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Video viral en Quito abre debate sobre derecho a la intimidad y la difusión de procedimiento policial

(Redacción Ecuador).- La difusión de un video en el que se observa a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo en Quito ha reactivado el debate sobre los límites legales de este tipo de actos en espacios públicos y el alcance de la intervención policial. El hecho se registró en el sector de La Mariscal, cerca de la Plaza Foch, donde agentes de la Policía Nacional, durante un patrullaje nocturno, sorprendieron a la pareja en el interior de un automóvil estacionado.

En Ecuador, mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo en un espacio público no constituye un delito, ya que esta conducta no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). No obstante, los ocupantes podrían estar expuestos a sanciones administrativas de carácter municipal por el uso indebido del espacio público, así como a intervenciones derivadas de denuncias ciudadanas si se considera que el acto afecta el orden público o la convivencia.

Además, podrían generarse otras infracciones si el vehículo se encuentra estacionado en un lugar no permitido o agravantes como la participación de menores de edad, la falta de consentimiento o la presencia de violencia, casos en los que se configuraría un delito contra la integridad sexual.

Expertos señalan que, si bien los agentes están facultados para realizar controles en espacios públicos, deben actuar bajo principios de proporcionalidad y respeto a los derechos ciudadanos. La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la privacidad, la honra y la imagen personal. Aunque un vehículo no tiene la misma protección que un domicilio, sí existe una expectativa razonable de intimidad que exige intervenciones prudentes.

CASOS ANTERIORES EN EL PAÍS

En marzo de 2022, se difundió un video en el que se observaba a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo estacionado en un terreno baldío en Guayaquil, situación en la que intervinieron agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). En ese entonces, la entidad aclaró que el material no fue grabado por su personal, sino que fue difundido por un ciudadano.

Otro hecho ocurrió el 24 de junio de 2023, cuando una pareja fue captada manteniendo relaciones sexuales en una cabina de la Aerovía, un sistema que prohíbe expresamente la realización de “actos indebidos que atenten contra las buenas costumbres”. El video fue posteriormente viralizado en redes sociales por un operador, a partir de imágenes obtenidas del sistema de vigilancia del Consorcio Aerosuspendido Guayaquil.

En estos casos, la difusión de este tipo de contenido sin consentimiento podría constituir el delito de violación a la intimidad, sancionado con penas de uno a tres años de prisión, de acuerdo con el artículo 178 del COIP. En el ámbito administrativo, algunos municipios han regulado estas conductas; por ejemplo, el Municipio de Pastaza mantiene vigente, desde 2016, una ordenanza que prohíbe mantener relaciones sexuales en espacios públicos como calles, plazas, aceras, parques y escenarios deportivos.

Este nuevo suceso en Quito evidencia los vacíos y límites de la normativa ecuatoriana frente a conductas en espacios públicos. Aunque mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo no constituye un delito penal, sí puede generar sanciones administrativas y la intervención de las autoridades cuando se considera que afecta el orden o la convivencia. Sin embargo, la polémica se centra en el manejo del procedimiento y la posible vulneración a la intimidad, especialmente por la grabación y difusión del hecho.

Juicio político al CPCCS avanza y pone bajo observación a dos vocales imbabureños

(Redacción Imbabura).- El juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza en la Asamblea Nacional y coloca en el foco de atención a dos representantes de la provincia de Imbabura: Piedad Cuarán y David Rosero.

Este jueves 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento, por unanimidad, de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina, quien acusa a los vocales de presunto incumplimiento de funciones. La resolución dio paso al envío del expediente a la Unidad Técnica Legislativa, que tendrá tres días para emitir el informe técnico correspondiente.

Entre los vocales señalados constan Piedad Cuarán y David Rosero, ambos imbabureños, junto con Andrés Fantoni (presidente del CPCCS), Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez.

El pedido de juicio político se sustenta en tres causales principales, un presunto conflicto de intereses relacionado con Christian Troya, cercano a Mario Godoy, el archivo de impugnaciones presentadas contra Godoy durante el concurso para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura y la descalificación de Édison Toro, que habría facilitado la incorporación de Godoy en dicho proceso.

De ser calificada la solicitud tras el informe técnico, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), donde se analizarán las pruebas y argumentos presentados.

Piedad Cuarán, oriunda de Lita, es licenciada en Ecoturismo por la Universidad Técnica del Norte y cuenta con un máster en Ecoturismo de Áreas Protegidas. Antes de su actual cargo, tuvo un paso previo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se desempeñó como especialista en Políticas de Interculturalidad, gestora cultural y delegada provincial de Imbabura en 2017.

Por su parte, David Rosero fue consejero del CPCCS en dos periodos: entre 2011 y 2015, y posteriormente de 2019 a 2023, cuando fue destituido. No obstante, fue posesionado nuevamente en abril del año pasado, retomando funciones en el organismo.

El proceso avanza en medio del seguimiento público, especialmente en Imbabura, donde se observa con atención el rol y la actuación de Piedad Cuarán y David Rosero, a la espera del desenlace del juicio político

Imbabura cierra 2025 entre crisis política y la llegada de un nuevo gobernador

(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Paro 2025

Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.

La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.

Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:

En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.

Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:

Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.

Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.

El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.

Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :

En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.

Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.

Gerente de Movidelnor revela hechos de corrupción detectados al asumir sus funciones

(Redacción Ibarra).- En una rueda de prensa realizada este lunes, el gerente general de Movildenor, Santiago Chiriboga, dio a conocer dos graves irregularidades que afectan directamente a la actual administración de la empresa, heredadas de gestiones anteriores y calificadas por la ciudadanía como uno de los mayores actos de corrupción dentro de la institución.

El primer hecho se relaciona con 145 vehículos desmantelados en los patios de retención vehicular, y el segundo con la clonación de stickers de revisión vehicular, hechos que habrían ocurrido antes de que la nueva administración asumiera el control.

“Estas irregularidades estallaron apenas días después de que asumimos la administración”, señaló Chiriboga. Afirmó que desde la gerencia se han activado los procesos legales correspondientes y que la entidad colabora de manera directa con las investigaciones en curso.

Chiriboga también lamentó que, a pesar de que los Centros de Retención Vehicular cuentan con custodia de agentes de tránsito, así como con sistema de videovigilancia y cercado eléctrico, los hechos ilícitos se concretaron, lo que evidencia una seria vulneración de los protocolos de seguridad.

Por su parte, Gustavo Samaniego, presidente de la Mancomunidad de Tránsito Norte, fue enfático al señalar que “ningún funcionario estará exento de responsabilidad ante actos de corrupción”. Añadió que varios elementos han sido separados de la institución tras detectarse conductas indebidas, como parte del compromiso por depurar y recuperar la confianza ciudadana en el sistema de tránsito.

Movildenor ha informado que las personas afectadas no deberán cancelar valores por concepto de uso de patios de retención, y que se encuentran a la espera de la resolución de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado para proceder a indemnizar a los afectados, aunque esto represente una pérdida considerable para la institución.

Plazos y requisitos para una revocatoria del mandato en Imbabura ¿Alcanza el tiempo?

(Redacción Imbabura).- La revocatoria del mandato es un derecho constitucional y una herramienta de participación ciudadana que permite a los ecuatorianos solicitar la salida anticipada de una autoridad elegida por votación popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Este mecanismo de democracia directa, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, puede aplicarse a alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas e incluso al Presidente de la República.

Según la normativa vigente, cualquier ciudadano ecuatoriano que goce de sus derechos políticos puede solicitar una revocatoria de mandato, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la posesión de la autoridad en funciones y no se esté en el último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. Además, deben presentarse motivos claros y documentados que sustenten el pedido. La solicitud debe ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y una vez ingresada, la autoridad señalada tendrá siete días para impugnarla. Luego, el CNE dispondrá de siete días más para resolver si acepta o niega el pedido.

Una vez que el CNE admite la solicitud, los proponentes deben recolectar un número de firmas equivalente al 10% del padrón electoral correspondiente al territorio donde fue electa la autoridad. En el caso de Ibarra, donde existen aproximadamente 170 mil electores, se necesitan cerca de 17 mil firmas válidas. El CNE entrega formularios oficiales para la recolección y los ciudadanos tienen un plazo de 180 días para completar esta etapa.

Una vez entregadas las firmas, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas son válidas y se confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días. La consulta popular debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.

Esta sería la línea de tiempo que se debería seguir en el caso de que el proceso de revocatoria inicie este 01 de julio del 2025.

  • 01 de Julio del 2025 : Inicio del pedido de revocatoria, formalización de documentos en el CNE.
  • 07 de Julio del 2025 : Fin del periodo de impugnación de la revocatoria
  • 14 de Julio del 2025: Fin del plazo para que el CNE califique o deseche el pedido de revocatoria.
  • 15 de Julio del 2025: En el caso de aprobar el CNE entregará los formularios para la recolección de firmas.
  • 28 de Diciembre del 2025: Fin del plazo para la entrega de las más de 17 mil firmas validas.
  • 12 de Enero del 2026: Fin del plazo para que el CNE verifique las firmas.
  • 15 de enero del 2026: En caso de encontrar las firmas válidas necesarias, el CNE convocará al proceso de revocatoria.
  • 16 de enero del 2026: Inicio de campaña política a favor o en contra de la revocatoria.
  • 15 de marzo del 2026: Elecciones para decidir sobre la revocatoria del mandato.

Desde 2010, seis alcaldes en el país han sido revocados de su cargo:

1. Jorge Tsenkush (Tiwintza, Morona Santiago) – octubre de 2010: El alcalde Jorge Tsenkush fue el primer caso tras la reforma constitucional de 2009. En octubre de 2010, el CNE validó las firmas presentadas por Hernán Uwijint en apoyo a la revocatoria y convocó a la consulta dentro de los 60 días siguientes.

2. Doris López (Jaramijó, Manabí) – julio de 2011: En la consulta del 24 de julio de 2011, la ciudad de Jaramijó decidió revocar a su alcaldesa Doris López. El 46,7% votó por su destitución, siendo uno de los cuatro alcaldes revocados en esa fecha.

3. Víctor González (Pablo Sexto, Morona Santiago) – julio de 2011: Ese mismo 24 de julio, Pablo Sexto removió al alcalde Víctor González mediante consulta popular, con aproximadamente 49 % de votos a favor.

4. Hugo Pineda (Baños, Tungurahua) – julio de 2011: El 24 de julio de 2011, Baños optó por destituir a su alcalde Hugo Pineda, con un 52,1 % de votos a favor de la revocatoria.

5. Segundo Mejía (Palanda, Zamora Chinchipe) – julio de 2011: El alcalde Segundo Mejía fue destituido el 24 de julio de 2011, con un 50,6 % de respaldo a la revocatoria, convirtiéndose en uno de los seis alcaldes removidos en ese proceso masivo.

6. José Bolívar Castillo (Loja, Loja) – junio de 2018: En junio de 2018, la ciudadanía lojana revocó el mandato del entonces alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. El proceso fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, quien argumentó que el exalcalde cometió arbitrariedades con el sistema de fotomultas. En la votación, el 70,8 por ciento de los ciudadanos apoyó su salida del cargo.

Existen procesos abiertos actualmente en el país; en los primeros tres meses de este año, se han presentado pedidos de revocatoria de mandato y remoción de los alcaldes de Riobamba y Quito.

El alcalde John Vinueza enfrentó ya tres procesos de revocatoria de mandato y, además, un pedido ciudadano para su remoción en 2025. El último caso llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó a Vinueza en el cargo, este 26 de junio se inició un nuevo pedido de revocatoria impulsado por Juan Carlos Romero y actúa en calidad de ciudadano y no representa ningún partido político.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato. En su caso, se lo acusa de hacer campaña política a favor de Luisa González, de Revolución Ciudadana, organización política a la que ambos pertenecen. El colectivo Cuida tu voto ha recolectado hasta el momento un total de 165 000 firmas, lo que representa el 80,4% del total requerido. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 205 000 firmas válidas, que deben presentarse hasta el 5 de octubre de 2025.

Por otro lado, algunos actores políticos en Ibarra han mencionado, a través de plataformas como TikTok, que existe un supuesto clamor ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas con miras a una revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte de movimientos o partidos políticos que respalden dicha iniciativa.

¿Qué función cumple el Gobernador en la provincia?

(Redacción Imbabura).- Ante los recientes acontecimientos en la provincia de Imbabura, la falta de gobernabilidad y la inestabilidad política en el cargo de Gobernador han generado una inquietante interrogante en la ciudadanía: ¿Cuáles son las funciones, competencias y alcances territoriales del Gobernador?

La constante rotación en este cargo ha puesto en duda la experiencia y preparación de quienes lo asumen. Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República, Imbabura ha tenido dos gobernadores: Patricio Cervantes y Juan Sebastián Echeverría, quien cesó en sus funciones el pasado martes. Esta mañana, la provincia amaneció con un nuevo representante del Ejecutivo: Israel Cabezas, designado mediante el Decreto Presidencial N.º 38 firmado por el presidente de la República. Con su designación, Cabezas se convierte en el tercer funcionario en ocupar la Gobernación desde la llegada de Daniel Noboa al poder en 2023.

¿Cuáles son las funciones del Gobernador?

  • Representante del Presidente: El gobernador actúa como delegado del presidente de la República en la provincia.
  • Dirección de la Función Ejecutiva: Dirige las actividades de las entidades estatales en el territorio.
  • Coordinador de políticas nacionales: Supervisa la ejecución de las políticas del gobierno central a nivel provincial, como el Decreto Ejecutivo #21, mediante el cual se declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delincuenciales y el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
  • Promoción de la participación ciudadana: Fomenta la participación de la comunidad en decisiones públicas; el gobernador puede crear espacios de diálogo y consulta, o la implementación de mecanismos de participación directa como referendos y consultas populares.
  • Mantenimiento de la gobernabilidad: Tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y la estabilidad provincial. El gobernador puede actuar mediante la conformación de un Comité de Seguridad, integrado por representantes de las distintas instituciones del Estado, con el objetivo de diseñar planes de contingencia que garanticen el orden público durante eventos masivos, feriados, festividades, eventos deportivos o en situaciones de riesgo como desastres naturales.
  • Coordinación de proyectos nacionales: El gobernador no maneja un presupuesto propio para ejecutar obras, pero le corresponde asegurar la ejecución de proyectos considerados prioritarios por el gobierno central. En este sentido, debe velar por la ejecución de varias obras emergentes que aún no se concretan en la provincia, entre ellas: La rehabilitación de la vía Salinas–Lita, con especial atención en el sector El Guadual, una zona geológicamente inestable y propensa a constantes derrumbes; así como la culminación del paso lateral de Ibarra, una obra inconclusa desde hace una década y que formó parte de las promesas de campaña del actual presidente de la República.
  • Vigilancia del Código de Ética: Controla que los funcionarios públicos actúen con principios éticos; el gobernador puede solicitar la rendición de cuentas en la administración pública, lo que a su vez fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
  • Supervisión de la administración pública: Vigila el desempeño de las instituciones y sus funcionarios en la provincia; es decir, el gobernador puede realizar visitas a instituciones públicas para supervisar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía, además de dialogar con los usuarios para entender sus necesidades y solicitar a las autoridades mejoras en la atención al público.

Según información publicada en el portal web de la Gobernación de Imbabura, el Gobernador percibe un sueldo mensual de 3.247 dólares, lo que representa un ingreso anual aproximado de 39.500 dólares. Además, se conoce que la Gobernación cuenta con 87 funcionarios, cuyo gasto mensual en sueldos asciende a 31.120 dólares, lo que representa al año un total aproximado de 1 millón 65 mil dólares del presupuesto estatal.

Galo O. decía que es el Intendente de Policía para recibir licor y atenciones gratuitas en bares, karaokes y centros de tolerancia

(Redacción Ibarra).- La novela de un presunto caso de corrupción en la liberación de vehículos en Movidelnor da un nuevo giro. Galo O., quien se encuentra investigado por presuntamente cobrar para liberar vehículos en la Empresa de Movilidad, enfrenta un nuevo proceso judicial, esta vez por usurpación y simulación de funciones públicas; según una denuncia, se hacía pasar por Intendente de Policía para solicitar favores en bares y centros de tolerancia.

En la denuncia que llegó el pasado 14 de marzo al despacho del Gobernador de Imbabura, Juan Sebastián Echeverría, una ciudadana propietaria de un bar en la ciudad de Ibarra manifestó que Galo O, se acercó el 22 de febrero del 2025 a las 23h35 diciendo que es el Intendente de Policía de Imbabura y le solicitaba los permisos de funcionamiento del bar. La propietaria del establecimiento entregó los permisos, pero le faltaba un papel. En ese instante, Galo O. manifestó que la situación se podría resolver si la propietaria le daba una botella de licor para ayudarle con este trámite.

La propietaria, por el miedo a una inminente clausura, procedió a atenderle a él y a un servidor policial que también está siendo investigado. En las cámaras de seguridad del sitio quedó registrado cómo Galo O. disfrutaba del licor y las atenciones de los propietarios, quienes tuvieron incluso que abrir hasta altas horas de la noche, para que los acompañantes de Galo O. pudieran disfrutar de la velada.

Sin embargo, la diversión le duró poco. La propietaria del bar se llevó la sorpresa de su vida cuando miró una entrevista en un medio de comunicación local, en donde el presunto intendente de Policía de Imbabura se presentaba como exfuncionario de Movidelnor EP y, además, manifestó que había laborado por más de dos años y, para sorpresa, se defendía y presentaba pruebas de descargo de un presunto caso de cobros indebidos en la liberación de vehículos en Movidelnor EP, por lo que fue despedido de la institución.

La indignación de la propietaria fue tal que, con el patrocinio de su abogado, dirigió una carta a la Gobernación de Imbabura para poner en conocimiento de la primera autoridad de la provincia este caso. El Gobernador, por su parte, acudió a la fiscalía de Administración Pública, en donde se aperturó una investigación por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

Esta no sería la única denuncia que recae sobre Galo O., ya que según se conoce en la Gobernación de Imbabura, existirían al menos tres propietarios más que han sido abordados por el presunto intendente de Policía.

Según el artículo 287 del Código Integral Penal (COIP), ese delito es sancionado con cárcel de uno a tres años. 

Una moto y un bus de transporte interprovincial colisionaron en Ibarra

(Redacción Ibarra).- Durante horas de la mañana del día de hoy, se suscitó un accidente de tránsito a las afueras de Ibarra entre una moto y un bus interprovincial.

Al lugar del incidente llegaron dos ambulancias y confirmaron que el motociclista se movilizaba con acompañante, los cuales resultaron heridos.

El conductor de la motocicleta fue quien se llevó el mayor impacto, responde a los nombres de Javier F. de 43 años de edad, y fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, presentando como diagnóstico presuntivo un trauma cerrado de tórax + policontusiones. El herido fue estabilizado, inmovilizado y trasladado hasta el hospital del IESS.

A cargo de la escena quedaron Agentes Civiles de Tránsito quienes levantaron las investigaciones respectivas, para comprobar cuál fue el motivo del suceso y encontrar el culpable del accidente.

Cabe recalcar que en menos de 12 horas se registraron dos accidentes de tránsito en la ciudad de Ibarra, dejando como resultado a varias personas con fracturas considerables.

Diana Lechón fue cesada de la presidencia de la Junta Provincial Electoral de Imbabura

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(Redacción Ibarra).- La presidenta de la Junta Provincial Electoral de Imbabura, Diana Lechón fue cesada en sus funciones este 16 de enero del 2019, la resolución del CNE se conoció la mañana de este viernes 18 de enero.

Extraoficialmente se conoce que Sofía Rebeca Fuentes Yamberla sería la nueva vocal de la Junta Electoral de Imbabura,

La nueva vocal está en etapa de impugnación y se convertiría en la 3ra Presidenta que tiene este cuerpo colegiado en menos de 64 días para la realización de las elecciones seccionales.