(Redacción Otavalo).- La Confederación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte (CHIJALLTA FICI) emitió ayer un comunicado oficial con la presencia de presidentes de pueblos, uniones y comunidades de Imbabura. En el documento, que contiene alrededor de nueve resoluciones, la organización adopta una postura crítica frente al Gobierno Nacional y reafirma su decisión de impulsar la campaña por el “NO” en la consulta popular y referéndum convocados por el Ejecutivo.
Uno de los aspectos más controversiales del documento es el punto seis, donde:
“Se exige al municipio de Otavalo que, a partir de este año y de manera permanente, el desfile cívico del 31 de octubre y todos los actos cívicos se realicen sin presencia militar ni policial, en respeto a la memoria de nuestros pueblos que fueron reprimidos con violencia desmedida”.
La resolución refleja las secuelas sociales y políticas que aún persisten en Imbabura, especialmente entre el pueblo otavaleño, quienes mantienen un sentimiento de distancia y desconfianza hacia el accionar del Gobierno en base a lo que muchos consideran un uso desproporcionado de la fuerza policial y militar durante las protestas.
Asimismo, en el punto siete, CHIJALLTA FICI anunció que:
“Prohíbe el ingreso a nuestros territorios a operadores políticos del Gobierno que están utilizando los recursos públicos para tratar de manipular o comprar conciencias para promover la Consulta Popular a favor del Gobierno.
Invitando a su vez a los actores sociales a trabajar de manera conjunta en la campaña por el “No”, y anunciaron que desde su estructura ejercerán un control permanente y estricto sobre los precios de los productos de primera necesidad y del gas en todas sus comunidades.
Con estas resoluciones, la organización indígena marca una postura firme de autonomía y rechazo a la intervención política de Daniel Noboa, reafirmando que, a pesar del fin del paro en Imbabura, la tensión entre las comunidades indígenas y el Estado central persiste, una brecha que se profundizó tras los episodios de represión vividos durante los 30 días de paralizaciones.
(Redacción Ibarra).- La ciudad de Ibarra conmemora sus 419 años de fundación con una agenda cultural y musical que se desarrollará entre el 19 y el 21 de septiembre de 2025. Las actividades se llevarán a cabo en el marco del estado de excepción decretado en la provincia y bajo las restricciones que impone el toque de queda.
De acuerdo con la programación oficial, el viernes 19 de septiembre se inaugura la Feria Internacional Expo Lagos 2025 a las 13:00, y a las 14:00 tendrá lugar el PregónArte Ibarra 2025 en la Av. Camilo Ponce E., a la altura del Redondel de La Madre, seguidamente a las 14:30 dara inicio el festival musical de Rock.
El festejo continúa el dia sábado 20 de septiembre con el Festival Musical “Ibarra sin miedo al éxito”, con presentaciones de tropical urbano a partir de las 13:00, y concluirá el domingo 21 con la jornada de música nacional, prevista para las 12:00, en el Parque Ciudad Blanca.
Las autoridades municipales recordaron que todas las actividades deberán cumplirse respetando los horarios establecidos y las disposiciones vigentes en materia de seguridad. Además, se prevé la coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público y la protección de los asistentes.
(Redacción Imbabura).- En un escenario nacional marcado por bloqueos en carreteras y el anuncio de nuevas movilizaciones sociales, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. La medida, que regirá por 60 días, busca enfrentar la “grave conmoción interna” que, según el Gobierno, afecta al libre tránsito, la seguridad y el desarrollo de las actividades económicas y sociales.
El Decreto Ejecutivo 134 dispone operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con facultades para realizar registros sin orden judicial. También suspende temporalmente la libertad de reunión, restringiendo marchas y aglomeraciones no autorizadas, e intensifica los controles en carreteras y puntos estratégicos. A diferencia de otros estados de excepción recientes, no se establece toque de queda, aunque sí pueden aplicarse restricciones de movilidad en zonas específicas.
En el caso de Imbabura, la provincia se encuentra directamente bajo estas disposiciones. Sin embargo, desde la Alcaldía de Ibarra se extendió un comunicado confirmando que, pese a la declaratoria, las fiestas de Ibarra se desarrollarán con normalidad y se va a garantizar la seguridad en los eventos culturales y festivos de la capital imbabureña.
De esta manera, mientras en varias provincias del Ecuador rigen mayores controles y se prevén nuevas protestas, en Ibarra los habitantes se preparan para vivir sus fiestas con un despliegue especial de seguridad, que busca equilibrar la tradición local con las medidas impuestas a nivel nacional.
(Redacción Ecuador).- La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) denunció que la falta de recursos presupuestarios por parte del Estado hacia los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) está generando una crisis institucional, territorial y de servicios en todo el país. Según la organización, se tomó esta decisión tras las reiteradas denuncias de 20 alcaldes de distintas ciudades del Ecuador sobre el incumplimiento de pagos. Sin estas transferencias, es imposible garantizar mejoras en comunidades, barrios y sectores vulnerables, particularmente en servicios básicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado público, mantenimiento vial, recolección de basura, así como en programas sociales, inversión en salud y educación.
Ante este escenario, la AME anunció que presentará una demanda de acción por incumplimiento de la Constitución y del artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establece que las asignaciones a los GAD deben ser predecibles, directas, oportunas y automáticas, además de crecer conforme a la tasa de incremento de los ingresos permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado.
La acción será presentada ante la Corte Constitucional, mientras que de manera paralela la AME exigió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión urgente del acuerdo ministerial contemplado en la Ley de Alivio Financiero, el cual debió implementarse en un plazo de 30 días y que permitiría la compensación de saldos mediante cruce de cuentas.
El Gobierno Nacional adeuda a los municipios de Imbabura un total de 15.563.241,40 dólares.
Ibarra encabeza la lista con 5.827.464,33 dólares, seguida de Otavalo con 3.853.218,28 dólares, Antonio Ante con 1.992.786,62 dólares, Cotacachi con 1.890.249,35 dólares, Pimampiro con 1.084.656,57 dólares y San Miguel de Urcuquí con 914.866,25 dólares. Las autoridades locales esperan que estos recursos sean cancelados a la brevedad.
(Redacción Ibarra).- En pleno corazón del centro histórico de Ibarra, en la esquina de las calles Bolívar y Flores, se levanta un edificio que durante décadas fue símbolo de poder y gestión provincial. Hoy, sin embargo, la antigua Gobernación de Imbabura se tambalea entre el deterioro estructural y una maraña administrativa que amenaza con sepultar su valor histórico.
El inmueble pertenece al Gobierno Nacional, pero su uso fue cedido a la Gobernación bajo una condición tajante: si no lo ocupa, debe devolverse. “El edificio fue entregado por la Corte Nacional con la obligación de ser utilizado por nuestra entidad. Si no cumplimos, estamos obligados a devolverlo”, advirtió Israel Cabezas, gobernador de Imbabura.
La paradoja es evidente, el estado actual del edificio hace inviable su uso, pero tampoco se puede restaurar con facilidad, pues la Gobernación carece de los recursos necesarios.
Los técnicos calculan que la restauración completa del inmueble demandaría 1,6 millones de dólares, una cifra que aumenta día tras día a medida que avanzan las filtraciones, el debilitamiento de la estructura y la proliferación de plagas. Lo que alguna vez fue símbolo de orgullo provincial, hoy es un peligro latente para quienes transitan el centro de la ciudad.
Frente al abandono nacional, la Alcaldía de Ibarra ha tomado cartas en el asunto con intervenciones de emergencia: instalación de sobrecubiertas, control de maleza y plagas, y medidas de seguridad para evitar accidentes. Sin embargo, estos esfuerzos significan un gasto constante para el municipio, que no consta como dueño del edificio.
La alcaldía ha propuesto asumir la restauración y la titularidad del inmueble para integrarlo a los programas de conservación patrimonial, pero hasta ahora la respuesta del Gobierno Central ha sido un silencio que pesa tanto como las grietas en sus muros. Mientras tanto, el emblemático edificio sigue cayéndose a pedazos. Cada día que pasa, el costo de salvarlo se incrementa, y con él, el riesgo de perder para siempre una de las joyas arquitectónicas más importantes del centro de Ibarra.
(Redacción Imbabura). El Gobierno de Daniel Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos a nivel nacional, una medida que, aunque aún no detalla cuántos trabajadores serán afectados en la provincia de Imbabura, ya despierta un debate sobre el tamaño del Estado y su papel en la economía y los servicios públicos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Imbabura registra actualmente 18.581 servidores públicos, una cifra que casi se duplicó durante la presidencia de Rafael Correa (2007–2017), cuando pasaron de 10.443 a 18.741. Este incremento respondió a una política de expansión estatal que apostó por fortalecer la presencia del Estado a través de nuevos hospitales, escuelas, instituciones públicas y programas sociales. La contratación de personal fue clave para operar esta estructura.
Sin embargo, esa misma expansión generó una carga fiscal elevada. Tras la caída de los precios del petróleo y el endeudamiento progresivo, el Estado comenzó a mostrar señales de desgaste económico. Desde 2017, con Lenín Moreno, se redujo el ritmo de contrataciones, y con Guillermo Lasso el número de funcionarios disminuyó aún más.
Hoy, la decisión de Noboa de reducir 5.000 plazas se presenta como una medida de contención frente a una crisis fiscal profunda. El recorte apunta a un Estado más liviano, en teoría más eficiente, pero también implica riesgos: menos personal podría significar reducción de servicios públicos en sectores clave como salud, educación y seguridad.
En provincias como Imbabura, donde muchas familias dependen de empleos estatales, la medida podría tener un impacto social y económico considerable.
(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.
Año 2025
Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.
Año 2023
Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.
Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.
Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.
A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.
La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.
La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.
Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.
EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Otavalo).- La mañana de este martes, un hombre fue hallado sin signos vitales en la Plaza Cívica de Otavalo. El cuerpo fue descubierto alrededor de las 07:00 a. m. por dos personas que realizaban ejercicio en la zona. Según información de APAK TV, una de las personas que encontró al hombre resultó ser paramédico y verificó que no presentaba signos vitales, por lo que se notificó de inmediato a las autoridades.
Al llegar al sitio, los equipos de emergencia no encontraron signos evidentes de violencia en el cuerpo. Sin embargo, se detectaron rastros de sangre en las fosas nasales, lo que sugiere una posible intoxicación por alcohol o sustancias.
Moradores del sector han expresado su preocupación por el abandono de la Plaza Cívica, señalando que este tipo de incidentes no es inusual debido a que el sitio es frecuentado por diversas personas, algunas de las cuales suelen quedarse en el lugar durante la noche. También mencionan la presencia de zonas poco iluminadas y el consumo de alcohol y drogas en el área.
(Redacción Ecuador).- La noche de este jueves, cerca de las 19:30 horas, un nuevo hecho de sangre se registró en la provincia de Los Ríos, a pesar del estado de excepción, se registró una nueva masacre que ha dejado cinco personas fallecidas, entre ellas un menor de edad,
El ataque armado se perpetró en un bus de transporte de pasajeros de la Cooperativa San Cristóbal, disco 135, que cubría la ruta Guayaquil – Tulcán, mientras circulaba por la carretera Babahoyo – Puebloviejo, a la altura del recinto La Aurora, el vehículo fue interceptado por sicarios a bordo de una camioneta. La emboscada comenzó con una lluvia de balas que hirió gravemente al conductor y a un menor de 6 años de edad, quienes fueron las primeras víctimas.
Tras detener el bus a punta de disparos con fusiles, según la versión de testigos, los sicarios subieron al vehículo y mataron a cuatro personas. La desesperación se apoderó de los sobrevivientes mientras el ataque se desarrollaba.
Hasta el momento no se ha recibido un pronunciamiento oficial sobre el violento hecho, lo que ha generado interrogantes sobre si se trató de un robo que culminó en asesinato o si las muertes fueron el resultado de un multiple ataque selectivo.
La Policía a confirmado que los fallecidos serían miembros de una misma familia, quienes viajaban con dirección a Tulcán.
Hoy en Imbabura 