(Redacción Ibarra).- El contralor general del Estado subrogante, Pablo Celi, confirma sanción administrativa con destitución y multa a Richard Espinosa y a otros 17 funcionarios del IESS, entre ellos para la directora general, el procurador general, el director nacional de gestión financiera y otros niveles directivos menores por la deuda que del Gobierno a la entidad que asciende a USD$2.880 millones. 

El 20 de junio de 2017, la Contraloría emitió su informe final del ‘examen especial al proceso de determinación del valor de la deuda por concepto de contribución del Estado por prestaciones de salud realizadas al IESS’.
En el documento, de 41 páginas, la entidad concluyó que se ‘eliminó del balance de comprobación del Fondo de Salud $2.527’819.221,81 sin sustento’.
De allí que recomendó al presidente y miembros del Consejo Directivo del Instituto que ‘se deje sin efecto la baja de los valores registrados en la cuenta por cobrar del Estado’ y ‘se proceda a revelar el valor de la deuda indicada en los estados financieros del Fondo de Salud’.
En un informe provisional, emitido el 13 de octubre de 2017, la entidad de control señala que el IESS no ha establecido un plan de pago con el Gobierno por la deuda, adquirida desde 2001, y que asciende a cerca de $2.880 millones. El adeudamiento corresponde a gastos por enfermedades catastróficas y atención médica brindada a personas de la tercera edad.
Según la Contraloría, han pasado 960 días desde que pidió a Espinosa que conforme una comisión con el Ministerio de Finanzas para establecer los valores adeudados y una forma de pago, sin que se cumplan estas sugerencias.
Además, la entidad de control detectó que los $2.880 millones de la deuda fueron divididos por el IESS en dos cuentas, para que pareciera que la deuda del Gobierno es de $1.968 millones, mientras que los $911 millones restantes constaban en la lista de otras cuentas por cobrar.
Durante un recorrido por Yachay, el Contralor General del Estado indicó: “Predeterminación de destitución y multa para el presidente del consejo directivo, directora general, procurador general de la institución, para el director nacional de gestión financiera, otros niveles directivos menores”. 

Por su parte Richard Espinosa, que se encontraba cumpliendo una actividad en Ibarra, manifestó que tienen 30 días para justificar y mostrar todos los descargos y dijo que hasta esto la sanción de destitución no procedería. 

Con información de Ecuavisa/Ecuador Inmediato