(Redacciòn Imbabura).- La flor imbabureña vuelve a florecer en los mercados internacionales. Durante la temporada por el Día de la Madre, considerada la segunda más fuerte para la industria florícola ecuatoriana después de San Valentín, el país exportó cerca de 24.800 toneladas de flores desde el aeropuerto de Quito, registrando un incremento del 16 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En provincias como Imbabura, junto a Pichincha y Cotopaxi, las fincas florícolas intensificaron su producción entre abril y mayo, con jornadas extendidas para abastecer la alta demanda internacional. La temporada se desarrolló durante 21 días, desde el 16 de abril hasta el 6 de mayo.
La rosa ecuatoriana continúa siendo la protagonista de los envíos, representando el 73 % de las exportaciones florícolas del país. Las variedades rojas, rosadas y en tonos pastel fueron las más solicitadas por mercados internacionales, destacando por su tamaño, duración y calidad.
Gran parte de la carga aérea tuvo como destino Miami, ciudad que funciona como uno de los principales centros de distribución mundial de flores hacia otros continentes.
En medio de esta temporada, la flor imbabureña mantiene su presencia como uno de los productos emblemáticos de exportación, impulsando además alrededor de 120 mil plazas de empleo vinculadas al sector florícola ecuatoriano.
(Redaccion Ibarra).- La Alcaldía de Ibarra consolida el plan de inversión educativa más grande de los últimos años con USD 9 millones destinados a intervenir 43 unidades educativas hasta 2027.
Más de 5.500 personas participaron en el Coliseo Luis Leoro Franco durante la firma del convenio entre el Alcaldía de Ibarra y el Ministerio de Educación, acto que marcó el inicio de una nueva etapa de rehabilitación y adecuación de infraestructura escolar.
En esta segunda fase, la administración municipal invertirá USD 3,6 millones para intervenir 18 unidades educativas, fortaleciendo espacios seguros, modernos y adecuados para miles de estudiantes urbanos y rurales.
El alcalde Álvaro Castillo destacó que esta política forma parte de una visión de ciudad que apuesta por la educación como motor de desarrollo social y construcción de oportunidades. La actual administración proyecta alcanzar una inversión histórica de USD 9 millones entre 2023 y 2027, consolidando la intervención de 43 instituciones educativas en todo el cantón. “Cada escuela recuperada representa una familia que vuelve a creer en el futuro. Las ciudades que avanzan son las que deciden invertir en sus niños y jóvenes”, afirmó.
La nueva fase contempla adecuaciones integrales, mejoramiento de baterías sanitarias, cubiertas, espacios deportivos, salas de computación y salas de laboratorio.
A esta intervención se suma una primera etapa ejecutada por la Alcaldía de Ibarra, donde ya fueron rehabilitadas 16 unidades educativas con una inversión cercana a USD 3 millones, beneficiando directamente a miles de estudiantes. Estas acciones marcaron el inicio de un proceso de recuperación de espacios escolares que hoy se consolida como una de las principales apuestas sociales de la administración municipal.
(Redacciòn Ibarra).- Un inusual y alarmante evento de salud se registró en un reconocido restaurante de Ibarra, luego de que varias personas presentaran síntomas de intoxicación mientras se encontraban en el establecimiento, lo que generó preocupación entre clientes, autoridades y la ciudadanía en general.
De acuerdo con testimonios recopilados en el lugar, algunos comensales comenzaron a presentar vómitos poco después de consumir alimentos. Sin embargo, el hecho que mayor inquietud generó fue que otras personas, que aún no habían ingerido comida, también habrían manifestado síntomas similares dentro del local, lo que abrió interrogantes sobre el origen del posible agente causante.
El incidente provocó momentos de tensión en el restaurante, mientras los propietarios colaboraban con las autoridades competentes y se activaban los protocolos de emergencia.
Intervención de autoridades y atención médica
Tras la denuncia presentada ante Fiscalía, personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) acudió al sitio para realizar inspecciones sanitarias, tomar muestras de alimentos y verificar las condiciones del establecimiento.
De forma paralela, el Ministerio de Salud Pública (MSP) activó de inmediato los protocolos de respuesta ante eventos de salud, coordinando la atención prehospitalaria de 13 personas afectadas, quienes fueron trasladadas a diferentes casas de salud.
Según los primeros informes técnicos, el establecimiento mantenía condiciones adecuadas de higiene y los alimentos se encontraban en buen estado, lo que ha llevado a las autoridades a ampliar las líneas de investigación.
Posible sustancia aún no identificada
Uno de los elementos que más llamó la atención de los equipos de investigación es que incluso una funcionaria que participaba en la inspección habría presentado síntomas, presuntamente sin haber estado en contacto directo con alimentos ni utilizando mascarilla, lo que refuerza la hipótesis de que no se trataría de una intoxicación alimentaria convencional.
Las primeras indagaciones apuntan a una posible exposición por inhalación de una sustancia tóxica aún no identificada, aunque esta línea aún no ha sido confirmada oficialmente.
Investigación en curso
Fiscalía continúa recopilando videos de seguridad, testimonios de testigos y nuevas muestras para determinar con precisión lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades. Las autoridades han señalado que no se descarta ninguna hipótesis hasta contar con resultados concluyentes de los análisis que realiza el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSP).
Este hecho ha generado inquietud en la población ibarreña, ante la posibilidad de que un evento de estas características pueda repetirse en espacios públicos si no se esclarecen oportunamente sus causas. Las investigaciones continúan en desarrollo, por lo que cualquier comentario o versión no verificada podría resultar prematuro y afectar injustamente la reputación y el buen nombre del establecimiento involucrado. Las autoridades competentes serán las encargadas de determinar, con base en evidencia técnica, lo realmente sucedido.
(Redacción Ibarra).- Aunque durante años fue común observar a grupos de personas consumiendo alcohol en espacios públicos de Ibarra tras el cierre de bares, discotecas y karaokes —alrededor de las 22:00— esta práctica ha comenzado a disminuir gracias a los controles municipales y las medidas implementadas por la Alcaldía.
Calles, parques, veredas e incluso vehículos estacionados se convertían con frecuencia en puntos improvisados para libar, especialmente durante los fines de semana. Uno de los sectores donde más se evidenciaba esta situación era en los alrededores del parque Ciudad Blanca, lugar donde se concentraban ciudadanos junto a autos y motocicletas, acompañados de música y bebidas alcohólicas.
Estas reuniones informales no solo generaban ocupación del espacio público, sino que también incrementaban el riesgo de incidentes, sobre todo cuando el consumo de alcohol se mezclaba con la conducción.
Sin embargo, autoridades locales han reforzado los operativos de control en coordinación con la Policía Nacional y la Agencia de Tránsito, realizando recorridos permanentes para dispersar concentraciones de libadores y prevenir conductores en estado etílico.
Además, desde la Alcaldía de Ibarra se implementó la colocación de vallas metálicas en puntos estratégicos del parque Ciudad Blanca, restringiendo el acceso vehicular en determinadas zonas. Según ciudadanos y autoridades, estas acciones han contribuido a reducir considerablemente este tipo de concentraciones nocturnas.
Libar en la vía pública continúa siendo una contravención sancionada por la ley ecuatoriana. A nivel nacional, las multas pueden superar los 140 dólares, mientras que en Ibarra la ordenanza municipal contempla sanciones cercanas al 10% de la Remuneración Básica Unificada. En casos donde existan riñas o alteración del orden público, incluso pueden registrarse detenciones.
(Redaccion Ecuador).- El Gobierno nacional confirmó la implementación obligatoria de la denominada “tercera placa”, un sistema electrónico de identificación vehicular que comenzará a regir a nivel nacional entre julio y septiembre de 2026, durante el tercer trimestre del año. La medida fue anunciada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura Roberto Luque, como parte de un nuevo modelo de control vial y seguridad ciudadana.
El sistema consistirá en un chip electrónico “incorruptible” (TAG) acompañado de una calcomanía holográfica que será instalada en el parabrisas delantero al momento de matricular el vehículo. Este dispositivo funcionará como una identificación digital capaz de transmitir información en tiempo real.
Entre sus principales funciones estará el monitoreo de velocidad promedio entre dos puntos de una vía. Con este mecanismo, las autoridades podrán determinar si un conductor excedió los límites permitidos según el tiempo empleado en recorrer determinados tramos.
Por ejemplo, si un trayecto entre Ibarra y Quito tiene un tiempo estimado de aproximadamente dos horas circulando a 100 km/h, el sistema detectará automáticamente si el conductor realizó el recorrido en menor tiempo del permitido, reflejando un posible exceso de velocidad y generando las respectivas sanciones.
Las autoridades señalaron que esta tecnología también contribuirá a combatir delitos relacionados con vehículos, como robos y actividades criminales, gracias a la trazabilidad y monitoreo constante de la movilidad vehicular.
Con la llegada de este sistema, los radares tradicionales dejarán de ser el principal mecanismo de control en carretera y pasarán a ubicarse estratégicamente en curvas y zonas consideradas de alta peligrosidad o elevada tasa de accidentes.
Experiencias similares ya se han implementado en ciudades como Lima, donde las autoridades reportan resultados positivos en el control vehicular y la reducción de incidentes relacionados con tránsito y delincuencia.
Sin embargo, especialistas advierten que el acceso a información de movilidad en tiempo real también abre el debate sobre privacidad y protección de datos, debido a que el sistema manejará información sensible sobre recorridos, trazabilidad y desplazamiento de vehículos en distintas ciudades del país. Según expertos, un manejo inadecuado de estos datos podría derivar en usos indebidos o riesgos para la seguridad de los ciudadanos.
(Redacción Ibarra).- Cerca de las 09:13 de este jueves se registró una persecución policial que inició en el sector de González Suárez, en Otavalo, y se extendió hasta San Antonio de Ibarra, luego de que una camioneta gris de doble cabina intentara evadir un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional, presuntamente relacionado con una actividad ilícita.
En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo los uniformados y personal motorizado intentan interceptar el vehículo; sin embargo, el conductor acelera y emprende la fuga por varias calles del sector. Durante la persecución también se escuchan varias detonaciones, lo que generó alarma entre moradores y conductores que circulaban por la zona.
Horas más tarde se conoció que el vehículo fue retenido en el sector de Caranqui. Tras una inspección realizada por las autoridades, se encontró una gran cantidad de cigarrillos de contrabando en el interior de la camioneta. Los dos ocupantes fueron detenidos para las investigaciones correspondientes.
(Redaccion Ecuador).- Autoridades ambientales y judiciales en Ecuador iniciaron acciones legales contra un ciudadano que habría atropellado de forma intencional a un venado cola blanca en el sector de El Empalme, en el cantón Macará, en Loja.
El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo de 2026, durante el feriado por el Día del Trabajador, y quedó registrado en video por otro conductor que transitaba por la zona. En las imágenes se observa cómo el vehículo embiste al animal cuando este cruzaba la vía, en lugar de intentar esquivarlo.
Tras la difusión del material en redes sociales, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que se logró identificar al conductor y al automotor involucrado, lo que permitió iniciar un proceso administrativo sancionatorio conforme al Código Orgánico del Ambiente (COA).
Las autoridades recordaron que las sanciones por este tipo de infracciones pueden oscilar entre 10 y 200 salarios básicos unificados, lo que equivale a una multa de hasta aproximadamente 96.400 dólares, dependiendo de la gravedad del daño causado a la fauna silvestre.
Además del proceso administrativo, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que investiga el hecho como un presunto delito contra la fauna silvestre, tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta infracción puede ser sancionada con penas privativas de libertad de uno a tres años en Ecuador.
El venado cola blanca es una especie nativa de la zona sur del país y forma parte de la fauna silvestre que habita en áreas tropicales y boscosas de la provincia de Loja, especialmente en sectores cercanos a la frontera con Perú.
Las autoridades recalcaron que este tipo de casos refuerza la necesidad de respetar la vida silvestre y conducir con precaución en zonas donde existe presencia de animales.
(Redaccion Imbabura).- En Imbabura, varios procesos de desvinculación en instituciones públicas han sido revisados por la justicia en los últimos años. Aunque cada caso tiene particularidades, las decisiones coinciden en un punto: la necesidad de que los despidos estén debidamente motivados y respeten garantías constitucionales, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad.
En la provincia existen precedentes que enmarcan esta situaciòn.
Caso 1: Danny Francisco Hidrobo fue cesado en junio de 2019 como Supervisor de la Banda Municipal del GAD de Ibarra. En enero de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura aceptó su acción de protección y concluyó que la desvinculación vulneró el derecho a la seguridad jurídica. La sentencia dejó sin efecto la acción de personal, dispuso su reintegro bajo nombramiento provisional y ordenó el pago de remuneraciones no percibidas, además de aportes al IESS.
Caso 2: En 2023, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura resolvió a favor de Nataly B., quien fue desvinculada como jueza de coactivas de una empresa pública regional con sede en Ibarra. La funcionaria, madre sustituta de un niño con más del 30% de discapacidad, alegó la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral reforzada tras ser separada de su cargo luego de una hospitalización.
El tribunal aceptó la acción de protección y ordenó su reincorporación, así como el pago de los sueldos dejados de percibir.
Caso 3: En enero de 2026, la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Imbabura resolvió el caso de José Luis Flores Guerrero, exguardia del Gobierno Provincial, desvinculado en 2024 mediante visto bueno.
La jueza determinó que no existió fundamento legal suficiente para la terminación laboral, dejó sin efecto el visto bueno y ordenó el pago de indemnizaciones por despido intempestivo, desahucio y beneficios proporcionales. En este caso, no se dispuso el reintegro, sino compensación económica.
Caso actual: docente y cuidador, bajo análisis constitucional
A estos antecedentes se suma el caso de Luis Hernando Paredes, servidor del área educativa, cuya destitución está siendo analizada en la justicia constitucional.
Paredes fue destituido por el Ministerio de Educación bajo la acusación de “abandono injustificado del trabajo”. Sin embargo, según la acción de protección presentada, es cuidador directo de una persona con discapacidad severa del 97% y había solicitado vacaciones —inicialmente aprobadas— para acompañarla a un tratamiento médico en el exterior.
Durante ese período también presentó problemas de salud respaldados por certificados médicos validados por el IESS. El reclamo señala que la administración basó su decisión principalmente en el registro de salida del país, sin considerar integralmente su condición de cuidador ni los elementos médicos presentados.
Será la justicia constitucional la que determine si existió o no vulneración de derechos como la seguridad jurídica, el derecho al trabajo o la protección reforzada en contextos de discapacidad.
Un tema que sigue en discusión
Los casos registrados en Imbabura muestran que los procesos de desvinculación en el sector público continúan siendo objeto de revisión judicial cuando existen dudas sobre su legalidad o proporcionalidad.
El caso de Luis Paredes se suma a este escenario y podría aportar nuevos criterios sobre la aplicación de causales como el abandono del puesto, especialmente cuando intervienen factores de salud y cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.
(Redaccion Ibarra).- La Coordinación Zonal 1 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, con sede en Ibarra, cumple este 5 de mayo de 2026 doce años de funcionamiento, periodo en el que ha coordinado la atención de 1.444.312 emergencias en la provincia de Imbabura.
Desde su creación en 2014, la central ha gestionado incidentes reportados a través de la línea única 9-1-1 y del sistema de videovigilancia. Del total de casos atendidos, el 63,03% corresponde a seguridad ciudadana (910.347 emergencias), seguido de gestión sanitaria con el 19,33% (279.198 casos) y tránsito y movilidad con el 8,89% (128.330 eventos).
Otros servicios coordinados incluyen atención municipal (4,90%), gestión de siniestros (2,73%), gestión de riesgos (0,76%) y servicio militar (0,36%), según datos oficiales de la institución.
La coordinadora zonal 1 del ECU 911, Cecilia Ludeña, señaló que el trabajo interinstitucional ha sido clave en la operatividad del sistema. “Cada emergencia atendida representa una oportunidad para salvar vidas”, afirmó.
Como parte de la conmemoración, el próximo 8 de mayo se realizará una sesión solemne en reconocimiento al personal operativo, técnico y administrativo, así como a las entidades articuladas que integran el sistema.
En paralelo, la institución informó que 70.591 ciudadanos han participado en 1.344 actividades de socialización, entre ferias, visitas guiadas y capacitaciones, orientadas a fortalecer la cultura de prevención y el uso adecuado del número de emergencias.
El ECU 911 mantiene atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, coordinando la respuesta ante distintos eventos en la provincia.
(Redacción Ibarra).-El Instituto Tecnológico ITCA inauguró oficialmente su nuevo periodo académico mayo-septiembre 2026, en un acto que contó con la participación de autoridades institucionales, docentes y comunidad estudiantil.
Durante la jornada, se dio la bienvenida a los estudiantes que inician una nueva etapa de formación profesional, destacando el compromiso del ITCA con la excelencia académica, la innovación y el desarrollo integral.
Las autoridades enfatizaron que este nuevo periodo académico se desarrolla bajo un enfoque moderno, con modalidades presencial, semipresencial y en línea, alineadas a las necesidades actuales de los estudiantes. Además, se reafirmó el impulso a proyectos de investigación, vinculación con la comunidad y fortalecimiento institucional, ejes fundamentales del crecimiento del ITCA.
Cabe destacar que la institución ha venido consolidando iniciativas innovadoras, como su editorial académica y el fortalecimiento de su oferta educativa, lo que evidencia su proyección en la zona norte del país. Con este acto inaugural, ITCA ratifica su compromiso de formar profesionales competentes, con visión crítica y capacidad de aportar al desarrollo del país.
