(Redacción Otavalo).- Nuestra redacción evidenció en varios eventos y actividades oficiales —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, realizada el 14 de enero de este año— el uso reiterado del nombre de la alcaldesa Anabel Hermosa en distintos materiales promocionales pertenecientes a la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
En dichos espacios públicos fue posible observar stands, roll-ups, backing, carpas inflables, arcos inflables, tótems y otros elementos visuales donde el nombre de la primera autoridad del cantón destacaba de manera visible junto a la identificación institucional.
Al revisar la información disponible en el Sistema Nacional de Contratación Pública, se constató que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación municipal, en proceso de ínfima cuantía, se adquirieron dichos bienes antes mencionados, destinados a la difusión de acciones institucionales.
El contexto cobra especial relevancia si se considera lo establecido en el artículo 219 del Código de la Democracia, que prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su responsabilidad.
Lo que cambió:
En actividades y apariciones públicas más recientes de la alcaldesa, se ha evidenciado un giro llamativo, puesto que en parte del material físico, el nombre “Anabel Hermosa Alcaldesa” aparece cubierto con un parche, reemplazado por un logo circular con la frase “Cumplimos”.
En plataformas digitales institucionales, como la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía, continúan visibles etiquetas como #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, por lo que el debate se mantiene abierto sobre los alcances y límites de la comunicación pública en la provincia.
(Redacción Otavalo).- Durante una entrevista en el medio digital APAK TV de Otavalo, el abogado Washington Ruiz informó la situación en la que se encuentra la acción de protección presentada a favor del lago San Pablo que fue aceptada en primera instancia el año pasado.
Explicó que la sentencia de primera instancia fue considerada ambigua y poco específica, por lo que se interpuso un recurso de apelación. En segunda instancia, los jueces provinciales ratificaron la protección del lago y fallaron nuevamente a favor, esta vez por unanimidad. En relación con la demanda, señaló que en segunda instancia la sentencia fue ampliada, fortalecida y precisada por los jueces, especialmente en lo referente a la reparación integral, estableciendo con mayor claridad las obligaciones que deben cumplirse. Posteriormente, el Municipio de Otavalo interpuso un recurso de ampliación y aclaración; sin embargo, este fue negado en su totalidad por los magistrados.
Ruiz leyó textualmente en la entrevista: “La sentencia definitiva (sentencia de apelación), en la parte de la reparación integral 4.1, los jueces constitucionales de la Corte Provincial de Imbabura resolvieron que, en el término de 60 días hábiles después de haber emitido esta sentencia, el Municipio propicie una reunión ampliada entre los actores institucionales, sociales, económicos y deportivos, para establecer una hoja de ruta en la que se precisen las acciones realizadas por cada estamento público y privado hasta la presente fecha y, a partir de allí, definir las obligaciones y compromisos de cada una de las instituciones y demás organismos involucrados”.
Seguidamente, manifestó que ante esta situación, la semana pasada el Municipio extendió una invitación a varios dirigentes para participar en un conversatorio sobre el lago San Pablo. Sin embargo, la mayoría de asistentes fueron funcionarios municipales y no estuvieron presentes todos los actores involucrados, entre ellos dirigentes de cerca de 40 comunidades, actores turísticos y propietarios de embarcaciones. Además, se señaló que a dicha reunión no asistió la alcaldesa Anabel Hermosa.
En la entrevista, a su vez, afirmó que no existiría voluntad política ni un plan integral con presupuesto asignado para atender la problemática del lago, pese a que el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), en sus artículos 55 y 60, faculta a la alcaldesa a realizar traspasos presupuestarios cuando exista una declaratoria legalmente sustentada.
Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;
Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa:
o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos;
Por su parte, Diego Conejo, dirigente de la comunidad de Pucará de Velásquez, sostuvo que en el cantón la prioridad debería ser la intervención del sistema de alcantarillado y la construcción de colectores marginales, a fin de evitar los puntos de vertido hacia el lago, y anunció que desde la comunidad de Pucará de Velásquez se ejecuta un plan de manejo de residuos de origen textil, debido a que este tipo de desechos son los que más se generan en su comunidad.
(Redacción Otavalo).- En el marco de la acción de protección presentada a favor de la conservación del río El Tejar, causa N.º 10282-2024-00138, se inició un proceso judicial que marcó un antes y un después en la defensa ambiental del cantón Otavalo. La demanda fue impulsada a finales de 2024 por dirigentes barriales, entre ellos representantes del barrio Los Portales, y el colectivo Unidos por la Pacha Mama, quienes denunciaron la constante contaminación del afluente y la inacción institucional frente a las descargas de aguas servidas.
Durante la audiencia desarrollada el 1 de mayo de 2024, la Procuraduría del Municipio de Otavalo aseguró que no existía contaminación en el río, mientras que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) sostuvo que, de existir, los niveles serían “aceptables”. Ante estas afirmaciones, el juez constitucional resolvió suspender la audiencia y dispuso la práctica de dos diligencias clave: una inspección judicial para constatar de manera directa el estado del cauce y un análisis químico exhaustivo de las aguas, con el fin de determinar el grado real de contaminación.
El proceso avanzó y, en febrero de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó la sentencia que declaró al río El Tejar sujeto de derechos, determinando responsabilidades directas del Municipio de Otavalo y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo por negligencia prolongada en el manejo del sistema de alcantarillado y el control de descargas contaminantes. El fallo ordenó medidas de reparación integral a corto, mediano y largo plazo, así como disculpas públicas por décadas de omisiones.
El origen estructural del problema se remonta a 2010, cuando se formuló el proyecto para la construcción de los colectores marginales del interceptor del río El Tejar (margen derecho) y la primera etapa del sistema de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Otavalo. Esta obra, concebida para captar las descargas del casco urbano y evitar que las aguas residuales se viertan directamente al cauce, quedó inconclusa hace más de catorce años. En febrero de 2025 se destinaron aproximadamente 45 mil dólares para actualizar los estudios orientados a la construcción de los colectores marginales y a la segunda etapa del tratamiento de aguas servidas. No obstante, un año después no se concretó la contratación correspondiente, lo que, según los accionantes, implicó un año adicional de contaminación continua. En noviembre de 2025, mediante consulta formal, se solicitó al Municipio la certificación de incorporación presupuestaria en la proforma 2026 para la construcción del sistema de colectores. La respuesta municipal detalló asignaciones para monitoreos ambientales, la adquisición de un dron con licencias y certificaciones por 12 mil dólares y la contratación de servicios profesionales para educación ambiental por 10.846 dólares; sin embargo, no precisó recursos destinados directamente a la construcción de los colectores marginales, infraestructura considerada esencial para frenar las descargas contaminantes.
En 2010 se estimó para la primera etapa una inversión de 7 millones de dólares; sin embargo, ante la limitada capacidad de endeudamiento, se asignaron únicamente 2 millones. Para 2025 debía haberse completado dicha inversión, pero actualmente se calcula que se requerirían alrededor de 7 millones de dólares para ejecutar integralmente el sistema.
El 31 de diciembre de 2025, dentro de la misma causa, el juez constitucional recordó a las entidades accionadas que el 13 de marzo de 2026 debían presentar los resultados correspondientes a las medidas de corto plazo, advirtiendo que, de no hacerlo, el despacho judicial aplicaría las facultades coercitivas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. En el sector de El Batán se tomaron muestras por parte del GAD y EMAPAO para demostrar técnicamente que la calidad del agua había mejorado.
Desde mediados de enero de 2026 se ejecutaron trabajos de limpieza y mantenimiento de pozos de revisión y alcantarillado en varios sectores de la ciudad. El 9 de febrero se intervino el denominado punto Z2, en las calles Ricaurte y Colón, sector El Batán, donde se realizó limpieza de rejillas, sumideros y pozos, además de redireccionar aguas servidas hacia la Planta de Tratamiento La Fuente de la Salud, ubicada en el sector San Eloy. Previamente, se había intervenido el sistema de aguas residuales del mercado 24 de Mayo.
El 22 de febrero de 2026, EMAPAO anunció la culminación de las intervenciones técnicas orientadas a eliminar las descargas directas en cinco zonas específicas: Segundo Castro, Abdón Calderón, Antonio Ricaurte, Cristóbal Colón y la avenida Luis Cisneros. Se ejecutaron nuevas interconexiones, mantenimiento de colectores, adecuación de estructuras pluviales y actualización del catastro de redes. Según declaraciones oficiales, la Alcaldía destinó más de 640 mil dólares para estos trabajos, cuyo plazo concluía el 13 de marzo de 2026, fecha en la que debía justificarse judicialmente la descontaminación del cauce en El Batán.
La sentencia también dispuso la elaboración de una planificación complementaria con participación ciudadana para la protección y recuperación del río, así como la proyección de un parque lineal en la quebrada El Tejar. Paralelamente, se encuentra en fase precontractual la consultoría para el rediseño y actualización de los estudios definitivos de alcantarillado mixto, encauzamiento de aguas y protección de laderas.
Con la declaratoria de sujeto de derechos y el seguimiento judicial permanente, el río El Tejar deja de depender únicamente de decisiones administrativas y pasa a estar amparado por una obligación legal de cumplimiento obligatorio. El proceso, que inició con la negación de la contaminación y avanzó hacia la constatación técnica y la imposición de medidas estructurales, marca un precedente en la defensa ambiental del cantón y mantiene bajo vigilancia el cumplimiento efectivo de las obras que, por más de una década, quedaron pendientes.
(Redacción Ibarra).- La multa de USD 23 970 impuesta por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) al GAD de Otavalo y a la Empresa Pública EMAPAO-EP, por contaminar el Lago San Pablo, no será asumida por ninguna autoridad ni funcionario en particular, sino por el propio municipio. Es decir, el dinero saldrá de los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos otavaleños.
El proceso sancionador, emitido el 8 de julio de 2025, se fundamenta en hallazgos técnicos y de laboratorio que evidenciaron descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado, así como incumplimientos en parámetros bacteriológicos, aceites y grasas.
Aunque la multa busca remediar el daño ambiental, muchos ciudadanos cuestionan que el costo recaiga en el presupuesto municipal, afectando potencialmente otros servicios o proyectos locales. Según expertos, los USD 23 970 equivalen a:
– La construcción de 4 parques infantiles completamente equipados en barrios populares. – La rehabilitación de al menos 2 km de vías rurales con adoquinado. – La compra de 120 luminarias LED para mejorar la seguridad en zonas urbanas. – El equipamiento de un centro de salud con insumos médicos básicos.
“Es injusto que seamos los ciudadanos quienes paguemos por la ineficiencia y falta de control de quienes están al frente”, reclamó un habitante de la zona en redes sociales.
La Dirección Zonal 1 del MAATE también ordenó la ejecución urgente de un Plan de Acción para optimizar las plantas de tratamiento y evitar futuras descargas al lago. Sin embargo, aún no se ha aclarado cómo se financiarán estas medidas adicionales.
(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.
El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.
El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.
Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.
(Redacción Otavalo).- Este martes se confirmó la renuncia de Gustavo Andrade, quien hasta hoy ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO). La salida del funcionario se suma a una serie de desvinculaciones recientes de directores y gerentes dentro del GAD municipal.
Se espera que en las próximas horas el Directorio de EMAPAO, presidido por la alcaldesa Anabel Hermosa, se reúna para definir quién asumirá la gerencia de manera temporal o definitiva.
Andrade había trabajado anteriormente junto a Hermosa en la Empresa de Agua Potable de Quito, cuando ella se desempeñaba como vicealcaldesa de la capital. Posteriormente, fue designado gerente de EMAPA-I durante la administración de Andrea Scacco en Ibarra, y más recientemente asumió la gerencia de EMAPAO bajo la actual administración otavaleña.
La renuncia coincide con una jornada judicial importante: este mismo martes se desarrolla en el Complejo Judicial de Otavalo una audiencia de Acción de Protección promovida por el colectivo ciudadano Unidos por la Pachamama. La acción legal apunta a la presunta contaminación del Lago San Pablo y busca respuestas directas tanto de la alcaldesa Hermosa como del ahora exgerente Andrade, en calidad de autoridades responsables de garantizar el cuidado del recurso hídrico.
(Redacción Imbabura).- Lago San Pablo, el más grande de Ecuador, considerado un sitio sagrado por las comunidades indígenas de Otavalo enfrenta hoy una de sus peores amenazas: la contaminación.
Aunque su espejo de agua abarca 6,72 kilómetros cuadrados y su cuenca alberga al 70% de la población del cantón Otavalo, alrededor de unas 84.000 personas, la falta de tratamiento adecuado de aguas residuales lo está llevando al borde del colapso ambiental.
Así lo demuestra un un reciente diagnóstico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo que reveló la falta de funcionamiento de las plantas de tratamiento, como consecuencia, cada hora al menos 68.000 litros de aguas negras terminan descargándose directamente en el lago.
Desde el año 2011, 14 plantas de tratamiento de aguas servidas fueron instaladas en las parroquias cercanas: Eugenio Espejo, San Rafael de la Laguna, González Suárez y San Pablo.
En la comunidad Pucará de Velásquez, en Eugenio Espejo, una estación de bombeo colapsada hace un año permite que las aguas del alcantarillado de sectores como Pibarinci fluyan hacia el lago. En el otro extremo, en Araque, la planta de tratamiento dejó de operar desde 2020; los tanques de recolección están saturados y las piscinas de purificación solo contienen agua estancada.
Un estudio científico reciente realizado por la Universidad Central del Ecuador confirmó la gravedad del problema: muestras tomadas en 11 puntos del lago revelaron presencia alarmante de bacterias, parásitos, hongos derivados de excrementos, residuos de jabón y microplásticos. Según los investigadores, el nivel de contaminación se sitúa en 7 sobre 10, considerado «alarmante» bajo los estándares del Ministerio de Ambiente. De no tomarse acciones urgentes, advierten que en dos años el lago podría morir.
La alcaldesa de Otavalo Anabel Hermosa tiene conocimiento del problema. En un video publicado en las redes oficiales de la Alcaldía de Otavalo, se informó que se están articulando esfuerzos mediante la Mesa Técnica Interinstitucional del Lago San Pablo, en la que se han revisado los estudios sobre el lago, durante estas reuniones, la alcaldesa manifestó su motivación para trabajar «en unidad» en la recuperación del lago y habló de acciones a nivel «nacional e internacional». Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado públicamente un plan de acción concreto, ni un cronograma que detalle las medidas inmediatas a tomar para detener la descarga de aguas servidas y remediar el daño ambiental.
Mientras la contaminación avanza silenciosamente, las comunidades indígenas y ambientalistas de la zona alertan que sin decisiones rápidas y efectivas, el Lago San Pablo podría perderse, junto con su biodiversidad, su valor cultural y su importancia para el turismo y la economía local.
(Redacción Imbabura).- En un evento clave para la reactivación del ferrocarril en la provincia, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con los alcaldes de Ibarra, Álvaro Castillo, y Antonio Ante, César Escobar. Este acuerdo permitirá que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales asuman la operación y mantenimiento del tren en los tramos San Antonio de Ibarra – Antonio Ante, marcando un paso significativo hacia la reactivación ferroviaria en la región.
El ministro Luque enfatizó la importancia del ferrocarril como un motor de desarrollo para la región y los esfuerzos de cooperación entre gobierno central y los gobiernos locales para su funcionamiento.
La gran ausente fue la Alcaldía de Otavalo, pese al interés que manifestó la alcaldesa en meses anteriores para recuperar el tren y que este pueda llegar a Otavalo. El desarrollo de este proyecto ha generado incertidumbre entre sus habitantes, quienes veían en esta recuperación una oportunidad para mejorar el turismo y el comercio, como parte de una estrategia de activación económica.
El 14 septiembre del 2023, la alcaldesa de Otavalo Anabel Hermosa y el entonces Director Distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Yaco Martínez suscribieron un convenio de uso que contemplaba la apropiación de la estación del tren ubicada en Otavalo, en donde la municipalidad se comprometía a implementar un espacio de coworking y trabajar en el impulso del turismo del cantón.
El 20 de agosto del 2024, en un video colgado en la plataforma de Instagram del GAD de Otavalo, se anuncia con bombos y platillos que el tren volverá, todo gracias a que se trabajaba en un proyecto de rehabilitación de rutas, coordinado entre el Ministerio de Transporte, Prefectura y Alcaldía, se habló de trabajar en puntos claves para el desarrollo de esta intervención, la fase inicial contemplaba los estudios topográficos y la preparación de una minga para la liberación de la ruta.
“Estamos ya trabajando para traer nuevamente a nuestra querida Otavalo, fortaleciendo el tema turístico con esa visión que tenemos de volver a potenciar a Otavalo como destino turístico nacional e internacional (..) el tren a más de ser un ícono histórico esto fomenta el desarrollo económico” manifestó Hermosa en el video colgado en redes sociales.
Sin embargo, en el 2017 las fuertes lluvias afectaron de alrededor de 200 metros de vía férrea en el sector de San Roque, pero el daño más importante se encuentra en la quebrada “El Artesón” en donde un puente colapsó y terminó afectando completamente la vía.
Extraoficialmente se conoció que una traba jurídica territorial contemplada en el COOTAD tendría detenido el proyecto, en vista de que el tramo en el que la alcaldesa iba a intervenir no pertenece al cantón Otavalo, sino al cantón Antonio Ante, imposibilitando de esta manera su ejecución. Adicionalmente a esto, el proyecto de creación de una mancomunidad para administrar el tren en Imbabura solo quedó en una ilusión.
Buscamos contactarnos con la Alcaldía de Otavalo, pero hasta el cierre de este informe no se tuvo respuesta, sobre la posición de la alcaldesa frente a la no firma del convenio y al futuro del tren en Otavalo.
(Redacción Otavalo).- Agentes de Control municipal decomisaron de forma no autorizada a una comerciante en Otavalo la noche del jueves 14 de noviembre en las calles Piedrahita y Modesto Jaramillo. Marcelo Mora, Director de Seguridad de la Alcaldía, condenó estos actos en un video publicado en redes sociales.
Según las investigaciones, el operativo no contó con la autorización de la unidad responsable, lo que llevó a la restitución de la herramienta de trabajo de la comerciante. Ante esta inobservancia del procedimiento, se iniciaron investigaciones y se desvinculó al funcionario que dio la orden del operativo.
Esta situación destaca la importancia de seguir procedimientos y protocolos establecidos para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. La Alcaldía de Otavalo trabaja para asegurar que estos incidentes no se repitan.
La alcaldesa Anabel Hermosa ha evitado pronunciarse sobre el tema.
(Redacción Otavalo).- La Superintendencia de Bancos del Ecuador emitió una alerta este jueves 12 de octubre del 2023 sobre una entidad financiera que no está autorizada para operar en el Ecuador y de la cual ya existirían alrededor de unos 700 perjudicados.
Se trata de BY Asesores de Seguros, un supuesto bróker que según su página web cuenta con más de tres años de trayectoria y miles de usuarios en el país. “Protegemos a las personas y su patrimonio económico a través del asesoramiento en materia de seguros y planificación financiera”, se menciona en la visión de la empresa.
Sin embargo, la Superintendencia de Bancos recalca que esta entidad no cuenta con los permisos respectivos para ejecutar actividades reservadas al Sistema Financiero Nacional, por ejemplo: captar dinero, pagar intereses y conceder créditos. Con esta alerta, ya son 56 las entidades ilegales, que se han detectado en lo que va del 2023.
BY Asesores de Seguros además mantuvo presencia en la provincia de Imbabura, los mismos figuraron como auspiciantes oficiales de las Fiestas del Yamor del año 2023, en la que dentro de la página oficial de la Alcaldía de Otavalo, se agradeció por la participación como auspiciantes de este evento importante para el cantón Otavalo.
Wilmer Santacruz coordinador general del Comité del Yamor 2023, manifestó que se enteró por redes sociales de las presuntas acusaciones que se realizaron a la empresa BY Asesores y que hasta el momento en el que cerraron el convenio de auspicio nada se sabía sobre esto «Me enteré por redes sociales sobre esta empresa que estaba denunciada por un presunto delito de estafa, mucho después de terminadas las fiestas del Yamor, nosotros como comité y yo personalmente desconocíamos este particular» afirmó Santacruz.
BY Asesores, como más de 15 empresas privadas que aportaron de diferente forma al desarrollo de las festividades del Yamor según Santacruz brindaron su apoyo directo al desarrollo de varias actividades puntuales y lo hicieron de manera privada «Por ejemplo, uno de los auspiciantes pagó a los artistas, otro auspiciante pagó unas bandas, la empresa BY Asesores de Seguros aportó con 2 mil dólares, los mismos que no fueron pagados al comité sino al alquiler de 15 equipos de amplificación para el desarrollo del pregón de fiestas, nosotros como Comité no manejamos ni un solo centavo de auspicios» manifestó Santacruz.
Santacruz adicionalmente ha planteado al ejecutivo y legislativo cantonal de Otavalo la reforma a la Ordenanza de Funcionamiento del Comité Yamor, en la se abordan estos temas, especialmente a la delimitación del proceso de selección de auspiciantes, en vista de que la ordenanza no determina un procedimiento a seguir.
El Comité además se encuentra trabajando en el informe final de fiestas que tendrá que ser presentado en 90 días al seno del Concejo Municipal del Cantón Otavalo.
LAS FIESTAS DEL YAMOR FINANCIADAS POR EL NARCOTRÁFICO.
En el año 2003 poco se conocía sobre el nombre de Oscar Caranqui, sin embargo el narcotraficante más grande del país que hasta ese año se hacía llamar como «empresario», intentó financiar las fiestas del Yamor del 2003, pero por una decisión del entonces alcalde Mario Conejo quien se negó rotundamente a recibir aportes por parte de Caranqui.
Sin embargo Caranqui, contrariado con esta decisión y bajo el auspicio de la radio de la cual era dueño, realizó un festival musical en el que se presentó gratuitamente el reconocido artista venezolano Guillermo Dávila, un evento recordado por la mayoría de otavaleños hasta la actualidad.
