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FENACOTIP anuncia suspensión indefinida del transporte desde este 3 de julio; ANT advierte con fuertes sanciones

(Redacciòn Ibarra).- La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP) anunció la suspensión indefinida del servicio de transporte público intra e interprovincial a escala nacional, medida que entraría en vigencia a partir de las 00:00 de este viernes 3 de julio de 2026.

La decisión fue oficializada mediante la Circular N.º 037-SEF-AGAF-2026, en la que el gremio argumenta que el sector atraviesa una grave crisis económica, provocada por la insuficiencia de ingresos para cubrir los costos operativos y la falta de respuestas oportunas por parte del Gobierno Nacional.

Según la organización, la paralización se ampara en el derecho constitucional a la resistencia y se mantendrá de manera indefinida mientras persistan las causas que motivan la protesta. Además, la dirigencia exhortó a todas las cooperativas afiliadas a mantener la unidad, actuar con responsabilidad y seguir únicamente la información emitida por los voceros oficiales de la federación.

Uno de los principales reclamos del sector es la revisión técnico-económica de las tarifas del transporte, petición que, según FENACOTIP, aún no ha recibido una respuesta concreta por parte de las autoridades. El gremio espera la instalación de una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones antes de que la medida genere mayores afectaciones a la movilidad en el país.

ANT advierte con sanciones

Frente al anuncio de la paralización, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recordó que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial considera como una infracción administrativa muy grave la interrupción o suspensión del servicio de transporte sin una causa legalmente justificada.

La entidad señaló que esta infracción puede ser sancionada con una multa equivalente a ocho remuneraciones básicas unificadas.

Asimismo, la ANT indicó que la Resolución N.º 045-DIR-2014-ANT, que regula los contratos de operación, prohíbe la suspensión del servicio, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o por disposición expresa de la autoridad competente.

La institución advirtió que, si se confirma una suspensión injustificada del servicio, iniciará los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la normativa vigente.

Entre las medidas que podrían adoptarse constan la intervención de las operadoras, la suspensión de rutas o unidades, revisiones técnicas extraordinarias, la reevaluación de conductores e incluso la reversión de rutas, frecuencias o títulos habilitantes, cuando el interés público se vea comprometido.

Actualizaciòn:

Pese a lo anunciado ayer, esta mañana los buses de transporte intra e interprovincial ofrecieron el servicio con normalidad, luego de que mediante un comunicado se informara el levantamiento de la medida.

Gobierno extiende un mes más el bono para transportistas

(Redacciòn Ecuador).- El Gobierno Nacional extendió por un mes adicional la compensación económica destinada a transportistas interprovinciales e intraprovinciales debido al incremento del precio del diésel registrado desde septiembre de 2025. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 378, emitido el pasado 8 de mayo.

Según informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte, el bono corresponde al consumo de combustible del mes de abril y busca mitigar el impacto de las variaciones internacionales en el costo del diésel. Con esta nueva ampliación, la compensación volverá a cubrir un total de ocho meses, tal como se planteó inicialmente.

El beneficio económico alcanza los USD 1.000 mensuales para unidades de transporte intraprovincial y USD 1.800 para el transporte interprovincial. El plazo de vigencia de la medida corre desde el 12 de septiembre de 2025.

La decisión representa la tercera reforma al Decreto Ejecutivo N.° 125, firmado el año pasado, y se da en medio de pedidos de varios sectores transportistas que advierten sobre el impacto operativo generado por el costo de los combustibles.

A un año de Gobierno, promesas de campaña de Daniel Noboa continúan bajo cuestionamiento ciudadano

(Redacciòn Ecuador).-A un año de que Daniel Noboa asumiera la Presidencia de Ecuador, varios de los ofrecimientos realizados durante su campaña y al inicio de su gestión continúan siendo cuestionados por ciudadanos que consideran que algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo contradicen el discurso con el que llegó al poder.

“No más impuestos” vs IVA al 15%
Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa aseguró que no se crearían nuevas cargas tributarias para los ecuatorianos. Sin embargo, pocos meses después de asumir el poder, el Gobierno impulsó el incremento del IVA del 12% al 15% como una medida para enfrentar la crisis fiscal y financiar acciones de seguridad. La decisión generó cuestionamientos debido al impacto directo en productos, servicios y el costo de vida de la población.

Aunque el Ejecutivo ha decretado de manera esporádica la reducción temporal del IVA al 8% durante feriados nacionales y fechas especiales con el objetivo de incentivar el turismo y dinamizar la economía, sectores ciudadanos y comerciales sostienen que estas medidas no compensan el efecto permanente que significó el aumento general del impuesto en el consumo diario de los ecuatorianos.

“Bajar la gasolina” vs incremento en combustibles
Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa habló de reducir el impacto económico que enfrentaban los hogares ecuatorianos, especialmente en temas relacionados con los combustibles. Sin embargo, durante su administración se aplicaron incrementos en las gasolinas extra y ecopaís, medida que derivó en protestas y paralizaciones de transportistas a nivel nacional. Como parte de los acuerdos alcanzados tras las movilizaciones, el Gobierno implementó compensaciones económicas para ciertos sectores del transporte, beneficios que continúan vigentes hasta la actualidad.

Posteriormente, organizaciones indígenas también protagonizaron jornadas de protesta en rechazo al alza de combustibles y otras medidas económicas. En provincias como Imbabura se registraron cierres de vías y paralizaciones que se extendieron durante varias semanas, afectando el comercio, el turismo y la movilidad de miles de ciudadanos.

La discusión volvió a tomar fuerza este 12 de mayo, cuando nuevamente se registró un incremento en las tarifas de los combustibles, reactivando críticas de sectores ciudadanos que consideran que las decisiones adoptadas por el Gobierno contradicen el discurso de campaña relacionado con aliviar el costo de vida de la población.

“Bajar la luz” vs crisis energética y apagones
Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa habló de aliviar el gasto de las familias ecuatorianas en servicios básicos; sin embargo, durante 2024 el país atravesó una de las peores crisis energéticas de los últimos años. Los cortes de luz llegaron a extenderse hasta por 14 horas diarias en varias provincias, afectando a hogares, comercios, industrias, estudiantes y trabajadores en todo el territorio nacional.

La emergencia eléctrica provocó millonarias pérdidas económicas y obligó al Gobierno a implementar medidas de contingencia para evitar un colapso mayor en el sistema energético. Entre ellas estuvo la compra de energía a Colombia, así como el impulso de proyectos de generación eléctrica y la incorporación de nueva infraestructura para enfrentar el déficit energético que aún continúa siendo motivo de preocupación en el país.

Aunque el Ejecutivo atribuyó la crisis a la sequía, la falta de mantenimiento y problemas estructurales heredados de administraciones anteriores, ciudadanos y sectores productivos continúan cuestionando la falta de previsión frente a una situación que impactó directamente en la economía y en la vida cotidiana de millones de ecuatorianos.

Plan Fénix y la inseguridad
El “Plan Fénix” fue presentado como la principal estrategia para enfrentar la violencia y recuperar la seguridad en el país. Aunque el Gobierno ha desplegado operativos y estados de excepción, ciudadanos continúan manifestando preocupación por extorsiones, sicariatos y hechos violentos que persisten en varias provincias del Ecuador.

Con un año de gestión cumplido y un periodo presidencial que se extiende hasta 2029, el Gobierno de Daniel Noboa continúa enfrentando el desafío de equilibrar las promesas realizadas durante la campaña con las decisiones adoptadas en medio de la crisis económica, energética y de seguridad que atraviesa el país.

Ecuador implementará la “tercera placa” digital desde el tercer trimestre de este año

(Redaccion Ecuador).- El Gobierno nacional confirmó la implementación obligatoria de la denominada “tercera placa”, un sistema electrónico de identificación vehicular que comenzará a regir a nivel nacional entre julio y septiembre de 2026, durante el tercer trimestre del año. La medida fue anunciada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura Roberto Luque, como parte de un nuevo modelo de control vial y seguridad ciudadana.

El sistema consistirá en un chip electrónico “incorruptible” (TAG) acompañado de una calcomanía holográfica que será instalada en el parabrisas delantero al momento de matricular el vehículo. Este dispositivo funcionará como una identificación digital capaz de transmitir información en tiempo real.

Entre sus principales funciones estará el monitoreo de velocidad promedio entre dos puntos de una vía. Con este mecanismo, las autoridades podrán determinar si un conductor excedió los límites permitidos según el tiempo empleado en recorrer determinados tramos.

Por ejemplo, si un trayecto entre Ibarra y Quito tiene un tiempo estimado de aproximadamente dos horas circulando a 100 km/h, el sistema detectará automáticamente si el conductor realizó el recorrido en menor tiempo del permitido, reflejando un posible exceso de velocidad y generando las respectivas sanciones.

Las autoridades señalaron que esta tecnología también contribuirá a combatir delitos relacionados con vehículos, como robos y actividades criminales, gracias a la trazabilidad y monitoreo constante de la movilidad vehicular.

Con la llegada de este sistema, los radares tradicionales dejarán de ser el principal mecanismo de control en carretera y pasarán a ubicarse estratégicamente en curvas y zonas consideradas de alta peligrosidad o elevada tasa de accidentes.

Experiencias similares ya se han implementado en ciudades como Lima, donde las autoridades reportan resultados positivos en el control vehicular y la reducción de incidentes relacionados con tránsito y delincuencia.

Sin embargo, especialistas advierten que el acceso a información de movilidad en tiempo real también abre el debate sobre privacidad y protección de datos, debido a que el sistema manejará información sensible sobre recorridos, trazabilidad y desplazamiento de vehículos en distintas ciudades del país. Según expertos, un manejo inadecuado de estos datos podría derivar en usos indebidos o riesgos para la seguridad de los ciudadanos.

Llurimagua: el cobre que podría sepultar la vida en Intag

(Redacciòn Imbabura).- En el valle de Intag donde confluyen las parroquias García Moreno y Peñaherra del canton Cotacachi en mbabura, la historia de Llurimagua no es nueva. Desde la década de 1990, este proyecto minero ha pasado por manos de empresas japonesas, canadienses, chilenas y de la estatal ecuatoriana, sin lograr consolidarse. En todos los casos, un mismo factor ha frenado su avance: la resistencia sostenida de las comunidades.

Para este año el Gobierno ha anunciado la licitación del proyecto a pesar de que en 2023 la Corte Provincial de Imbabura revocó su licencia ambiental. El fallo determinó que se vulneraron los derechos de la naturaleza y que no se realizó una consulta ambiental adecuada, ordenando la suspensión de las actividades hasta cumplir con estos requisitos. Sin embargo, hasta la fecha, dicha consulta no se ha llevado a cabo.

Riqueza natural frente a intereses extractivos

Llurimagua se ubica en un ecosistema de bosque nublado que abarca cerca de 4.800 hectáreas y alberga una biodiversidad excepcional. En esta zona habitan especies en peligro de extinción como el oso de anteojos, el jaguar y el puma, además de anfibios únicos como la rana cohete resistencia y la rana arlequín hocicuda, esta última redescubierta tras haber sido considerada extinta.

La extraordinaria riqueza biológica del territorio se ha convertido en uno de los principales argumentos de las comunidades para rechazar el proyecto minero. A esto se suman las alertas sobre impactos ya evidenciados durante fases de exploración, como perforaciones profundas que, según denuncian los habitantes, habrían alterado fuentes de agua, modificando su temperatura y niveles de acidez, y generando posibles riesgos de contaminación.

En medio de este entorno se encuentran comunidades como Junín, donde la conservación no es un discurso, sino una forma de vida. Ríos cristalinos, paisajes naturales y atractivos como las “Cascadas Gemelas”, junto con iniciativas de ecoturismo, sostienen economías locales que dependen directamente del equilibrio del ecosistema.

Sin embargo, ese modelo que ha perdurado por años hoy enfrenta una amenaza latente: la posibilidad de que la actividad minera transforme de manera irreversible un territorio que, hasta ahora, ha apostado por vivir de la naturaleza sin destruirla.

Reformas legales y nuevas empresas aumentan la incertidumbre

El escenario se complica con la reciente reforma a la legislación minera, que según organizaciones ambientales podría flexibilizar los requisitos para la obtención de licencias y debilitar la consulta ambiental. Aunque la normativa aún genera interpretaciones diversas, existe preocupación de que se utilice para acelerar procesos sin cumplir plenamente con las garantías legales.

A esto se suma el interés de nuevas empresas internacionales en la concesión, lo que refuerza la intención de reactivar el proyecto. Paralelamente, se ha cuestionado la reclasificación de Llurimagua como proyecto de mediana escala, pese a ser considerado uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, lo que podría implicar menos exigencias en los trámites.

División y resistencia

Más allá del componente ambiental, el proyecto ha generado tensiones dentro de las propias comunidades. Mientras algunos sectores ven en la minería una posibilidad de empleo y desarrollo económico, otros defienden un modelo basado en la conservación, el ecoturismo y las economías locales sostenibles.

En Intag, iniciativas comunitarias han demostrado que es posible generar ingresos sin afectar el entorno natural. Sin embargo, la presión minera ha profundizado divisiones sociales que se mantienen hasta hoy.

Un conflicto abierto y una decisión pendiente

El futuro de Llurimagua sigue sin definirse. La falta de una consulta ambiental efectiva, las dudas sobre el cumplimiento de fallos judiciales y la posibilidad de nuevos procesos legales, incluso a nivel internacional, mantienen el conflicto en un punto crítico.

Más allá de lo técnico, el caso refleja un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo del país. Entre la explotación de recursos minerales y la conservación de territorios biodiversos, Intag se ha convertido en un símbolo de una decisión que Ecuador aún no termina de resolver.

A una década de los 75 segundos que el Ecuador nunca olvidó

(Redacción Ibarra).- Han pasado diez años desde el terremoto del 16 de abril de 2016, uno de los momentos más duros en la historia reciente del Ecuador. En apenas 75 segundos, un sismo de magnitud 7.8 sacudió al país, con epicentro en Manabí, dejando 663 personas fallecidas, miles de heridos y ciudades enteras destruidas. Las provincias más afectadas fueron Manabí y Esmeraldas.

Los daños fueron enormes. Según cifras oficiales, las pérdidas superaron los 3.344 millones de dólares. Además, 83 kilómetros de vías en 31 carreteras resultaron afectados, complicando aún más la movilidad y la llegada de ayuda en los primeros días. Ante la magnitud del desastre, el gobierno de Rafael Correa decretó el estado de excepción para las provincias más golpeadas, con el objetivo de agilizar la atención y la reconstrucción.

En los meses y años posteriores, el país destinó miles de millones de dólares para enfrentar la emergencia. Más de 2.400 millones fueron invertidos, principalmente en la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas y carreteras. Muchas zonas lograron levantarse nuevamente, aunque en algunos lugares las huellas del terremoto todavía son visibles.

A una década de la tragedia, Ecuador no solo recuerda a las víctimas, sino también lo que cambió a partir de ese momento. Hoy existe una mayor conciencia sobre la importancia de estar preparados ante desastres. Se han fortalecido los protocolos de emergencia, se realizan simulacros y se han mejorado las normas de construcción para reducir riesgos.

Pero si hay algo que marcó esos días, fue la solidaridad. Miles de ecuatorianos se unieron para ayudar. Desde distintas provincias se enviaron víveres, ropa, medicinas y todo tipo de ayuda para los damnificados.

En el caso de Imbabura, la respuesta fue inmediata. En ciudades como Ibarra se organizaron centros de acopio y se recolectaron toneladas de ayuda que fueron enviadas a la costa. También hubo voluntarios de entidades como el Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja que viajaron para colaborar directamente en las zonas afectadas. Ese apoyo se convirtió en un ejemplo del espíritu solidario del país.

Borran murales del Paro 2025 en Cotacachi y denuncian intento de silenciar la memoria indígena

(Redacción Imbabura).- La eliminación de los murales que recordaban las movilizaciones de octubre de 2025 en el sector del Partidero, en la vía hacia Cotacachi, ha generado una fuerte reacción de rechazo entre comunidades indígenas y autoridades locales. Las obras, ubicadas a lo largo de la vía E35, fueron cubiertas con pintura durante trabajos de mantenimiento ejecutados por personal de la empresa Panavial.

El concejal de Otavalo, Jorge De la Torre, calificó lo ocurrido como un atentado contra la memoria histórica del territorio. “Rechazo rotundamente esta actividad. Representa la memoria y la lucha del pueblo kichwa; no permitiremos la arbitrariedad ni el autoritarismo”, manifestó. Además, anunció el inicio de una investigación formal para determinar quién ordenó la intervención.

De acuerdo con declaraciones de un miembro de la Unión de Comunidades de Ilumán a medios de comunicación, esta persona acudió al lugar y constató que dos trabajadores de Panavial se encontraban cubriendo el mural. Señaló que la obra representa la lucha indígena durante las movilizaciones y que no debía ser intervenida. Asimismo, indicó que los trabajadores habrían manifestado que la orden de cubrir el mural provenía del Gobierno Central, en Quito. Añadió que el mural también rendía homenaje a Efraín Fueres, quien falleció en ese mismo sitio durante los disturbios registrados en octubre frente a las fuerzas armadas.

Desde las comunidades y organizaciones sociales, el hecho no es visto como una simple acción de mantenimiento vial, sino como un intento de borrar los acontecimientos de 2025, un periodo marcado por intensas movilizaciones sociales y episodios de violencia en la región.

En respuesta, la Unión de Comunidades de Ilumán y otros colectivos se han declarado en estado de alerta y analizan posibles medidas de protesta. Paralelamente, han convocado a artistas y ciudadanos a participar en la restauración del mural, insistiendo en que la memoria colectiva no puede ser silenciada. “La memoria del pueblo no se borra con pintura”, señalaron en su pronunciamiento.

El IVA para turismo bajará al 8% para este feriado de Carnaval en todo el país

(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional anunció una disminución temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector turístico con motivo del feriado de Carnaval 2026. La medida regirá del sábado 14 al martes 17 de febrero.

La decisión fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 304, firmado por el presidente Daniel Noboa, y establece que la tarifa del IVA pasará del 15% al 8% exclusivamente para servicios vinculados a actividades turísticas.

El propósito de esta disposición es estimular el turismo interno y fortalecer la actividad económica en uno de los periodos de mayor desplazamiento de viajeros a escala nacional.

El beneficio estará dirigido únicamente a los establecimientos que consten en el registro oficial del Ministerio de Turismo. Entre los servicios contemplados se encuentran:

  • Hospedaje: hoteles, hostales y alojamientos similares.
  • Alimentos y bebidas: restaurantes, cafeterías y locales gastronómicos.
  • Transporte turístico y alquiler de vehículos con fines turísticos.
  • Agencias de viajes y operadoras que ofrezcan paquetes y recorridos.
  • Organización de eventos como congresos, ferias y convenciones.

El control sobre la correcta aplicación de la nueva tarifa estará a cargo del Servicio de Rentas Internas, que verificará que los comprobantes de venta reflejen el 8% durante los días establecidos. Con esta reducción temporal, las autoridades buscan incentivar el consumo en el sector y generar mayor movimiento económico durante el feriado.

Servidores públicos y privados tendrán descanso obligatorio el viernes 2 de enero de 2026

(Redacción Ecuador).- Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 249, firmado el miércoles 17 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de la jornada laboral del viernes 2 de enero de 2026 en todo el territorio ecuatoriano. La medida aplica para los sectores público y privado y forma parte del feriado nacional por Año Nuevo.

El decreto establece que el descanso obligatorio correspondiente al 1 de enero se extienda al viernes 2, permitiendo así un feriado continuo que irá del jueves 1 al domingo 4 de enero de 2026. En el texto oficial se especifica que la jornada suspendida no será recuperable, por lo que no deberá compensarse posteriormente.

Esta disposición tiene carácter oficial y obligatorio, ya que se encuentra sustentada en un decreto ejecutivo vigente. Por lo tanto, el viernes 2 de enero de 2026 es feriado nacional y debe cumplirse conforme a lo establecido en la normativa.

Ecuador cierra el año con cifras positivas, pero Imbabura no logró recuperarse

(Redacción Imbabura).– Ecuador concluye el año 2025 con resultados económicos favorables, pese a las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, entre ellas el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 %, vigente desde el 1 de abril de 2024 para financiar el conflicto armado interno y reforzar la seguridad, y que se mantuvo durante todo 2025. Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) y el INEC, el país logró sostener el crecimiento económico a pesar de un contexto internacional adverso y de la caída del precio del petróleo WTI a USD 57,44 por barril. En este escenario, el riesgo país se redujo de 1.211 a 508 puntos, reflejando una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para la inversión y el financiamiento.

El fortalecimiento económico se refleja en la solidez del sistema financiero. El Banco Central reporta que las reservas internacionales crecieron 37,9 %, alcanzando USD 9.516 millones, mientras que los depósitos de la banca privada aumentaron 15,1 %, hasta USD 59.336 millones. A esto se suma un crecimiento del 8 % en las exportaciones y la recuperación de sectores clave como la construcción (6,7 %) y la agricultura (10,1 %).

Estos avances también se evidencian en los hogares. Según el INEC, la inflación bajó de 1,51 % a 1,05 %, el empleo adecuado subió de 33 % a 37,4 %, y la pobreza total se redujo de 28 % a 24 %. El mayor dinamismo económico se reflejó en el consumo interno, con ventas proyectadas por USD 231.530 millones, superiores a las registradas en 2024.

No obstante, esta recuperación nacional no se ha reflejado con la misma intensidad en la provincia de Imbabura. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) estima pérdidas económicas de entre USD 90 millones y USD 100 millones tras más de un mes de protestas y paralizaciones. A estas afectaciones se sumaron pérdidas cuantiosas para la provincia al perder el feriado de cuatro días por la Independencia de Guayaquil, del 9 al 12 de octubre, periodo en el que, a escala nacional, la reducción temporal del IVA al 8 % impulsó significativamente la actividad turística. Mientras otras provincias registraron alta afluencia de visitantes, Imbabura permaneció sitiada y sin turismo, profundizando el impacto económico del paro. Posteriormente, durante el feriado de Finados de noviembre, pese a los esfuerzos de reactivación y a la reducción temporal del IVA del 15 % al 8 % para servicios turísticos específicos en Carchi, Imbabura, Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 1 y el 4 de noviembre, la provincia apenas reportó un crecimiento económico del 6,4 % y una ocupación turística del 38,6 %. Aunque esta cifra superó el 31,3 % registrado en 2024, sigue siendo insuficiente para una recuperación sostenida. En ese período se contabilizaron 33.400 viajes, con un gasto turístico total de USD 1,84 millones.

Tras el paro indígena de 2025, que afectó gravemente a Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha, el Gobierno del presidente Daniel Noboa implementó el plan de reactivación “Firmes con Noboa”, que incluyó el Bono Emprende de USD 1.000 dirigido a comerciantes y pequeños emprendedores afectados por el cierre de vías y la paralización de actividades. De manera complementaria, la Prefectura de Imbabura y las alcaldías de los cinco cantones de la provincia articularon eventos y actividades orientadas a impulsar la reactivación económica local; sin embargo, estas acciones no lograron generar resultados sostenidos ni de alto impacto. Si bien estos incentivos representaron un alivio temporal y permitieron inyectar liquidez en la economía local, los indicadores reflejan que, al cierre de 2025, Imbabura aún no logra una recuperación plena, convirtiéndose en una excepción dentro del balance económico positivo que registra el país.

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