(Redacción Imantag).- Durante un recorrido realizado junto a medios de comunicación de la provincia, el prefecto de Imbabura, Richard Calderón, dio a conocer los detalles de varias obras que se ejecutan dentro de su administración para fortalecer el desarrollo productivo y vial de la provincia.
Entre los proyectos más relevantes destaca un reservorio de agua para riego en la parroquia de Imantag, considerado el más grande en la historia de Imbabura. La infraestructura cuenta con una capacidad de almacenamiento de 150 mil metros cúbicos de agua. Para hacer una comparativa, 150 mil metros cúbicos equivalen a 150 millones de litros, una cantidad inmensa comparable al volumen de aproximadamente 60 piscinas olímpicas (basado en 2.500 metros cúbicos por piscina), un gran lago artificial o el transporte en un convoy de unos 7.500 camiones cisterna de gran tamaño, lo que permitirá irrigar aproximadamente 1.500 hectáreas de cultivos.
La obra contempla además la implementación de 10 kilómetros de canales de riego entubados y revestidos, lo que permitirá optimizar el uso del recurso hídrico y fortalecer la producción agrícola de la zona. Para los productores y agricultores de Imantag, este proyecto representa una oportunidad clave para garantizar mejores cosechas y mayor estabilidad en sus actividades productivas.
Durante el recorrido, el prefecto también anunció que este sábado iniciará la obra de asfaltado de la vía Imantag–Cotacachi. Esta intervención busca mejorar la conectividad del sector con ciudades como Otavalo, Atuntaqui, Ibarra y Urcuquí.
La obra forma parte del plan de intervención vial impulsado por la Prefectura, que hasta el momento supera los 158 kilómetros de trabajos ejecutados entre asfaltado, adoquinado y empedrado, como parte de los compromisos asumidos durante la campaña.
La mejora de esta vía responde además a una necesidad urgente del sector productivo. Actualmente, frutas, verduras y flores que se transportan desde esta zona suelen deteriorarse durante el traslado debido al estado del camino. Aunque los productores aplican protocolos de transporte para proteger la mercadería, las condiciones de la vía provocan daños en los productos. Esto ocasiona que, al llegar a los mercados locales o nacionales, aquellos que presentan afectaciones deban venderse a menor precio, reduciendo significativamente su valor comercial y afectando los ingresos de los agricultores.
(Redacción Ibarra).– La utilización de plataformas digitales para la compra y venta de productos entre particulares se ha vuelto cada vez más común en el país. En Ibarra, particularmente, este tipo de transacciones ocurre a diario, facilitando que muchas personas ofrezcan o adquieran artículos como implementos deportivos, ropa, repuestos, maquillaje, zapatos, dispositivos electrónicos o incluso distintos tipos de servicios.
Una de las herramientas más utilizadas para este tipo de negocios es Facebook Marketplace, espacio donde miles de ciudadanos publican productos nuevos y usados a precios accesibles. Sin embargo, nuestra redacción recibió reportes de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de robos y estafas tras concretar citas con supuestos vendedores contactados a través de esta plataforma.
Uno de los casos relatados corresponde al de un joven ibarreño que buscaba adquirir una consola de videojuegos. Tras encontrar una oferta de una PlayStation 5 a un precio atractivo, se puso en contacto con el supuesto vendedor y ambos acordaron reunirse en el domicilio indicado para revisar el equipo antes de concretar la compra.
Según el testimonio, el interesado se trasladó hasta el lugar en su vehículo. Al llegar a la ubicación enviada —un sector céntrico de la ciudad—, fue interceptado por el presunto vendedor, quien se subió al automóvil y le indicó que su domicilio se encontraba unos metros más adelante.
Sin embargo, al percatarse de que estaba ingresando a una calle sin salida, la víctima comenzó a sospechar y se produjo un forcejeo con el supuesto vendedor. En ese momento, al menos tres personas más aparecieron en el lugar y rodearon el vehículo. Los individuos lo intimidaron con un arma blanca y procedieron a sustraerle su teléfono móvil, el reloj, la billetera con el dinero destinado para la compra y la radio del automóvil. Antes de huir, arrojaron las llaves del vehículo hacia la maleza, aparentemente para impedir que la víctima pudiera perseguirlos.
En otro testimonio recogido por nuestra redacción, se menciona una modalidad similar utilizada por supuestos vendedores. En estos casos, citan al interesado en un espacio público para mostrarle un teléfono móvil en venta. Tras permitirle revisar el dispositivo, le indican que el dinero para la compra se encuentra en un vehículo cercano y le piden que se acerque hasta allí para concretar el pago. Es en ese momento cuando varios sujetos aparecen y lo abordan, procediendo a robarle sus pertenencias antes de huir del lugar.
Otro caso reportado corresponde al de una joven que, tras acordar la compra de varias prendas de vestir a través de Marketplace, aceptó realizar una transferencia bancaria desde Ibarra para que la supuesta vendedora —quien afirmaba encontrarse en otra ciudad— enviara la mercadería por medio de una empresa de encomiendas. Sin embargo, la compradora asegura que, después de efectuar el pago, recibió un comprobante de envío que posteriormente se comprobó que era adulterado. La mercadería nunca llegó a su destino y, poco tiempo después, el perfil de la supuesta vendedora fue eliminado de la plataforma, dejando a la víctima sin posibilidad de contacto ni devolución del dinero.
Casos de este tipo han generado preocupación entre usuarios que recurren a plataformas digitales para concretar compras directas. Ante esta situación se recomiendan extremar precauciones al momento de realizar este tipo de transacciones: verificar la identidad del vendedor, revisar con detenimiento su perfil y su historial en la plataforma, acordar encuentros en lugares públicos y concurridos y, de ser posible, acudir acompañado para reducir riesgos.
(Redacción Otavalo).- Nuestra redacción evidenció en varios eventos y actividades oficiales —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, realizada el 14 de enero de este año— el uso reiterado del nombre de la alcaldesa Anabel Hermosa en distintos materiales promocionales pertenecientes a la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
En dichos espacios públicos fue posible observar stands, roll-ups, backing, carpas inflables, arcos inflables, tótems y otros elementos visuales donde el nombre de la primera autoridad del cantón destacaba de manera visible junto a la identificación institucional.
Al revisar la información disponible en el Sistema Nacional de Contratación Pública, se constató que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación municipal, en proceso de ínfima cuantía, se adquirieron dichos bienes antes mencionados, destinados a la difusión de acciones institucionales.
El contexto cobra especial relevancia si se considera lo establecido en el artículo 219 del Código de la Democracia, que prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su responsabilidad.
Lo que cambió:
En actividades y apariciones públicas más recientes de la alcaldesa, se ha evidenciado un giro llamativo, puesto que en parte del material físico, el nombre “Anabel Hermosa Alcaldesa” aparece cubierto con un parche, reemplazado por un logo circular con la frase “Cumplimos”.
En plataformas digitales institucionales, como la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía, continúan visibles etiquetas como #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, por lo que el debate se mantiene abierto sobre los alcances y límites de la comunicación pública en la provincia.
(Redacción Imbabura).- La provincia de Imbabura cierra febrero con una preocupante escalada de violencia que ha conmocionado a sus cantones. Tras un 2025 catalogado como el año más violento del país, los primeros meses de 2026 evidencian que la crisis de seguridad persiste.
Al cierre de 2025, Imbabura acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1). Las autoridades atribuyeron este escenario a disputas entre bandas criminales, a las que el Gobierno declaró “la guerra”. Solo entre enero y junio de 2025 se registraron 22 homicidios en la provincia.
Enero abrió el año con un doble asesinato en Otavalo
El 19 de enero de 2026, la violencia golpeó a Otavalo con el asesinato de los hermanos Edwin Patricio B., de 46 años, y Óscar Daniel B., de 39, reconocidos comerciantes del sector. El doble crimen, perpetrado bajo la modalidad de sicariato, generó profunda consternación en la comunidad. El hecho no solo impactó por su gravedad, sino también por la percepción ciudadana de escasa respuesta institucional por parte del GAD de Otavalo y la Gobernación de Imbabura.
Febrero: desapariciones
En febrero, la violencia se concentró principalmente en Ibarra, donde se registraron varios casos de desaparición que terminaron en muerte.
2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.
A estos hechos se suma el caso del otavaleño Héctor Enríquez, cuyo cuerpo fue localizado el 25 de febrero en la vía Alóag–Santo Domingo, en Pichincha, tras haber sido reportado como desaparecido en la ciudad de Quito.
Solo en Ibarra, febrero dejó al menos tres homicidios confirmados, además de desapariciones que derivaron en muertes violentas. Con este panorama, Imbabura concluye febrero como uno de los meses más violentos en lo que va del año.
(Redacción Pichincha).-La tarde de este miércoles fue localizado el cuerpo de Héctor Fernando Enríquez Ruiz, quien era buscado desde las primeras horas del día en la vía que conecta Alóag – Santo Domingo.
El operativo de búsqueda se activó en la mañana, con la participación articulada de efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Cuerpo de Bomberos de Cotacachi y Cuerpo de Bomberos de Otavalo.
Como parte del despliegue, se incorporó un escuadrón aéreo de rescate que utilizó drones para realizar sobrevuelos estratégicos en zonas de difícil acceso. Estos equipos tecnológicos permitieron ampliar el rango de cobertura y facilitar la identificación de puntos clave para el avance de las tareas en tierra.
Tras varias horas de labores coordinadas, los equipos confirmaron la localización del cuerpo. Al cierre de esta edición, los rescatistas iniciaban las maniobras de recuperación, que incluyen descensos verticales mediante sistemas de cuerdas en sectores considerados estratégicos por su complejidad geográfica.
El apoyo de los cuerpos de bomberos de Imbabura respondió a un pedido institucional, debido a la experiencia de su personal en operaciones de búsqueda y rescate en terrenos de alta dificultad.
El cuerpo del joven reportado como desaparecido fue localizado alrededor de las 15:30 en el kilómetro 20 de la vía Alóag–Santo Domingo, en un terreno agreste entre matorrales. Personal de Criminalística y Medicina Legal realizó el levantamiento de los restos luego de confirmar su identidad en coordinación con sus familiares.
De acuerdo con la información obtenida en el proceso investigativo, el joven fue visto por última vez el 18 de febrero, cerca de las 23:00, en la ciudad de Quito, desde donde se dirigía con rumbo a Otavalo. Al no llegar a su domicilio, fue reportado como desaparecido por sus allegados.
La camioneta en la que se movilizaba, una Mazda B-750, fue hallada posteriormente en la provincia de Los Ríos. En el cantón Buena Fe fueron detenidos tres sospechosos —una mujer y dos hombres— quienes se encontraban en posesión del vehículo.
Inicialmente, los aprehendidos fueron procesados por el delito de receptación. Sin embargo, la Fiscalía anunció que solicitará audiencia para formular cargos por el presunto delito de desaparición involuntaria. Según las autoridades, los detenidos habrían guiado a la Policía hasta el lugar donde fue arrojado el cuerpo.
(Redacción Otavalo).- Durante una entrevista en el medio digital APAK TV de Otavalo, el abogado Washington Ruiz informó la situación en la que se encuentra la acción de protección presentada a favor del lago San Pablo que fue aceptada en primera instancia el año pasado.
Explicó que la sentencia de primera instancia fue considerada ambigua y poco específica, por lo que se interpuso un recurso de apelación. En segunda instancia, los jueces provinciales ratificaron la protección del lago y fallaron nuevamente a favor, esta vez por unanimidad. En relación con la demanda, señaló que en segunda instancia la sentencia fue ampliada, fortalecida y precisada por los jueces, especialmente en lo referente a la reparación integral, estableciendo con mayor claridad las obligaciones que deben cumplirse. Posteriormente, el Municipio de Otavalo interpuso un recurso de ampliación y aclaración; sin embargo, este fue negado en su totalidad por los magistrados.
Ruiz leyó textualmente en la entrevista: “La sentencia definitiva (sentencia de apelación), en la parte de la reparación integral 4.1, los jueces constitucionales de la Corte Provincial de Imbabura resolvieron que, en el término de 60 días hábiles después de haber emitido esta sentencia, el Municipio propicie una reunión ampliada entre los actores institucionales, sociales, económicos y deportivos, para establecer una hoja de ruta en la que se precisen las acciones realizadas por cada estamento público y privado hasta la presente fecha y, a partir de allí, definir las obligaciones y compromisos de cada una de las instituciones y demás organismos involucrados”.
Seguidamente, manifestó que ante esta situación, la semana pasada el Municipio extendió una invitación a varios dirigentes para participar en un conversatorio sobre el lago San Pablo. Sin embargo, la mayoría de asistentes fueron funcionarios municipales y no estuvieron presentes todos los actores involucrados, entre ellos dirigentes de cerca de 40 comunidades, actores turísticos y propietarios de embarcaciones. Además, se señaló que a dicha reunión no asistió la alcaldesa Anabel Hermosa.
En la entrevista, a su vez, afirmó que no existiría voluntad política ni un plan integral con presupuesto asignado para atender la problemática del lago, pese a que el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), en sus artículos 55 y 60, faculta a la alcaldesa a realizar traspasos presupuestarios cuando exista una declaratoria legalmente sustentada.
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:
o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;
Por su parte, Diego Conejo, dirigente de la comunidad de Pucará de Velásquez, sostuvo que en el cantón la prioridad debería ser la intervención del sistema de alcantarillado y la construcción de colectores marginales, a fin de evitar los puntos de vertido hacia el lago, y anunció que desde la comunidad de Pucará de Velásquez se ejecuta un plan de manejo de residuos de origen textil, debido a que este tipo de desechos son los que más se generan en su comunidad.
(Redacción Otavalo).- En el marco de la acción de protección presentada a favor de la conservación del río El Tejar, causa N.º 10282-2024-00138, se inició un proceso judicial que marcó un antes y un después en la defensa ambiental del cantón Otavalo. La demanda fue impulsada a finales de 2024 por dirigentes barriales, entre ellos representantes del barrio Los Portales, y el colectivo Unidos por la Pacha Mama, quienes denunciaron la constante contaminación del afluente y la inacción institucional frente a las descargas de aguas servidas.
Durante la audiencia desarrollada el 1 de mayo de 2024, la Procuraduría del Municipio de Otavalo aseguró que no existía contaminación en el río, mientras que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) sostuvo que, de existir, los niveles serían “aceptables”. Ante estas afirmaciones, el juez constitucional resolvió suspender la audiencia y dispuso la práctica de dos diligencias clave: una inspección judicial para constatar de manera directa el estado del cauce y un análisis químico exhaustivo de las aguas, con el fin de determinar el grado real de contaminación.
El proceso avanzó y, en febrero de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó la sentencia que declaró al río El Tejar sujeto de derechos, determinando responsabilidades directas del Municipio de Otavalo y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo por negligencia prolongada en el manejo del sistema de alcantarillado y el control de descargas contaminantes. El fallo ordenó medidas de reparación integral a corto, mediano y largo plazo, así como disculpas públicas por décadas de omisiones.
El origen estructural del problema se remonta a 2010, cuando se formuló el proyecto para la construcción de los colectores marginales del interceptor del río El Tejar (margen derecho) y la primera etapa del sistema de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Otavalo. Esta obra, concebida para captar las descargas del casco urbano y evitar que las aguas residuales se viertan directamente al cauce, quedó inconclusa hace más de catorce años. En febrero de 2025 se destinaron aproximadamente 45 mil dólares para actualizar los estudios orientados a la construcción de los colectores marginales y a la segunda etapa del tratamiento de aguas servidas. No obstante, un año después no se concretó la contratación correspondiente, lo que, según los accionantes, implicó un año adicional de contaminación continua. En noviembre de 2025, mediante consulta formal, se solicitó al Municipio la certificación de incorporación presupuestaria en la proforma 2026 para la construcción del sistema de colectores. La respuesta municipal detalló asignaciones para monitoreos ambientales, la adquisición de un dron con licencias y certificaciones por 12 mil dólares y la contratación de servicios profesionales para educación ambiental por 10.846 dólares; sin embargo, no precisó recursos destinados directamente a la construcción de los colectores marginales, infraestructura considerada esencial para frenar las descargas contaminantes.
En 2010 se estimó para la primera etapa una inversión de 7 millones de dólares; sin embargo, ante la limitada capacidad de endeudamiento, se asignaron únicamente 2 millones. Para 2025 debía haberse completado dicha inversión, pero actualmente se calcula que se requerirían alrededor de 7 millones de dólares para ejecutar integralmente el sistema.
El 31 de diciembre de 2025, dentro de la misma causa, el juez constitucional recordó a las entidades accionadas que el 13 de marzo de 2026 debían presentar los resultados correspondientes a las medidas de corto plazo, advirtiendo que, de no hacerlo, el despacho judicial aplicaría las facultades coercitivas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. En el sector de El Batán se tomaron muestras por parte del GAD y EMAPAO para demostrar técnicamente que la calidad del agua había mejorado.
Desde mediados de enero de 2026 se ejecutaron trabajos de limpieza y mantenimiento de pozos de revisión y alcantarillado en varios sectores de la ciudad. El 9 de febrero se intervino el denominado punto Z2, en las calles Ricaurte y Colón, sector El Batán, donde se realizó limpieza de rejillas, sumideros y pozos, además de redireccionar aguas servidas hacia la Planta de Tratamiento La Fuente de la Salud, ubicada en el sector San Eloy. Previamente, se había intervenido el sistema de aguas residuales del mercado 24 de Mayo.
El 22 de febrero de 2026, EMAPAO anunció la culminación de las intervenciones técnicas orientadas a eliminar las descargas directas en cinco zonas específicas: Segundo Castro, Abdón Calderón, Antonio Ricaurte, Cristóbal Colón y la avenida Luis Cisneros. Se ejecutaron nuevas interconexiones, mantenimiento de colectores, adecuación de estructuras pluviales y actualización del catastro de redes. Según declaraciones oficiales, la Alcaldía destinó más de 640 mil dólares para estos trabajos, cuyo plazo concluía el 13 de marzo de 2026, fecha en la que debía justificarse judicialmente la descontaminación del cauce en El Batán.
La sentencia también dispuso la elaboración de una planificación complementaria con participación ciudadana para la protección y recuperación del río, así como la proyección de un parque lineal en la quebrada El Tejar. Paralelamente, se encuentra en fase precontractual la consultoría para el rediseño y actualización de los estudios definitivos de alcantarillado mixto, encauzamiento de aguas y protección de laderas.
Con la declaratoria de sujeto de derechos y el seguimiento judicial permanente, el río El Tejar deja de depender únicamente de decisiones administrativas y pasa a estar amparado por una obligación legal de cumplimiento obligatorio. El proceso, que inició con la negación de la contaminación y avanzó hacia la constatación técnica y la imposición de medidas estructurales, marca un precedente en la defensa ambiental del cantón y mantiene bajo vigilancia el cumplimiento efectivo de las obras que, por más de una década, quedaron pendientes.
(Redacción Otavalo).- El cantón Otavalo vivirá el Carnaval 2026 combinando conciertos, eventos familiares y la celebración ancestral del Pawkar Raymi, resaltando la identidad cultural y la riqueza andina del territorio.
La agenda festiva iniciará el viernes 13 de febrero con una variada programación en distintos sectores del cantón. En Peguche, desde las 19:00, se desarrollará un concierto andino que pondrá en escena lo mejor de la música tradicional. Mientras tanto, en Pinsaquí, el Chicha Fest arrancará desde las 09:00, ofreciendo una jornada llena de ritmo y tradición. En el sector de Monserrath, la celebración continuará con una Noche Internacional a partir de las 20:00.
El sábado 14 de febrero seguirán los conciertos en Peguche, y en Monserrath se llevará a cabo la esperada Noche de Gala, consolidando un fin de semana cargado de música y entretenimiento para propios y visitantes.
Para el domingo 15 de febrero, desde las 14:00, la Plaza Cívica será el epicentro de la fiesta en la zona urbana, con la presentación de StarSquad, Poder Negro y Grupo Delicia Oficial. Además, el público podrá disfrutar de espuma y ferias de emprendimientos locales.
Uno de los momentos más significativos del carnaval será el lunes 16 de febrero, con la ceremonia ancestral del Tumarina, eje central del Pawkar Raymi. Este ritual simbólico conjuga flores, agua y energía como acto de renovación y agradecimiento. La ceremonia se desarrollará desde las 07:00 en la Cascada de Peguche; a las 10:00 en Pinsaquí; y el 17 de febrero desde las 09:00 en Monserrath.
Con esta programación, Otavalo invita a vivir un carnaval que integra música, tradición y espiritualidad.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional anunció una disminución temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector turístico con motivo del feriado de Carnaval 2026. La medida regirá del sábado 14 al martes 17 de febrero.
La decisión fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 304, firmado por el presidente Daniel Noboa, y establece que la tarifa del IVA pasará del 15% al 8% exclusivamente para servicios vinculados a actividades turísticas.
El propósito de esta disposición es estimular el turismo interno y fortalecer la actividad económica en uno de los periodos de mayor desplazamiento de viajeros a escala nacional.
El beneficio estará dirigido únicamente a los establecimientos que consten en el registro oficial del Ministerio de Turismo. Entre los servicios contemplados se encuentran:
Hospedaje: hoteles, hostales y alojamientos similares.
Alimentos y bebidas: restaurantes, cafeterías y locales gastronómicos.
Transporte turístico y alquiler de vehículos con fines turísticos.
Agencias de viajes y operadoras que ofrezcan paquetes y recorridos.
Organización de eventos como congresos, ferias y convenciones.
El control sobre la correcta aplicación de la nueva tarifa estará a cargo del Servicio de Rentas Internas, que verificará que los comprobantes de venta reflejen el 8% durante los días establecidos. Con esta reducción temporal, las autoridades buscan incentivar el consumo en el sector y generar mayor movimiento económico durante el feriado.
(Redacción Otavalo).- La presencia del nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, en material de comunicación institucional volvió a encender el debate sobre los límites entre informar gestión pública y promocionar a una autoridad usando recursos del Estado.
En varios eventos vinculados a la Alcaldía de Otavalo —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, cuya difusión comenzó el pasado 14 de enero— se ha evidenciado el uso reiterado de una gráfica institucional en la que el nombre de la alcaldesa destaca de forma predominante en distintos materiales publicitarios. Esta presentación, por su diseño y énfasis visual, resulta llamativa y deliberada, y según el criterio de varios especialistas; lo que se asemejaría más a una marca personal que a una identificación oficial del Municipio.
Al revisar el Sistema Nacional de Contratación Pública, se pudo verificar que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación de la Alcaldía de Otavalo, se inició un proceso de ínfima cuantía para la adquisición de bienes destinados al proyecto de difusión de acciones de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
Dentro de las especificaciones técnicas de dichos bienes constan stands, inflables, carpas inflables, arcos inflables, obeliscos inflables, tótems, roll-ups, backing y otros elementos promocionales, los cuales no solo incorporan el nombre institucional de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, sino también el nombre de la primera autoridad del cantón.
Asimismo, en las redes sociales institucionales, particularmente en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, se observa de manera reiterada la inclusión del nombre de la alcaldesa, acompañado de los hashtags #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, un llamativo juego de palabras que refuerza la evidente apropiación simbólica de los canales institucionales.
¿Qué dice la norma?
El Código de la Democracia, en su artículo 219, prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su cargo. Especialistas señalan que el punto no es impedir la comunicación institucional, sino evitar que el presupuesto público se use para posicionamiento personal o con fines que puedan afectar la equidad política.
Contraloría ya ha observado casos similares
La Contraloría General del Estado sí ha revisado y observado el uso de recursos públicos en publicidad institucional cuando esta incluye nombres de autoridades u organizaciones políticas. Un antecedente directo es el examen especial realizado al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los gastos de publicidad, información y difusión en vallas y otros medios, específicamente para determinar si se utilizaron recursos y espacios públicos para promocionar nombres de personas u organizaciones políticas. Aunque en ese caso el informe concluyó con observaciones y recomendaciones —y no con una sanción administrativa definitiva—, el proceso dejó establecido que este tipo de prácticas son objeto de control fiscal. Además, la Contraloría ha reiterado en comunicados oficiales que mantiene controles permanentes, especialmente en periodos electorales, para evitar el uso de bienes y recursos públicos con fines de promoción personal o política, en concordancia con la prohibición expresa del artículo 219 del Código de la Democracia.
Cuando sí hay sanción: el precedente del TCE
En la vía electoral, el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado casos vinculados al uso de bienes públicos en contextos de promoción. En la causa 084-2019, el TCE declaró responsable al entonces rector de la ULEAM, Alejandro Miguel Camino Solórzano, y dispuso una multa de 10 remuneraciones básicas por permitir que vallas de propiedad pública sean usadas con publicidad electoral, citando el art. 219 como base prohibitiva y aplicando el régimen de infracciones.
Documentos públicos del requerimiento de la ORDEN DE COMPRA DEL GAD DE OTAVALO.
