(Redaccion Ecuador).- El cantón Morona de la provincia de Morona Santiago se convierte en una de las primeras jurisdicciones del país en implementar una ordenanza específica para combatir la contaminación acústica, estableciendo sanciones para motocicletas ruidosas, vehículos sin silenciador y otras fuentes de ruido excesivo.
La normativa entró en vigencia el pasado jueves y prohíbe el perifoneo sin autorización, el uso indebido del claxon, la utilización de altoparlantes con fines publicitarios en espacios públicos y la comercialización de pirotecnia sonora.
Además, la ordenanza contempla multas para conductores de motocicletas y vehículos que circulen sin silenciador o que superen los niveles de ruido permitidos, así como para actividades y eventos que incumplan los límites establecidos de decibeles.
Las sanciones van desde el 25% hasta el 200% del Salario Básico Unificado (SBU), pudiendo incluir suspensiones de actividades, clausuras temporales y, en casos de reincidencia o infracciones graves, el retiro de licencias de funcionamiento.
Las autoridades anunciaron controles permanentes con equipos de medición especializados para verificar el cumplimiento de la normativa y señalaron que esta medida busca mejorar la convivencia ciudadana, proteger la salud pública y reducir la contaminación sonora en el cantón.
(Redaccion Ibarra).- La Alcaldía de Ibarra consolida el plan de inversión educativa más grande de los últimos años con USD 9 millones destinados a intervenir 43 unidades educativas hasta 2027.
Más de 5.500 personas participaron en el Coliseo Luis Leoro Franco durante la firma del convenio entre el Alcaldía de Ibarra y el Ministerio de Educación, acto que marcó el inicio de una nueva etapa de rehabilitación y adecuación de infraestructura escolar.
En esta segunda fase, la administración municipal invertirá USD 3,6 millones para intervenir 18 unidades educativas, fortaleciendo espacios seguros, modernos y adecuados para miles de estudiantes urbanos y rurales.
El alcalde Álvaro Castillo destacó que esta política forma parte de una visión de ciudad que apuesta por la educación como motor de desarrollo social y construcción de oportunidades. La actual administración proyecta alcanzar una inversión histórica de USD 9 millones entre 2023 y 2027, consolidando la intervención de 43 instituciones educativas en todo el cantón. “Cada escuela recuperada representa una familia que vuelve a creer en el futuro. Las ciudades que avanzan son las que deciden invertir en sus niños y jóvenes”, afirmó.
La nueva fase contempla adecuaciones integrales, mejoramiento de baterías sanitarias, cubiertas, espacios deportivos, salas de computación y salas de laboratorio.
A esta intervención se suma una primera etapa ejecutada por la Alcaldía de Ibarra, donde ya fueron rehabilitadas 16 unidades educativas con una inversión cercana a USD 3 millones, beneficiando directamente a miles de estudiantes. Estas acciones marcaron el inicio de un proceso de recuperación de espacios escolares que hoy se consolida como una de las principales apuestas sociales de la administración municipal.
(Redacción Ibarra).– La utilización de plataformas digitales para la compra y venta de productos entre particulares se ha vuelto cada vez más común en el país. En Ibarra, particularmente, este tipo de transacciones ocurre a diario, facilitando que muchas personas ofrezcan o adquieran artículos como implementos deportivos, ropa, repuestos, maquillaje, zapatos, dispositivos electrónicos o incluso distintos tipos de servicios.
Una de las herramientas más utilizadas para este tipo de negocios es Facebook Marketplace, espacio donde miles de ciudadanos publican productos nuevos y usados a precios accesibles. Sin embargo, nuestra redacción recibió reportes de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de robos y estafas tras concretar citas con supuestos vendedores contactados a través de esta plataforma.
Uno de los casos relatados corresponde al de un joven ibarreño que buscaba adquirir una consola de videojuegos. Tras encontrar una oferta de una PlayStation 5 a un precio atractivo, se puso en contacto con el supuesto vendedor y ambos acordaron reunirse en el domicilio indicado para revisar el equipo antes de concretar la compra.
Según el testimonio, el interesado se trasladó hasta el lugar en su vehículo. Al llegar a la ubicación enviada —un sector céntrico de la ciudad—, fue interceptado por el presunto vendedor, quien se subió al automóvil y le indicó que su domicilio se encontraba unos metros más adelante.
Sin embargo, al percatarse de que estaba ingresando a una calle sin salida, la víctima comenzó a sospechar y se produjo un forcejeo con el supuesto vendedor. En ese momento, al menos tres personas más aparecieron en el lugar y rodearon el vehículo. Los individuos lo intimidaron con un arma blanca y procedieron a sustraerle su teléfono móvil, el reloj, la billetera con el dinero destinado para la compra y la radio del automóvil. Antes de huir, arrojaron las llaves del vehículo hacia la maleza, aparentemente para impedir que la víctima pudiera perseguirlos.
En otro testimonio recogido por nuestra redacción, se menciona una modalidad similar utilizada por supuestos vendedores. En estos casos, citan al interesado en un espacio público para mostrarle un teléfono móvil en venta. Tras permitirle revisar el dispositivo, le indican que el dinero para la compra se encuentra en un vehículo cercano y le piden que se acerque hasta allí para concretar el pago. Es en ese momento cuando varios sujetos aparecen y lo abordan, procediendo a robarle sus pertenencias antes de huir del lugar.
Otro caso reportado corresponde al de una joven que, tras acordar la compra de varias prendas de vestir a través de Marketplace, aceptó realizar una transferencia bancaria desde Ibarra para que la supuesta vendedora —quien afirmaba encontrarse en otra ciudad— enviara la mercadería por medio de una empresa de encomiendas. Sin embargo, la compradora asegura que, después de efectuar el pago, recibió un comprobante de envío que posteriormente se comprobó que era adulterado. La mercadería nunca llegó a su destino y, poco tiempo después, el perfil de la supuesta vendedora fue eliminado de la plataforma, dejando a la víctima sin posibilidad de contacto ni devolución del dinero.
Casos de este tipo han generado preocupación entre usuarios que recurren a plataformas digitales para concretar compras directas. Ante esta situación se recomiendan extremar precauciones al momento de realizar este tipo de transacciones: verificar la identidad del vendedor, revisar con detenimiento su perfil y su historial en la plataforma, acordar encuentros en lugares públicos y concurridos y, de ser posible, acudir acompañado para reducir riesgos.
(Redacción Otavalo).- La situación legal de la alcaldesa de Otavalo podría complicarse tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que confirmó haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Imbabura por un presunto delito contra el agua, en relación con la crítica situación ambiental del lago San Pablo.
El comunicado, emitido el lunes 6 de mayo, también ratifica que el municipio de Otavalo y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-O) se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo sancionador abierto por el mismo Ministerio, a la que se suma esta denuncia penal por delitos contra el agua, tipificada en artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes contaminen, desequen o alteren cuerpos de agua y recursos hidrobiológicos, provocando daños graves al ambiente.
Como parte del proceso sancionador, el MAATE espera que en un plazo máximo de quince días, se entreguen los resultados de los análisis realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), los cuales serán incorporados como elementos probatorios en la causa administrativa que lleva adelante el Ministerio.
Por su parte, la Fiscalía será la encarga de recoger las pruebas, elementos de convicción, informes técnicos, testimonios y demás elementos necesarios para determinar el grado de responsabilidad de los actuales administradores de la ciudad, como de la Empresa de Agua Potable de Otavalo y los posibles involucrados en este delito penal.
Como antecedente, un caso similar se registró en Cuenca, en el año 2019. En esa ocasión, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay encontró culpable a Lorenzo C., quién contaminó gravemente el agua de la quebrada Cachihuayco y alteró con esto su estado natural, dentro de las sanciones el ciudadano enfrentó una pena privativa de libertad de tres años, además debió cumplir con medidas de reparación integral como la limpieza del área afectada, la siembra de 1.000 árboles y disculpas públicas en medios de comunicación y espacios comunitarios.
Según el COIP, contaminar o alterar cuerpos de agua es considerado un delito ambiental grave. En caso de comprobarse la responsabilidad de los actuales funcionarios municipales, las sanciones podrían escalar hasta afectar directamente a las autoridades responsables del manejo de los sistemas de tratamiento de agua residual que se descargan en este lago.
El futuro del caso dependerá del avance de las investigaciones y del informe técnico que emitirá ARCA en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía y colectivos ambientales exigen respuestas claras y acciones concretas para proteger el lago San Pablo, frente al silencio de la Alcaldía de Otavalo, que hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, generando desconcierto e incertidumbre en la población.
Hoy en Imbabura 