(Redacción Imbabura).- A 100 días de su designación, la gestión del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, empieza a ser objeto de análisis y cuestionamiento por parte de la ciudadanía.
El Gobierno Nacional lo nombró mediante decreto ejecutivo el 17 de diciembre de 2025, en reemplazo de Elsy Maité Landeta Sánchez, en un contexto complejo para la provincia: pérdidas económicas tras la paralización de octubre y un ambiente de descontento ciudadano frente a la administración anterior.
Ortiz, coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, llegó al cargo con un perfil enfocado en seguridad, control territorial y gestión pública. Bajo esa línea, su administración asegura haber impulsado varias acciones en este inicio de gestión.
Entre los principales anuncios oficiales se destacan la activación permanente de un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, operativos de control migratorio y la intervención en la detección de cámaras ilegales en coordinación con el ECU 911. A esto se suman brigadas sociales en el marco del programa “El Nuevo Ecuador”, la entrega de kits agropecuarios, tractores y la implementación de reservorios para el sector agrícola, además de acciones de apoyo a comunidades vulnerables.
Sin embargo, más allá del discurso institucional, la percepción ciudadana parece ir en otra dirección. En lo que va del año, Imbabura ha registrado al menos ocho muertes vinculadas a hechos violentos, entre ellos casos de sicariato, desapariciones y asesinatos, lo que ha generado preocupación en distintos sectores de la provincia. En este contexto, el foco de la migración delincuencial se ha concentrado en Ibarra y Otavalo, donde se han reportado dos casos de doble sicariato en cada cantón.
A pesar de los operativos de control y de la activación de mesas de trabajo en seguridad —particularmente durante feriados—, los reportes ciudadanos reflejan una problemática persistente: la inseguridad continúa en el territorio. Modus operandi como los robos en motocicleta en Ibarra, los asaltos en la vía pública y los robos a locales comerciales se han vuelto recurrentes en el día a día. Este patrón mantiene en alerta a la población y evidencia una brecha entre las acciones anunciadas y la realidad que se vive en las calles.
(Redacción Ibarra).- Un asalto se registró este miércoles en la joyería Reyes, ubicada en la intersección de las calles Simón Bolívar y Cristóbal Colón, en el centro de Ibarra.
Según información preliminar, la alerta ingresó al sistema de emergencias a la 1:36 de la madrugada, lo que motivó una rápida movilización de unidades de la Policía Nacional que acudieron al lugar con al menos cuatro patrulleros.
Testigos señalaron que varios individuos ingresaron al local y sustrajeron joyas avaluadas en aproximadamente 5.000 dólares. Tras cometer el robo, los sospechosos huyeron con rumbo desconocido. De manera preliminar, se presume que los delincuentes forzaron las cerraduras y habrían ocasionado una abertura en el techo de gypsum para ingresar al interior del establecimiento.
Las autoridades iniciaron un operativo en la zona para dar con los responsables, mientras se recaban indicios y versiones que permitan esclarecer lo ocurrido.
(Redacción Imbabura).- Aunque el presidente Daniel Noboa destaca una reducción de homicidios a nivel nacional y en El Oro, en la provincia de Imbabura la realidad muestra un escenario distinto. El mandatario atribuye los resultados a medidas como el toque de queda focalizado, controles fronterizos y operativos contra el crimen organizado; sin embargo, Imbabura no fue parte de estas restricciones.
En la provincia, el contingente policial y militar ha concentrado su accionar en sectores como Buenos Aires por la minería ilegal y en la zona norte por problemáticas vinculadas al contrabando y narcotráfico. Mientras tanto, la migración delincuencial se ha focalizado en ciudades como Ibarra y Otavalo. Días atrás, tras la visita del ministro del Interior, John Reimberg, se enfatizó la necesidad de debilitar redes delictivas relacionadas con narcotráfico, extorsión y préstamos ilegales tipo “gota a gota”. Además, se anunció el fortalecimiento del contingente policial en una provincia donde hay cerca de 2.400 uniformados para una población de cerca de 300 mil habitantes.
A pocos días después de la visita ministerial y en medio de las declaraciones de Noboa, las víctimas se siguen contabilizando en la provincia:
01 de enero: José Daniel V., de 31 años. Falleció por proyectil de arma de fuego durante un incidente en Santa Teresita de Alpachaca, en Ibarra.
19 de enero: Edwin Patricio Brazales, de 46 años, y Óscar Daniel Brazales., de 39, reconocidos comerciantes, fueron asesinados al estilo sicariato en Otavalo.
2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.
29 de marzo: Manuel Fabián Franco Cedeño, de 42 años, y Diego Caballero, de 31 años, fueron asesinados en un ajuste de cuentas en el sector de la Cruz Verde, al interior de la licorería y un karaoke aledaño en Ibarra.
Con este hechos, Imbabura cierra el tercer mes del año con al menos ocho muertes vinculadas a desapariciones, asesinatos y sicariatos, reflejando una situación de seguridad que aún genera preocupación, pese a los resultados positivos expuestos a nivel nacional.
(Redacción Imbabura).- La provincia de Imbabura cierra febrero con una preocupante escalada de violencia que ha conmocionado a sus cantones. Tras un 2025 catalogado como el año más violento del país, los primeros meses de 2026 evidencian que la crisis de seguridad persiste.
Al cierre de 2025, Imbabura acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1). Las autoridades atribuyeron este escenario a disputas entre bandas criminales, a las que el Gobierno declaró “la guerra”. Solo entre enero y junio de 2025 se registraron 22 homicidios en la provincia.
Enero abrió el año con un doble asesinato en Otavalo
El 19 de enero de 2026, la violencia golpeó a Otavalo con el asesinato de los hermanos Edwin Patricio B., de 46 años, y Óscar Daniel B., de 39, reconocidos comerciantes del sector. El doble crimen, perpetrado bajo la modalidad de sicariato, generó profunda consternación en la comunidad. El hecho no solo impactó por su gravedad, sino también por la percepción ciudadana de escasa respuesta institucional por parte del GAD de Otavalo y la Gobernación de Imbabura.
Febrero: desapariciones
En febrero, la violencia se concentró principalmente en Ibarra, donde se registraron varios casos de desaparición que terminaron en muerte.
2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.
A estos hechos se suma el caso del otavaleño Héctor Enríquez, cuyo cuerpo fue localizado el 25 de febrero en la vía Alóag–Santo Domingo, en Pichincha, tras haber sido reportado como desaparecido en la ciudad de Quito.
Solo en Ibarra, febrero dejó al menos tres homicidios confirmados, además de desapariciones que derivaron en muertes violentas. Con este panorama, Imbabura concluye febrero como uno de los meses más violentos en lo que va del año.
(Redacción Ibarra).- La madrugada del jueves, un hecho violento estremeció a los habitantes de Ibarra. Cuatro personas que, según reportes preliminares, se encontraban al interior de un vehículo en la intersección de la calle Corina Parral y la avenida Mariano Acosta sector de La Florida fueron interceptadas por sujetos armados que se movilizaban en motocicletas.
Un video difundido en redes sociales, captado alrededor de la 01:35 en el sector de La Compañía de Jesús, en Tanguarín —San Antonio de Ibarra—, muestra el paso del vehículo junto a motocicletas presuntamente involucradas en el hecho. Horas más tarde, tres hombres aparecieron con heridas en distintos puntos entre Natabuela y La Cruz. El automotor fue encontrado encunetado en el sector Marianitas de San Antonio.
El hecho mas lamentable ocurrió cuando Francisca T., de 31 años fue hallada sin vida, quien también formaba parte de los ocupantes del vehículo interceptado.
Más allá de los hechos preliminarmente confirmados, el silencio institucional ha generado inquietud en la ciudadanía. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha detallado una línea investigativa concreta. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento amplio por parte de la máxima autoridad de la provincia que permita esclarecer lo ocurrido o brindar tranquilidad a la población.
Por su parte, el comandante de la Subzona de Policía Imbabura, Alex Reina antes los medios hizo un llamado a la ciudadanía a no exponerse, reforzar la autoprotección y evitar el consumo excesivo de alcohol, señalando que este reduce la capacidad de reacción y aumenta la vulnerabilidad ante este tipo de delitos.
Sin embargo, en distintos sectores de la ciudad, vecinos señalan que la falta de patrullaje preventivo es una de las principales preocupaciones recurrentes, especialmente en horarios nocturnos.
Este hecho se produce en un contexto donde episodios recientes han incrementado la percepción de inseguridad en zonas que antes eran consideradas tranquilas. La preocupación ya no se limita a un barrio específico si no que se ha extendido a toda la ciudad.
(Redacción Ibarra).- El uso de aplicaciones de transporte se ha consolidado como una alternativa cotidiana de movilidad en distintas ciudades del país. No obstante, el modelo de verificación de conductores que aplican estas plataformas ha reabierto el debate sobre los alcances reales de los controles previos y los posibles vacíos en materia de seguridad para los usuarios.
En el caso de inDrive, el proceso de habilitación de conductores se basa principalmente en la carga digital de documentos personales y del vehículo, un sistema que permite un ingreso rápido a la plataforma, pero que no siempre implica una validación exhaustiva antes de comenzar a operar.
Habilitación sin confirmación de revisión manual
Conductores que presentan documentos vigentes, como cédula de identidad, licencia de conducir y matrícula del vehículo, pueden quedar habilitados para recibir solicitudes de viaje sin recibir una notificación expresa de que exista una revisión manual detallada de la información enviada.
En la práctica, si el sistema no detecta inconsistencias evidentes en los documentos cargados, la cuenta puede activarse y comenzar a operar, lo que convierte el filtro inicial en un control básico, más que en una certificación integral del perfil del conductor.
Sin cruce automático con bases oficiales
En Ecuador, este tipo de plataformas no realiza cruces automáticos en tiempo real con bases oficiales del Estado, como la Agencia Nacional de Tránsito, el Registro Civil o los sistemas judiciales de antecedentes.
Esto implica que una persona puede ingresar a la aplicación con documentos auténticos y en regla, pero sin que se verifique de manera previa su historial judicial, siempre que cumpla con los requisitos formales exigidos por la plataforma.
Un sistema de control reactivo
El control más estricto se activa, en la mayoría de los casos, después de que el conductor ya se encuentra operando. Reportes de usuarios, calificaciones negativas reiteradas, incidentes de tránsito o denuncias formales son los principales detonantes para que la plataforma revise o suspenda un perfil.
Mientras no existan reportes, el conductor puede continuar activo, un escenario que plantea riesgos potenciales, considerando que no todos los hechos irregulares son denunciados por los usuarios.
¿Cómo verifican a los conductores las apps de transporte? – Solicitan documentos digitales básicos del conductor y del vehículo. – Aplican filtros automáticos de formato, vigencia y coherencia. – Pueden realizar revisiones humanas puntuales, que no siempre son notificadas. – No cruzan información en tiempo real con bases estatales en Ecuador. – El control más riguroso se activa tras reportes, incidentes o denuncias.
Un debate aún abierto
El análisis sobre la seguridad en las aplicaciones de transporte no se limita a una sola empresa, sino que forma parte de un debate más amplio sobre regulación, responsabilidad y el rol del Estado frente a plataformas tecnológicas que operan en un entorno normativo en desarrollo.
El desafío sigue siendo encontrar un equilibrio entre accesibilidad, rapidez y seguridad, en un modelo donde una parte importante del control depende de la denuncia posterior de los usuarios.
(Redacción Ibarra).- La noche de ayer, cerca de las 20:46, dos jóvenes transitaban por la intersección de las calles Manabí y 13 de Abril, en el sector de Huertos Familiares en Ibarra, cuando fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, sin cascos de protección. Ante esto, los jóvenes huyeron sin dar oportunidad a los delincuentes de perpetrar el robo.
Según denuncias ciudadanas, esta modalidad delictiva se repite constantemente en la zona, caracterizada por dos individuos en motocicleta, armados y que circulan sin cascos e incluso sin placas de identificación, aprovechando la ausencia de patrullaje policial.
Moradores del sector aseguran que no existe control permanente de la Policía, situación que ha generado un ambiente constante de inseguridad, especialmente durante la noche y la madrugada; esta falta de presencia se refleja en los múltiples robos e intentos de asalto reportados durante el mes de enero, hechos que se registraron tanto en horas tempranas de la mañana, afectando principalmente a estudiantes, como en la noche, cuando ciudadanos se movilizan hacia sus hogares.
(Redacción Ibarra).– La desaparición de Matías David Martínez Almeida, reportada el pasado viernes en la ciudad de Ibarra, generó profunda consternación entre la ciudadanía.
Matías, de 26 años, estudiante de Diseño Gráfico de la PUCE Ibarra, fue visto por última vez en el sector del Tennis Club Country en las calles Cristóbal Gómez Jurado y avenida Mariano Acosta, saliendo de un domicilio cerca de las 10:16 de la noche y abordando un vehículo de color gris, que funciona como servicio de transporte, en una aplicación popularizada entre los jóvenes denominada Indrive. Desde ese momento, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda.
La mañana de este lunes, de manera preliminar, se conoció que Matías habría sido víctima de un presunto secuestro exprés desde que abordó el taxi informal en Ibarra. Según la información recabada, el vehículo habría circulado por diferentes cajeros automáticos de entidades bancarias, donde delincuentes se habrían vaciado las cuentas de Matías.
Posteriormente, personal de la DINASED localizó el cuerpo de Matías en el sector de Chorlaví, en un terreno baldío ubicado en la vía hacia Imbaya, luego de que un agricultor alertara a la Policía Nacional cerca de las 05:30 a.m. En el lugar se realizó el levantamiento del cadáver y fue trasladado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar las causas exactas del deceso.
Preliminarmente se conoce que se trataría de una muerte violenta, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.
(Redacción Ibarra). – A día de hoy, el tramo norte del Anillo Vial y varios sectores de la urbe continúan sin iluminación; la ausencia de luminarias operativas mantiene en riesgo a conductores y peatones que transitan a diario por estas zonas, incrementando la probabilidad de accidentes y profundizando la sensación de inseguridad ciudadana.
Esta problemática ya fue expuesta por esta redacción en una publicación del 20 de marzo del año pasado. En aquella ocasión, Álvaro Gaibor, director de Distribución de EMELNORTE, señaló que las luminarias instaladas se encontraban inoperativas debido al robo de conductores eléctricos. Como medida correctiva, anunció el reemplazo del cableado de cobre por conductores de aluminio y la gestión de un convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra, en cumplimiento de la regulación ARCERNNR-007/23, con el fin de viabilizar el mantenimiento y restablecimiento del servicio. Según lo manifestado entonces, los trabajos se ejecutarían en un plazo aproximado de 20 días, intervención que posteriormente el propio Gaibor afirmó que sí se habría realizado.
Av. Camilo Ponce Enríquez día martes 20 de enero, hora: 20:09 min
El día martes 27 de enero, nuestra redacción mantuvo una reunión con el señor Álvaro Gaibor, en la cual se expuso, mediante material fotográfico, que una hilera de cuatro postes de luminarias ubicados en la avenida Camilo Ponce Enríquez, junto al parque Ciudad Blanca, no se encontraban operativos, indicó que enviaría técnicos para verificar si era posible realizar algún arreglo y ponerlas en funcionamiento, aclarando que, de existir cables desprendidos, no podrían intervenir, sin embargo para el día jueves ya fueron habilitados, pese a que no era su competencia según lo manifestado por Gaibor.
Dentro de las competencias de EMELNORTE y las del GAD de Ibarra existen varias dudas que la ciudadanía no tiene claro y se genera confusiones, la primera es que no todos los postes de alumbrado público le pertenecen a Emelnorte y no todos le pertenecen al Gad Ibarra, por ejemplo la iluminación al interior del Parque Ciudad Blanca, es competencia del Municipio, pero la Av. Camilo Ponce, desde el periférico sur hasta cuatro postes antes de la Av. Mariano Acosta, no es competencia de Emelnorte según lo manifestado por Gaibor, ya que los cuatro últimos postes están conectados al parque Ciudad Blanca.
También se abordó la situación de la avenida 13 de Abril y del tramo norte del Anillo Vial. En un recorrido realizado por esta redacción, se constató que los arreglos ejecutados han sido parciales. Al respecto, Gaibor indicó que durante la vigencia del convenio se intervinieron los postes, dejándolos operativos; sin embargo, aseguró que el robo de cableado es constante. Asimismo, ratificó que el alumbrado del parterre central de la avenida 13 de Abril asi como la iluminación al interior del parque Ciudad Blanca es competencia del Municipio de Ibarra y no de EMELNORTE.
Por otro lado, ante múltiples reportes ciudadanos sobre luminarias inoperativas, esta redacción realizó un recorrido reciente por distintos sectores de la ciudad, evidenciando fallas persistentes en calles como Luis Felipe Borja, Alfredo Gómez Jaime y Juan de la Roca. En estos puntos no se han ejecutado acciones correctivas visibles frente a las fallas en el tendido eléctrico urbano, lo cual contrasta con la afirmación de Gaibor de que EMELNORTE realiza supervisiones periódicas en la ciudad.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
