(Redacción Ecuador).- El avance acelerado de la Inteligencia Artificial ha traído consigo herramientas capaces de crear imágenes, audios y videos hiperrealistas en cuestión de segundos. Sin embargo, este progreso también ha abierto una preocupante puerta a la generación de contenido íntimo falso —conocido como deepfake— utilizado para acosar, humillar y extorsionar a las personas.
Hoy, cualquier usuario con acceso a ciertas aplicaciones puede tomar una fotografía real y, mediante IA, alterarla para simular desnudos o situaciones sexuales inexistentes. Este tipo de manipulación, además de vulnerar gravemente la privacidad y la dignidad de las víctimas, se ha convertido en un método de presión y extorsión ya que los agresores amenazan con difundir el material si no reciben dinero, favores o silencio.
Este fenómeno, cada vez más frecuente, cobra especial relevancia tras un posible caso registrado en la Unidad Educativa San Roque en el cantón Otavalo. Durante una asamblea de padres de familia realizada el jueves 23 de abril, se denunció que un estudiante de octavo año habría utilizado herramientas de Inteligencia Artificial para manipular fotografías de sus compañeros, generando contenido inapropiado que no solo circuló dentro del plantel, sino que, según los representantes, incluso habría sido comercializado.
La reacción fue inmediata. Padres del curso afectado calificaron el hecho como una grave vulneración a la dignidad de los menores y anunciaron acciones legales tanto contra el estudiante implicado como contra la institución, señalando una falta de control y protección.
La reunión se tornó tensa cuando el padre del menor acusado exigió pruebas antes de aceptar sanciones. Además, se mencionó que el estudiante pertenecería a un grupo con discapacidad, lo que añade complejidad al manejo del caso desde el punto de vista disciplinario y jurídico.
Ante la gravedad de la situación, los padres han advertido con un retiro masivo de alumnos si no se garantizan cambios inmediatos. La crisis ya ha derivado en el anuncio de modificaciones en el rectorado y ha puesto en debate incluso la posibilidad de recurrir a mecanismos como la justicia indígena.
El artículo 166-A del Código Orgánico Integral Penal se establece que la persona que, sin consentimiento, difunda, publique, comparta o entregue a terceros imágenes, audios o videos de carácter íntimo o sexual de otra persona, vulnerando su privacidad, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a seis años, la cual puede agravarse si concurren circunstancias como relación de confianza, finalidad de daño o difusión masiva del contenido.
En el caso de contenido íntimo falso generado con inteligencia artificial, como el ya mencionado “deepfakes”, puede ser sancionado bajo varias figuras del COIP pese a que la normativa no lo regula de forma expresa. En la práctica, estos casos pueden configurarse como delitos de extorsión o extorsión sexual cuando existe chantaje, así como infracciones contra el honor —como la calumnia— si se afecta la reputación de la víctima, e incluso vulneración a la intimidad según las circunstancias.
El caso de Otavalo no es aislado, sino un reflejo de una problemática creciente en la manipulación de la Inteligencia Artificial como herramienta de daño.
(Redacción Ibarra).- En el sector de Alpachaca, en Ibarra, dos personas fueron aprehendidas por su presunta participación en un intento de extorsión a un local comercial, tras una intervención oportuna de la Policía Nacional.
Según información preliminar, los sospechosos habrían dejado panfletos en el establecimiento, en los que exigían el pago de 500 dólares, asegurando pertenecer a un grupo delictivo. Este hecho generó alerta entre los propietarios, quienes dieron aviso a las autoridades.
Tras el operativo policial, se logró la aprehensión de Bryan C. y de Gricela M., quien sería menor de edad. Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.
El caso continúa en investigación, mientras las autoridades buscan determinar si existen más personas involucradas y si este hecho estaría relacionado con otros casos similares registrados en la provincia.
(Redacción Ibarra).- Lo que comenzó como una serie de denuncias por mensajes intimidantes terminó destapando una presunta red de extorsión que operaba en Imbabura y Los Ríos. Cuatro personas fueron aprehendidas durante el operativo “Libertad 223”, ejecutado por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE), entre ellas un policía en servicio activo.
Según las investigaciones, los sospechosos enviaban mensajes de texto y videos en los que aparecían armas de fuego, identificándose como integrantes de “Los Lobos”. Las amenazas estaban dirigidas principalmente a comerciantes y familias de Ibarra y Quevedo, a quienes exigían altas sumas de dinero bajo advertencia de atentar contra sus hijos o cónyuges si no cumplían con los pagos en los plazos establecidos.
Las indagaciones se extendieron por varias semanas. Agentes especializados realizaron seguimientos y aplicaron técnicas investigativas para ubicar los inmuebles desde donde presuntamente se coordinaban las extorsiones. La madrugada del operativo, varias viviendas fueron allanadas de manera simultánea en ambas ciudades.
Entre los detenidos figura un servidor policial que, de acuerdo con las primeras versiones, habría utilizado su experiencia y conocimientos institucionales para facilitar la planificación de las acciones delictivas. Este elemento ha generado especial preocupación en las autoridades, al tratarse de un funcionario en servicio activo.
Durante los allanamientos se incautaron tres teléfonos celulares, considerados indicios clave dentro del proceso, además de dinero en efectivo y documentos que vincularían a los aprehendidos con varias denuncias presentadas en los últimos meses.
Los cuatro sospechosos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado. En Ecuador, este delito puede ser sancionado con penas de cinco a diez años de prisión, dependiendo de los agravantes que se determinen en el proceso judicial.
(Redacción Imbabura).- Imbabura cumplió un mes de paralización, en un paro atípico que la convirtió en la única provincia donde continuaron los cierres y la interrupción de actividades. Durante ese tiempo, no se logró avanzar hacia una mediación efectiva, y la inestabilidad se mantuvo como un factor constante en la región. A lo largo de cuatro semanas, diversos acontecimientos marcaron el desarrollo de la protesta, dejando un registro de conflictos, bloqueos y enfrentamientos que reflejaron la magnitud del descontento en la provincia. A continuación les presentamos una cronología de los momentos clave que tuvo esta paralización en Imbabura.
12 de septiembre de 2025: El presidente Daniel Noboa promulgó el Decreto 126, eliminación del subsidio al diésel.
Una medida que generó un rechazo inmediato y desató protestas en distintos sectores del país, especialmente entre comunidades indígenas y transportistas. Ante la creciente tensión, la Presidencia de la República anunció que, a partir del sábado 13 de septiembre, la sede del Ejecutivo funcionaría temporalmente en Latacunga, Cotopaxi, mientras que la Vicepresidencia operaría desde Otavalo, en Imbabura. Esta reubicación buscaba garantizar la continuidad administrativa en medio de las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales e indígenas.
15 de septiembre: Inicio de los primeros bloqueos viales en Carchi
Transportistas bloquearon la vía en el sector de Julio Andrade y se enfrentaron con las fuerzas armadas. La tensión se moderó días después, tras la autorización del presidente Noboa para entregar beneficios económicos a los transportistas, lo que permitió levantar el paro en la provincia. Sin embargo, la calma resultó ser temporal.
18 de septiembre: CONAIE anuncia movilizaciones a nivel nacional
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció un paro nacional en rechazo al Decreto 126 y a otras políticas económicas del Gobierno. Ese mismo día, en Imbabura, el presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 145, designó a Luis Efraín Amaguaña Muenala, abogado kichwa otavaleño, como nuevo gobernador de la provincia. Sin embargo, Amaguaña renunciaría días después, presionado por dirigentes indígenas. Además, a través del Decreto Ejecutivo N.º 134, el mandatario declaró el estado de excepción y estableció toque de queda en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo y Carchi.
21 de septiembre: El movimiento indígena en Imbabura declara una paralización indefinida.
Mediante un comunicado, se declararon movilizaciones indígenas desde las 10 de la noche, anticipando bloqueos y concentraciones en puntos estratégicos de la provincia.
22 de septiembre: Primeros cierres viales en Imbabura.
Organizaciones indígenas como CHIJALLTA FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa Karanki, Natabuela, Cayambi y Otavalo se sumaron a las movilizaciones, bloqueando varios tramos de la vía E35 e imposibilitando el paso desde Imbabura hacia el sur del país. Ese mismo día, los manifestantes se concentraron en el ingreso a Otavalo, donde un fuerte contingente policial y militar provocó un enfrentamiento marcado por un nivel de violencia desproporcionado. Durante los disturbios se destruyeron bienes públicos, se dañaron cámaras del ECU911 e incluso se incendió el Comando de Policía Judicial de la ciudad. Motocicletas, patrulleros y vehículos particulares quedaron consumidos por las llamas. En el marco de los incidentes, las autoridades detuvieron a 18 personas acusadas de presunto terrorismo. En la audiencia de flagrancia realizada al día siguiente, se resolvió que de los 18 aprehendidos (15 adultos, 2 menores de edad y una mujer), 12 continuarían detenidos mientras avanzaba la instrucción fiscal y seis recuperaron su libertad. El 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de 10 de los 12 detenidos. En la audiencia se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad, quienes regresaron el 15 de octubre desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, hacia la jurisdicción de Imbabura, donde cumplirán la medida de prisión preventiva mientras avanza la instrucción fiscal. De los 10 detenidos beneficiados, tres ya habían sido trasladados previamente desde Manabí hasta la cárcel de Ibarra el pasado 30 de septiembre debido a problemas de salud. Paralelamente, 17 militares fueron retenidos por comunidades del cantón Otavalo, recuperando su libertad de manera gradual, mientras en Ibarra se desarrollaban marchas pacíficas.
23 de septiembre de 2025: Nueva gobernadora para Imbabura
El presidente Daniel Noboa designó a la abogada Elsy Maite Landeta Sánchez como nueva gobernadora de Imbabura mediante el decreto ejecutivo 154.
El ministro del Interior confirmó que 50 personas fueron detenidas a nivel nacional en manifestaciones, 20 en Imbabura de los cuales dos personas de nacionalidad venezolana estarían ligadas al Tren de Aragua.
24 de septiembre: Daniel Noboa encabezó el primer convoy que ingresó a Imbabura.
Un contingente policial y militar se trasladó hacia Otavalo por carretera mientras el presidente de la república arribó en helicóptero alrededor de las 9 de la mañana. Desde allí, pronunció un breve discurso, pero se retiró sin ofrecer ninguna resolución ni respuesta concreta a la población.
En los días posteriores, la crisis se extendió a sectores como Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Antonio Ante, Zuleta, Cayambe, Urcuquí, El Juncal y Lita, donde los bloqueos en ejes viales rurales paralizaron la movilidad en toda la región.
26 de septiembre:CONAIE da por finalizado el paro, sin embargo las bases no aceptan.
En una asamblea realizada en las instalaciones de la UNOPAC, en el cantón Cayambe, alrededor de 100 dirigentes de comunidades y organizaciones locales se reunieron para conocer y ratificar las resoluciones adoptadas por la dirigencia principal de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El encuentro estuvo encabezado por Marlon Vargas, presidente de la Conaie; Ercilia Catañeda, vicepresidenta; y Dennis de la Cruz, presidenta del Pueblo Kayambi. Durante la reunión se resolvió levantar las paralizaciones en los cantones Cayambe, Pedro Moncayo y Otavalo a partir del 27 de septiembre, a las 09:00.
26 de septiembre: Retienen a presidente de la CONAIE en Otavalo
Comuneros de Huaycopungo, en el cantón Otavalo, retuvieron al presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, tras el anuncio del fin del paro. Las comunidades lo acusaron de traición y anunciaron que debería someterse a la justicia indígena. Durante la reunión, todas las comunidades ratificaron que el paro continuaría en Imbabura hasta que se cumplieran sus demandas.
El 28 de septiembre: Primer fallecido por manifestaciones en Imbabura
Efraín Fueres, ciudadano de 47 años oriundo de Cuicocha, se convirtió en la primera víctima mortal de las movilizaciones, tras recibir un disparo por parte de personal militar en Ilumán, según testigos.
Días después, el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior se trasladaron a Ibarra para reunirse en la Gobernación, aunque no se conocieron acuerdos ni medidas concretas que lograran apaciguar la crisis.
Las protestas continuaron en Imbabura y comenzaron a tornarse vandálicas, ya que los manifestantes pincharon neumáticos e intimaron a los dueños de negocios para obligarlos a cerrar sus locales, mientras que la escasez de gasolina, gas doméstico y alimentos se convirtió en un problema recurrente para la población, en especial la otavaleña.
El 1 de octubre: FICI desconoce a su presidente
La decisión de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) de declarar una tregua temporal y abrirse al diálogo con el Gobierno Nacional genero fracturas internas en el movimiento indígena del norte del país. Pocas horas después de emitido el comunicado oficial de la FICI, varias comunidades y organizaciones de base anunciaron que desconocen la resolución y a la dirigencia encabezada por Mesías Flores, presidente de la Federación. Lenin Farinango, presidente del pueblo Kichwa Karanki, declaró que nunca recibió “ni una llamada del presidente de la FICI”, y ratificó que las comunidades Karanki se mantienen en las medidas de hecho. “Intentan dividir al movimiento indígena”, advirtió.
04 de octubre: Se elimina el toque de queda en Imbabura
Tras varios días de bloqueos en el norte del país, la Corte Constitucional revisó los decretos del Ejecutivo y determinó que el toque de queda vulneraba derechos fundamentales, mientras que el estado de excepción solo se justificaba en Carchi e Imbabura, las provincias más afectadas por la crisis.
El 6 de octubre: Invasión a florícolas en Cotacachi
Jessica Torres, vicepresidenta de la UNORCAC, lideró a aproximadamente 200 manifestantes indígenas que invadieron una finca florícola en Cotacachi de Expoflores, intimidando a los trabajadores y presionándolos para sumarse a la paralización.
El 8 de octubre: Movilización masiva de indígenas a Ibarra
Un intento de tomarse Ibarra se registró durante una marcha multitudinaria a las afueras del edificio de la gobernación. El dirigente indígena de la UNORCAC, Guido Perugachi, advirtió que si la ciudad no colaboraba con el paro, volverían a tomarse la urbe y a causar destrozos.
13 de octubre: Segundo convoy humanitario ingresó a Imbabura por la vía Zuleta.
Un convoy humanitario ingreso a Imbabura con resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para abastecer a las comunidades afectadas por los bloqueos y actos de violencia debido al paro en Ecuador. El Bloque de Seguridad confirmó que el convoy transportó víveres, colchones, gas, medicinas y otros insumos esenciales destinados a la población civil que permanece aislada por la interrupción de vías. El convoy contó con la presencia y acompañamiento de representantes de la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Humano, Registro Social, Cruz Roja, medios de comunicación, delegados de la Fiscalía General del Estado y equipos técnicos encargados de la asistencia. La presencia de organismos institucionales formo parte del protocolo para asegurar transparencia, seguimiento y atención directa a las comunidades afectadas.
14 de octubre: Fuerte represión y enfrentamientos entre manifestantes y militares en Otavalo.
El Gobierno Nacional confirmó en rueda de prensa que su misión principal era devolver la paz a Imbabura, al siguiente día, Otavalo amaneció militarizado, y el ministro del Interior, John Reimberg, declaró a los medios: “Vamos a quedarnos hasta que todo vuelva a la normalidad. Aquí estaremos todo el tiempo que sea necesario; Imbabura no está sola”. El ministro indicó que un convoy humanitario fue atacado esa madrugada por manifestantes y este hecho desencadenó un enfrentamiento en el que la fuerza pública reprimió a los manifestantes con dureza. La ciudad se convirtió en un verdadero campo de batalla con calles destrozadas, actos de vandalismo, militares persiguiendo a manifestantes y más de 40 personas detenidas, la mayoría de las cuales fue liberada poco después gracias a la intervención legal de sus abogados y al respaldo de la comunidad. En medio del caos, un periodista comunitario resultó herido por el impacto de una bala –
15 de Octubre: Segundo comunero falleció por impacto de bala
José Guamán, de 30 años, recibió un disparo en el pecho durante las manifestaciones del día anterior, permaneció en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra en cuidado intensivo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero a Quito, pero lamentablemente falleció durante el trayecto.
15 de octubre: Alto al fuego y primeros acuerdos
Tras 23 días de paralización provincial, el presidente del pueblo Kichwa de Otavalo y la alcaldesa Anabel Hermosa Acosta anunciaron el cese de hostilidades y el inicio de mesas de diálogo directas con el Gobierno Nacional, misma que se instaló la tarde del 15 octubre en el hotel Yamor Continental, en donde 60 dirigentes, la curia y el ministro del Interior finalmente pudieron llegar a un acuerdo y anunciaron el fin del paro.
15 de octubre: Efímero final del paro en Imbabura
Luego del anuncio en rueda de prensa, las bases del movimiento indígena se declararon en rebeldía, causando una ruptura total, desconocieron los acuerdos y acusaron a sus dirigentes de traición, llegando incluso a agredir al presidente de la FICI, Mesías Flores, mientras informaba sobre el fin de las movilizaciones. Al final de la noche las vías no fueron habilitadas.
El 16 de octubre: Pronunciamientos de la alcaldesa de Otavalo
En una asamblea realizada a los pies de la Alcaldía de Otavalo, la alcaldesa encabezó un encuentro entre las bases y los dirigentes indígenas con el objetivo de buscar una salida al paro. En medio de un ambiente tenso, marcado por acusaciones y nuevos pedidos, la primera autoridad del cantón exhortó a los presentes a regresar a sus territorios, dialogar sobre las propuestas y socializarlas en las mesas técnicas que se instalarían el lunes 20 de octubre.
19 de octubre: FICI asume liderazgo de las movilizaciones en Imbabura
La CHIJALLTA-FICI asumió el control total del paro en Imbabura mediante un comunicado difundido en redes sociales, la organización informó que Sisa Inés Cotacachi, actual vicepresidenta, asumirá la presidencia en reemplazo de Mesías Flores, debido a su “ausencia y falta de liderazgo” Asimismo, la FICI invitó a la CONAIE, ECUARUNARI y FENOCIN a participar en el proceso de diálogo nacional, aunque precisó que las organizaciones de Imbabura serán las encargadas de dirigir el proceso
19 de octubre: Gobierno denuncia incumplimientos de acuerdos y suspende el diálogo.
El Gobierno Nacional anunció la suspensión del diálogo con los movimientos indígenas, citando incumplimientos de los acuerdos, cambios en los representantes y acciones violentas que, según el Ejecutivo, quebrantaban lo pactado previamente. Por ello, calificó los hechos ocurridos posteriormente como responsabilidad íntegra del movimiento indígena en la provincia.
21 de octubre: Paro provincial condenado a terminar
La Unión de Comunidades y Barrios Indígenas y Campesinas de Ilumán (UNICOBICI) resolvió en una asamblea comunitaria regresar a sus territorios. Durante la reunión, se señaló que continuarán en resistencia de forma pacífica desde cada comunidad, permaneciendo vigilantes ante los acontecimientos. Fabián Díaz, dirigente de Ilumán criticó duramente que solo cuatro cantones se mantienen en resistencia activa, afirmando que el paro no representa a todo el Ecuador. Añadió que, si la movilización se convierte en un paro verdaderamente nacional, las comunidades de Ilumán volverían a salir a las calles.
21 de Octubre: Comunidades de Imantag anuncian fin del paro
En una reunión que duró hasta la madrugada las comunidades de Imantag dieron por finalizado el paro en sus territorios y anunciaron la apertura total de la vía Imantag–Atuntaqui. Además, ofrecieron disculpas públicas a toda la comunidad por los inconvenientes ocasionados durante los días de movilización.
22 de octubre: Primeas vías habilitadas en Imbabura.
Medinte labores de limpieza se aperturó un tramo de la vía Atuntaqui-Santa Bertha que fue bloqueada con palos y piedras como parte de los primeras vías en ser habilitadas en la provincia.
22 de octubre: CONAIE anuncia fin del paro
Al medio dia, el presidente de la CONAIE Marlon Vargas se pronunció al país mediante un video en el que ratificó que, frente al anuncio del Gobierno de desplegar toda la fuerza del Estado para habilitar las vías en Imbabura, la organización ha decidido dar por terminado el paro. Vargas informó que se dará paso a la apertura de las vías e hizo un llamado a las comunidades a replegarse a sus territorios, para salvaguardar la vida.
22 de octubre: UNORCAC anuncia que mantendrá la resistencia pese a comunicado de la CONAIE del fin del paro
La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) emitió un pronunciamiento en el que aclaró que no pertenece a la CONAIE y que, pese al anuncio de su presidente Marlon Vargas de dar por terminado el paro, mantendrán la resistencia en la provincia de Imbabura. En su comunicado, la organización confirmó que las vías en Cotacachi permanecerán cerradas y que el día de mañana realizarán una gran marcha que saldrá desde el centro de Cotacachi hasta el ingreso al cantón. Los dirigentes expresaron su preocupación por el anuncio del presidente de la República, quien ordenó el despliegue de toda la fuerza del Estado para reabrir las vías en Imbabura. Afirmaron que, pese al temor por posibles enfrentamientos, mantendrán su resistencia de manera pacífica, defendiendo su derecho a la protesta.
22 de octubre: Fuerzas Armadas hacen un barrido de la vía E35 para despejar el paso
Durante la tarde, dos convoyes de las Fuerzas Armadas iniciaron las labores de limpieza y despeje de la vía E35, uno avanzando desde Otavalo hacia Ibarra y otro en sentido contrario, desde Ibarra hacia Otavalo. La operación contó con el apoyo de maquinaria pesada que trabaja en la remoción de escombros, ramas y obstáculos que permanecían sobre la calzada tras 30 días de bloqueos. De igual manera, personal policial se mantiene desplegado a lo largo del corredor vial, garantizando el control de la zona y la seguridad del operativo.
Luego del paso del primer convoy moradores de San Rafael de la Laguna, en el cantón Otavalo salieron nuevamente a las vías y atacaron a los vehículos que se movilizaban pinchando neumáticos y afectando a parabrisas de los vehículos.
22 de octubre: FICI convoca a reunión de emergencia
La FICI anunció que iniciará la apertura de las vías en toda la provincia, luego de varias jornadas de diálogo con las comunidades. Con esta decisión, la FICI se convirtió en una de las últimas organizaciones en levantar el paro provincial que se extendió por casi un mes.
23 de octubre: Marcha por la dignidad en homenaje a la víctimas del Paro 2025
Esta mañana, distintas comunidades indígenas se congregaron a la entrada a Cotacachi para dar inicio a una marcha pacífica por la dignidad, convocada por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi UNORCAC y la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura FICI. Bajo el lema “Por la memoria, la resistencia y la dignidad de nuestros pueblos”, los participantes avanzaron por la vía E35 con tambores, flautas, banderas y consignas, en homenaje a Efraín Fueres, José Guamán y Rosa Paqui, las tres personas que perdieron la vida durante las protestas sellando de este modo el fin del paro en Imbabura.
(Redacción Otavalo).- Diecisiete días de paro nacional han bastado para aislar completamente a Otavalo del resto del Ecuador. Los cierres viales al norte, al sur y en los ejes rurales han incomunicado al cantón, que hoy vive una de sus crisis más duras.
El centro de la ciudad permanece desolado: calles vacías, negocios cerrados y mercados sin actividad. Los comerciantes, sin la posibilidad de vender sus productos, enfrentan pérdidas totales. El desabastecimiento es evidente y la escasez de alimentos empieza a sentirse con fuerza, sobre todo en productos que no se producen en el cantón, como cárnicos, lácteos y comestibles de supermercados.
En varios sectores no hay presencia policial, lo que ha generado un ambiente de temor e incertidumbre. Según la ciudadanía otavaleña, grupos de indígenas armados transitan por las calles custodiando que los locales permanezcan cerrados. La gente asegura que actúan con intimidación, vulnerando el derecho al trabajo y restringiendo toda actividad comercial.
La dificultad en la movilidad es otro golpe para los otavaleños. El transporte público ha desaparecido por el desabastecimiento de combustible, y la población se ve obligada a caminar o movilizarse en motos y bicicletas. Sin embargo, muchos aseguran que manifestantes pinchan los neumáticos de los vehículos que intentan circular, dejando a las personas sin opciones.
La crisis del gas doméstico se ha convertido en una de las mayores preocupaciones en Otavalo. Los distribuidores solo pueden ingresar a las comunidades donde, según múltiples denuncias, los dirigentes imponen condiciones para acceder a los cilindros. A modo de extorsión, el gas se entrega únicamente a quienes apoyan activamente el paro nacional. Este hecho quedó en evidencia en la comunidad de Peguche, donde un ciudadano denunció haber sido víctima de esta práctica. Según su testimonio, algunos dirigentes se toman atribuciones para decidir quién puede comprar y quién no.
Las pocas provisiones que logran ingresar al cantón ya tienen destino asegurado; van dirigidas casi exclusivamente a las comunidades en protesta, mientras el centro urbano permanece sin abastecimiento. En Otavalo se ha instaurado una especie de monopolio en el que la consigna es clara: “Si no apoyas el paro, no hay comida”.
Otavalo, reconocida por su dinamismo comercial, cultural y turístico, hoy se encuentra paralizada, asfixiada por los bloqueos y la incertidumbre. Sus habitantes claman por ayuda y por el restablecimiento del orden, mientras el Gobierno Nacional parece guardar silencio ante una crisis que se agrava cada día.
(Redacción Ibarra).-El pasado martes, la Policía Nacional, a través de la Fuerza de Investigación Contra la Extorsión (FICE), ejecutó el operativo “Libertad 442”, que resultó en la aprehensión de cuatro ciudadanos, entre ellos Orlando E., conocido con el alias de “Buñuelo”, señalado como presunto implicado en delitos de extorsión.
Alias “Buñuelo” no es un desconocido para las autoridades. En su historial figuran antecedentes por asesinato en el año 2011, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y un caso previo de extorsión en 2017. Además, ha sido identificado como segundo cabecilla de la organización delictiva “Los Lobos”, según reportes de inteligencia.
Alias “Buñuelo” ya registra DOS aprehensiones en menos de un año; la primera detención ocurrió el 24 de octubre de 2024, cuando fue detenido en pleno centro de la ciudad. Según reportes policiales, intentó darse a la fuga a bordo de una camioneta Ford F-150 color azul y vidrios polarizados, siendo interceptado tras una persecución entre las calles Bolívar y Sucre. Al registrar al interior del vehículo, se encontró una bolsa transparente con contenido de sustancia vegetal verde, presuntamente marihuana.
Meses después, el 14 de mayo de 2025, fue nuevamente interceptado durante un operativo militar del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas en el marco del plan CAMEX. Aunque en esa ocasión no se hallaron armas ni drogas en su poder, al revisar su teléfono celular se habría encontrado contenido que lo vincula con actividades ilícitas. Sin embargo, NO fue detenido en ese momento.
Actualmente, alias “Buñuelo” permanece bajo investigación, mientras la Policía Nacional continúa con los procesos correspondientes. No obstante, a pesar del trabajo operativo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, las decisiones judiciales no han derivado, hasta ahora, en una sentencia condenatoria que garantice su permanencia en prisión.
(Redacción Imbabura).- Una nueva modalidad de robo y secuestro a mascotas se denuncia en de redes sociales, se trataría de un tipo de extorsión para devolver a una mascota que fue robada de la casa y secuestrada.
Pilar, (nombre protegido) revela como un día salió a su trabajo normalmente, dejando a su mascota en el patio de su casa hasta ella poder volver a la hora del almuerzo, al llegar a su casa luego de varias horas, se dio cuenta que su perrito «Rocky» un schnauzer mediano no estaba en el patio, consultó con los vecinos buscó cuadras alrededor pero su búsqueda fue infructuosa, ella pensó que «Rocky» saltó la verja de su casa y se fue, sin embargo al revisar las cámaras de seguridad de los vecinos, se observa como un grupo de ciudadanos en situación de movilidad, merodean la casa, ofrecen al parecer comida al canino y cuando llega a la reja se lo llevan con rumbo desconocido.
La historia no termina ahí, ella por medio de redes sociales empezó a generar alertas sobre la desaparición de «Rocky» y a las pocas horas recibió una llamada manifestando que sabía donde se encontraba su perro, pero que tendría que pagar la cantidad de 150 dólares para recuperarlo. «Yo dije está bien hay que pagar una recompensa a una persona que cuidó a mi perro por unas horas, pero no 150 dólares» manifestó.
Los antisociales, que para Pilar tenían acento extranjero, empezaron con amenazas a solicitar el dinero o sino atentarían contra la vida de «Rocky», finalmente ella accedió a dar un poco de dinero, más no la cantidad exigida y fue comunicada que su perro lo encontraría amarrado en el Parque Ciudad Blanca. «Yo al final no les di todo el dinero, todo por la vida de mi «Rocky» finalizó Pilar.
Otro caso similar lo vivió Roberto, morador del barrio Los Ceibos, en este caso los antisociales secuestraron a su perro y se lo llevaron de la casa mientras el se encontraba haciendo unas labores de limpieza, minutos después uno de los cómplices se acercó manifestando que el perrito se había salido y que el lo había encontrado, exigiéndole el pago de 20 dólares para devolverlo. «Cuando yo miro las cámaras de seguridad veo que mi perro no se salió, sino que estos sujetos lo sacaron de la casa y luego vinieron a pedirme recompensa» finalizó.
Varias han sido las denuncias de ciudadanos extranjeros que caminan por las calles de Ibarra con cachorros y con perros de raza, quienes luego de ser retenidos por la Policía no pueden justificar la tenencia de los animales, los mismos que son trasladados a la Clínica Veterinaria Municipal en donde ya se han generado incluso agresiones al personal por la retención de los animales.
La Policía Nacional del Ecuador recomienda en estos casos llamar inmediatamente al 911 y no dejarse extorsionar por estos antisociales.
