares de la persona fallecida llegaron desde el cantón Píllaro con la intención de retirar el cuerpo y brindarle cristiana sepultura; sin embargo, enfrentaron inconvenientes para realizar el trámite. En el lugar se mantiene una asamblea comunitaria, donde se busca una reparación para la familia afectada por la pérdida y los daños ocasionados. De manera preliminar, se conoce que la mujer fallecida dejó en la orfandad a una joven de 18 años.
(Redacción Otavalo).– Ingresar a Otavalo por el norte se ha convertido en una prueba de paciencia. Nuestra redacción mantiene un seguimiento periodístico permanente en uno de los puntos más críticos para la movilidad vial del cantón, el redondel que conecta la vía E35 con las calles de enlace entre la Panamericana y el ingreso al centro de la ciudad. En este sector confluyen la avenida Ponce de León y vías como De Los Corazas, Virgilio Chávez y Antonio José de Sucre, generando un alto flujo vehicular que lo ha convertido en un nodo estratégico, pero también conflictivo, para la circulación diaria.
En este sector, la saturación vehicular ha alcanzado niveles preocupantes y representa un riesgo constante tanto para peatones como para conductores que circulan en ambos sentidos. Esta situación se intensifica durante las horas pico y los fines de semana. El elevado flujo de vehículos que no pertenecen al parque automotor de Otavalo, sumado a la falta de una infraestructura adecuada para absorber la carga vial, genera congestión, maniobras peligrosas y retrasos prolongados, afectando directamente a residentes, transportistas y visitantes que utilizan esta importante vía de acceso.
Ante este escenario, y considerando que se trata de una vía que pertenece al Ministerio de Transporte e Infraestructura, se solicitó información oficial para conocer si existen cifras, estudios técnicos o diagnósticos relacionados con este tramo vial. Asimismo, se consultó si está prevista la ejecución de una obra de solución definitiva, como la construcción de un paso elevado o un paso deprimido, que permita aliviar la carga vehicular y mejorar la seguridad en la zona. Sobre el tema, el subsecretario Zonal 1 del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Juan Sebastián Echeverría, manifestó que se ha solicitado al departamento de delegaciones un análisis de la situación, debido a que se trata de una vía que se encuentra bajo concesión. Según indicó, este proceso permitirá determinar las competencias y posibles acciones a seguir para atender la problemática.
Mientras tanto, el malestar ciudadano persiste ante la ausencia de respuestas concretas. El aumento sostenido del tráfico y el riesgo permanente de siniestros mantienen en alerta a quienes transitan por el sector, a la espera de que las autoridades aceleren los estudios técnicos y definan una intervención que permita ordenar la circulación y mejorar la seguridad en uno de los principales accesos a la ciudad de Otavalo.
(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.
En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.
La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.
Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.
El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.
(Redacción Ibarra).- La noche de este sábado, aproximadamente a las 22:16, se registró un violento asalto en la avenida 31 de Octubre, en el sector conocido como la Zona Rosa de Otavalo. De manera preliminar y según testimonios de moradores del sector, un joven habría sido atacado con un arma cortopunzante a la altura del cuello, lo que le provocó una fuerte hemorragia en el lugar del incidente.
En un video captado por una cámara de seguridad se observa cómo un individuo desciende de un vehículo de color blanco y se aproxima a la víctima. Tras el ataque, el agresor vuelve a subir al automotor y huye del lugar.
Hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de la víctima ni se ha informado sobre personas detenidas. Las autoridades investigan el hecho para identificar al responsable y esclarecer las circunstancias del ataque.
Hoy en Imbabura 