(Redacción Imbabura).- A 100 días de su designación, la gestión del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, empieza a ser objeto de análisis y cuestionamiento por parte de la ciudadanía.
El Gobierno Nacional lo nombró mediante decreto ejecutivo el 17 de diciembre de 2025, en reemplazo de Elsy Maité Landeta Sánchez, en un contexto complejo para la provincia: pérdidas económicas tras la paralización de octubre y un ambiente de descontento ciudadano frente a la administración anterior.
Ortiz, coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, llegó al cargo con un perfil enfocado en seguridad, control territorial y gestión pública. Bajo esa línea, su administración asegura haber impulsado varias acciones en este inicio de gestión.
Entre los principales anuncios oficiales se destacan la activación permanente de un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, operativos de control migratorio y la intervención en la detección de cámaras ilegales en coordinación con el ECU 911. A esto se suman brigadas sociales en el marco del programa “El Nuevo Ecuador”, la entrega de kits agropecuarios, tractores y la implementación de reservorios para el sector agrícola, además de acciones de apoyo a comunidades vulnerables.
Sin embargo, más allá del discurso institucional, la percepción ciudadana parece ir en otra dirección. En lo que va del año, Imbabura ha registrado al menos ocho muertes vinculadas a hechos violentos, entre ellos casos de sicariato, desapariciones y asesinatos, lo que ha generado preocupación en distintos sectores de la provincia. En este contexto, el foco de la migración delincuencial se ha concentrado en Ibarra y Otavalo, donde se han reportado dos casos de doble sicariato en cada cantón.
A pesar de los operativos de control y de la activación de mesas de trabajo en seguridad —particularmente durante feriados—, los reportes ciudadanos reflejan una problemática persistente: la inseguridad continúa en el territorio. Modus operandi como los robos en motocicleta en Ibarra, los asaltos en la vía pública y los robos a locales comerciales se han vuelto recurrentes en el día a día. Este patrón mantiene en alerta a la población y evidencia una brecha entre las acciones anunciadas y la realidad que se vive en las calles.
(Redacción Imbabura).- Aunque el presidente Daniel Noboa destaca una reducción de homicidios a nivel nacional y en El Oro, en la provincia de Imbabura la realidad muestra un escenario distinto. El mandatario atribuye los resultados a medidas como el toque de queda focalizado, controles fronterizos y operativos contra el crimen organizado; sin embargo, Imbabura no fue parte de estas restricciones.
En la provincia, el contingente policial y militar ha concentrado su accionar en sectores como Buenos Aires por la minería ilegal y en la zona norte por problemáticas vinculadas al contrabando y narcotráfico. Mientras tanto, la migración delincuencial se ha focalizado en ciudades como Ibarra y Otavalo. Días atrás, tras la visita del ministro del Interior, John Reimberg, se enfatizó la necesidad de debilitar redes delictivas relacionadas con narcotráfico, extorsión y préstamos ilegales tipo “gota a gota”. Además, se anunció el fortalecimiento del contingente policial en una provincia donde hay cerca de 2.400 uniformados para una población de cerca de 300 mil habitantes.
A pocos días después de la visita ministerial y en medio de las declaraciones de Noboa, las víctimas se siguen contabilizando en la provincia:
01 de enero: José Daniel V., de 31 años. Falleció por proyectil de arma de fuego durante un incidente en Santa Teresita de Alpachaca, en Ibarra.
19 de enero: Edwin Patricio Brazales, de 46 años, y Óscar Daniel Brazales., de 39, reconocidos comerciantes, fueron asesinados al estilo sicariato en Otavalo.
2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.
29 de marzo: Manuel Fabián Franco Cedeño, de 42 años, y Diego Caballero, de 31 años, fueron asesinados en un ajuste de cuentas en el sector de la Cruz Verde, al interior de la licorería y un karaoke aledaño en Ibarra.
Con este hechos, Imbabura cierra el tercer mes del año con al menos ocho muertes vinculadas a desapariciones, asesinatos y sicariatos, reflejando una situación de seguridad que aún genera preocupación, pese a los resultados positivos expuestos a nivel nacional.
(Redacción Ecuador).– Los controles vehiculares forman parte de la rutina en carreteras y ciudades del país. Sin embargo, aún persisten dudas entre los conductores sobre el alcance de las facultades de los agentes y los derechos que asisten a los ciudadanos durante una intervención.
De acuerdo con principios constitucionales y la normativa vigente en materia de tránsito, existen límites claros sobre lo que un agente puede y no puede hacer al detener un vehículo.
Límites durante una intervención
No pueden obligar a descender del vehículo sin causa justificada. El automotor es considerado una extensión del espacio privado. Por tanto, el conductor y sus acompañantes no están obligados a salir del vehículo salvo que exista una causa legal, un riesgo inminente o un operativo debidamente autorizado por autoridad competente. Si el ciudadano decide bajar voluntariamente, pasa a encontrarse en la vía pública, donde el control puede ampliarse dentro del marco legal.
No pueden interrogar ni intimidar. Durante el procedimiento, el agente está facultado para solicitar únicamente los documentos habilitantes: licencia de conducir, matrícula y el comprobante del seguro obligatorio vigente. No puede exigir información sobre domicilio, lugar de trabajo, procedencia o destino del viaje, ni emplear amenazas o intimidación.
No pueden detener sin motivo legal. La retención de un vehículo procede únicamente ante una infracción flagrante o dentro de operativos formalmente establecidos. Las denominadas “revisiones de rutina”, sin sustento legal específico, no constituyen por sí solas una causa válida. El ciudadano puede consultar de manera respetuosa cuál es el fundamento de la detención.
No pueden impedir que se grabe el procedimiento. El conductor tiene derecho a registrar en video o audio la actuación del agente como mecanismo de respaldo y transparencia. La autoridad no puede exigir que se suspenda la grabación ni retener el dispositivo. Asimismo, el agente debe identificarse al momento de realizar la intervención.
No pueden retener documentos sin justificación. Si al revisar la licencia y la matrícula no se detecta ninguna inconsistencia, infracción o irregularidad, el agente no puede retener de manera arbitraria estos documentos. La retención solo procede cuando la ley lo establece expresamente como medida ante una contravención o infracción determinada. De lo contrario, los documentos deben ser devueltos de inmediato al conductor.
Facultades legales del agente
Entre las atribuciones reconocidas a los agentes de tránsito constan: solicitar documentos habilitantes, verificar el estado del vehículo, informar sobre la infracción detectada, emitir la citación correspondiente y adoptar medidas para garantizar la seguridad vial en el marco de la ley.
Conocer estos límites y atribuciones permite a los ciudadanos actuar con mayor seguridad jurídica y respeto mutuo durante los controles en las vías del país.
(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.
En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.
La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.
Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.
El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.
(Redacción Imbabura).- Como ocurre cada año durante las festividades de fin de año, grupos de personas disfrazadas de las denominadas “viudas” han retomado de forma anticipada la práctica de bloquear la vía E35 en el sector de Mascarilla, provincia del Carchi, para exigir dinero a los conductores. En esta ocasión, la presencia de estos grupos se ha registrado a pocos días de finalizar el año, generando interrupciones en una carretera estratégica que conecta a Imbabura con Carchi.
Según denuncias, se ha identificado la operación de al menos dos grupos ubicados a corta distancia entre sí, quienes utilizan escombros y obstáculos para forzar la detención de los vehículos y solicitar “colaboraciones” económicas. Los montos exigidos van desde un dólar, mediante retenes improvisados que, en algunos tramos, llegarían a contabilizarse hasta 20 a lo largo de la E35.
Ante esta problemática recurrente, la Alcaldía de Pimampiro activó desde el sábado pasado operativos de control para garantizar el orden y la seguridad vial. Las acciones se ejecutan desde tempranas horas de la mañana con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Ecuatoriano, especialmente en los puntos considerados conflictivos de la vía.
Durante los operativos se registraron intentos de bloqueo mediante la colocación de cadenas; sin embargo, la intervención de las fuerzas del orden evitó que estas acciones se concreten. Como medida preventiva por las festividades de fin de año, la E35 fue militarizada y se anunció que los controles se mantendrán para impedir cobros ilegales y garantizar la libre circulación.
(Redacción Ibarra).- En un contexto donde la sostenibilidad se convierte en una exigencia institucional, la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP) consolida su compromiso ambiental a través de una estrategia técnica para el manejo de residuos derivados de sus procesos operativos, específicamente en tareas de señalización vial.
Durante 2024, la entidad adquirió 1900 canecas de pintura para ejecutar trabajos de señalización horizontal en los cantones que integran la mancomunidad. De ese total, 1436 ya han sido utilizadas, y los envases vacíos se integraron a un plan de manejo ambiental que prioriza la eficiencia técnica, la correcta disposición de residuos y la minimización del impacto ecológico.
La planificación no solo abarca el uso del producto para garantizar la seguridad en las vías, sino también la gestión de los desechos que genera. En ese sentido, el proveedor ST Innova S.A. -en cumplimiento del contrato inicial-, asume la recolección de los envases y el tratamiento técnico de los residuos químicos que puedan permanecer en ellos. Posteriormente, el plástico se reutiliza, evitando su descarte y dándole un nuevo uso.
Michael Jiménez, gerente general de Movidelnor, afirmó que todas las acciones de la empresa responden a una política transversal de responsabilidad ambiental. “Hemos asumido el compromiso de que cada proceso, desde la planificación hasta su cierre técnico, incorpore medidas para reducir nuestra huella ambiental. No se trata solo de pintar calles, sino de garantizar que los residuos no dañen el entorno y que los materiales tengan un ciclo de vida sostenible”, explicó.
Desde la parte técnica, Bryan Benavides, jefe de la Unidad de Señalización, señaló que tras el uso de la pintura, las canecas vacías se almacenan de forma segura. “Esto evita derrames y posibles daños al suelo o fuentes hídricas. Una vez acumuladas, se entregan al gestor ambiental, quien asegura un tratamiento correcto del material remanente”, puntualizó.
Mauricio Larrea, gerente de transporte de la entidad, destacó que Movidelnor está incorporando cláusulas de corresponsabilidad ambiental en cada contrato técnico que ejecuta. “Esto nos permite trabajar con proveedores comprometidos con la sostenibilidad, como ST Innova, que cumple estándares ambientales vigentes en sus procesos de recuperación de materiales”, aseguró.
Este enfoque integral, coinciden los voceros institucionales, busca demostrar que la movilidad segura y la protección ambiental no son objetivos excluyentes, sino principios complementarios que pueden avanzar en paralelo, en procesos que integren la eficiencia operativa con una visión ambiental sólida, en beneficio de la ciudadanía y del entorno natural del norte del país.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Imbabura).- En un nuevo golpe contra la inseguridad carcelaria, el Bloque de Seguridad —integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas— ejecutó la mañana de este lunes un operativo sorpresa en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Ibarra, logrando incautar más de 100 objetos prohibidos.
Más de 150 uniformados ingresaron a diferentes pabellones del penal, donde realizaron una exhaustiva requisa. El resultado: la retención de artículos que vulneran las normas del centro y representan un riesgo para el control interno.
Entre los objetos decomisados están:
9 teléfonos celulares
2 cables de audífonos
7 cables USB
2 cargadores
16 pipas artesanales
16 cajas de fósforos
55 objetos cortopunzantes
Otros elementos no autorizados
Las autoridades recalcaron que estos operativos continuarán de forma permanente como parte de la estrategia nacional para restablecer el orden y evitar que los centros penitenciarios se conviertan en focos de violencia y criminalidad.
(Redacción Imbabura).- La madrugada de este viernes se realizaron varios operativos de control en los 6 cantones de la provincia para garantizar el cumplimiento de la Ley Seca, el Consejo Nacional Electoral en conjunto con la Policía Nacional, Movidelnor EP y Agentes Municipales. Estos operativos tienen como objetivo prevenir la venta y consumo de alcohol antes de las elecciones, y así mantener el orden y la tranquilidad en la provincia.
La Ley Seca está vigente desde ayer y se extenderá hasta el lunes a las 12:00 horas. Durante este período, se han notificado a varios establecimientos por incumplimiento de la ley, aunque no se ha determinado aún el número exacto de notificaciones. Además, varios locales han sido sancionados por no cumplir con las disposiciones de la Ley Seca, con multas que pueden llegar hasta los mil dólares.
Las autoridades reiteran su compromiso de garantizar el cumplimiento de la ley y mantener el orden público durante este período.
(Redacción Imbabura).- El Alcalde de la ciudad Álvaro Castillo en una entrevista en Radio Exa, manifestó su preocupación por los niveles de inseguridad que se mantienen presentes en el cantón Ibarra, acotó que desde el Municipio de Ibarra se plantea una inversión de más de 1 millón de dólares para mejorar la operatividad de la Policía Nacional que opera el cantón.
«Vamos a trabajar en el fortalecimiento de la Policía Nacional, estamos cotizando este momento nueve vehículos patrulleros, más de 100 radios de comunicación, drones y muchas otras cosas que nos ha pedido la Policía Nacional, vamos a poner al menos 1 millón de dólares para ayudar a fortalecer a la Policía en la capacidad de respuesta, la llamada va al ECU911, y la Policía se demora no porque no quiera llegar sino porque en Ibarra hay cinco patrulleros en la provincia hay 23 ambulancias y solo 4 funcionan» aseguró Castillo.
En la rendición de cuentas del periodo 2022, realizada el mes de junio del 2023, el Crnl Fausto Martínez, Comandante de la Sub Zona Imbabura, informó que el parque automotor en la Sub Zona Imbabura es de 230 automotores, divididos en 100 vehículos, 122 motocicletas, 1 terix, 4 buses, 1 UMAC y 2 plataformas tipo carceleras.
Sin embargo solo el 51% de este parque automotor se encuentra operativo, es decir en -regular estado- mientras tanto el 49% se encuentra en mantenimiento y no está funcionando.
Según las estadísticas de la Policía Nacional, los índices delincuenciales se han elevado en un 34% en toda la provincia de Imbabura en relación al año 2021 y 2022, el robo a personas, vehículos, motos fueron los que más incidencias tuvieron en la provincia de Imbabura.
Nuestra redacción consultó sobre esta problemática con el Gobernador de Imbabura Patricio Cervantes, sin embargo hasta el cierre de este informe no se pronunció. Esta mañana (17 de julio) en una entrevista en El Norte TV, manifestó que se encuentran trabajando en el tema de seguridad, sin informar en detalle sobre las acciones emprendidas.
En el país la situación de la Policía Nacional es similar, por ejemplo en Quito, hay 200 patrulleros dañados y 200 motos inactivas. A lo que se suman 45 de 246 Unidades de Policía Comunitaria abandonadas.
En Tungurahua el 30% del parque automotor Policial se encuentra dañado, en Esmeraldas las radios balizas y sirenas no funcionan y en el Oro la situación es similar, más del 49% de vehículos patrulleros se encuentran sin funcionar.
