(Redacción Cotacachi).- El Municipio de Cotacachi dio un paso decisivo para proteger uno de los emblemas naturales más representativos del cantón al concretar la expropiación y declaratoria de utilidad pública del sector conocido como la “Cara de Intag”.
El área intervenida se localiza en el sector El Dorado, entre las comunidades de La Playa y Pueblo Viejo, en la parroquia de Apuela, zona rural del valle de Intag. Este paraje, reconocido por su valor paisajístico, cultural y turístico, enfrentaba una situación delicada debido a ocupaciones destinadas a cultivos agrícolas que amenazaban con alterar la formación natural y su entorno.
El terreno —que pertenecía a un ciudadano extranjero— presentaba un riesgo evidente de deterioro por el avance de la frontera agrícola, lo que motivó la acción municipal para garantizar su preservación. La declaratoria abarca una superficie de 209.603,01 metros cuadrados, con el objetivo de frenar la degradación del suelo y evitar afectaciones irreversibles al sitio.
Desde el cabildo se informó que en las próximas semanas se desarrollarán planes de manejo ambiental orientados a la conservación integral del espacio, con la finalidad de convertirlo en un área protegida libre de invasiones y actividades que comprometan su equilibrio ecológico.
Además, el gobierno local anunció que continuará el proceso para incorporar alrededor de seis hectáreas adicionales de predios colindantes, buscando resguardar completamente el entorno de la Cara de Intag.
El alcalde, Jomar Cevallos Moreno, subrayó que esta medida responde al compromiso de defender el patrimonio natural del cantón y fortalecer la identidad colectiva de la población, asegurando que este símbolo permanezca para las futuras generaciones.
(Redacción Otavalo).- Durante una entrevista en el medio digital APAK TV de Otavalo, el abogado Washington Ruiz informó la situación en la que se encuentra la acción de protección presentada a favor del lago San Pablo que fue aceptada en primera instancia el año pasado.
Explicó que la sentencia de primera instancia fue considerada ambigua y poco específica, por lo que se interpuso un recurso de apelación. En segunda instancia, los jueces provinciales ratificaron la protección del lago y fallaron nuevamente a favor, esta vez por unanimidad. En relación con la demanda, señaló que en segunda instancia la sentencia fue ampliada, fortalecida y precisada por los jueces, especialmente en lo referente a la reparación integral, estableciendo con mayor claridad las obligaciones que deben cumplirse. Posteriormente, el Municipio de Otavalo interpuso un recurso de ampliación y aclaración; sin embargo, este fue negado en su totalidad por los magistrados.
Ruiz leyó textualmente en la entrevista: “La sentencia definitiva (sentencia de apelación), en la parte de la reparación integral 4.1, los jueces constitucionales de la Corte Provincial de Imbabura resolvieron que, en el término de 60 días hábiles después de haber emitido esta sentencia, el Municipio propicie una reunión ampliada entre los actores institucionales, sociales, económicos y deportivos, para establecer una hoja de ruta en la que se precisen las acciones realizadas por cada estamento público y privado hasta la presente fecha y, a partir de allí, definir las obligaciones y compromisos de cada una de las instituciones y demás organismos involucrados”.
Seguidamente, manifestó que ante esta situación, la semana pasada el Municipio extendió una invitación a varios dirigentes para participar en un conversatorio sobre el lago San Pablo. Sin embargo, la mayoría de asistentes fueron funcionarios municipales y no estuvieron presentes todos los actores involucrados, entre ellos dirigentes de cerca de 40 comunidades, actores turísticos y propietarios de embarcaciones. Además, se señaló que a dicha reunión no asistió la alcaldesa Anabel Hermosa.
En la entrevista, a su vez, afirmó que no existiría voluntad política ni un plan integral con presupuesto asignado para atender la problemática del lago, pese a que el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), en sus artículos 55 y 60, faculta a la alcaldesa a realizar traspasos presupuestarios cuando exista una declaratoria legalmente sustentada.
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:
o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;
Por su parte, Diego Conejo, dirigente de la comunidad de Pucará de Velásquez, sostuvo que en el cantón la prioridad debería ser la intervención del sistema de alcantarillado y la construcción de colectores marginales, a fin de evitar los puntos de vertido hacia el lago, y anunció que desde la comunidad de Pucará de Velásquez se ejecuta un plan de manejo de residuos de origen textil, debido a que este tipo de desechos son los que más se generan en su comunidad.
(Redacción Otavalo).- En el marco de la acción de protección presentada a favor de la conservación del río El Tejar, causa N.º 10282-2024-00138, se inició un proceso judicial que marcó un antes y un después en la defensa ambiental del cantón Otavalo. La demanda fue impulsada a finales de 2024 por dirigentes barriales, entre ellos representantes del barrio Los Portales, y el colectivo Unidos por la Pacha Mama, quienes denunciaron la constante contaminación del afluente y la inacción institucional frente a las descargas de aguas servidas.
Durante la audiencia desarrollada el 1 de mayo de 2024, la Procuraduría del Municipio de Otavalo aseguró que no existía contaminación en el río, mientras que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) sostuvo que, de existir, los niveles serían “aceptables”. Ante estas afirmaciones, el juez constitucional resolvió suspender la audiencia y dispuso la práctica de dos diligencias clave: una inspección judicial para constatar de manera directa el estado del cauce y un análisis químico exhaustivo de las aguas, con el fin de determinar el grado real de contaminación.
El proceso avanzó y, en febrero de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó la sentencia que declaró al río El Tejar sujeto de derechos, determinando responsabilidades directas del Municipio de Otavalo y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo por negligencia prolongada en el manejo del sistema de alcantarillado y el control de descargas contaminantes. El fallo ordenó medidas de reparación integral a corto, mediano y largo plazo, así como disculpas públicas por décadas de omisiones.
El origen estructural del problema se remonta a 2010, cuando se formuló el proyecto para la construcción de los colectores marginales del interceptor del río El Tejar (margen derecho) y la primera etapa del sistema de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Otavalo. Esta obra, concebida para captar las descargas del casco urbano y evitar que las aguas residuales se viertan directamente al cauce, quedó inconclusa hace más de catorce años. En febrero de 2025 se destinaron aproximadamente 45 mil dólares para actualizar los estudios orientados a la construcción de los colectores marginales y a la segunda etapa del tratamiento de aguas servidas. No obstante, un año después no se concretó la contratación correspondiente, lo que, según los accionantes, implicó un año adicional de contaminación continua. En noviembre de 2025, mediante consulta formal, se solicitó al Municipio la certificación de incorporación presupuestaria en la proforma 2026 para la construcción del sistema de colectores. La respuesta municipal detalló asignaciones para monitoreos ambientales, la adquisición de un dron con licencias y certificaciones por 12 mil dólares y la contratación de servicios profesionales para educación ambiental por 10.846 dólares; sin embargo, no precisó recursos destinados directamente a la construcción de los colectores marginales, infraestructura considerada esencial para frenar las descargas contaminantes.
En 2010 se estimó para la primera etapa una inversión de 7 millones de dólares; sin embargo, ante la limitada capacidad de endeudamiento, se asignaron únicamente 2 millones. Para 2025 debía haberse completado dicha inversión, pero actualmente se calcula que se requerirían alrededor de 7 millones de dólares para ejecutar integralmente el sistema.
El 31 de diciembre de 2025, dentro de la misma causa, el juez constitucional recordó a las entidades accionadas que el 13 de marzo de 2026 debían presentar los resultados correspondientes a las medidas de corto plazo, advirtiendo que, de no hacerlo, el despacho judicial aplicaría las facultades coercitivas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. En el sector de El Batán se tomaron muestras por parte del GAD y EMAPAO para demostrar técnicamente que la calidad del agua había mejorado.
Desde mediados de enero de 2026 se ejecutaron trabajos de limpieza y mantenimiento de pozos de revisión y alcantarillado en varios sectores de la ciudad. El 9 de febrero se intervino el denominado punto Z2, en las calles Ricaurte y Colón, sector El Batán, donde se realizó limpieza de rejillas, sumideros y pozos, además de redireccionar aguas servidas hacia la Planta de Tratamiento La Fuente de la Salud, ubicada en el sector San Eloy. Previamente, se había intervenido el sistema de aguas residuales del mercado 24 de Mayo.
El 22 de febrero de 2026, EMAPAO anunció la culminación de las intervenciones técnicas orientadas a eliminar las descargas directas en cinco zonas específicas: Segundo Castro, Abdón Calderón, Antonio Ricaurte, Cristóbal Colón y la avenida Luis Cisneros. Se ejecutaron nuevas interconexiones, mantenimiento de colectores, adecuación de estructuras pluviales y actualización del catastro de redes. Según declaraciones oficiales, la Alcaldía destinó más de 640 mil dólares para estos trabajos, cuyo plazo concluía el 13 de marzo de 2026, fecha en la que debía justificarse judicialmente la descontaminación del cauce en El Batán.
La sentencia también dispuso la elaboración de una planificación complementaria con participación ciudadana para la protección y recuperación del río, así como la proyección de un parque lineal en la quebrada El Tejar. Paralelamente, se encuentra en fase precontractual la consultoría para el rediseño y actualización de los estudios definitivos de alcantarillado mixto, encauzamiento de aguas y protección de laderas.
Con la declaratoria de sujeto de derechos y el seguimiento judicial permanente, el río El Tejar deja de depender únicamente de decisiones administrativas y pasa a estar amparado por una obligación legal de cumplimiento obligatorio. El proceso, que inició con la negación de la contaminación y avanzó hacia la constatación técnica y la imposición de medidas estructurales, marca un precedente en la defensa ambiental del cantón y mantiene bajo vigilancia el cumplimiento efectivo de las obras que, por más de una década, quedaron pendientes.
(Redacción Ibarra).- El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a través de su Coordinación Zonal 1 con sede en Ibarra, lidera el proceso de articulación técnica y operativa con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales de la provincia de Imbabura, en cumplimiento de la Resolución SIS-SIS-2025-0025-R, que dispone la interoperabilidad obligatoria de los sistemas de videovigilancia con la plataforma nacional del ECU 911.
Esta resolución, de carácter vinculante, establece que todos los gobiernos locales que cuenten con sistemas tecnológicos orientados a la seguridad ciudadana, tránsito, salud o gestión de riesgos deben integrar sus plataformas al sistema ECU 911. El objetivo es fortalecer la atención integral y oportuna de emergencias, optimizando el uso de recursos tecnológicos en la provincia.
Entre los principales alcances de la normativa se incluye la interoperabilidad de sistemas de videovigilancia, plataformas tecnológicas y centros de monitoreo municipales con el ECU 911; el cumplimiento de parámetros técnicos y operativos definidos en un anexo especializado; la coordinación del uso operativo de los sistemas; la aplicación de protocolos de seguridad de la información y protección de datos personales; así como la garantía de continuidad del servicio y la prevención del uso indebido de las plataformas integradas.
Desde el ECU 911 Ibarra se ha asumido el liderazgo técnico de este proceso mediante la implementación de mesas de trabajo, asesorías especializadas y acompañamiento permanente a los municipios de Imbabura. Estas acciones buscan asegurar una correcta implementación de la interoperabilidad y fortalecer la gestión integral de emergencias en el territorio provincial.
De manera paralela, el ECU 911 también impulsa la interoperabilidad con el sector privado. Este proceso es liderado por la abogada Cecilia Ludeña, Coordinadora Zonal 1, y actualmente cuenta con la participación de cinco empresas de la provincia que mantienen procesos activos para integrar sus sistemas tecnológicos a la plataforma nacional. Esta articulación público-privada contribuye a reforzar la prevención y la atención oportuna de emergencias, ampliando la capacidad de respuesta ante eventos que puedan afectar a la ciudadanía.
(Redacción Ibarra).- Con base en la información vertida el día lunes en la que se anunció que la Empresa Eléctrica Regional del Norte (Emelnorte) dejará de cobrar la tasa de recolección de basura en su planilla y que inicialmente se analizó la posibilidad de que este rubro sea asumido por la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I), se conoció finalmente que el Municipio de Ibarra será la entidad encargada de asumir directamente el cobro por el servicio de recolección de residuos sólidos, en cumplimiento de la normativa vigente y de las directrices emitidas por el Ministerio de Ambiente y Energía.
La gestión integral de residuos sólidos, que comprende barrido, recolección, transporte y disposición final, representa un gasto anual aproximado de 6 millones 780 mil dólares para la ciudad. No obstante, por concepto de la tasa se recaudaban apenas cerca de 1 millón 600 mil dólares, por lo que el Municipio debía cubrir la diferencia con recursos propios. Solo la disposición final de los desechos tiene un costo de 117 dólares por tonelada.
En este escenario, una familia promedio pagaba entre 12 y 15 dólares anuales por el servicio, un monto que no reflejaba el costo real del sistema. Ante esta situación, el Municipio resolvió eliminar el subsidio y analizar un reajuste de la tarifa, decisión que cuenta con el respaldo de la administración municipal.
Diego Villalba, director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, informó que el nuevo mecanismo de cobro de la tasa de recolección se aplicará a través del impuesto predial. El valor correspondiente a la gestión integral de residuos se distribuirá en función de los predios, bajo principios legales, contables y financieros establecidos en el Código Orgánico del Ambiente, como la subsidiaridad, la responsabilidad extendida, el principio de “quien más genera, más paga” y el enfoque ambiental “de la cuna a la tumba”.
El Municipio precisó que no se implementará una tarifa plana, como ocurre en otros cantones, sino que el cobro se basará en la cantidad real de residuos generados. Actualmente, el promedio per cápita de generación de basura es de 0,73 kilogramos por habitante al día. De esta manera, una familia de cuatro a cinco integrantes produce alrededor de 3,5 kilogramos diarios, lo que equivale a menos de una tonelada de residuos al año, volumen que será considerado para el cálculo de la tarifa.
En las próximas semanas se definirá el valor final y la periodicidad del cobro, que podría ser mensual o anual, con el fin de facilitar el pago y reducir el impacto en la economía de los ciudadanos. Las autoridades indicaron que los sectores que generan mayores volúmenes de residuos, como el comercial e industrial, asumirán un costo más alto, mientras que el sector residencial pagará de acuerdo con su nivel de generación.
Finalmente, el Municipio señaló que el objetivo de este nuevo esquema es recaudar los recursos necesarios para cubrir los costos operativos reales y garantizar un servicio de recolección de basura eficiente, continuo y sostenible para la ciudad.
(Redacción Ibarra).- Este miércoles se inició oficialmente la construcción del nuevo Centro de Salud Tipo C en el barrio El Ejido, una obra que transformará la atención médica de 280 mil familias de Ibarra y cantones vecinos.
La construcción se levanta sobre un terreno de 7.561 m² ubicado entre las calles Manuelita Sáenz e Hilda Pesantes.
Un proyecto que nace del territorio y hoy se hace realidad
La infraestructura tendrá una inversión conjunta de $8,1 millones, de los cuales $4,4 millones corresponden a la Municipalidad para la edificación del centro, mientras que el Gobierno Nacional destinará $3.7 millones para equipamiento y talento humano.
Durante el evento, el alcalde Álvaro Castillo recordó que esta obra empezó hace dos años, cuando la entonces Secretaria Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil —hoy Vicepresidenta de la República— recibió la propuesta presentada por la Federación Médica de Imbabura. Ese diálogo dio origen a una gestión que hoy se materializa con la colocación de la primera piedra. “Este centro es una respuesta clara a la demanda de nuestros barrios y a lo que nos pidió la comunidad médica. Lo dijimos en campaña y hoy cumplimos”, afirmó el Alcalde.
El proyecto generará 134 plazas de trabajo para profesionales de la salud y decenas de empleos adicionales durante su construcción.
Magdalena Guerrero, beneficiaria de los proyectos sociales de la Alcaldía, felicitó la proyección de esta obra y recordó la promesa hecha por el Alcalde de Ibarra con la construcción de este espacio. “Muchos de nosotros nos aferramos a esa palabra con esperanza y hoy, al ver colocada la primera piedra puedo decir con emoción que su promesa se ha cumplido”.
La ciudadana destacó también la importancia de esta inversión para el cantón después de casi una década.
(Redacción Ibarra).- Este miércoles, 19 de noviembre a las 10:30, la Alcaldía de Ibarra y el Gobierno Nacional darán inicio a la construcción del nuevo Centro de Salud Tipo C en el Ejido de Ibarra, entre las calles Manuelita Sáenz e Hilda Pesantes una obra que suma una inversión conjunta de $8,7 millones y que beneficiará a 280 mil familias de Ibarra y cantones vecinos.
El Municipio aporta $4,4 millones para la infraestructura y el Gobierno $4,3 millones para equipamiento y talento humano, consolidando uno de los proyectos sanitarios más importantes de la región y un esfuerzo interinstitucional sin precedentes en el cantón.
El Centro de Salud Tipo C contará con emergencias 24/7, hospitalización, laboratorio, farmacia, rayos X, ecografía, pediatría, ginecobstetricia, odontología, psicología, rehabilitación y 16 consultorios médicos distribuidos en 14 áreas especializadas.
La obra se edificará en un terreno de 7.561 m², con un edificio principal de 3.114 m², diseñado para diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación, garantizando accesibilidad y funcionalidad.
El Alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, reiteró que la construcción de esta obra es parte de un compromiso adquirido antes de las elecciones 2023. “La palabra cumplida, eso es lo que dejo como legado a la ciudad”, señaló. El nuevo Centro de Salud Tipo C será clave para reducir la carga del Hospital San Vicente de Paúl, especialmente en atención materno-infantil y servicios de emergencia. Además, generará 134 plazas de trabajo para profesionales de la salud y fortalecerá el primer nivel de atención en la provincia.
“El Gobierno ha sido muy generoso con Ibarra. Este Centro de Salud representa un impulso decisivo para el desarrollo de nuestro cantón”, destacó el alcalde Álvaro Castillo.
La firma de convenio interinstitucional se realizó en abril en el Coliseo Luis Leoro Franco ante una masiva asistencia ciudadana.
La obra, que se construirá en 180 días una vez colocada la primera piedra, marca un avance fundamental en el sistema de salud de la región y reafirma el compromiso de Ibarra con el bienestar social y la atención pública de calidad.
(Redacción Ibarra).- Esta mañana se llevó a cabo una rueda de prensa en el Salón Amarillo del Torreón para anunciar oficialmente la realización de la 53ª edición de la Cacería del Zorro, uno de los eventos ecuestres más tradicionales del norte del país.
La competencia, que había sido motivo de debate organizativo y postergada debido a una influenza equina, se llevará a cabo finalmente el 29 de noviembre, gracias a la coordinación del Comité Organizador encabezado por el señor Santiago Amador con el apoyo de la Prefectura de Imbabura y la Alcaldía de Ibarra.
Desde la Prefectura se manifestó el respaldo al evento como parte de los esfuerzos de reactivación económica, turística y cultural que se impulsa en la provincia. Las autoridades resaltaron que esta edición cuenta con acreditación oficial y que la logística ha sido fortalecida, especialmente en lo relacionado con parqueaderos, rutas de acceso, seguridad y control del público, con el fin de garantizar una experiencia segura y ordenada para participantes y asistentes.
Durante la presentación, los representantes destacaron que esta edición mantiene vivo el componente cultural, deportivo y turístico que ha caracterizado a la Cacería del Zorro a lo largo de su historia. Jinetes de diferentes localidades participarán en la tradicional competencia ecuestre, que reúne cada año a miles de espectadores.
Como parte del programa, tras la premiación se realizará un concierto artístico en el Autódromo José Tobar Tobar de Yahuarcocha, donde se presentarán talentos como Jombriel, Magic Juan, Papaya Dada, entre otros artistas invitados, que aportarán un cierre festivo a la jornada.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía, amantes del deporte ecuestre y visitantes nacionales y extranjeros a disfrutar de esta jornada que combina tradición, destreza y espectáculo, y que constituye un referente en el país.
(Redacción Otavalo).- En el mercado 24 de Mayo, uno de los principales centros de abasto de Otavalo, los comerciantes enfrentan una reducción significativa en sus ingresos. Aunque la ciudad registró un movimiento turístico durante el feriado, la afluencia no se tradujo en mayores ventas. Decenas de familias que dependen del comercio minorista aseguran que sus productos se mantienen en los puestos mientras que los visitantes prefieren recorrer o comprar en espacios informales.
Esta mañana, un grupo de vendedores expresó su descontento y amenazaron con retornar a las antiguas instalaciones del mercado 24 de Mayo, ubicadas entre las calles 31 de Octubre y la actual Plaza Cívica, alegando afectaciones por la escasa demanda, la competencia del comercio ambulante y la falta de apoyo municipal.
Ante esta situación, el Municipio de Otavalo dispuso el vallado de la calle Abdón Calderón para impedir nuevas ocupaciones informales. La medida podría ampliarse hacia la calle 31 de Octubre y los alrededores del terminal terrestre, con el objetivo de mantener el orden y recuperar el control del espacio público.
(Redacción Imbabura).- Con el objetivo de recuperar la actividad económica tras el paro, el municipio de San Miguel de Ibarra presentó el plan de reactivación “Ibarra Vive”, una iniciativa que busca poner en movimiento el turismo durante el próximo feriado de Difuntos.
Bajo el lema “Ibarra, la ciudad a la que siempre se vuelve”, esta agenda propone una serie de actividades que rescatan la tradición y el deporte. Entre ellas destaca la ruta de la colada morada, donde los visitantes podrán recorrer cafeterías y restaurantes degustando la bebida típica de la fecha junto con las tradicionales guaguas de pan.
Además, se realizarán eventos deportivos y recreativos como el Trail 8K nocturno con disfraces, la Vuelta a Ibarra en circuito ciclístico y un campeonato femenino de voleibol. Para quienes prefieren actividades más tranquilas, la agenda incluye paseos por el Centro Histórico con sabores emblemáticos de las nogadas, arrope de mora y helados de paila, visitas a Yahuarcocha para disfrutar de la tradicional tilapia y empanadas de viento, y recorridos en el Tren del Tayta Imbabura, que permite recorrer el paisaje imbabureño desde otra perspectiva.
El plan también contempla turismo en hosterías, hoteles y haciendas, así como en comunidades como Zuleta y Angochahua, donde los visitantes podrán degustar platos típicos como el borrego asado, entre otros.
Con “Ibarra Vive”, el municipio apuesta a reactivar la economía local y ofrecer a la ciudadanía una experiencia única durante estos 4 días de feriado nacional.
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