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Las elecciones del Sindicato de Choferes Profesionales de Imbabura, nuevamente en el «ojo del huracán»

(Redacción Imbabura).- El proceso electoral del Sindicato de Choferes Profesionales de Imbabura, realizado el pasado fin de semana, estuvo marcado por denuncias e irregularidades. Días antes de los comicios, el concejal de Ibarra y hasta entonces secretario general del Sindicato, Edwin Vásquez, fue notificado de que su candidatura a la reelección no había sido calificada por el Tribunal Electoral del gremio, generando controversia. Vásquez presentó una acción de protección ante la justicia para frenar las elecciones. Un juez de Imbabura (Jhonny Gustavo Palacios Soria) acogió la acción y ordenó suspender el proceso electoral previsto para el sábado 5 de abril de 2025​. Sin embargo, el Tribunal Electoral del sindicato decidió continuar con las votaciones a pesar de dicha orden judicial, argumentando apego a sus estatutos internos, por lo que los comicios se llevaron a cabo en medio de un clima tenso y de incertidumbre jurídica.

No es la primera vez que una elección de este gremio se judicializa. Ya en 2019, los comicios fueron suspendidos por orden de un juez tras impugnaciones legales de los candidatos, debiendo postergarse hasta el año siguiente​. Asimismo, tras las elecciones de 2015, un grupo de socios inconformes legó a tomarse las instalaciones del sindicato en protesta, denunciando irregularidades en el proceso y en la gestión de la directiva vigente​. En aquel entonces, incluso se presentó una acusación penal por un supuesto secuestro de funcionarios durante la ocupación, lo que evidencia el historial de conflictos poselectorales en la institución​. En esta última elección de 2025, a pesar de las acciones judiciales en curso, finalmente se logró realizar el escrutinio. Según reportes locales, los resultados dieron un estrecho triunfo a la Lista 1, y las demás candidaturas aceptaron los cómputos preliminares, aunque no se descarta que las disputas legales continúen en los tribunales en las semanas posteriores. Los socios del gremio esperan que, superada la pugna electoral, la nueva directiva pueda trabajar con normalidad y recuperar la estabilidad institucional.

Edwin Vásquez Mera estuvo al frente del Sindicato de Choferes de Imbabura durante 16 años consecutivos, periodo en el que obtuvo cuatro reelecciones seguidas. Su liderazgo comenzó en 2009 (tras suceder a Milton Ramírez) y se extendió hasta 2025, convirtiéndolo en uno de los dirigentes gremiales de más larga data en la provincia. Bajo su gestión, el sindicato logró importantes avances institucionales. En 2018, por ejemplo, la entidad obtuvo la acreditación nacional para brindar servicios de capacitación profesional a conductores, tras una evaluación de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones. Esto permitió reactivar la escuela de conducción del sindicato –que años atrás había estado envuelta en escándalos por presunta venta de licencias– y ofrecer nuevamente cursos de perfeccionamiento a nivel local y nacional. Gracias a esta legitimación, hacia 2018 unos 800 alumnos se formaban en la escuela de conducción, incluso con programas de recuperación de puntos de licencias​. Otro logro destacado de la administración Vásquez fue la adquisición de un nuevo predio de 4.500 m² en Ibarra para ampliar la infraestructura del gremio y eventualmente construir un centro de capacitación más moderno. Estos hitos, junto con la estabilidad administrativa, fueron presentados por sus partidarios como indicadores del fortalecimiento institucional logrado en su mandato.

No obstante, la prolongada permanencia de Vásquez en el poder también generó controversias y críticas. En las elecciones de diciembre de 2015, su lista ganó por escaso margen –346 votos contra 325 de su principal contendor, Napoleón Játiva– lo que desató denuncias de fraude y protestas por parte de la oposición interna​. A inicios de 2016, un grupo de socios descontentos llegó a ocupar pacíficamente la sede sindical exigiendo una asamblea para tratar su malestar con la dirigencia, a la que acusaban de irregularidades administrativas​. Aquella crisis terminó con la intervención policial y la detención temporal de dirigentes opositores, evidenciando la polarización dentro del gremio.

En años posteriores, cada proceso electoral sindical bajo la dirección de Vásquez estuvo marcado por impugnaciones legales: en 2019, su entonces rival Abdón Cervantes impugnó el proceso logrando frenarlo temporalmente en tribunales​, y en 2024-2025 ocurrió algo similar con la acción judicial que buscó impedir los comicios. Críticos acusaron a Vásquez de aferrarse al cargo y no dar paso a la renovación dirigencial, señalando un “continuismo” en el poder. De hecho, durante su gestión, Edwin Vásquez también incursionó en la política local: en 2023 fue elegido concejal de Ibarra por el partido Avanza, aprovechando su proyección como líder sindical. Este rol dual de político y dirigente gremial generó roces; algunos opositores dentro del sindicato cuestionaban si podía atender ambos frentes sin conflictos de interés. Vásquez, por su parte, siempre defendió su administración señalando mejoras en beneficio de los choferes y atribuyendo las denuncias en su contra a disputas de poder internas. Con su salida tras 16 años, deja un sindicato con logros en capacitación y patrimonio, pero también con el reto de recomponer la unidad luego de años de divisiones.​

El pasado fin de semana, Cristóbal Moncayo Taboada fue electo como nuevo Secretario General del Sindicato de Choferes de Imbabura, poniendo fin a la era de Edwin Vásquez. Moncayo obtuvo 284 votos, imponiéndose por un estrecho margen sobre sus contendientes Abdón Cervantes (262 votos), Fausto Vásquez (141) y Mario Esparza (101). Su victoria en unos comicios muy disputados le otorga el mando del gremio para el período 2025–2029. Moncayo no es ajeno al sindicato: es un dirigente de larga trayectoria en la institución. En elecciones anteriores se había desempeñado como presidente del Tribunal Electoral del sindicato​, lo que le dio experiencia en la organización interna y en la normativa gremial. También encabezó la Lista 1 en esta contienda, rodeado de colaboradores cercanos al directorio saliente, aunque durante la campaña enfatizó la necesidad de cambio y reconciliación entre los choferes tras las disputas de los últimos años, su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito sindical y profesional del transporte.

Moncayo llega a la Secretaría General con varios retos inmediatos. El principal desafío será unificar al gremio después de un proceso electoral tan polarizado. Deberá tender puentes con la facción de Abdón Cervantes y otros grupos que han sido opositores al régimen anterior, para así evitar nuevas fracturas internas. Asimismo, enfrenta la posible judicialización pendiente: la acción de protección impulsada por Edwin Vásquez podría seguir su curso legal, por lo que Moncayo tendrá que lidiar con eventuales fallos judiciales que intenten revertir o cuestionar su elección.

En cuanto a la gestión, prometió mantener y mejorar los logros alcanzados en capacitación de conductores; esto implica consolidar la reciente acreditación nacional de la escuela de manejo del sindicato y quizás ampliar la infraestructura educativa aprovechando el terreno adquirido en 2018. También ha ofrecido mayor transparencia administrativa y reformar estatutos si es necesario para evitar vacíos legales como los que permitieron reelecciones indefinidas.

Algunos observadores señalan que su triunfo podría significar un “continuismo” de la era Vásquez, dado que Moncayo formó parte del aparato sindical anterior. Sin embargo, en sus primeras declaraciones el nuevo dirigente ha asegurado que actuará con independencia y que “se viene una nueva etapa” para el sindicato, enfocada en el bienestar de los socios. Entre sus propuestas están impulsar convenios para mejorar la seguridad social de los choferes, programas de educación vial para sus agremiados y gestionar apoyo público para proyectos del gremio a nivel provincial.

La tarea que tiene por delante Cristóbal Moncayo no es menor: deberá demostrar con hechos que puede romper con las prácticas cuestionadas del pasado cuando sea necesario, sin descuidar los aciertos logrados. Su éxito dependerá de lograr pacificar al sindicato, modernizar la gestión y responder a las necesidades de aproximadamente 1.000 miembros (entre socios activos y jubilados) que conforman el gremio de choferes profesionales de Imbabura. Los próximos meses serán clave para ver si Moncayo consolida su liderazgo con legitimidad y si cumple las expectativas de renovación que muchos conductores de la provincia demandan tras 16 años de la misma administración.

¿Quiénes son y cuál es la experiencia de los nuevos asambleístas de Imbabura?

(Redacción Imbabura).- En el marco de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo 9 de febrero de 2025, con la totalidad de actas escrutadas, se confirma la asignación de los cuatro escaños para la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Imbabura.
Pamela Aguirre, del movimiento RC5, obtiene el primer escaño, consolidándose como la candidata con más votos. En segundo lugar, se ubica Fernando Jaramillo del movimiento ADN; Fernando de la Torre, también de Revolución Ciudadana (RC5), se adjudica el tercer curul, mientras que Pablo Jurado, del movimiento Construye, ocupará el cuarto escaño.

A continuación, presentamos el perfil de los nuevos asambleístas que representarán a nuestra provincia para el siguiente período legislativo.

Pamela Alejandra Aguirre Zambonino (41 años)
Asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana RC5
Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito político; se graduó en 2013 como Licenciada en Ciencias Jurídicas y Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en 2020 obtuvo una Maestría en Asesoría de Imagen y Consultoría Política por la Universidad Camilo José Cela.
En el sector legislativo se desempeñó en 2014 como Secretaria Relatora de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en la Asamblea Nacional; un año después asumió el rol de asesora en la Comisión Especializada Ocasional de Enmienda Constitucional en la Asamblea Nacional. En 2016, continuó su labor como asesora de asambleísta en la Asamblea Nacional.
Aguirre también ha formado parte de espacios internacionales, integrando desde 2018 la Plataforma Interamericana de Mujeres Líderes en Educación Superior. Entre 2017 y 2020, ejerció como parlamentaria andina y en el periodo 2021-2023 fue elegida como asambleísta nacional por la provincia de Imbabura.

Roberto Fernando Jaramillo Martínez (49 años)
Asambleísta por el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN)
Es abogado y docente universitario; obtuvo su licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas en 2003 en la Universidad Técnica Particular de Loja. En 2004 se graduó de abogado y, en 2006, alcanzó el título de Doctor en Jurisprudencia en la misma universidad.
Entre 2009 y 2013, ejerció como docente universitario en la Universidad Técnica del Norte y fue presidente del Colegio de Abogados de Imbabura entre 2018 y 2020.
Desde 2023 es asambleísta en representación de la provincia de Imbabura.

Fernando de la Torre (46 años)
Asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana RC5
Con una formación en Agronegocios Avalúos y Catastros por la Universidad Técnica del Norte, Fernando se graduó en el año 2010. Su trayectoria comunitaria comenzó en 2013 como coordinador en el Plan de Alfabetización Dolores Cacuango en la parroquia Ilumán de Otavalo y el cantón Cotacachi.
También ha dirigido la Junta de Agua Potable de la parroquia Ilumán. En 2019 participó activamente en el Proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura, un esfuerzo clave para mejorar el acceso de este recurso a varios sectores de la provincia.

Pablo Aníbal Jurado Moreno (64 años)
Asambleísta del Movimiento Construye
Cuenta con una larga gestión pública. Fue alcalde de Ibarra entre 2005 y 2009. En 2010 obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Información en la Universidad Central del Ecuador, y en 2017 se graduó como abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja.
Su experiencia en administración provincial se consolidó al ser electo prefecto de Imbabura durante casi una década, desde 2014 hasta 2023. Además, en 2023 obtuvo una Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja.

Con estos resultados, la provincia define sus representantes en la Asamblea, quienes asumirían el reto de cumplir con las demandas ciudadanas para este nuevo período 2025-2029.

Conozca las multas si usted infringe la ley seca, hace proselitismo político y no asiste a votar.

(Redacción Imbabura).- De cara a los comicios electorales de este domingo 9 de febrero de 2025, los 13.736.314 electores habilitados en todo el territorio ecuatoriano asistirán a las urnas a votar; el Consejo Nacional Electoral, la entidad encargada de toda logística electoral en un correcto ejercicio democrático y transparente, aplica anticipadamente algunas medidas como el silencio electoral y la ley seca.

Multas por infringir el silencio electoral:

El silencio electoral, una figura vigente en el artículo 291 del Código de la Democracia, estipula que, tras el periodo correspondiente a treinta días de campañas electorales de los 16 binomios presidenciales de los diferentes movimientos y partidos políticos, está prohibida la difusión, publicidad electoral, opiniones o imágenes vertidas en medios de comunicación y medios digitales que induzcan de manera deliberada a los electores a cualquier posición o preferencia electoral. Tampoco los candidatos pueden asistir a eventos o inauguraciones de obras u otros, financiados con fondos públicos, mientras el periodo de silencio electoral se encuentre vigente.

El silencio electoral rige cuarenta y ocho horas antes de los comicios, exactamente el viernes siete de febrero, y se extiende hasta las cinco de la tarde del domingo, al cierre de los recintos electorales. Durante este tiempo los ciudadanos descansan del proselitismo político cuando de medios de comunicación nos referimos, debido a que la situación es diferente en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, etc., donde aún no existe una norma específica para el control de estas plataformas. El incumplimiento del silencio electoral por parte de la ciudadanía, será sancionado con multas del cincuenta por ciento del salario básico unificado, alrededor de doscientos treinta y cinco dólares, si realizan actos de propaganda dentro y fuera de recintos electorales.

Multas por infringir la ley seca:

La ley seca consta en el artículo 123 del Código de la Democracia, que determina que «durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce horas después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas».  Desde el mediodía del viernes 7 de febrero hasta el mediodía del 10 de febrero, la ley seca entra en vigencia; esta medida aplica a bares, centros nocturnos, discotecas, licorerías, restaurantes, supermercados, tiendas de barrio, etc. .

Infringir esta ley conlleva una multa del cincuenta por ciento del salario básico unificado, que en este año 2025 corresponde a 235 dólares y se aplicará bajo dos instancias. A quienes expendan y consuman bebidas alcohólicas en días de prohibición, como también a aquellos ciudadanos que ingresen a los diferentes recintos electorales a sufragar en estado de embriaguez.

Multas por no asistir a votar en elecciones:

El voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años de edad; no sufragar representa una multa del diez por ciento del salario básico unificado, es decir, cuarenta y siete dólares.

Multas por ausencia en junta receptora del voto

Si no asiste a conformar su junta receptora del voto, debe pagar el valor de setenta con cincuenta dólares o lo equivalente a quince por ciento de un salario básico unificado. Al integrar las juntas receptoras del voto, se debe permanecer en la mesa designada durante toda la jornada electoral. El abandonarla sin justificación le expone a una multa de diez a veinte salarios básicos unificados, una multa de entre 4.700 y 9.400 dólares. Por esta razón, si necesita ausentarse de la mesa por un motivo urgente, debe comunicarlo inmediatamente al presidente de mesa y solicitar permiso.

Quienes no se capaciten tendrán una sanción de cuarenta y siete dólares, que equivale al diez por ciento de un salario básico unificado.

Las sanciones a los ciudadanos que incumplan con estas disposiciones están a cargo del Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de estos comicios electorales; paralelamente, la Policía Nacional es la encargada de realizar los diferentes operativos de control y de emitir las citaciones a los ciudadanos.

En caso de haber incurrido en una multa, el ciudadano sí podrá ejercer su derecho al voto; la multa se acumulará para el siguiente proceso electoral y deberá ser cancelada en la delegación electoral de su provincia.

Si usted desconoce su situación frente a alguna multa o sanción o desea consultar su recinto electoral, puede ingresar al portal web del Consejo Nacional Electoral con su número de cédula y fecha de nacimiento; de este modo sabrá su lugar de votación o si tiene valores pendientes de pago.

Ecuador ha tenido 5 procesos electorales en menos de 2 años ¿Cuál fue el costo de estos procesos?

(Redacción Ecuador).- Este domingo 09 de febrero los ecuatorianos volveremos nuevamente a las urnas para elegir, presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales y provinciales, así como también parlamentarios andinos. Pero, las elecciones en Ecuador se han vuelto repetitivas que, en estos últimos 2 años, hemos ido a votar en 5 oportunidades.

Estos constantes llamados a elecciones representan un gasto significativo de dinero para el estado, que nos hacen preguntar ¿Qué se pudo haber hecho con estos recursos en beneficio del país?

Revisaremos a continuación los costos de los 5 procesos electorales y su impacto en la economía del país.

1.- Elecciones seccionales 2023 (5 de febrero): Se eligieron 23 prefectos, 23 vice prefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales y 4,084 vocales principales de las juntas parroquiales. Ese mismo día tuvo lugar un Referéndum constitucional con ocho preguntas, planteadas por el Gobierno de Guillermo Lasso, el costo de este proceso electoral fue de 100 millones de dólares.

En mayo del 2024, Lasso escogió el camino de la Muerte Cruzada, con la que acortaba su periodo y nuevamente se debían a convocar a elecciones.  

2.- Elecciones Generales Anticipadas de 2023 primera vuelta (20 de agosto): se eligió presidente, vicepresidente y asambleístas, además nuevamente fuimos consultados en temas relacionados a la explotación petrolera en Parque nacional Yasuní. Este proceso en primera vuelta costó 90 millones de dólares.

3.- Elecciones Generales Anticipadas de 2023 segunda vuelta (15 de octubre): Daniel Noboa resultó electo presidente, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia del país, quien llegaba a completar el periodo que dejó Guillermo Lasso, el costo del proceso electoral fue de 30 millones de dólares.

4.- Consulta popular de 2024 (21 de abril): La papeleta de votación constó de once preguntas para que los votantes puedan aprobar o rechazar sobre temas de importancia nacional, referentes a la seguridad, la justicia y el confiscarles los bienes a las personas vinculadas a los delitos de corrupción, tráfico de drogas entre otras.  Esta Consulta Popular, costó 25 millones de dólares

5.- Elecciones Presidenciales 2025 primera vuelta (09 de febrero): Los ecuatorianos elegiremos en las urnas a presidente y vicepresidente, 5 representantes al Parlamento Andino y a los 151 representantes a la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029, el costo de este proceso electoral es de 61 millones de dólares, en el caso de que uno de los dos candidatos obtenga más del 50.1% de votos totales o una diferencia del 10% ante su competidor más cercano, se podrá declarar la victoria presidencial en una sola vuelta, evitando que los ecuatorianos volvamos a las urnas el 31 de abril del 2025.

En el caso de que no se genere esta brecha, se realizarán las elecciones en segunda vuelta con un costo de 30 millones de dólares.

En resumidas cuentas, si sumamos los diferentes montos destinados para los cinco procesos electores, tres en 2023, uno en 2024 y el actual proceso que se llevará a cabo el 9 de febrero, se han gastado 306 millones de dólares.

Según datos del CNE, el padrón electoral promedio entre todas las elecciones ha sido de 13 millones de votantes, tomando en referencia el último corte de padrón electoral de este año 2025, seremos 13 736 314 millones de votantes lo que significa que cada votante aportó $22.23 en estos procesos electorales.

El costo de la democracia a los ecuatorianos nos ha pasado una factura bastante grande, la inestabilidad política ha generado un gasto extra en el presupuesto general del estado, que no estaba considerado.  

Con estos $306 millones en salud se podrían haber construido aproximadamente 8 hospitales modernos con un presupuesto de 33 millones cada uno, adquisición de 1,748 mil ambulancias tipo 1 con un costo de 175,000 dólares por unidad.

En educación, se podrían otorgar más de 382,500 becas de estudio por un valor anual de 800 dólares, en obra pública, se podrían construir más de 204 km de vías, con un costo de 1,5 millones por km de construcción.

Se podría construir una hidroeléctrica como la de Manduriacu, que genere alrededor de 65MW y con esto prevenir una nueva crisis energética con un costo aproximado de 223 millones de dólares.

Hervas y Yaku deberán devolver el 50% del fondo de promoción electoral por no alcanzar los votos mínimos, Armijos se salvó por ser su primera elección

(Redacción Imbabura).- El Código de la Democracia prevé en el artículo 223.1 que, el candidato que recibió financiamiento público a través del Fondo de Promoción Electoral, debe devolver el 50% del monto entregado luego de la segunda elección cuando no haya obtenido al menos un 4% de los votos válidos en la respectiva dignidad.

Este es el caso de los candidatos Yaku Pérez y Xavier Hervas que obtuvieron el 3.80% y 0.48% de los votos, quienes tendrán que devolver USD $185.546 y USD $154.621 respectivamente, Bolivar Armijos quien obtuvo una votación menor no deberá devolver los fondos en vista de que fue su primera participación.

El reintegro de los recursos públicos debe efectuarse dentro de los 90 días contados a partir de la fecha en que se encuentre en firme la resolución del Consejo Nacional Electoral. En caso de no cumplirse, el CNE ejercerá su potestad coactiva.

Avanza Imbabura define a sus candidatos para las elecciones anticipadas 2023

(Redacción Ibarra).- El Partido Político Avanza en Imbabura, fue el primero que este sábado realizó las elecciones primarias para definir las candidaturas frente a las elecciones extraordinarias a realizarse este agosto próximo. Luego de un proceso de democracia interna y bajo la supervisión del CNE Imbabura, se determinó la lista que cursará estas próximas elecciones.

La lidera Lucía Posso, ex candidata a Prefecta y ex concejala de Ibarra, su alterna será la ex candidata a la alcaldía de Otavalo Lourdes Altalima, le sigue en la lista el otavaleño Nelson Velásquez y su alterno el artista ibarreño Franz del Castillo, la ex concejala por el correismo Inés Almeida y su suplente Karen Mendoza y finalmente Juan Manuel Córdova y su suplente Josue Alencastro.

En su intervención determinaron además que el partido Avanza apoyará en la candidatura a presidente a Otto Sonnenholzner del que aún se desconoce porque partido político cursará estas próximas elecciones.

César Escobar fue electo alcalde de Antonio Ante

(Redacción Antonio Ante).- César Escobar se convierte en el nuevo alcalde del cantón Antonio Ante, con más del 76% de votos escrutados.

El Tcnl (S.P.) de la Policía Nacional César Javier Escobar cuenta con 25 años de trayectoria, fue Jefe y fundador de unidades especiales de Investigación e Inteligencia a nivel nacional, trabajó además en las provincias de Imbabura, Pichincha, Guayas,  Carchi entre otras, además fue jefe y encargado de la Gestión Operativa en el Distrito Ciudad Blanca y Subzona Imbabura año 2018.  

Escobar asumirá la alcaldía hasta el año 2027.

Richard Calderón Saltos electo como Prefecto de Imbabura para el periodo 2023 – 2027

(Redacción Imbabura).- Richard Calderón Saltos se convierte en el Prefecto de Imbabura por la Revolución Ciudadana RC5 al mantenerse la diferencia y el margen de votos escrutado el 56% de actas de toda la provincia.

Richard Calderón fue alcalde de Antonio Ante y ahora se convierte en el nuevo prefecto de la provincia, su binomio es Paolina Vercoutere, quien asumirá el cargo de viceprefecta de Imbabura.

En rueda de prensa, Calderón manifestó “Estamos listos para asumir este gran reto de trabajo por toda la provincia de Imbabura, estamos listos para este trabajo y lo haremos con el amor y el cariño para Imbabura” manifestó.

Cotacachi, Pimampiro y Urcuquí definieron ya sus alcaldes, Otavalo, Antonio Ante y la Prefectura de Imbabura siguen en disputa

(Redacción Imbabura).- Los resultados electorales del cantón Urcuquí, determinan escrutado más del 24% de actas que el virtual alcalde sería Jorge Manrique de la Revolución Ciudadana listas 5.

Por su parte en el cantón Pimampiro, Óscar Narváez se consolida como el alcalde electo de este cantón con más del 44% de votos.

En Cotacachi, el ex alcalde Jomar Cevallos retoma las riendas del cantón consagrándose como el virtual alcalde electo con el 35.92% de los votos.

Los demás cantones de la provincia al tener votación más cerrada se definirán las alcaldías cuando se realice el conteo al menos del 90% de los votos, estos son Otavalo y Antonio Ante.

En el caso de la Prefectura será de la misma manera, en vista de la cercanía entre Richard Calderón y Lucía Posso.

Candidata a la alcaldía por la Revolución Ciudadana, en los ojos de la Contraloría

(Redacción Ibarra).- Luego de varios meses de conocerse el informe del Concejo Municipal sobre la gestión de la ex concejal Tania Chamorro, este informe llegó a conocimiento de la Contraloria General del Estado, mismo que deberá iniciar con un examen especial tomando como referencia lo hallado por la Comisión de Mesa.

El pedido de esta auditoria fue solicitado por la concejal Myrian Salgado quien el pasado 3 de agosto pidió la valoración del desempeño de la ex concejala y ahora candidata a la Alcaldía de Ibarra, adicionalmente a esto se reestructuró la comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, de la que Chamorro era presidenta.

Según el informe expuesto ante el cuerpo colegiado, en 2019, la ex edil, de tres sesiones, asistió a dos y faltó a una.

En 2020, se realizaron seis sesiones, asistió a una y faltó a 5 sin presentar una justificación. En lo que respecta al 2021, se efectuaron 21 sesiones, asistió a 10 y faltó a 11, de las cuales solo de dos presentó excusas. En 2022, hubo 13 sesiones, asistió a una, faltó a 12 sin presentar justificación y justificó 2. Sobre las presentaciones de iniciativas legislativas, la exconcejal, desde el 2019 hasta este año, señala el documento, no presentó ninguna iniciativa, en esa comisión.

Por su parte el Colectivo Ciudadano -Ibarra Reacciona- solicitó mediante oficio que sea analizada la actuación no solo de la ex concejala Chamorro sino también de los actuales concejales que buscan un puesto de elección popular.

“No es posible que existan aún personas que quieran seguir en el cargo cuando no han asistido a reuniones o se han pasado faltando a cumplir su trabajo, la Concejala Ayala, el Concejal Lomas deben transparentar su actuación para exigir el voto” afirmó Nestor Rivadeneira representante del colectivo.

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