(Redacción Ecuador).– Los controles vehiculares forman parte de la rutina en carreteras y ciudades del país. Sin embargo, aún persisten dudas entre los conductores sobre el alcance de las facultades de los agentes y los derechos que asisten a los ciudadanos durante una intervención.
De acuerdo con principios constitucionales y la normativa vigente en materia de tránsito, existen límites claros sobre lo que un agente puede y no puede hacer al detener un vehículo.
Límites durante una intervención
No pueden obligar a descender del vehículo sin causa justificada. El automotor es considerado una extensión del espacio privado. Por tanto, el conductor y sus acompañantes no están obligados a salir del vehículo salvo que exista una causa legal, un riesgo inminente o un operativo debidamente autorizado por autoridad competente. Si el ciudadano decide bajar voluntariamente, pasa a encontrarse en la vía pública, donde el control puede ampliarse dentro del marco legal.
No pueden interrogar ni intimidar. Durante el procedimiento, el agente está facultado para solicitar únicamente los documentos habilitantes: licencia de conducir, matrícula y el comprobante del seguro obligatorio vigente. No puede exigir información sobre domicilio, lugar de trabajo, procedencia o destino del viaje, ni emplear amenazas o intimidación.
No pueden detener sin motivo legal. La retención de un vehículo procede únicamente ante una infracción flagrante o dentro de operativos formalmente establecidos. Las denominadas “revisiones de rutina”, sin sustento legal específico, no constituyen por sí solas una causa válida. El ciudadano puede consultar de manera respetuosa cuál es el fundamento de la detención.
No pueden impedir que se grabe el procedimiento. El conductor tiene derecho a registrar en video o audio la actuación del agente como mecanismo de respaldo y transparencia. La autoridad no puede exigir que se suspenda la grabación ni retener el dispositivo. Asimismo, el agente debe identificarse al momento de realizar la intervención.
No pueden retener documentos sin justificación. Si al revisar la licencia y la matrícula no se detecta ninguna inconsistencia, infracción o irregularidad, el agente no puede retener de manera arbitraria estos documentos. La retención solo procede cuando la ley lo establece expresamente como medida ante una contravención o infracción determinada. De lo contrario, los documentos deben ser devueltos de inmediato al conductor.
Facultades legales del agente
Entre las atribuciones reconocidas a los agentes de tránsito constan: solicitar documentos habilitantes, verificar el estado del vehículo, informar sobre la infracción detectada, emitir la citación correspondiente y adoptar medidas para garantizar la seguridad vial en el marco de la ley.
Conocer estos límites y atribuciones permite a los ciudadanos actuar con mayor seguridad jurídica y respeto mutuo durante los controles en las vías del país.
(Redacción Imbabura).– En una rueda de prensa realizada esta mañana, el empresario Santiago Amador se dirigió a la ciudadanía ibarreña con el fin de esclarecer la disputa legal que mantiene con la familia del fallecido Hugo Serrano Tamayo, reconocido como el gestor original del evento “La Cacería del Zorro”, una tradicional competencia hípica instaurada en 1972 en la ciudad de Ibarra.
Amador explicó que, a pesar de las acusaciones, no ha existido apropiación indebida de la marca, ya que esta fue legalmente registrada a su nombre ante el SENADI. Indicó que el evento ha sido organizado por un comité desde hace dos décadas, y que la marca cuenta con uso exclusivo y vigente hasta el 20 de junio de 2034. Recalcó que la iniciativa no responde a intereses políticos ni personales, sino que se mantiene como un evento deportivo, familiar y con fuerte impacto económico, estimado en más de 1.5 millones de dólares que benefician al turismo, transporte, gastronomía, hostelería y emprendimientos locales.
Asimismo, aseguró que la competencia respeta el bienestar de los caballos y se organiza con logística especializada para la seguridad de jinetes y espectadores. Informó que este año se llevará a cabo el sábado 30 de agosto, debido a que la empresa Cati alquiló con anticipación desde finales del año pasado el autódromo de Yahuarcocha para septiembre y octubre.
El abogado Jorge Luis Carrión detalló que Amador es titular de dos registros de la marca “Cacería del Zorro”, tanto denominativos como gráficos, bajo las clases internacionales 35 (gestión y administración comercial) y 41 (organización de eventos deportivos y recreativos), por lo que no se estarían vulnerando derechos de terceros, al contar con el aval legal de las autoridades competentes.
Sobre la relación con el señor Serrano, el abogado explicó que durante su vida se le reconocía económicamente cuando existían excedentes en la organización, pero no existía una obligación formal. Además, recalcó que, tras la disminución del interés ciudadano y acogida del evento hacia el año 2010, se conformó el actual comité, con conocimiento técnico en hípica, y Amador registró la marca por facilidad en los trámites.
Amador recordó que Hugo Serrano no fue el único impulsor del evento, mencionando a otros promotores como Marco Dávila, Galo Larrea, Wilson Larrea, Patricio Hidrobo y Joaquín Lalama, quienes contribuyeron a lo largo de los años a consolidar la competencia.
Por su parte, la familia y amigos de Hugo Serrano Tamayo, públicamente durante una rueda de prensa el día lunes, denunciaron que Santiago Amador habría registrado unilateralmente la marca “Cacería del Zorro”, desconociendo los derechos previos del creador y generando un perjuicio económico y moral a su entorno. Considerando que este acto es oportunista y atenta contra los derechos que protegen la propiedad intelectual del señor Serrano, reconocido como el visionario ecuatoriano que creó el evento en 1972, el cual se convirtió en símbolo de identidad y tradición ibarreña. Mencionaron que iniciaron acciones legales ante el SENADI con el fin de declarar la nulidad del registro, argumentando que existe una obra literaria registrada con el nombre “Cacería del Zorro”, elaborada por Álvaro Pesantes y auspiciada por Imbauto que respalda su postura.
Frente a esto, Amador manifestó que, si la familia de Hugo Serrano desea integrarse al comité organizador y asumir las responsabilidades y gastos que representa el evento, puede hacerlo, aunque ve complicado llegar a un acuerdo económico. “Todo está enmarcado dentro de la ley”, recalcó.
Finalmente, el abogado enfatizó que, al tratarse de una marca con signo mixto (denominación y logotipo), el titular tiene derecho exclusivo y puede impedir usos no autorizados o confusos. No se prohíbe que terceros organicen eventos ecuestres, siempre y cuando no utilicen la marca protegida.
Se anunció que en las próximas semanas se desarrollará el lanzamiento oficial del evento, que incluirá la publicidad y promoción del evento, así como la presentación de artistas invitados, la ruta de competencia y el lanzamiento oficial de esta edición 2025 de la Cacería del Zorro, que este año marcará el inicio de las fiestas de fundación de la ciudad.
(Redacción Imbabura).- La revocatoria del mandato es un derecho constitucional y una herramienta de participación ciudadana que permite a los ecuatorianos solicitar la salida anticipada de una autoridad elegida por votación popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Este mecanismo de democracia directa, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, puede aplicarse a alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas e incluso al Presidente de la República.
Según la normativa vigente, cualquier ciudadano ecuatoriano que goce de sus derechos políticos puede solicitar una revocatoria de mandato, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la posesión de la autoridad en funciones y no se esté en el último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. Además, deben presentarse motivos claros y documentados que sustenten el pedido. La solicitud debe ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y una vez ingresada, la autoridad señalada tendrá siete días para impugnarla. Luego, el CNE dispondrá de siete días más para resolver si acepta o niega el pedido.
Una vez que el CNE admite la solicitud, los proponentes deben recolectar un número de firmas equivalente al 10% del padrón electoral correspondiente al territorio donde fue electa la autoridad. En el caso de Ibarra, donde existen aproximadamente 170 mil electores, se necesitan cerca de 17 mil firmas válidas. El CNE entrega formularios oficiales para la recolección y los ciudadanos tienen un plazo de 180 días para completar esta etapa.
Una vez entregadas las firmas, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas son válidas y se confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días. La consulta popular debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.
Esta sería la línea de tiempo que se debería seguir en el caso de que el proceso de revocatoria inicie este 01 de julio del 2025.
01 de Julio del 2025 : Inicio del pedido de revocatoria, formalización de documentos en el CNE.
07 de Julio del 2025 : Fin del periodo de impugnación de la revocatoria
14 de Julio del 2025: Fin del plazo para que el CNE califique o deseche el pedido de revocatoria.
15 de Julio del 2025: En el caso de aprobar el CNE entregará los formularios para la recolección de firmas.
28 de Diciembre del 2025: Fin del plazo para la entrega de las más de 17 mil firmas validas.
12 de Enero del 2026: Fin del plazo para que el CNE verifique las firmas.
15 de enero del 2026: En caso de encontrar las firmas válidas necesarias, el CNE convocará al proceso de revocatoria.
16 de enero del 2026: Inicio de campaña política a favor o en contra de la revocatoria.
15 de marzo del 2026: Elecciones para decidir sobre la revocatoria del mandato.
Desde 2010, seis alcaldes en el país han sido revocados de su cargo:
1. Jorge Tsenkush (Tiwintza, Morona Santiago) – octubre de 2010: El alcalde Jorge Tsenkush fue el primer caso tras la reforma constitucional de 2009. En octubre de 2010, el CNE validó las firmas presentadas por Hernán Uwijint en apoyo a la revocatoria y convocó a la consulta dentro de los 60 días siguientes.
2. Doris López (Jaramijó, Manabí) – julio de 2011: En la consulta del 24 de julio de 2011, la ciudad de Jaramijó decidió revocar a su alcaldesa Doris López. El 46,7% votó por su destitución, siendo uno de los cuatro alcaldes revocados en esa fecha.
3. Víctor González (Pablo Sexto, Morona Santiago) – julio de 2011: Ese mismo 24 de julio, Pablo Sexto removió al alcalde Víctor González mediante consulta popular, con aproximadamente 49 % de votos a favor.
4. Hugo Pineda (Baños, Tungurahua) – julio de 2011: El 24 de julio de 2011, Baños optó por destituir a su alcalde Hugo Pineda, con un 52,1 % de votos a favor de la revocatoria.
5. Segundo Mejía (Palanda, Zamora Chinchipe) – julio de 2011: El alcalde Segundo Mejía fue destituido el 24 de julio de 2011, con un 50,6 % de respaldo a la revocatoria, convirtiéndose en uno de los seis alcaldes removidos en ese proceso masivo.
6. José Bolívar Castillo (Loja, Loja) – junio de 2018: En junio de 2018, la ciudadanía lojana revocó el mandato del entonces alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. El proceso fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, quien argumentó que el exalcalde cometió arbitrariedades con el sistema de fotomultas. En la votación, el 70,8 por ciento de los ciudadanos apoyó su salida del cargo.
Existen procesos abiertos actualmente en el país; en los primeros tres meses de este año, se han presentado pedidos de revocatoria de mandato y remoción de los alcaldes de Riobamba y Quito.
El alcalde John Vinueza enfrentó ya tres procesos de revocatoria de mandato y, además, un pedido ciudadano para su remoción en 2025. El último caso llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó a Vinueza en el cargo, este 26 de junio se inició un nuevo pedido de revocatoria impulsado por Juan Carlos Romero y actúa en calidad de ciudadano y no representa ningún partido político.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato. En su caso, se lo acusa de hacer campaña política a favor de Luisa González, de Revolución Ciudadana, organización política a la que ambos pertenecen. El colectivo Cuida tu voto ha recolectado hasta el momento un total de 165 000 firmas, lo que representa el 80,4% del total requerido. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 205 000 firmas válidas, que deben presentarse hasta el 5 de octubre de 2025.
Por otro lado, algunos actores políticos en Ibarra han mencionado, a través de plataformas como TikTok, que existe un supuesto clamor ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas con miras a una revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte de movimientos o partidos políticos que respalden dicha iniciativa.
(Redacción Imbabura).- Ante los recientes acontecimientos en la provincia de Imbabura, la falta de gobernabilidad y la inestabilidad política en el cargo de Gobernador han generado una inquietante interrogante en la ciudadanía: ¿Cuáles son las funciones, competencias y alcances territoriales del Gobernador?
La constante rotación en este cargo ha puesto en duda la experiencia y preparación de quienes lo asumen. Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República, Imbabura ha tenido dos gobernadores: Patricio Cervantes y Juan Sebastián Echeverría, quien cesó en sus funciones el pasado martes. Esta mañana, la provincia amaneció con un nuevo representante del Ejecutivo: Israel Cabezas, designado mediante el Decreto Presidencial N.º 38 firmado por el presidente de la República. Con su designación, Cabezas se convierte en el tercer funcionario en ocupar la Gobernación desde la llegada de Daniel Noboa al poder en 2023.
¿Cuáles son las funciones del Gobernador?
Representante del Presidente: El gobernador actúa como delegado del presidente de la República en la provincia.
Dirección de la Función Ejecutiva: Dirige las actividades de las entidades estatales en el territorio.
Coordinador de políticas nacionales: Supervisa la ejecución de las políticas del gobierno central a nivel provincial, como el Decreto Ejecutivo #21, mediante el cual se declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delincuenciales y el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
Promoción de la participación ciudadana: Fomenta la participación de la comunidad en decisiones públicas; el gobernador puede crear espacios de diálogo y consulta, o la implementación de mecanismos de participación directa como referendos y consultas populares.
Mantenimiento de la gobernabilidad: Tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y la estabilidad provincial. El gobernador puede actuar mediante la conformación de un Comité de Seguridad, integrado por representantes de las distintas instituciones del Estado, con el objetivo de diseñar planes de contingencia que garanticen el orden público durante eventos masivos, feriados, festividades, eventos deportivos o en situaciones de riesgo como desastres naturales.
Coordinación de proyectos nacionales: El gobernador no maneja un presupuesto propio para ejecutar obras, pero le corresponde asegurar la ejecución de proyectos considerados prioritarios por el gobierno central. En este sentido, debe velar por la ejecución de varias obras emergentes que aún no se concretan en la provincia, entre ellas: La rehabilitación de la vía Salinas–Lita, con especial atención en el sector El Guadual, una zona geológicamente inestable y propensa a constantes derrumbes; así como la culminación del paso lateral de Ibarra, una obra inconclusa desde hace una década y que formó parte de las promesas de campaña del actual presidente de la República.
Vigilancia del Código de Ética: Controla que los funcionarios públicos actúen con principios éticos; el gobernador puede solicitar la rendición de cuentas en la administración pública, lo que a su vez fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Supervisión de la administración pública: Vigila el desempeño de las instituciones y sus funcionarios en la provincia; es decir, el gobernador puede realizar visitas a instituciones públicas para supervisar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía, además de dialogar con los usuarios para entender sus necesidades y solicitar a las autoridades mejoras en la atención al público.
Según información publicada en el portal web de la Gobernación de Imbabura, el Gobernador percibe un sueldo mensual de 3.247 dólares, lo que representa un ingreso anual aproximado de 39.500 dólares. Además, se conoce que la Gobernación cuenta con 87 funcionarios, cuyo gasto mensual en sueldos asciende a 31.120 dólares, lo que representa al año un total aproximado de 1 millón 65 mil dólares del presupuesto estatal.
(Redacción Ibarra).- El caso de la familia Morejón sigue dando mucha tela por cortar, nuestra redacción conversó con Jorge Honorio Morejón, el propietario de los terrenos en disputa.
Jorge Morejón a sus 88 años, manifiesta que todo el procedimiento que se ha realizado ha sido acorde a la ley, “He recurrido a los tribunales que tienen que dar sentencia y ellos son los que se han pronunciado, nosotros no tenemos nada más que hacer” comentó.
Morejón afirma, que no se ha reunido con el Alcalde Álvaro Castillo para hablar de un tipo de arreglo o negociación. “El señor alcalde miente no hemos tenido reuniones, sobre este tema una conversación de dos o tres palabras, eso no es arreglo cómo el mismo dice que no estamos negociando papas ni huevos” agregó.
Negó rotundamente que ellos hayan aceptado el arreglo o hayan firmado un acta en donde aceptan la medición propuesta por la alcaldía, “No es cierto que nosotros hemos aceptado el acuerdo de 32 mil metros cuadrados, para eso están los peritos designados por el tribunal y eso está en la sentencia”
“Hasta morir tengo que defender los intereses de lo que me ha costado mi trabajo, arremangándome los calzones y arando semanas enteras, para comprar estos terrenos” Rechazó además versiones vertidas en medios de comunicación que dicen que los terrenos fueron regalados por la Curia “Dicen que la Curia nos ha regalado esto, ¿Quién soy yo el canónigo?” finalizó.
Al ser consultado sobre la posibilidad de un diálogo comentó que se ha tenido el tiempo suficiente para negociar y que ahora solo espera que se cumpla la sentencia a su favor.
Por su parte Orlando Mojerón, uno de los ocho hijos de la familia, se mostró indignado sobre la postura del Alcalde. “Cómo se le puede ocurrir a un personero municipal tener 25 años en posesión un terreno sin pagar un centavo, ahora dice con engaños a la ciudadanía y culpando a los concejales que no le apoyan, si los mismos jueces dicen que usa artimañas eso no es dable de un primer personero, de que estamos de un alcalde que no tiene palabra” comentó.
Confirmó además que en ningún momento el Alcalde Castillo se ha reunido a conversar sobre este tema del juicio. “El señor nunca ha levantado el teléfono para decir, familia o hermanos arreglemos, a mi hermano le ha dicho –Por qué tengo yo que conversar con su papá si yo soy el alcalde de la ciudad- porqué está poniendo el pecho ahora, por que viene la política” agregó.
Sobre los metros que dice la Municipalidad que tienen que ser pagados comentó que se quiere engañar con los metros que fueron expropiados “Desde el Parque de Pilanquí hasta la Mariano Acosta 48 metros de ancho, por mil metros ¡Cuánto es! 48mil metros, el parque la Avenida Teodoro Gómez, de que mentira estamos hablando, a que está jugando, ya está con la viveza criolla, utilizando artimañas hasta los abogados están multados”
“Cuando se le perdonó los juicios por injurias nos dijo, que ahí va a arreglar, cuando se le llamó por teléfono dijo que no tenía tiempo para atendernos” finalizó.
Comentaron además que se encuentran a la espera de los documentos para continuar con el trámite en la Fiscalía en vista de que en la providencia del Tribunal Contencioso Administrativo se deberá investigar sobre el presunto delito tipificado en el primer inciso del artículo del Código Integral Penal.
Hoy en Imbabura 