(Redacción Ibarra).- El Servicio de Rentas Internas (SRI) volvió a encender el debate sobre el costo de la alimentación en Ecuador, al reiterar que decenas de productos de consumo diario están gravados con el 15% de IVA debido a su nivel de procesamiento.
La entidad explicó que únicamente los alimentos en estado natural mantienen tarifa 0%, mientras que cualquier producto procesado o industrializado pasa a estar gravado, incluso si es de consumo cotidiano.
Entre los productos que deben pagar el 15% de IVA se encuentran: jugos de fruta, batidos o refrescos, té o infusiones listas para beber, queso, leches (incluyendo importadas, deslactosadas, descremadas, semidescremadas y saborizadas), crema de leche, leche condensada, manjar de leche, suero de leche, leche maternizada, panes, pan de molde, pasteles, pastillos, postres, tortas, cakes, cupcakes, pancakes, muffins, bizcochos, galletas, barquillos, obleas, rosquitas, pan de pascua, pan de yuca, masa de pan, sopas de fideos, fideos instantáneos, fideos precocidos, sánduches, tostadas, apanadura, empanadas, atún, sardina, macarela, trucha, encebollado preparado, ensaladas preparadas y hamburguesas.
Además, el SRI recordó que también están gravados productos como pulpas, carnes cocidas o marinadas, tofu, sazonadores y mezclas de alimentos procesados.
La institución advirtió que incluso los combos o paquetes pagarán el 15% si uno de sus componentes está gravado, y llamó a los contribuyentes a corregir posibles errores para evitar sanciones.
Esta disposición ha generado preocupación en la ciudadanía, ya que amplía el alcance del IVA a productos habituales en la mesa de los ecuatorianos, reabriendo el debate sobre qué alimentos deberían considerarse realmente básicos dentro de la economía familiar.
(Redacción Ibarra).- El uso de uniformes de fuerzas del orden para cometer delitos se ha convertido en una preocupante modalidad criminal en Ecuador, evidenciando vacíos en el control y comercialización de estas prendas.
El reciente caso ocurrido la madrugada de este domingo evidencia con claridad esta problemática. Manuel Fabián Franco Cedeño, de 42 años, presunto líder del grupo delincuencial organizado “Comando 66”, y Diego Caballero, de 31 años, fueron asesinados al estilo sicariato en el sector de la Cruz Verde, en la intersección de las calles El Retorno y avenida Teodoro Gómez de la Torre. En el lugar, la Policía Nacional encontró a una de las víctimas al interior de la licorería “Montana” y a la otra en el karaoke “Concierto”, ubicado junto al mismo establecimiento. Durante las pericias se levantaron varios indicios balísticos y, horas más tarde, se halló un vehículo presuntamente vinculado al hecho, incinerado en el sector de Los Cañaverales. Lo más alarmante del caso, según videos difundidos en redes sociales, es que los sicarios vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional.
El uso de uniformes policiales o militares para ejecutar robos, secuestros, extorsiones e incluso asesinatos se ha vuelto cada vez más frecuente en el país. La facilidad para adquirir estas prendas agrava la situación. Aunque algunos comercios solicitan credenciales oficiales, en otros la venta se realiza sin mayores controles, tanto en tiendas físicas como a través de internet y redes sociales.
Según datos expuestos en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, solo en 2024 se registraron más de 1.200 denuncias relacionadas con delitos en los que se utilizaron uniformes de instituciones del Estado. Actualmente, no existe una normativa específica que regule su comercialización. Mientras un uniforme completo puede costar entre 200 y 300 dólares, prendas individuales se ofertan desde los 30 a 40 dólares.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el uso indebido de uniformes e insignias oficiales con penas de 15 a 30 días de prisión; sin embargo, no establece controles claros sobre su venta, lo que deja un vacío legal que es aprovechado por estructuras criminales.
Ante esta problemática, en la Asamblea Nacional se analiza una propuesta para modernizar y homologar los uniformes de las fuerzas del orden. Entre las medidas planteadas está la incorporación de códigos QR visibles, personales e intransferibles en los atuendos de policías, militares, agentes de tránsito y bomberos. Esta herramienta permitiría verificar en tiempo real la identidad de los uniformados mediante dispositivos móviles, dificultando así la suplantación.
Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta un escenario cada vez más complejo, donde incluso la imagen de autoridad puede ser utilizada como herramienta para delinquir.
(Redacción Ibarra).- El cuerpo sin vida de Deyran P. C., de 15 años, fue hallado cerca de las 16:30 del jueves 5 de febrero en el sector del Anillo Vial, en la intersección de las calles Latacunga y Calle 5, al norte de Ibarra, según información proporcionada por el ECU 911. Posteriormente, el adolescente fue identificado por sus familiares, quienes lo habían reportado como desaparecido desde la noche del lunes 2 de febrero.
Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Secuestros, Extorsión y Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes. De acuerdo con información preliminar, el caso es tratado como una muerte violenta.
Deyran vivía en el barrio Santa Teresita de Alpachaca y era el hijo menor de Evelyn C. Según el testimonio de su familia, el joven salió de su domicilio alrededor de las 15:00 del lunes 2 de febrero con destino al sector de San Benito de Palermo, donde iba a visitar a unos familiares. Cerca de las 21:00, su teléfono celular se apagó y no se volvió a tener noticias de su paradero.
El jueves 5 de febrero la madre de Deyran, con varios familiares y vecinos recorrieron desde el último lugar donde fue visto el joven y continuaron por el Anillo Vial, desde el redondel de Santa Teresita hasta el estadio La Cocha, en el sector de Lomas de Azaya. Durante la búsqueda, una mujer y un hombre en situación de calle habrían alertado sobre un posible punto donde podría encontrarse el joven. Cerca de ese lugar, entre la maleza, fue localizado el cuerpo con visibles laceraciones en el rostro.
Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, para la realización de las investigaciones forenses correspondientes. Más tarde, fue trasladado a la ciudad de Esmeraldas, donde se practicó la autopsia de rigor, con el objetivo de identificar y recolectar muestras de ADN en el cuerpo.
El cuerpo de Deyran presentaba signos evidentes de violencia, entre ellos el uso de objetos cortantes que habrían provocado lesiones en las extremidades, así como armas blancas, con una posible herida cercana al pecho. Además, se investigó el presunto uso de sustancias químicas, aparentemente ácido, en el rostro, lo que habría sido empleado para dificultar su reconocimiento, según relataron sus familiares.
Con los nombres señalados por vecinos y testigos, la familia logró ubicar a tres sospechosos, quienes fueron trasladados al comando policial. En este punto, no se descartó una presunta participación de los tres implicados en una posible violación grupal.
En el lugar, los tres sospechosos se habrían estado generando acusaciones entre ellos y brindando versiones contradictorias, lo que derivó horas después en que fueran puestos en libertad por disposición de la Fiscalía, debido a que había transcurrido el plazo legal de las 24 horas de flagrancia.
Por su parte, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron públicamente el asesinato de Deyran, a quien identifican como una adolescente trans de 15 años. De acuerdo con la información difundida por la Asociación Silueta X, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ y otros colectivos de la diversidad, el cuerpo presentaba indicios de tortura y violencia severa.
Desde una perspectiva técnica y legal, expresaron su preocupación por lo que califican como una respuesta institucional lenta, indicando que la dilación en los tiempos de búsqueda y captura habría permitido que los sospechosos evadieran la detención en flagrancia. También alertaron sobre la falta de un enfoque de género y diversidad en el tratamiento inicial del caso.
En un comunicado conjunto, exigieron al Estado ecuatoriano que el crimen no sea tratado como un delito común y solicitaron acciones concretas, entre ellas: el respeto a la identidad de género de la víctima en los procesos judiciales y en la cobertura mediática, la ejecución inmediata de órdenes de captura contra los presuntos responsables y garantías de protección para las personas que han brindado información clave. Finalmente, las organizaciones recalcaron que este caso se suma a otros hechos de violencia contra personas trans en el país.
Ante estos hechos, la familia, junto a vecinos y diversos colectivos, anunciaron una marcha pacífica que se realizará esta tarde desde las 15:00, partiendo desde el sector de Santa Teresita de Alpachaca, con el objetivo de exigir justicia y respuestas claras por parte de las autoridades.
(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.
Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.
Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.
En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.
Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.
(Redacción Imbabura).- La Prefectura de Imbabura alcanzó y superó anticipadamente el objetivo de intervención vial proyectado hasta el año 2027. Hasta el momento, la institución ha ejecutado 158 kilómetros de obras viales, entre asfaltados, adoquinados y empedrados, superando la meta inicial de 150 kilómetros, informó el prefecto Richard Calderón durante un conversatorio con los medios de comunicación el miércoles pasado; las obras se ejecutaron en los seis cantones, principalmente en zonas rurales, con una inversión de USD 36,65 millones, y para 2026 se prevén nuevas intervenciones viales, varias de ellas ya cuentan con estudios técnicos.
En el cantón Ibarra se reportan cerca de 30 kilómetros intervenidos, entre los que destaca el asfaltado de la vía Rumipamba–Chirihuasi, ejecutado con una inversión de USD 1,8 millones. Otros cantones también registran avances importantes: Otavalo suma más de 27 kilómetros, Cotacachi 23 kilómetros, Antonio Ante supera los 21 kilómetros y Pimampiro alcanza más de 34 kilómetros de obras viales.
Calderón señaló que uno de los mecanismos clave para cumplir estos objetivos ha sido la ordenanza “Contigo Construimos”, que establece un esquema de coparticipación en el que la Prefectura aporta el 65% del financiamiento y los beneficiarios el 35%. “Pese a las limitaciones presupuestarias, hemos encontrado alternativas que nos han permitido cumplir y superar lo planificado”, afirmó.
Durante el conversatorio también se anunció los proyectos que se ejecutarán en 2026. Entre ellos constan los estudios para la rehabilitación y mejoramiento de la vía Y de Cuicocha–Santa Rosa–Apuela–Aguagrum, en el cantón Cotacachi. Además, se prevé la construcción de la circunvalación del lago San Pablo, una obra de 15 kilómetros con un presupuesto referencial de USD 5 millones, que será financiada a través del Banco de Desarrollo del Ecuador y que apunta a fortalecer la conectividad y el turismo en la zona.
Finalmente, se incluyen en la planificación el mejoramiento vial y la construcción del puente sobre el río Blanco, que conectará Otavalo con la parroquia Quiroga, así como el adoquinado de la vía Sigsiloma–Guaraczapas, en Ibarra, un tramo de 5 kilómetros con una inversión estimada de USD 3,5 millones.
Ante este escenario positivo para la provincia, fue inevitable consultar y conocer de primera mano sobre dos obras viales pendientes e inconclusas en la provincia de Imbabura: el paso lateral de Ibarra y el recurrente deterioro del kilómetro 114, sector El Guadual, en la vía Ibarra–San Lorenzo. Al respecto, el prefecto de Imbabura, Richard Calderón, señaló que estas infraestructuras, clave para el desarrollo y la conectividad provincial, son de competencia directa del Ministerio de Transporte e Infraestructura. No obstante, recalcó que desde la Prefectura de Imbabura existe la predisposición de brindar apoyo técnico y operativo, incluyendo personal especializado y maquinaria, con el objetivo de contribuir a una solución definitiva. Sin embargo, Calderón enfatizó que la ejecución de acciones concretas depende en gran medida de una respuesta y decisión ministerial, ya que solo mediante una coordinación interinstitucional efectiva se podrán aplicar los cambios estructurales necesarios y atender de manera integral estas problemáticas viales que afectan a la provincia.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional informó que, tras un proceso de diálogo técnico y constructivo, se alcanzó un consenso histórico para fijar el Salario Básico Unificado (SBU) del año 2026 en USD 482, lo que representa un incremento de USD 12 respecto al valor vigente. El acuerdo fue anunciado este lunes 15 de diciembre por el Ministerio del Trabajo.
La decisión se adoptó en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, instancia tripartita conformada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, luego de analizar indicadores económicos, sectoriales y laborales, bajo criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar laboral.
Este consenso marca un hito, al ser la primera vez en casi nueve años que el nuevo valor del salario básico se establece mediante acuerdo entre todas las partes, reflejando el crecimiento económico del país y buscando fortalecer el poder adquisitivo de los hogares ecuatorianos.
El ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó que este acuerdo evidencia el compromiso del país con un modelo laboral equilibrado, basado en el diálogo y la corresponsabilidad, y señaló que el incremento salarial apunta a impulsar la productividad, la estabilidad laboral y el crecimiento económico.
(Redacción Ibarra.) – Desde tempranas horas de la mañana, decenas de personas se concentran en las instalaciones de la Gobernación de Imbabura con la esperanza de acceder al Bono Emprende, un incentivo económico de $1.000 impulsado por el Gobierno Nacional para fortalecer pequeños negocios y reactivar la economía local.
Sin embargo, autoridades y usuarios han advertido sobre la circulación de mensajes falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, que ofrecen enlaces para supuestamente postular al bono. Estos enlaces son fraudulentos y buscan robar información personal o cometer estafas digitales.
Una ciudadana contó a nuestra redacción que recibió, a través de un grupo de Telegram, un enlace que ofrecía información sobre el “Bono Emprende”. Al abrirlo, su teléfono comenzó a funcionar con lentitud y varias aplicaciones se cerraron de forma repentina. La página nunca mostró datos oficiales, lo que le hizo sospechar que el enlace podría haber intentado acceder a su información personal o robar datos de su dispositivo.
El Bono Incentivo Emprende está dirigido a emprendedores que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria o que califican como negocios populares, con el objetivo de impulsar la recuperación económica de los sectores más vulnerables. Los fondos pueden destinarse a la compra de insumos, reparación de maquinaria, mejoras en locales o gastos operativos esenciales.
La postulación oficial se realiza únicamente a través de los portales del Ministerio de Producción o del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). No existen gestores, intermediarios ni enlaces externos autorizados.
Ayer se conoció que los recursos iniciales destinados para este bono se habrían agotado, aunque se prevé una nueva asignación en las próximas semanas.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar toda información en canales oficiales y evitar compartir o ingresar a enlaces no verificados para prevenir fraudes y proteger sus datos personales.
(Redacción Imbabura).- La noche de ayer, un camión cargado con quintales de choclo se precipitó a un abismo en la vía Imantag–Atuntaqui.
De acuerdo con información preliminar, el vehículo habría perdido pista debido a la densa neblina y la escasa visibilidad del sector, cayendo por una pendiente de aproximadamente 200 metros de profundidad. En el video remitido a nuestra redacción se aprecia la magnitud del abismo; sin embargo, no se logra visualizar el camión, solo el rastro del cargamento esparcido por la ladera.
Hasta el sitio se desplazó personal de emergencia del ECU 911 y del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de búsqueda y rescate. Según el reporte oficial, se trató de un camión marca Hino que cayó alrededor de 200 metros. Mediante técnicas de recuperación, los rescatistas lograron extraer el cuerpo sin vida de un hombre de 24 años, que quedó bajo custodia de la Policía Nacional para el respectivo levantamiento.
Una persona más resultó herida y fue trasladada al Hospital Básico de Atuntaqui para recibir atención médica. Las autoridades investigan las causas del siniestro.
(Redacción Imbabura).- Durante la audiencia realizada la tarde de ayer, la Fiscalía anunció una reformulación de cargos en el proceso judicial que involucra a las 12 personas detenidas durante las manifestaciones en Otavalo.
El fiscal Galiano Balcázar, encargado del caso, informó que los procesados serán investigados por los presuntos delitos de ataque y resistencia, además de daño al bien público. La autoridad señaló que estos deberán ser demostrados durante el proceso judicial.
Por su parte, la defensa de los acusados rechazó los nuevos señalamientos, asegurando que no existen pruebas que vinculen a sus representados con los delitos mencionados.
La decisión de la Fiscalía se produjo luego de descartar el delito de terrorismo, al no encontrarse elementos que sustenten la acusación presentada originalmente por el Gobierno Nacional, en el contexto del Paro Nacional de 2025.
La audiencia de reformulación de cargos se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, fecha en la que además se dará a conocer el dictamen final sobre el hábeas corpus solicitado a favor de Luis Jácome, que continúa privado de libertad en la cárcel de Ibarra.
(Redacción Imbabura).- La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, denunció una presunta persecución política y judicial en su contra, luego de que la Fiscalía abriera una investigación por presunto financiamiento al terrorismo.
A través de un pronunciamiento público, Vercoutère aseguró que el proceso forma parte de una estrategia estatal para acallar voces críticas y disidentes, especialmente de mujeres, dirigentes indígenas y defensoras de derechos humanos.
La viceprefecta relató que el 21 de septiembre sus cuentas bancarias fueron bloqueadas sin previo aviso, junto con las de otras lideresas sociales. Asegura que no recibió notificación ni se presentaron pruebas, lo que a su criterio constituye una violación al debido proceso.
Días después, el 26 de septiembre, su nombre apareció en redes sociales dentro de una lista de personas investigadas por presunto enriquecimiento privado no justificado. En respuesta, presentó una acción de protección para exigir la restitución de sus derechos, la cual fue negada por la justicia constitucional.
Aunque el 31 de octubre anunció haber conseguido el desbloqueo de sus cuentas, horas más tarde fue notificada nuevamente por un nuevo proceso judicial: financiamiento al terrorismo.
La abogada Sonia Vera, defensora de Vercoutère, aseguró que su clienta ha sido víctima de un patrón de hostigamiento desde que lideró movilizaciones y procesos de defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios.
Entre las acciones denunciadas figuran: Bloqueo arbitrario de cuentas sin orden judicial, procesos penales fabricados por supuestos delitos de terrorismo, vigilancia estatal y hostigamiento físico en Otavalo e Imbabura, estigmatización pública por parte de autoridades y medios afines al Gobierno.
Vercoutère advirtió que este tipo de procesos judiciales “con fines políticos” fomentan el miedo, la autocensura y la criminalización del liderazgo social, e hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen la situación en el país.
“No se trata solo de mi caso —subrayó—, sino del uso del poder judicial para callar a quienes piensan diferente”.
