(Redaccion Ibarra).- La Alcaldía de Ibarra consolida el plan de inversión educativa más grande de los últimos años con USD 9 millones destinados a intervenir 43 unidades educativas hasta 2027.
Más de 5.500 personas participaron en el Coliseo Luis Leoro Franco durante la firma del convenio entre el Alcaldía de Ibarra y el Ministerio de Educación, acto que marcó el inicio de una nueva etapa de rehabilitación y adecuación de infraestructura escolar.
En esta segunda fase, la administración municipal invertirá USD 3,6 millones para intervenir 18 unidades educativas, fortaleciendo espacios seguros, modernos y adecuados para miles de estudiantes urbanos y rurales.
El alcalde Álvaro Castillo destacó que esta política forma parte de una visión de ciudad que apuesta por la educación como motor de desarrollo social y construcción de oportunidades. La actual administración proyecta alcanzar una inversión histórica de USD 9 millones entre 2023 y 2027, consolidando la intervención de 43 instituciones educativas en todo el cantón. “Cada escuela recuperada representa una familia que vuelve a creer en el futuro. Las ciudades que avanzan son las que deciden invertir en sus niños y jóvenes”, afirmó.
La nueva fase contempla adecuaciones integrales, mejoramiento de baterías sanitarias, cubiertas, espacios deportivos, salas de computación y salas de laboratorio.
A esta intervención se suma una primera etapa ejecutada por la Alcaldía de Ibarra, donde ya fueron rehabilitadas 16 unidades educativas con una inversión cercana a USD 3 millones, beneficiando directamente a miles de estudiantes. Estas acciones marcaron el inicio de un proceso de recuperación de espacios escolares que hoy se consolida como una de las principales apuestas sociales de la administración municipal.
(Redacción Ibarra).- Aunque durante años fue común observar a grupos de personas consumiendo alcohol en espacios públicos de Ibarra tras el cierre de bares, discotecas y karaokes —alrededor de las 22:00— esta práctica ha comenzado a disminuir gracias a los controles municipales y las medidas implementadas por la Alcaldía.
Calles, parques, veredas e incluso vehículos estacionados se convertían con frecuencia en puntos improvisados para libar, especialmente durante los fines de semana. Uno de los sectores donde más se evidenciaba esta situación era en los alrededores del parque Ciudad Blanca, lugar donde se concentraban ciudadanos junto a autos y motocicletas, acompañados de música y bebidas alcohólicas.
Estas reuniones informales no solo generaban ocupación del espacio público, sino que también incrementaban el riesgo de incidentes, sobre todo cuando el consumo de alcohol se mezclaba con la conducción.
Sin embargo, autoridades locales han reforzado los operativos de control en coordinación con la Policía Nacional y la Agencia de Tránsito, realizando recorridos permanentes para dispersar concentraciones de libadores y prevenir conductores en estado etílico.
Además, desde la Alcaldía de Ibarra se implementó la colocación de vallas metálicas en puntos estratégicos del parque Ciudad Blanca, restringiendo el acceso vehicular en determinadas zonas. Según ciudadanos y autoridades, estas acciones han contribuido a reducir considerablemente este tipo de concentraciones nocturnas.
Libar en la vía pública continúa siendo una contravención sancionada por la ley ecuatoriana. A nivel nacional, las multas pueden superar los 140 dólares, mientras que en Ibarra la ordenanza municipal contempla sanciones cercanas al 10% de la Remuneración Básica Unificada. En casos donde existan riñas o alteración del orden público, incluso pueden registrarse detenciones.
(Redacción Ibarra).-La Alcaldía de Ibarra puso en marcha el plan “Agua 24/7”, una iniciativa que busca asegurar el acceso permanente, seguro y de calidad al agua potable en distintos sectores del cantón.
El lanzamiento oficial estuvo encabezado por el alcalde Álvaro Castillo Aguirre, quien participó en la colocación de la primera piedra del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en la parroquia Ambuquí. La obra beneficiará a comunidades como Chota, San Alfonso, Carpuela, Juncal, La Playa, El Ramal y Ambuquí.
El evento contó con la participación de habitantes de las zonas beneficiarias y estuvo acompañado de expresiones culturales tradicionales, como la música bomba, símbolo de identidad y respaldo comunitario a esta intervención.
Daniel Gudiño, presidente del GAD parroquial de Ambuquí, destacó el cumplimiento de los compromisos asumidos por la administración municipal, subrayando la importancia del proyecto para el desarrollo local.
Durante su intervención, el alcalde Castillo resaltó que el acceso a agua potable de calidad tiene un impacto directo en la salud pública y en la reducción de la desnutrición infantil, enfatizando que este tipo de inversiones contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población.
El proyecto contempla una inversión de 1.732.651 dólares y beneficiará a 16.576 habitantes. Su ejecución está prevista en un plazo de 210 días y cuenta con financiamiento del programa PROMADEC IV a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, con un 81% de recursos no reembolsables.
Como parte del plan integral, el Municipio también avanza en otras obras clave, como el mejoramiento del sistema de agua potable en Azaya y las interconexiones del proyecto Pesillo–Imbabura.
(Redacción Ibarra).– La ciudad se prepara para vivir una de las celebraciones más significativas del año con el desarrollo de la Agenda de Semana Santa, una propuesta integral impulsada por la Alcaldía de Ibarra que, del 27 de marzo al 5 de abril, convertirá al cantón en un escenario de encuentro, tradición y espiritualidad.
Esta iniciativa reafirma el compromiso municipal con el desarrollo turístico y económico, promoviendo actividades que destacan las tradiciones gastronómicas locales, como la Ruta de la Fanesca y la Ruta del Dulce y de la Fe. La agenda busca fortalecer el sentido de identidad y posicionar a Ibarra como un destino emblemático durante el feriado de Viernes Santo, ofreciendo a visitantes y ciudadanos experiencias que integran fe, arte, cultura y desarrollo local.
Según informó Alba Terán, directora de Desarrollo Económico, cerca de 30 establecimientos —entre restaurantes, hoteles y hosterías— se suman a esta propuesta gastronómica, impulsando el trabajo de emprendedores y dinamizando la economía del cantón. La iniciativa también incluye la participación de los mercados Amazonas, San Antonio y Priorato. Como uno de los eventos centrales, se realizará el “Festival de la Fanesca” los días 28 y 29 de marzo en los parques Pedro Moncayo y La Merced.
La agenda cultural contará además con la participación de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco, que presentará la obra teatral “La Pasión de Cristo” el 28 de marzo.
Desde el ámbito espiritual, Monseñor René Coba destacó que la Semana Mayor representa para los cristianos una vivencia profunda y vigente de la fe, expresada a través de la reflexión, la solidaridad y la esperanza. En este contexto, los actos litúrgicos, conciertos religiosos y eucaristías constituirán el eje central de esta celebración.
(Redacción Ibarra).- La mañana de ayer, en el salón de la Alcaldía de Ibarra, el alcalde Álvaro Castillo y el gerente de EMAPA-I, Giovany Rivadeneira, expusieron el plan de obras de infraestructura que será financiado a partir de la actualización del pliego tarifario del servicio de agua potable.
Durante una rueda de prensa conjunta entre el Municipio y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-I), se detallaron los proyectos previstos para intervenir en el sistema de distribución hídrica del cantón, en medio de cuestionamientos ciudadanos por el incremento en las planillas, vigente desde este año tras cerca de una década sin ajustes.
Según lo expuesto, el objetivo central del plan es reducir los problemas de abastecimiento y eliminar los racionamientos en sectores considerados críticos. No obstante, las autoridades señalaron que la ejecución de estas obras dependerá del flujo de recursos generado por el nuevo esquema tarifario.
Entre las zonas identificadas con mayores dificultades constan Azaya, Alpachaca, Priorato y Yahuarcocha, donde se prevé la construcción de nuevos tanques de reserva para mejorar la continuidad del servicio en horas de alta demanda.
De acuerdo con el gerente de EMAPA-I, entre las principales intervenciones previstas se encuentran la perforación de un pozo en el sector La Quinta, con un caudal estimado de 45 litros por segundo; la implementación de un sistema de micromedición electromagnética para reducir las pérdidas de agua —que actualmente bordearían el 39%—; y el desarrollo de un proyecto de alcantarillado pluvial en la avenida Atahualpa, cuya fase de contratación se anunciaría en las próximas semanas.
El ajuste tarifario, aplicado de forma progresiva desde 2026, responde a disposiciones de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y contempla incrementos escalonados hasta 2028. Según lo informado, la medida busca equilibrar los costos operativos del sistema, diferenciando entre niveles de consumo.
Pese a los anuncios, no se precisaron cronogramas detallados de ejecución ni fechas concretas de entrega de las obras, lo que mantiene la expectativa sobre el impacto real de estas intervenciones en el corto plazo. Mientras tanto, el incremento en las tarifas ya se refleja en las planillas de los usuarios del cantón.
(Redacción Cotacachi).- Encontrar dónde estacionar en el centro de Cotacachi se había convertido en un verdadero dolor de cabeza tanto para los habitantes del cantón como para quienes llegaban de visita. Durante años, conductores y comerciantes señalaron que era cada vez más complicado hallar un lugar disponible en las calles del casco urbano, especialmente en las zonas más concurridas.
La dificultad se debía, en gran parte, a que muchos vehículos permanecían estacionados durante largas jornadas —en algunos casos más de ocho horas— ocupando los mismos espacios en las principales vías de la ciudad. Esta situación provocaba saturación en el área céntrica y obligaba a conductores a dar varias vueltas antes de encontrar un sitio donde dejar su vehículo.
Ante esta realidad, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que implementa el Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado. La normativa fue aprobada tras dos sesiones del concejo y busca ordenar el uso del espacio público destinado al parqueo.
El sistema permitirá que los espacios de estacionamiento tengan rotación, evitando que un mismo vehículo permanezca estacionado durante todo el día en las calles más transitadas. Con ello se pretende mejorar la movilidad en el centro y facilitar que residentes, compradores y turistas encuentren con mayor facilidad dónde parquear.
El problema del estacionamiento había sido una queja recurrente tanto del sector comercial como de los visitantes que llegan a la ciudad, quienes en muchas ocasiones debían recorrer varias cuadras para encontrar un lugar disponible.
Con la implementación del sistema rotativo, las autoridades buscan organizar el uso de las vías y mejorar la experiencia de quienes llegan al centro de la ciudad, uno de los espacios más visitados del cantón.
Desde la Alcaldía también se difundió una imagen detallada con los parqueaderos privados disponibles en el casco urbano para facilitar la ubicación de espacios de estacionamiento a los visitantes.
(Redacción Cotacachi).- El Municipio de Cotacachi dio un paso decisivo para proteger uno de los emblemas naturales más representativos del cantón al concretar la expropiación y declaratoria de utilidad pública del sector conocido como la “Cara de Intag”.
El área intervenida se localiza en el sector El Dorado, entre las comunidades de La Playa y Pueblo Viejo, en la parroquia de Apuela, zona rural del valle de Intag. Este paraje, reconocido por su valor paisajístico, cultural y turístico, enfrentaba una situación delicada debido a ocupaciones destinadas a cultivos agrícolas que amenazaban con alterar la formación natural y su entorno.
El terreno —que pertenecía a un ciudadano extranjero— presentaba un riesgo evidente de deterioro por el avance de la frontera agrícola, lo que motivó la acción municipal para garantizar su preservación. La declaratoria abarca una superficie de 209.603,01 metros cuadrados, con el objetivo de frenar la degradación del suelo y evitar afectaciones irreversibles al sitio.
Desde el cabildo se informó que en las próximas semanas se desarrollarán planes de manejo ambiental orientados a la conservación integral del espacio, con la finalidad de convertirlo en un área protegida libre de invasiones y actividades que comprometan su equilibrio ecológico.
Además, el gobierno local anunció que continuará el proceso para incorporar alrededor de seis hectáreas adicionales de predios colindantes, buscando resguardar completamente el entorno de la Cara de Intag.
El alcalde, Jomar Cevallos Moreno, subrayó que esta medida responde al compromiso de defender el patrimonio natural del cantón y fortalecer la identidad colectiva de la población, asegurando que este símbolo permanezca para las futuras generaciones.
(Redacción Otavalo).- Durante una entrevista en el medio digital APAK TV de Otavalo, el abogado Washington Ruiz informó la situación en la que se encuentra la acción de protección presentada a favor del lago San Pablo que fue aceptada en primera instancia el año pasado.
Explicó que la sentencia de primera instancia fue considerada ambigua y poco específica, por lo que se interpuso un recurso de apelación. En segunda instancia, los jueces provinciales ratificaron la protección del lago y fallaron nuevamente a favor, esta vez por unanimidad. En relación con la demanda, señaló que en segunda instancia la sentencia fue ampliada, fortalecida y precisada por los jueces, especialmente en lo referente a la reparación integral, estableciendo con mayor claridad las obligaciones que deben cumplirse. Posteriormente, el Municipio de Otavalo interpuso un recurso de ampliación y aclaración; sin embargo, este fue negado en su totalidad por los magistrados.
Ruiz leyó textualmente en la entrevista: “La sentencia definitiva (sentencia de apelación), en la parte de la reparación integral 4.1, los jueces constitucionales de la Corte Provincial de Imbabura resolvieron que, en el término de 60 días hábiles después de haber emitido esta sentencia, el Municipio propicie una reunión ampliada entre los actores institucionales, sociales, económicos y deportivos, para establecer una hoja de ruta en la que se precisen las acciones realizadas por cada estamento público y privado hasta la presente fecha y, a partir de allí, definir las obligaciones y compromisos de cada una de las instituciones y demás organismos involucrados”.
Seguidamente, manifestó que ante esta situación, la semana pasada el Municipio extendió una invitación a varios dirigentes para participar en un conversatorio sobre el lago San Pablo. Sin embargo, la mayoría de asistentes fueron funcionarios municipales y no estuvieron presentes todos los actores involucrados, entre ellos dirigentes de cerca de 40 comunidades, actores turísticos y propietarios de embarcaciones. Además, se señaló que a dicha reunión no asistió la alcaldesa Anabel Hermosa.
En la entrevista, a su vez, afirmó que no existiría voluntad política ni un plan integral con presupuesto asignado para atender la problemática del lago, pese a que el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), en sus artículos 55 y 60, faculta a la alcaldesa a realizar traspasos presupuestarios cuando exista una declaratoria legalmente sustentada.
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:
o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;
Por su parte, Diego Conejo, dirigente de la comunidad de Pucará de Velásquez, sostuvo que en el cantón la prioridad debería ser la intervención del sistema de alcantarillado y la construcción de colectores marginales, a fin de evitar los puntos de vertido hacia el lago, y anunció que desde la comunidad de Pucará de Velásquez se ejecuta un plan de manejo de residuos de origen textil, debido a que este tipo de desechos son los que más se generan en su comunidad.
(Redacción Otavalo).- En el marco de la acción de protección presentada a favor de la conservación del río El Tejar, causa N.º 10282-2024-00138, se inició un proceso judicial que marcó un antes y un después en la defensa ambiental del cantón Otavalo. La demanda fue impulsada a finales de 2024 por dirigentes barriales, entre ellos representantes del barrio Los Portales, y el colectivo Unidos por la Pacha Mama, quienes denunciaron la constante contaminación del afluente y la inacción institucional frente a las descargas de aguas servidas.
Durante la audiencia desarrollada el 1 de mayo de 2024, la Procuraduría del Municipio de Otavalo aseguró que no existía contaminación en el río, mientras que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) sostuvo que, de existir, los niveles serían “aceptables”. Ante estas afirmaciones, el juez constitucional resolvió suspender la audiencia y dispuso la práctica de dos diligencias clave: una inspección judicial para constatar de manera directa el estado del cauce y un análisis químico exhaustivo de las aguas, con el fin de determinar el grado real de contaminación.
El proceso avanzó y, en febrero de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó la sentencia que declaró al río El Tejar sujeto de derechos, determinando responsabilidades directas del Municipio de Otavalo y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo por negligencia prolongada en el manejo del sistema de alcantarillado y el control de descargas contaminantes. El fallo ordenó medidas de reparación integral a corto, mediano y largo plazo, así como disculpas públicas por décadas de omisiones.
El origen estructural del problema se remonta a 2010, cuando se formuló el proyecto para la construcción de los colectores marginales del interceptor del río El Tejar (margen derecho) y la primera etapa del sistema de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Otavalo. Esta obra, concebida para captar las descargas del casco urbano y evitar que las aguas residuales se viertan directamente al cauce, quedó inconclusa hace más de catorce años. En febrero de 2025 se destinaron aproximadamente 45 mil dólares para actualizar los estudios orientados a la construcción de los colectores marginales y a la segunda etapa del tratamiento de aguas servidas. No obstante, un año después no se concretó la contratación correspondiente, lo que, según los accionantes, implicó un año adicional de contaminación continua. En noviembre de 2025, mediante consulta formal, se solicitó al Municipio la certificación de incorporación presupuestaria en la proforma 2026 para la construcción del sistema de colectores. La respuesta municipal detalló asignaciones para monitoreos ambientales, la adquisición de un dron con licencias y certificaciones por 12 mil dólares y la contratación de servicios profesionales para educación ambiental por 10.846 dólares; sin embargo, no precisó recursos destinados directamente a la construcción de los colectores marginales, infraestructura considerada esencial para frenar las descargas contaminantes.
En 2010 se estimó para la primera etapa una inversión de 7 millones de dólares; sin embargo, ante la limitada capacidad de endeudamiento, se asignaron únicamente 2 millones. Para 2025 debía haberse completado dicha inversión, pero actualmente se calcula que se requerirían alrededor de 7 millones de dólares para ejecutar integralmente el sistema.
El 31 de diciembre de 2025, dentro de la misma causa, el juez constitucional recordó a las entidades accionadas que el 13 de marzo de 2026 debían presentar los resultados correspondientes a las medidas de corto plazo, advirtiendo que, de no hacerlo, el despacho judicial aplicaría las facultades coercitivas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. En el sector de El Batán se tomaron muestras por parte del GAD y EMAPAO para demostrar técnicamente que la calidad del agua había mejorado.
Desde mediados de enero de 2026 se ejecutaron trabajos de limpieza y mantenimiento de pozos de revisión y alcantarillado en varios sectores de la ciudad. El 9 de febrero se intervino el denominado punto Z2, en las calles Ricaurte y Colón, sector El Batán, donde se realizó limpieza de rejillas, sumideros y pozos, además de redireccionar aguas servidas hacia la Planta de Tratamiento La Fuente de la Salud, ubicada en el sector San Eloy. Previamente, se había intervenido el sistema de aguas residuales del mercado 24 de Mayo.
El 22 de febrero de 2026, EMAPAO anunció la culminación de las intervenciones técnicas orientadas a eliminar las descargas directas en cinco zonas específicas: Segundo Castro, Abdón Calderón, Antonio Ricaurte, Cristóbal Colón y la avenida Luis Cisneros. Se ejecutaron nuevas interconexiones, mantenimiento de colectores, adecuación de estructuras pluviales y actualización del catastro de redes. Según declaraciones oficiales, la Alcaldía destinó más de 640 mil dólares para estos trabajos, cuyo plazo concluía el 13 de marzo de 2026, fecha en la que debía justificarse judicialmente la descontaminación del cauce en El Batán.
La sentencia también dispuso la elaboración de una planificación complementaria con participación ciudadana para la protección y recuperación del río, así como la proyección de un parque lineal en la quebrada El Tejar. Paralelamente, se encuentra en fase precontractual la consultoría para el rediseño y actualización de los estudios definitivos de alcantarillado mixto, encauzamiento de aguas y protección de laderas.
Con la declaratoria de sujeto de derechos y el seguimiento judicial permanente, el río El Tejar deja de depender únicamente de decisiones administrativas y pasa a estar amparado por una obligación legal de cumplimiento obligatorio. El proceso, que inició con la negación de la contaminación y avanzó hacia la constatación técnica y la imposición de medidas estructurales, marca un precedente en la defensa ambiental del cantón y mantiene bajo vigilancia el cumplimiento efectivo de las obras que, por más de una década, quedaron pendientes.
(Redacción Ibarra).- El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a través de su Coordinación Zonal 1 con sede en Ibarra, lidera el proceso de articulación técnica y operativa con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales de la provincia de Imbabura, en cumplimiento de la Resolución SIS-SIS-2025-0025-R, que dispone la interoperabilidad obligatoria de los sistemas de videovigilancia con la plataforma nacional del ECU 911.
Esta resolución, de carácter vinculante, establece que todos los gobiernos locales que cuenten con sistemas tecnológicos orientados a la seguridad ciudadana, tránsito, salud o gestión de riesgos deben integrar sus plataformas al sistema ECU 911. El objetivo es fortalecer la atención integral y oportuna de emergencias, optimizando el uso de recursos tecnológicos en la provincia.
Entre los principales alcances de la normativa se incluye la interoperabilidad de sistemas de videovigilancia, plataformas tecnológicas y centros de monitoreo municipales con el ECU 911; el cumplimiento de parámetros técnicos y operativos definidos en un anexo especializado; la coordinación del uso operativo de los sistemas; la aplicación de protocolos de seguridad de la información y protección de datos personales; así como la garantía de continuidad del servicio y la prevención del uso indebido de las plataformas integradas.
Desde el ECU 911 Ibarra se ha asumido el liderazgo técnico de este proceso mediante la implementación de mesas de trabajo, asesorías especializadas y acompañamiento permanente a los municipios de Imbabura. Estas acciones buscan asegurar una correcta implementación de la interoperabilidad y fortalecer la gestión integral de emergencias en el territorio provincial.
De manera paralela, el ECU 911 también impulsa la interoperabilidad con el sector privado. Este proceso es liderado por la abogada Cecilia Ludeña, Coordinadora Zonal 1, y actualmente cuenta con la participación de cinco empresas de la provincia que mantienen procesos activos para integrar sus sistemas tecnológicos a la plataforma nacional. Esta articulación público-privada contribuye a reforzar la prevención y la atención oportuna de emergencias, ampliando la capacidad de respuesta ante eventos que puedan afectar a la ciudadanía.
