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Imbabura cierra 2025 entre crisis política y la llegada de un nuevo gobernador

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(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Paro 2025

Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.

La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.

Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:

En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.

Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:

Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.

Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.

El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.

Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :

En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.

Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.

Imbabura le dijo NO a las 4 preguntas de la Consulta Popular y Referéndum 2025

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(Redacción Imbabura).- Al corte de las 20:15 de este domingo 16 de noviembre de 2025, los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral muestran una marcada inclinación del electorado hacia el NO en las cuatro preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2025. Con más de la mitad de las actas procesadas, la tendencia se mantiene estable en toda la provincia.

Según los datos oficiales, el Casillero A registra un 69,99 % por el NO, frente a un 30,01 % por el Sí. En el Casillero B, la ventaja del NO alcanza el 66,2 %, mientras que el Sí acumula el 33,8 %. La misma tendencia se refleja en el Casillero C, donde el NO llega al 62,64 %, frente al 37,36 % del Sí. Finalmente, en la Consulta Popular del Casillero D, el NO obtiene su resultado más alto con un 70,03 %, dejando al Sí con el 29,97 %.

En cuanto al avance del escrutinio, las cuatro preguntas cuentan con un total de 1.231 actas cada una. Hasta el momento, el CNE reporta que las actas validadas oscilan entre el 50 % y el 61 %, mientras que una parte importante aún se encuentra con novedades o pendientes de revisión. El Casillero D es el que mayor avance presenta, con 753 actas validadas y 123 con novedades.

Los 31 días de paro afectaron de forma severa la movilidad, el comercio y el turismo en la provincia, sin que según diversos sectores existiera una respuesta oportuna de las autoridades para mitigar el impacto. Comerciantes, transportistas y emprendedores aseguran que la paralización representó un retroceso significativo en la productividad y dejó consecuencias directas en su estabilidad económica.

A este malestar se suma la molestia generada por la pérdida del feriado del 9 de octubre, una fecha clave para la dinamización turística y comercial en la provincia. El aislamiento de Imbabura durante ese periodo provocó que hoteles, restaurantes y otros servicios quedaran sin visitantes, afectando de manera directa a miles de familias que dependen de los ingresos generados en esos días. Aunque el Gobierno promovió acciones para impulsar la reactivación durante el feriado de noviembre, los resultados no habrían alcanzado las expectativas locales. La ciudadanía sostiene que estos esfuerzos no compensan los daños acumulados ni responden a las necesidades reales del sector productivo, que continúa intentando recuperarse sin un respaldo suficiente.

Ley seca regirá en todo el país en el marco de las elecciones de este domingo

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(Redacción Imbabura).- En el marco de las elecciones que se desarrollarán este domingo en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que se aplicará ley seca a nivel nacional como parte de las medidas obligatorias establecidas para garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y sin interferencias.

De acuerdo con el Código de la Democracia, la restricción inicia 36 horas antes del día de los comicios y se mantiene hasta 12 horas después. Para esta jornada, la medida regirá desde las 12h00 del viernes y se extenderá hasta las 12h00 del lunes. Durante ese periodo queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, tiendas, bares, restaurantes y cualquier establecimiento comercial.

El CNE aclaró que el incumplimiento de la ley seca conlleva sanciones económicas. Quienes expendan o consuman bebidas alcohólicas durante la vigencia de la prohibición, o quienes intenten ingresar a los recintos electorales en estado etílico, se enfrentarán a una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU).
Para 2025, el SBU en Ecuador es de USD 470, por lo que la sanción asciende a USD 235.

Además, los establecimientos que violen esta disposición podrían enfrentar sanciones adicionales, incluyendo clausuras temporales o definitivas según la gravedad de la infracción.

La Policía Nacional y los gobiernos locales ejecutarán operativos de control desde este viernes para garantizar el cumplimiento de la norma en todo el territorio. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respetar las disposiciones vigentes durante este proceso electoral

Fin de la era Vásquez en el Sindicato de Choferes de Imbabura tras acción judicial negada

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(Redacción Imbabura).- Aunque las elecciones del Sindicato de Choferes de Imbabura se llevaron a cabo el pasado 5 de abril de 2025, recién se conoce que la acción de protección presentada por el concejal Edwin Vásquez Mera para frenar el proceso fue negada, confirmando la proclamación de Cristóbal Moncayo como nuevo secretario general y marcando el fin de los 16 años de liderazgo de Vásquez al frente del gremio.

Días antes de los comicios, el Tribunal Electoral del Sindicato descalificó la candidatura de Vásquez para la reelección, lo que generó controversia y tensión entre los socios. En respuesta, Vásquez, quien también es concejal de Ibarra y hasta entonces secretario general del sindicato, presentó una acción de protección que, en primera instancia, fue acogida por el juez Jhonny Gustavo Palacios Soria, ordenando la suspensión de las elecciones.

A pesar de esta decisión judicial, el Tribunal Electoral del sindicato decidió continuar con las votaciones, alegando que sus estatutos internos respaldaban la realización del proceso, lo que derivó en un clima de incertidumbre.

Tras la apelación, la justicia revocó la sentencia de primera instancia y negó la acción de protección, concluyendo que no se vulneraron los derechos constitucionales de participación, debido proceso ni seguridad jurídica. La resolución emitida dejó sin efecto la suspensión de las elecciones y ratificó la validez de los comicios, habilitando a la lista encabezada por Cristóbal Moncayo para asumir la conducción del Sindicato.

Edwin Vásquez Mera dirigió el Sindicato de Choferes de Imbabura durante 16 años consecutivos (2009–2025), tras suceder a Milton Ramírez, y logró cuatro reelecciones seguidas, consolidándose como uno de los dirigentes gremiales de mayor trayectoria en la provincia. Con el fallo judicial y la proclamación de resultados Vásquez ya no podrá postularse en futuros procesos electorales dentro del sindicato.

Plazos y requisitos para una revocatoria del mandato en Imbabura ¿Alcanza el tiempo?

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(Redacción Imbabura).- La revocatoria del mandato es un derecho constitucional y una herramienta de participación ciudadana que permite a los ecuatorianos solicitar la salida anticipada de una autoridad elegida por votación popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Este mecanismo de democracia directa, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, puede aplicarse a alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas e incluso al Presidente de la República.

Según la normativa vigente, cualquier ciudadano ecuatoriano que goce de sus derechos políticos puede solicitar una revocatoria de mandato, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la posesión de la autoridad en funciones y no se esté en el último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. Además, deben presentarse motivos claros y documentados que sustenten el pedido. La solicitud debe ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y una vez ingresada, la autoridad señalada tendrá siete días para impugnarla. Luego, el CNE dispondrá de siete días más para resolver si acepta o niega el pedido.

Una vez que el CNE admite la solicitud, los proponentes deben recolectar un número de firmas equivalente al 10% del padrón electoral correspondiente al territorio donde fue electa la autoridad. En el caso de Ibarra, donde existen aproximadamente 170 mil electores, se necesitan cerca de 17 mil firmas válidas. El CNE entrega formularios oficiales para la recolección y los ciudadanos tienen un plazo de 180 días para completar esta etapa.

Una vez entregadas las firmas, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas son válidas y se confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días. La consulta popular debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.

Esta sería la línea de tiempo que se debería seguir en el caso de que el proceso de revocatoria inicie este 01 de julio del 2025.

  • 01 de Julio del 2025 : Inicio del pedido de revocatoria, formalización de documentos en el CNE.
  • 07 de Julio del 2025 : Fin del periodo de impugnación de la revocatoria
  • 14 de Julio del 2025: Fin del plazo para que el CNE califique o deseche el pedido de revocatoria.
  • 15 de Julio del 2025: En el caso de aprobar el CNE entregará los formularios para la recolección de firmas.
  • 28 de Diciembre del 2025: Fin del plazo para la entrega de las más de 17 mil firmas validas.
  • 12 de Enero del 2026: Fin del plazo para que el CNE verifique las firmas.
  • 15 de enero del 2026: En caso de encontrar las firmas válidas necesarias, el CNE convocará al proceso de revocatoria.
  • 16 de enero del 2026: Inicio de campaña política a favor o en contra de la revocatoria.
  • 15 de marzo del 2026: Elecciones para decidir sobre la revocatoria del mandato.

Desde 2010, seis alcaldes en el país han sido revocados de su cargo:

1. Jorge Tsenkush (Tiwintza, Morona Santiago) – octubre de 2010: El alcalde Jorge Tsenkush fue el primer caso tras la reforma constitucional de 2009. En octubre de 2010, el CNE validó las firmas presentadas por Hernán Uwijint en apoyo a la revocatoria y convocó a la consulta dentro de los 60 días siguientes.

2. Doris López (Jaramijó, Manabí) – julio de 2011: En la consulta del 24 de julio de 2011, la ciudad de Jaramijó decidió revocar a su alcaldesa Doris López. El 46,7% votó por su destitución, siendo uno de los cuatro alcaldes revocados en esa fecha.

3. Víctor González (Pablo Sexto, Morona Santiago) – julio de 2011: Ese mismo 24 de julio, Pablo Sexto removió al alcalde Víctor González mediante consulta popular, con aproximadamente 49 % de votos a favor.

4. Hugo Pineda (Baños, Tungurahua) – julio de 2011: El 24 de julio de 2011, Baños optó por destituir a su alcalde Hugo Pineda, con un 52,1 % de votos a favor de la revocatoria.

5. Segundo Mejía (Palanda, Zamora Chinchipe) – julio de 2011: El alcalde Segundo Mejía fue destituido el 24 de julio de 2011, con un 50,6 % de respaldo a la revocatoria, convirtiéndose en uno de los seis alcaldes removidos en ese proceso masivo.

6. José Bolívar Castillo (Loja, Loja) – junio de 2018: En junio de 2018, la ciudadanía lojana revocó el mandato del entonces alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. El proceso fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, quien argumentó que el exalcalde cometió arbitrariedades con el sistema de fotomultas. En la votación, el 70,8 por ciento de los ciudadanos apoyó su salida del cargo.

Existen procesos abiertos actualmente en el país; en los primeros tres meses de este año, se han presentado pedidos de revocatoria de mandato y remoción de los alcaldes de Riobamba y Quito.

El alcalde John Vinueza enfrentó ya tres procesos de revocatoria de mandato y, además, un pedido ciudadano para su remoción en 2025. El último caso llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó a Vinueza en el cargo, este 26 de junio se inició un nuevo pedido de revocatoria impulsado por Juan Carlos Romero y actúa en calidad de ciudadano y no representa ningún partido político.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato. En su caso, se lo acusa de hacer campaña política a favor de Luisa González, de Revolución Ciudadana, organización política a la que ambos pertenecen. El colectivo Cuida tu voto ha recolectado hasta el momento un total de 165 000 firmas, lo que representa el 80,4% del total requerido. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 205 000 firmas válidas, que deben presentarse hasta el 5 de octubre de 2025.

Por otro lado, algunos actores políticos en Ibarra han mencionado, a través de plataformas como TikTok, que existe un supuesto clamor ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas con miras a una revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte de movimientos o partidos políticos que respalden dicha iniciativa.

Pese a ver ganado en primera vuelta, el correísmo no pudo sostenerse en Imbabura

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(Redacción Imbabura).- En un giro histórico, el presidente Daniel Noboa logró imponerse en la provincia de Imbabura durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, repitiendo lo que sucedió en el año 2023, pero esta vez con una diferencia de más de 5%

Este resultado representa una ruptura significativa con el patrón electoral de Imbabura, donde el correísmo había mantenido una hegemonía desde la elección de Rafael Correa en 2006. En elecciones anteriores, tanto Correa como sus sucesores políticos habían asegurado victorias contundentes en la provincia, salvo en el 2021 cuando Araúz ganó en primera vuelta y Guillermo Lasso ganó en segunda vuelta en Imbabura y en el 2023 en el que Noboa por un punto ganó en segunda vuelta.

Resultados presidenciales en Imbabura (2007–2025)

  • 2006: En la segunda vuelta, Rafael Correa obtuvo el 56.8% de los votos en Imbabura, superando a Álvaro Noboa.​
  • 2009: Rafael Correa fue reelegido en primera vuelta con un respaldo significativo en Imbabura. ​
  • 2013: Correa ganó nuevamente en primera vuelta, manteniendo una fuerte presencia en la provincia. ​
  • 2017: Lenín Moreno, candidato de Alianza PAIS, obtuvo el 51.16% de los votos a nivel nacional. ​
  • 2021: Andrés Arauz, respaldado por el correísmo, lideró la primera vuelta, pero fue derrotado en la segunda vuelta por Guillermo Lasso. ​
  • 2023: Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, obtuvo el 33.06% de los votos en Imbabura, superando a Daniel Noboa, quien alcanzó el 24.98%, en segunda vuelta la tendencia se dio la vuelta y Noboa ganó con un margen muy pequeño a González.
  • 2025: En la primera vuelta, Luisa González logró el 41.67% de los votos válidos en Imbabura, superando a Daniel Noboa, quien obtuvo el 38.44%.

Hasta las 22:00 de este domingo 13 de abril del 2025, escrutados el 97.62% de votos en Imbabura el electo presidente Daniel Noboa, gana con un 52.87% mientras que Luisa González tiene un 47.13%, una diferencia de más de 16 mil votos hasta el momento, una tendencia que se convierte en irreversible y daría el triunfo al presidente electo Noboa en Imbabura.

La victoria en Imbabura refleja un cambio en las preferencias del electorado, que ha optado por una nueva dirección política. Este cambio podría tener implicaciones significativas para el futuro del correísmo en la región y en el país.

Analistas políticos sugieren que factores como el desgaste del correísmo, la búsqueda de alternativas políticas y las propuestas de Noboa han influido en este cambio de tendencia.

Ecuador cierra sus fronteras terrestres a extranjeros por elecciones

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(Redacción Norte).- El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, firmó este viernes el Decreto Ejecutivo No. 597 mediante el cual ordena una serie de medidas especiales para garantizar la seguridad de la población y la soberanía del país en el marco de la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 13 de abril.

Entre las disposiciones más relevantes se establece la restricción temporal del ingreso de personas extranjeras al territorio nacional por zonas de seguridad de frontera norte y sur. Esta medida estará vigente desde las 16h00 del viernes 11 hasta las 23h59 del lunes 14 de abril.

El decreto también contempla un despliegue militar focalizado en los principales puertos del país: Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta y Esmeraldas, así como en las instalaciones pesqueras artesanales, con el fin de proteger sectores estratégicos y evitar posibles alteraciones al orden público.

Según el comunicado oficial, estas acciones se coordinan entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de preservar un ambiente libre de violencia que garantice el desarrollo democrático del proceso electoral.

Las elecciones del Sindicato de Choferes Profesionales de Imbabura, nuevamente en el «ojo del huracán»

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(Redacción Imbabura).- El proceso electoral del Sindicato de Choferes Profesionales de Imbabura, realizado el pasado fin de semana, estuvo marcado por denuncias e irregularidades. Días antes de los comicios, el concejal de Ibarra y hasta entonces secretario general del Sindicato, Edwin Vásquez, fue notificado de que su candidatura a la reelección no había sido calificada por el Tribunal Electoral del gremio, generando controversia. Vásquez presentó una acción de protección ante la justicia para frenar las elecciones. Un juez de Imbabura (Jhonny Gustavo Palacios Soria) acogió la acción y ordenó suspender el proceso electoral previsto para el sábado 5 de abril de 2025​. Sin embargo, el Tribunal Electoral del sindicato decidió continuar con las votaciones a pesar de dicha orden judicial, argumentando apego a sus estatutos internos, por lo que los comicios se llevaron a cabo en medio de un clima tenso y de incertidumbre jurídica.

No es la primera vez que una elección de este gremio se judicializa. Ya en 2019, los comicios fueron suspendidos por orden de un juez tras impugnaciones legales de los candidatos, debiendo postergarse hasta el año siguiente​. Asimismo, tras las elecciones de 2015, un grupo de socios inconformes legó a tomarse las instalaciones del sindicato en protesta, denunciando irregularidades en el proceso y en la gestión de la directiva vigente​. En aquel entonces, incluso se presentó una acusación penal por un supuesto secuestro de funcionarios durante la ocupación, lo que evidencia el historial de conflictos poselectorales en la institución​. En esta última elección de 2025, a pesar de las acciones judiciales en curso, finalmente se logró realizar el escrutinio. Según reportes locales, los resultados dieron un estrecho triunfo a la Lista 1, y las demás candidaturas aceptaron los cómputos preliminares, aunque no se descarta que las disputas legales continúen en los tribunales en las semanas posteriores. Los socios del gremio esperan que, superada la pugna electoral, la nueva directiva pueda trabajar con normalidad y recuperar la estabilidad institucional.

Edwin Vásquez Mera estuvo al frente del Sindicato de Choferes de Imbabura durante 16 años consecutivos, periodo en el que obtuvo cuatro reelecciones seguidas. Su liderazgo comenzó en 2009 (tras suceder a Milton Ramírez) y se extendió hasta 2025, convirtiéndolo en uno de los dirigentes gremiales de más larga data en la provincia. Bajo su gestión, el sindicato logró importantes avances institucionales. En 2018, por ejemplo, la entidad obtuvo la acreditación nacional para brindar servicios de capacitación profesional a conductores, tras una evaluación de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones. Esto permitió reactivar la escuela de conducción del sindicato –que años atrás había estado envuelta en escándalos por presunta venta de licencias– y ofrecer nuevamente cursos de perfeccionamiento a nivel local y nacional. Gracias a esta legitimación, hacia 2018 unos 800 alumnos se formaban en la escuela de conducción, incluso con programas de recuperación de puntos de licencias​. Otro logro destacado de la administración Vásquez fue la adquisición de un nuevo predio de 4.500 m² en Ibarra para ampliar la infraestructura del gremio y eventualmente construir un centro de capacitación más moderno. Estos hitos, junto con la estabilidad administrativa, fueron presentados por sus partidarios como indicadores del fortalecimiento institucional logrado en su mandato.

No obstante, la prolongada permanencia de Vásquez en el poder también generó controversias y críticas. En las elecciones de diciembre de 2015, su lista ganó por escaso margen –346 votos contra 325 de su principal contendor, Napoleón Játiva– lo que desató denuncias de fraude y protestas por parte de la oposición interna​. A inicios de 2016, un grupo de socios descontentos llegó a ocupar pacíficamente la sede sindical exigiendo una asamblea para tratar su malestar con la dirigencia, a la que acusaban de irregularidades administrativas​. Aquella crisis terminó con la intervención policial y la detención temporal de dirigentes opositores, evidenciando la polarización dentro del gremio.

En años posteriores, cada proceso electoral sindical bajo la dirección de Vásquez estuvo marcado por impugnaciones legales: en 2019, su entonces rival Abdón Cervantes impugnó el proceso logrando frenarlo temporalmente en tribunales​, y en 2024-2025 ocurrió algo similar con la acción judicial que buscó impedir los comicios. Críticos acusaron a Vásquez de aferrarse al cargo y no dar paso a la renovación dirigencial, señalando un “continuismo” en el poder. De hecho, durante su gestión, Edwin Vásquez también incursionó en la política local: en 2023 fue elegido concejal de Ibarra por el partido Avanza, aprovechando su proyección como líder sindical. Este rol dual de político y dirigente gremial generó roces; algunos opositores dentro del sindicato cuestionaban si podía atender ambos frentes sin conflictos de interés. Vásquez, por su parte, siempre defendió su administración señalando mejoras en beneficio de los choferes y atribuyendo las denuncias en su contra a disputas de poder internas. Con su salida tras 16 años, deja un sindicato con logros en capacitación y patrimonio, pero también con el reto de recomponer la unidad luego de años de divisiones.​

El pasado fin de semana, Cristóbal Moncayo Taboada fue electo como nuevo Secretario General del Sindicato de Choferes de Imbabura, poniendo fin a la era de Edwin Vásquez. Moncayo obtuvo 284 votos, imponiéndose por un estrecho margen sobre sus contendientes Abdón Cervantes (262 votos), Fausto Vásquez (141) y Mario Esparza (101). Su victoria en unos comicios muy disputados le otorga el mando del gremio para el período 2025–2029. Moncayo no es ajeno al sindicato: es un dirigente de larga trayectoria en la institución. En elecciones anteriores se había desempeñado como presidente del Tribunal Electoral del sindicato​, lo que le dio experiencia en la organización interna y en la normativa gremial. También encabezó la Lista 1 en esta contienda, rodeado de colaboradores cercanos al directorio saliente, aunque durante la campaña enfatizó la necesidad de cambio y reconciliación entre los choferes tras las disputas de los últimos años, su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito sindical y profesional del transporte.

Moncayo llega a la Secretaría General con varios retos inmediatos. El principal desafío será unificar al gremio después de un proceso electoral tan polarizado. Deberá tender puentes con la facción de Abdón Cervantes y otros grupos que han sido opositores al régimen anterior, para así evitar nuevas fracturas internas. Asimismo, enfrenta la posible judicialización pendiente: la acción de protección impulsada por Edwin Vásquez podría seguir su curso legal, por lo que Moncayo tendrá que lidiar con eventuales fallos judiciales que intenten revertir o cuestionar su elección.

En cuanto a la gestión, prometió mantener y mejorar los logros alcanzados en capacitación de conductores; esto implica consolidar la reciente acreditación nacional de la escuela de manejo del sindicato y quizás ampliar la infraestructura educativa aprovechando el terreno adquirido en 2018. También ha ofrecido mayor transparencia administrativa y reformar estatutos si es necesario para evitar vacíos legales como los que permitieron reelecciones indefinidas.

Algunos observadores señalan que su triunfo podría significar un “continuismo” de la era Vásquez, dado que Moncayo formó parte del aparato sindical anterior. Sin embargo, en sus primeras declaraciones el nuevo dirigente ha asegurado que actuará con independencia y que “se viene una nueva etapa” para el sindicato, enfocada en el bienestar de los socios. Entre sus propuestas están impulsar convenios para mejorar la seguridad social de los choferes, programas de educación vial para sus agremiados y gestionar apoyo público para proyectos del gremio a nivel provincial.

La tarea que tiene por delante Cristóbal Moncayo no es menor: deberá demostrar con hechos que puede romper con las prácticas cuestionadas del pasado cuando sea necesario, sin descuidar los aciertos logrados. Su éxito dependerá de lograr pacificar al sindicato, modernizar la gestión y responder a las necesidades de aproximadamente 1.000 miembros (entre socios activos y jubilados) que conforman el gremio de choferes profesionales de Imbabura. Los próximos meses serán clave para ver si Moncayo consolida su liderazgo con legitimidad y si cumple las expectativas de renovación que muchos conductores de la provincia demandan tras 16 años de la misma administración.

¿Quiénes son y cuál es la experiencia de los nuevos asambleístas de Imbabura?

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(Redacción Imbabura).- En el marco de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo 9 de febrero de 2025, con la totalidad de actas escrutadas, se confirma la asignación de los cuatro escaños para la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Imbabura.
Pamela Aguirre, del movimiento RC5, obtiene el primer escaño, consolidándose como la candidata con más votos. En segundo lugar, se ubica Fernando Jaramillo del movimiento ADN; Fernando de la Torre, también de Revolución Ciudadana (RC5), se adjudica el tercer curul, mientras que Pablo Jurado, del movimiento Construye, ocupará el cuarto escaño.

A continuación, presentamos el perfil de los nuevos asambleístas que representarán a nuestra provincia para el siguiente período legislativo.

Pamela Alejandra Aguirre Zambonino (41 años)
Asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana RC5
Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito político; se graduó en 2013 como Licenciada en Ciencias Jurídicas y Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en 2020 obtuvo una Maestría en Asesoría de Imagen y Consultoría Política por la Universidad Camilo José Cela.
En el sector legislativo se desempeñó en 2014 como Secretaria Relatora de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en la Asamblea Nacional; un año después asumió el rol de asesora en la Comisión Especializada Ocasional de Enmienda Constitucional en la Asamblea Nacional. En 2016, continuó su labor como asesora de asambleísta en la Asamblea Nacional.
Aguirre también ha formado parte de espacios internacionales, integrando desde 2018 la Plataforma Interamericana de Mujeres Líderes en Educación Superior. Entre 2017 y 2020, ejerció como parlamentaria andina y en el periodo 2021-2023 fue elegida como asambleísta nacional por la provincia de Imbabura.

Roberto Fernando Jaramillo Martínez (49 años)
Asambleísta por el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN)
Es abogado y docente universitario; obtuvo su licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas en 2003 en la Universidad Técnica Particular de Loja. En 2004 se graduó de abogado y, en 2006, alcanzó el título de Doctor en Jurisprudencia en la misma universidad.
Entre 2009 y 2013, ejerció como docente universitario en la Universidad Técnica del Norte y fue presidente del Colegio de Abogados de Imbabura entre 2018 y 2020.
Desde 2023 es asambleísta en representación de la provincia de Imbabura.

Fernando de la Torre (46 años)
Asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana RC5
Con una formación en Agronegocios Avalúos y Catastros por la Universidad Técnica del Norte, Fernando se graduó en el año 2010. Su trayectoria comunitaria comenzó en 2013 como coordinador en el Plan de Alfabetización Dolores Cacuango en la parroquia Ilumán de Otavalo y el cantón Cotacachi.
También ha dirigido la Junta de Agua Potable de la parroquia Ilumán. En 2019 participó activamente en el Proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura, un esfuerzo clave para mejorar el acceso de este recurso a varios sectores de la provincia.

Pablo Aníbal Jurado Moreno (64 años)
Asambleísta del Movimiento Construye
Cuenta con una larga gestión pública. Fue alcalde de Ibarra entre 2005 y 2009. En 2010 obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Información en la Universidad Central del Ecuador, y en 2017 se graduó como abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja.
Su experiencia en administración provincial se consolidó al ser electo prefecto de Imbabura durante casi una década, desde 2014 hasta 2023. Además, en 2023 obtuvo una Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja.

Con estos resultados, la provincia define sus representantes en la Asamblea, quienes asumirían el reto de cumplir con las demandas ciudadanas para este nuevo período 2025-2029.

Conozca las multas si usted infringe la ley seca, hace proselitismo político y no asiste a votar.

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(Redacción Imbabura).- De cara a los comicios electorales de este domingo 9 de febrero de 2025, los 13.736.314 electores habilitados en todo el territorio ecuatoriano asistirán a las urnas a votar; el Consejo Nacional Electoral, la entidad encargada de toda logística electoral en un correcto ejercicio democrático y transparente, aplica anticipadamente algunas medidas como el silencio electoral y la ley seca.

Multas por infringir el silencio electoral:

El silencio electoral, una figura vigente en el artículo 291 del Código de la Democracia, estipula que, tras el periodo correspondiente a treinta días de campañas electorales de los 16 binomios presidenciales de los diferentes movimientos y partidos políticos, está prohibida la difusión, publicidad electoral, opiniones o imágenes vertidas en medios de comunicación y medios digitales que induzcan de manera deliberada a los electores a cualquier posición o preferencia electoral. Tampoco los candidatos pueden asistir a eventos o inauguraciones de obras u otros, financiados con fondos públicos, mientras el periodo de silencio electoral se encuentre vigente.

El silencio electoral rige cuarenta y ocho horas antes de los comicios, exactamente el viernes siete de febrero, y se extiende hasta las cinco de la tarde del domingo, al cierre de los recintos electorales. Durante este tiempo los ciudadanos descansan del proselitismo político cuando de medios de comunicación nos referimos, debido a que la situación es diferente en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, etc., donde aún no existe una norma específica para el control de estas plataformas. El incumplimiento del silencio electoral por parte de la ciudadanía, será sancionado con multas del cincuenta por ciento del salario básico unificado, alrededor de doscientos treinta y cinco dólares, si realizan actos de propaganda dentro y fuera de recintos electorales.

Multas por infringir la ley seca:

La ley seca consta en el artículo 123 del Código de la Democracia, que determina que «durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce horas después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas».  Desde el mediodía del viernes 7 de febrero hasta el mediodía del 10 de febrero, la ley seca entra en vigencia; esta medida aplica a bares, centros nocturnos, discotecas, licorerías, restaurantes, supermercados, tiendas de barrio, etc. .

Infringir esta ley conlleva una multa del cincuenta por ciento del salario básico unificado, que en este año 2025 corresponde a 235 dólares y se aplicará bajo dos instancias. A quienes expendan y consuman bebidas alcohólicas en días de prohibición, como también a aquellos ciudadanos que ingresen a los diferentes recintos electorales a sufragar en estado de embriaguez.

Multas por no asistir a votar en elecciones:

El voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años de edad; no sufragar representa una multa del diez por ciento del salario básico unificado, es decir, cuarenta y siete dólares.

Multas por ausencia en junta receptora del voto

Si no asiste a conformar su junta receptora del voto, debe pagar el valor de setenta con cincuenta dólares o lo equivalente a quince por ciento de un salario básico unificado. Al integrar las juntas receptoras del voto, se debe permanecer en la mesa designada durante toda la jornada electoral. El abandonarla sin justificación le expone a una multa de diez a veinte salarios básicos unificados, una multa de entre 4.700 y 9.400 dólares. Por esta razón, si necesita ausentarse de la mesa por un motivo urgente, debe comunicarlo inmediatamente al presidente de mesa y solicitar permiso.

Quienes no se capaciten tendrán una sanción de cuarenta y siete dólares, que equivale al diez por ciento de un salario básico unificado.

Las sanciones a los ciudadanos que incumplan con estas disposiciones están a cargo del Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de estos comicios electorales; paralelamente, la Policía Nacional es la encargada de realizar los diferentes operativos de control y de emitir las citaciones a los ciudadanos.

En caso de haber incurrido en una multa, el ciudadano sí podrá ejercer su derecho al voto; la multa se acumulará para el siguiente proceso electoral y deberá ser cancelada en la delegación electoral de su provincia.

Si usted desconoce su situación frente a alguna multa o sanción o desea consultar su recinto electoral, puede ingresar al portal web del Consejo Nacional Electoral con su número de cédula y fecha de nacimiento; de este modo sabrá su lugar de votación o si tiene valores pendientes de pago.

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