(Redacción Imbabura).- En el marco de las elecciones que se desarrollarán este domingo en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que se aplicará ley seca a nivel nacional como parte de las medidas obligatorias establecidas para garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y sin interferencias.
De acuerdo con el Código de la Democracia, la restricción inicia 36 horas antes del día de los comicios y se mantiene hasta 12 horas después. Para esta jornada, la medida regirá desde las 12h00 del viernes y se extenderá hasta las 12h00 del lunes. Durante ese periodo queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, tiendas, bares, restaurantes y cualquier establecimiento comercial.
El CNE aclaró que el incumplimiento de la ley seca conlleva sanciones económicas. Quienes expendan o consuman bebidas alcohólicas durante la vigencia de la prohibición, o quienes intenten ingresar a los recintos electorales en estado etílico, se enfrentarán a una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU). Para 2025, el SBU en Ecuador es de USD 470, por lo que la sanción asciende a USD 235.
Además, los establecimientos que violen esta disposición podrían enfrentar sanciones adicionales, incluyendo clausuras temporales o definitivas según la gravedad de la infracción.
La Policía Nacional y los gobiernos locales ejecutarán operativos de control desde este viernes para garantizar el cumplimiento de la norma en todo el territorio. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respetar las disposiciones vigentes durante este proceso electoral
(Redacción Ecuador).- Meses después de que nuestra redacción difundiera un video en el que una joven aparecía sentada en la ventana de un vehículo en movimiento mientras se grababa con su celular, aún persisten las dudas entre los ciudadanos sobre si este tipo de conductas son sancionables según la normativa ecuatoriana.
La ley es clara: los pasajeros no pueden sacar partes del cuerpo ni ubicarse de forma inadecuada durante el trayecto. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el conductor que permita estas acciones puede recibir una multa equivalente al 10% del salario básico unificado. A esto se suma el Reglamento de Tránsito, que exige que todos los ocupantes viajen de manera segura, sin poner en riesgo su vida ni la de terceros.
Sin embargo, esta no es la única conducta poco conocida que puede derivar en sanciones. Existen otras infracciones comunes que, aunque muchos las consideran “inofensivas”, también están tipificadas y pueden acarrear multas y reducción de puntos en la licencia con sanciones que van desde el 5% hasta el 40% del salario básico, además de la reducción de puntos en la licencia. Entre ellas:
Trasladar a un niño en el regazo o junto al volante, sin las medidas de seguridad obligatorias, constituye una infracción del 10% de un Salario Básico Unificado y la reducción de tres puntos en la licencia de conducir. El menor debe estar sentado en el asiento posterior y con silla de seguridad en algunos casos.
Conducir con una mascota de forma insegura tiene una multa de $70,50 (equivalente al 15% del salario básico unificado) con reducción de 4,5 puntos en la licencia; esta multa se aplica cuando el conductor lleva al animal en brazos mientras maneja o deja que interfiera con la conducción.
Usar el teléfono mientras se conduce y conducir con el teléfono en la mano tiene una sanción del 10% de un salario básico unificado (USD 39,4) y tres puntos menos en la licencia de conducir y una multa del 15% de un SBU (59,10 dólares) y 4,5 puntos menos en su licencia de conducir, respectivamente.
Estacionarse en curvas, puentes, túneles o zonas de poca visibilidad o de seguridad tiene una multa del 10% del (SUB).
Circular por túneles sin encender las luces del vehículo tiene una multa del 5% del (SBU).
Rebasar en zonas peligrosas como cuestas o puenteso al coronar una pendiente, conlleva una multa del 30% del (SBU), así como la reducción de 6 puntos en la licencia de conducir.
Quedarse sin gasolina y obstaculizar el tránsito vehicular representa alrededor de 31.80$ de multa y menos 3 puntos en la licencia de conducir.
Adelantar a un bus escolar mientras los pasajeros suben o bajan, la multa por esta infracción es del 15% del (SBU).
Construir rompevelocidades sin autorización previa usualmente se trata de una multa que puede ir desde el 10% hasta el 40% de un (SBU).
No colocar los triángulos de emergencia correctamente en caso de avería tiene una multa del 10% del (SBU) y la reducción de 3 puntos en la licencia de conducir.
Usar la bocina de forma excesiva e injustificada conlleva una multa del 5% del (SBU) y menos 1.5 puntos a su licencia de conducir.
Aunque muchas de estas infracciones son poco conocidas, todas están contempladas en la normativa y buscan reforzar la seguridad vial.
(Redacción Ibarra).- El Concejo Municipal de Ibarra aprobó la Ordenanza Sustitutiva para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón, luego de más de diez años sin actualización. La normativa anterior databa de 2011, mientras que la tabla de cobros se mantenía vigente desde 2003, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que debe revisarse anualmente.
Uno de los principales beneficios de la nueva ordenanza es que no se incrementa ningún valor en la inscripción de bienes de hasta 90.000 dólares, lo que garantiza que los proyectos sociales y créditos preferenciales continúen sin afectar a la ciudadanía. Estos trámites representan más del 80% de las inscripciones que realiza la entidad.
Además, los procesos de aclaración o rectificación de errores en escrituras o resoluciones tendrán un costo reducido al 25% del valor original. Por ejemplo, si una inscripción costaba 200 dólares, la aclaración ahora costará solo 50, en beneficio directo de los usuarios.
La actualización también busca mantener costos justos y sostenibles. Según la entidad, algunos trámites tenían valores que representaban menos del 10% del costo real del servicio. En ese sentido, se ajustaron aranceles como el certificado de gravamen, que pasa de 7 a 11,75 dólares (2,5% del salario básico unificado). Este ajuste, explican las autoridades, no representa un aumento repentino, sino la regularización de un rezago de casi dos décadas.
El Registro de la Propiedad de Ibarra destaca además por su eficiencia y modernización. Actualmente, el 95% de los certificados se entregan el mismo día de su solicitud, y los trámites se inscriben en un promedio de 24 a 48 horas. Para mantener este servicio, la institución avanza en la implementación del sistema de Folio Real, que asignará una clave única a cada bien inmueble, optimizando los tiempos de atención y reforzando la seguridad jurídica.
En materia de inclusión, la ordenanza contempla exoneraciones del 50% en aranceles para personas adultas mayores y personas con discapacidad superior al 30%, en cumplimiento de la ley. Asimismo, los procesos de justificación por homónimos —cuando se deben corregir errores ajenos al usuario— dejarán de tener costo, como una medida de equidad hacia los ciudadanos.
Con esta reforma, el Registro de la Propiedad de Ibarra busca equilibrar la sostenibilidad institucional con un servicio ágil, transparente y acorde a las necesidades actuales del cantón.
(Redacción Imbabura).- Con la llegada del nuevo año escolar en la región Sierra y Amazonía, los hogares ecuatorianos experimentan emociones mixtas; mientras los niños muestran entusiasmo por el retorno a clases, para muchos padres y madres representa un desafío económico importante. Los gastos en educación, salud, útiles escolares, uniformes, transporte y alimentación generan una carga que, en muchos casos, se solventa gracias a las pensiones alimenticias.
En Imbabura, los índices de morosidad en el pago de pensiones alimenticias siguen siendo altos, afectando tanto a hombres como a mujeres. Los montos adeudados pueden variar desde un salario básico hasta cifras que superan los 100 mil dólares en algunos casos. La Ley de la Niñez y Adolescencia establece, en su art. 11, que el interés superior del niño es prioridad y debe guiar todas las decisiones de autoridades, instituciones públicas y privadas, asegurando un justo equilibrio entre derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes.
El Código también regula la mediación en juicios de alimentos. Según los artículos 43 y 47, la mediación es un procedimiento extrajudicial en el que las partes, asistidas por un mediador neutral, buscan un acuerdo voluntario que ponga fin al conflicto. El acta resultante debe incluir los hechos del conflicto, las obligaciones de cada parte y las firmas de los involucrados. En casos de menores y alimentos, los acuerdos alcanzados pueden ser revisados conforme a la normativa vigente.
A pesar de estas disposiciones, muchos ciudadanos recurren a artimañas jurídicas para eludir sus responsabilidades y existen ciudadanos deudores que enfrentan apremio personal por no pago de pensiones. Algunos eluden las responsabilidades saliendo del país para no pagar y también generan ventas ficticias de bienes para no cumplir con la obligación del alimentista.
Carlos P., padre de dos hijos en Ibarra, menciona: «No cuento con los recursos suficientes y siento que los acuerdos de pensión son muy estrictos; el cálculo no me alcanza para cubrirlos y cumplir con todo lo demás es casi imposible». Por su parte, Verónica M., madre de un niño de 11 años, señala: «Con 200 dólares al mes apenas alcanza para los gastos básicos. En mi caso, el padre de mi hijo sí paga la pensión, pero se ausenta sin preocuparse por el desarrollo afectivo de mi hijo».
En la provincia los pagos de pensiones alimenticias presentan distintos niveles de cumplimiento. Algunas madres y padres cumplen con lo estipulado, otras acumulan deudas y algunas madres incluso llegan a abusar de esta obligación. En todos los casos, los más afectados son los niños, quienes sufren las consecuencias económicas y emocionales. A través del portal web del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) se puede consultar los valores correspondientes a las pensiones y verificar su cumplimiento.
(Redacción Imbabura).- El pasado jueves en la zona del desvío de Azama, sobre la vía que conecta Otavalo y Cotacachi, un vendaval provocó que un árbol cayera sobre un automóvil en circulación. El impacto dejó daños materiales en el vehículo y una persona resultó herida. Este hecho expone a la ciudadanía a una pregunta frecuente: ¿Quién responde si un árbol cae sobre tu casa o tu vehículo?
En Ecuador, la respuesta depende de la causa de la caída y del estado del árbol. Según el Código Civil, si el árbol estaba seco, deteriorado o inclinado y el propietario no tomó medidas para prevenir el riesgo, este debe indemnizar los daños ocasionados. Por el contrario, si la caída ocurre por fenómenos naturales imprevisibles, como vendavales, tormentas o sismos, y no había señales de deterioro, se considera fuerza mayor, y no hay culpable directo. En estos casos, los afectados deben recurrir a su seguro o asumir los daños.
Si el árbol pertenece al municipio, por ejemplo en veredas o parques, la responsabilidad recae en la entidad municipal, según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), y los reclamos deben dirigirse al municipio correspondiente.
Se recomienda a los ciudadanos actuar con rapidez, documentar el incidente mediante fotos, videos, informes técnicos y testimonios, especialmente si hubo advertencias previas al propietario. Antes de acudir a la vía judicial, es aconsejable intentar mediación o acuerdos extrajudiciales, y si se cuenta con seguro, este puede cubrir los daños mientras se define la responsabilidad.
Este tipo de situaciones resalta la importancia de mantener y revisar regularmente los árboles en áreas privadas y públicas, y conocer los derechos y deberes legales para proteger bienes y personas. Estar informado permite reaccionar de manera adecuada, evitando conflictos mayores y asegurando que los daños se manejen correctamente.
(Redacción Ibarra).- El creador de contenido ibarreño Bryan S., enciende una controversial polémica en redes sociales, por lo que podría enfrentar consecuencias legales. El influencer, que se ha ganado una considerable audiencia en TikTok con videos cargados de sátira y opiniones, ha sido denunciado por calumnia tras acusar públicamente a un ciudadano identificado como Edison A. C. de haber sustraído piezas de su vehículo durante las festividades de San Juanes en Caranqui.
En uno de sus videos, que ya no está publicado en la red social, Bryan S. acusa directamente al ciudadano y le da un ultimátum de 48 horas para que se comunique con él y “lleguen a un arreglo”, acusándole de haberse robado varias piezas de su vehículo, además advirtiéndole que, de no hacerlo, “tendrá serios problemas”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse, generando un amplio debate entre quienes lo respaldan y quienes cuestionan la ética de hacer justicia a través de las redes sociales. Ante esta situación, Edison A. C. presentó una denuncia formal por calumnias, asegurando que su imagen y reputación han sido gravemente afectadas por afirmaciones sin respaldo legal, detallando además que Bryan S. habría enviado mensajes amenazantes vía WhatsApp contra su integridad y la de su familia.
Por otro lado, Bryan S. habría establecido una estrecha colaboración con un abogado «influencer en tik tok», que ha ganado notoriedad por sus vídeos virales en los que lanza constantes cuestionamientos contra servidores públicos, administraciones locales y agentes de tránsito.
En un video publicado el 24 de julio en la cuenta del mencionado jurista, se observa a ambos personajes comentando el caso que ha desatado la polémica. En el clip, Bryan S. declara: «Veo a este tal Edison cerrando la puerta de mi vehículo. Hay cámaras que lo demuestran; estás grabado, hermano, así que prepárate mi bro, porque te viene lo duro.» Más adelante añade: «Sus amiguitos con los que hace fechorías se han de enojar también con él, porque vamos a desmantelar todo lo que hace, así que que se prepare.»
El abogado, conocido por representar a varios ciudadanos en casos mediáticos, ahora estaría brindando su respaldo legal al influencer para enfrentar las denuncias en su contra.
Según la información pública que se encuentra en el Consejo de la Judicatura, el ciudadano Edison A, cuenta con varios procesos judiciales, por receptación, estafa y robo, sin embargo ninguno de estos procesos judiciales han llegado a buen término, en vista de que no se ha podido demostrar la culpabilidad del ciudadano y la justicia los archivó.
Adicionalmente, se conoce que dentro de este proceso Bryan S. no ha generado una denuncia formal por el presunto robo que acusa en redes sociales.
Este no sería el primer encontrón de Bryan S. con la justicia; se conoce que mantiene un proceso legal previo por presunta difamación contra la empresa Ecuasueña, reconocida por la venta de planes de compra programada de vehículos. En aquella ocasión, el influencer calificó públicamente a la firma de “estafadora”, lo que motivó una demanda por daño a la imagen y desprestigio comercial; igualmente, los videos colgados que son motivo de esta denuncia ya fueron borrados de la red social.
Bryan S. es conocido por sus publicaciones cargadas de humor y crítica y ha sido señalado en varias ocasiones por verter opiniones sin sustento y utilizar su alcance en redes sociales para instalar criterios que en muchos de los casos tienen escasa base argumentativa. Aunque su contenido gira principalmente en torno al entretenimiento, no es inusual que incurra en temas de política y actualidad nacional, lo que ha generado controversia y, además, demandas legales por calumnia.
Nuestra redacción intentó comunicarse vía WhatsApp con el influencer para obtener su versión, pero lamentablemente el canal de WhatsApp que tiene habilitado en su perfil dejó de funcionar.
(Redacción Ibarra).– Un accidente de tránsito fue captado en video y enviado a nuestra redacción por el propietario de una motocicleta implicada en el siniestro ocurrido el sábado en la intersección de la avenida Cristóbal de Troya y Piedad Gómez Jurado.
En las imágenes se observa cómo un vehículo blanco se cruza repentinamente la vía sin percatarse de la presencia del motociclista, lo que provoca un impacto directo. Producto del choque, el conductor de la motocicleta sufrió golpes y daños en su vehículo, mientras que el conductor del automóvil blanco se dio a la fuga del lugar.
El afectado señala que, pese a contar con pruebas del hecho y con el número de placa del vehículo involucrado, no ha podido presentar una denuncia formal, ya que los daños materiales no superan los dos salarios básicos unificados (SBU) y las lesiones fueron calificadas como leves, con solo tres días de incapacidad médica.
De acuerdo con el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “La persona que, como conductora de un vehículo, se vea involucrada en un accidente de tránsito y abandone el lugar del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si del accidente resultan personas heridas o fallecidas”. En este caso, aunque las lesiones sean leves, el hecho de huir del lugar del accidente constituye una infracción, especialmente si se puede identificar al conductor por la placa del vehículo. Si bien la penalidad más alta aplica a casos con víctimas graves o fatales, la fuga puede constituir al menos una contravención grave.
Según el Reglamento de Tránsito y lo que dispone la LOTTTSV, cuando los daños materiales no superan los dos salarios básicos (es decir, USD 920 en 2025), y las lesiones son leves (menos de 3 días de incapacidad): No procede una denuncia penal por daño material o lesiones, sino un trámite administrativo o civil, como una conciliación ante la aseguradora.
Sin embargo, si hay fuga, la situación cambia: el hecho puede pasar de ser un simple accidente menor a una infracción grave o incluso delito, si hay indicios de que se quiso eludir responsabilidades legales o médicas. Aunque los daños materiales y las lesiones sean menores, si se tiene el número de placa, el motociclista puede presentar una denuncia formal en la Agencia Nacional de Tránsito o en la Fiscalía, mencionando la fuga del conductor, solicitar que se inicie un proceso administrativo para identificar al conductor y determinar su responsabilidad y exigir que se revisen cámaras de seguridad, y con ayuda de un abogado, buscar una compensación civil por los daños.
(Redacción Ibarra).- La multa de USD 23 970 impuesta por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) al GAD de Otavalo y a la Empresa Pública EMAPAO-EP, por contaminar el Lago San Pablo, no será asumida por ninguna autoridad ni funcionario en particular, sino por el propio municipio. Es decir, el dinero saldrá de los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos otavaleños.
El proceso sancionador, emitido el 8 de julio de 2025, se fundamenta en hallazgos técnicos y de laboratorio que evidenciaron descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado, así como incumplimientos en parámetros bacteriológicos, aceites y grasas.
Aunque la multa busca remediar el daño ambiental, muchos ciudadanos cuestionan que el costo recaiga en el presupuesto municipal, afectando potencialmente otros servicios o proyectos locales. Según expertos, los USD 23 970 equivalen a:
– La construcción de 4 parques infantiles completamente equipados en barrios populares. – La rehabilitación de al menos 2 km de vías rurales con adoquinado. – La compra de 120 luminarias LED para mejorar la seguridad en zonas urbanas. – El equipamiento de un centro de salud con insumos médicos básicos.
“Es injusto que seamos los ciudadanos quienes paguemos por la ineficiencia y falta de control de quienes están al frente”, reclamó un habitante de la zona en redes sociales.
La Dirección Zonal 1 del MAATE también ordenó la ejecución urgente de un Plan de Acción para optimizar las plantas de tratamiento y evitar futuras descargas al lago. Sin embargo, aún no se ha aclarado cómo se financiarán estas medidas adicionales.
(Redacción Ecuador).- La Fiscalía General del Estado anunció esta mañana el inicio de un operativo de gran envergadura denominado “Depuración Azul”, que busca desarticular una red de delincuencia organizada dentro de la propia Policía Nacional. La investigación pone en la mira a uniformados en servicio activo que, presuntamente, estarían abasteciendo de armas y municiones a grupos delictivos a cambio de dinero.
Como parte de esta acción, se están realizando allanamientos simultáneos en varias provincias del país, incluyendo Imbabura, Pichincha, Guayas y Cotopaxi. En Imbabura, las autoridades han intervenido en diversos puntos estratégicos para recabar pruebas y desarticular esta presunta estructura criminal.
Este nuevo escándalo ocurre en medio de una escalada de violencia en el país, donde las armas provenientes del mercado negro han sido utilizadas en delitos graves como asesinatos, sicariatos y atentados contra servidores públicos. Uno de los focos principales del operativo es el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía, donde se investigan posibles irregularidades en el manejo y entrega de armamento institucional.
Hasta el momento se conoce la aprehensión de 10 uniformados por este delito y otros servidores policiales estarían bajo investigación.
(Redacción Imbabura).- A pesar de los recientes acercamientos entre el gobernador de Imbabura, Israel Cabezas, y moradores del Valle del Chota junto a mandos de la Policía Nacional para coordinar acciones de seguridad en la zona, los hechos violentos registrados el pasado domingo generan inquietud sobre la efectividad de dichos compromisos.
Videos enviados a nuestra redacción y ampliamente difundidos en redes sociales mostraron a un grupo de personas armadas descender de una camioneta e intentar atacar un vehículo SUV blanco, donde presuntamente se encontraba un agente policial. Minutos después, los sujetos se desplazaron tranquilamente por las calles del sector, portando armas de alto calibre, sin que se haya reportado intervención alguna por parte de las fuerzas del orden.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque ocurrido en el Valle del Chota. La única comunicación conocida provino de un mensaje de WhatsApp, en el que se señaló: “Ante el hecho suscitado en el sector del Valle del Chota, me permito informar que, por parte de la Policía Nacional, a través de las unidades especiales, se encuentra recabando la información necesaria, a fin de poder dar a conocer los detalles”. La Policía Nacional no ha confirmado si el incidente dejó personas heridas o fallecidas. Sin embargo, habitantes del sector reportaron haber escuchado múltiples detonaciones durante el ataque.
Este hecho ha vuelto a encender las alarmas en una zona que ya ha estado históricamente vinculada con hechos irregulares. En 2023, un videoaficionado captó cómo un grupo de jóvenes habría cerrado la circulación en el puente del Chota mientras detonaban armas de fuego y reproducían música a alto volumen. También se han denunciado actividades relacionadas con contrabando y agresiones a la propiedad privada y a servidores policiales.
“¿Qué habría ocurrido si este mismo hecho se daba en las calles de Ibarra o en una zona céntrica?”, comentan varios usuarios en redes sociales, cuestionando la aparente falta de reacción frente a lo ocurrido en el Valle del Chota.
Pese a los esfuerzos de diálogo por parte de las autoridades provinciales, la población manifiesta su preocupación por la ausencia de resultados claros y acciones visibles, lo que alimenta la percepción de impunidad en la provincia. “¿La ley aplica para todos o solo para algunos?”, es otra de las preguntas que circula ampliamente en el debate público.
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