(Redacción Ibarra).- Desde las primeras horas de la mañana de este jueves, la Policía Nacional ejecutó un megaoperativo en los alrededores de la laguna de Yahuarcocha, en Ibarra, con el fin de controlar motocicletas sin documentos en regla, sin matrícula o con alteraciones en el número de chasis.
El despliegue policial incluyó puntos estratégicos como El Arcángel, así como las vías de ingreso y salida de la laguna. Según información preliminar, decenas de motocicletas fueron retenidas, varias de ellas por presentar irregularidades que podrían estar relacionadas con actividades delictivas.
La capitana Vanesa Freire, vocera del operativo, informó que, además del control vehicular, se realizó una búsqueda focalizada de usureros, personas que se dedican a prestar dinero con intereses excesivos y condiciones abusivas, lo cual constituye un delito. “Estamos detrás de estas estructuras que afectan a ciudadanos de bajos recursos, muchas veces bajo amenaza o extorsión”, señaló.
Varios de los detenidos registran antecedentes penales, lo que ha encendido las alertas sobre el uso de motocicletas como medio para cometer robos y otros delitos en la ciudad.
Numerosos ciudadanos que frecuentan la zona turística de Yahuarcocha aplaudieron la intervención, destacando que este tipo de acciones son necesarias ante el crecimiento de asaltos y delitos en motos. Se espera que en las próximas horas se emitan más detalles oficiales sobre los resultados del operativo.
(Redacción Imbabura).-Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Solo en los primeros cinco meses de 2025, el país ha registrado un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. De enero a abril se han contabilizado 3.087 muertes violentas, lo que representa un incremento del 58 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Enero y febrero sumaron 1.530 homicidios, mientras que marzo y abril registraron 831 y 726 asesinatos, respectivamente. Las cifras convierten este periodo en el más violento jamás registrado en el país.
A pesar de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la violencia continúa escalando. Ciudades de la Costa ecuatoriana, varios sectores de la Sierra y zonas urbanas que antes eran consideradas tranquilas, como Ibarra, también han sido alcanzadas por esta ola delictiva.
En la capital imbabureña, la percepción de inseguridad ha crecido significativamente. La ciudadanía reporta un incremento de los delitos de oportunidad, como robos a domicilios y asaltos a personas en la vía pública, especialmente en zonas con escasa iluminación y sin presencia policial. Los antisociales, a bordo de motocicletas, aprovechan la falta de patrullaje para cometer estos robos. En sectores como Miravalle y Los Huertos Familiares, se registran hasta tres robos por semana según los reportes ingresados a nuestra redacción.
Frente a este panorama, el presidente Daniel Noboa envió el pasado 17 de mayo su primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional. Bajo el nombre de “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, la iniciativa busca golpear las finanzas de los grupos delincuenciales, atacando directamente el poder económico del crimen organizado.
La propuesta, calificada como urgente en materia económica, implica reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales. Los asambleístas tienen un plazo de 30 días para tramitarla.
El texto legal propone medidas tributarias, financieras y de seguridad con el objetivo de “proteger a la ciudadanía, estabilizar el sistema económico y reactivar zonas afectadas por el crimen organizado”.
El crecimiento del narcotráfico y la presencia de bandas delincuenciales han profundizado la crisis. Noboa enfrenta el mayor reto de su mandato: recuperar el control territorial y restablecer la seguridad del país.
(Redacción Otavalo).- La Defensoría Pública del Ecuador emitió la Resolución N.º DP-DPG-DASJ-2025-087, como parte del expediente 003-2025-DENCJ, en respuesta a una queja presentada contra el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Otavalo. El caso fue revisado por el Defensor Público General, Ricardo Wladimir Morales Vela, y concluye con una sanción institucional al consultorio universitario.
De acuerdo con el documento oficial, la queja fue presentada por una persona en situación de vulnerabilidad, quien alegó haber recibido atención negligente y fuera de los estándares mínimos establecidos por la Defensoría Pública para los servicios de defensa gratuita. Tras el análisis jurídico y técnico del caso, se evidenció que la clínica jurídica universitaria no garantizó una atención oportuna, eficiente y de calidad, tal como exige la normativa vigente.
En la parte resolutiva del documento, la Defensoría determina que: “Se sanciona al Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Otavalo con la suspensión de su acreditación por el plazo de 7 días, contados a partir de la ejecutoría de la presente resolución.”
La medida se ampara en las atribuciones conferidas por el artículo 193 de la Constitución y por el Código Orgánico de la Función Judicial, que establecen que los consultorios jurídicos universitarios deben cumplir con estándares estrictos de calidad y estar sujetos a control y evaluación de la Defensoría Pública.
Esta es la primera vez en el año 2025 que se aplica una sanción de esta naturaleza en la provincia de Imbabura. La suspensión implica que durante este período el consultorio jurídico no podrá prestar servicios de defensa legal gratuita bajo aval estatal, afectando directamente a su operatividad dentro del sistema de justicia gratuito.
La Universidad de Otavalo es una de las instituciones académicas autorizadas para brindar asesoría legal a personas de escasos recursos. Con esta resolución, la Defensoría Pública busca reforzar el control sobre la calidad de los servicios jurídicos gratuitos, exigiendo que se cumpla con los principios de legalidad, celeridad y tutela efectiva consagrados en la Constitución.
Se espera que, tras el cumplimiento de la sanción, el consultorio jurídico pueda solicitar nuevamente su acreditación, previa evaluación por parte del ente regulador.
(Redacción Ibarra).- La tarde de este martes, una adulta mayor perdió la vida tras ser atropellada por un bus de la cooperativa La Esperanza, en plena plaza central de la parroquia La Esperanza, a escasos metros del ingreso al sector Yaguachi.
El lamentable hecho ha causado consternación entre los moradores, quienes exigen mayor precaución y respeto por parte de los conductores, especialmente hacia los adultos mayores que a diario transitan por esta zona.
Habitantes del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades para fortalecer los controles y promover una cultura vial que priorice la vida y la dignidad de las personas de la tercera edad.
(Redacción Otavalo).- Este martes se confirmó la renuncia de Gustavo Andrade, quien hasta hoy ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO). La salida del funcionario se suma a una serie de desvinculaciones recientes de directores y gerentes dentro del GAD municipal.
Se espera que en las próximas horas el Directorio de EMAPAO, presidido por la alcaldesa Anabel Hermosa, se reúna para definir quién asumirá la gerencia de manera temporal o definitiva.
Andrade había trabajado anteriormente junto a Hermosa en la Empresa de Agua Potable de Quito, cuando ella se desempeñaba como vicealcaldesa de la capital. Posteriormente, fue designado gerente de EMAPA-I durante la administración de Andrea Scacco en Ibarra, y más recientemente asumió la gerencia de EMAPAO bajo la actual administración otavaleña.
La renuncia coincide con una jornada judicial importante: este mismo martes se desarrolla en el Complejo Judicial de Otavalo una audiencia de Acción de Protección promovida por el colectivo ciudadano Unidos por la Pachamama. La acción legal apunta a la presunta contaminación del Lago San Pablo y busca respuestas directas tanto de la alcaldesa Hermosa como del ahora exgerente Andrade, en calidad de autoridades responsables de garantizar el cuidado del recurso hídrico.
(Redacción Ibarra).- En un operativo denominado «Gran batalla», desarrollado por la Policía Nacional en Ibarra la noche del 24 y madrugada del 25 de mayo de 2025, tres personas fueron aprehendidas tras ser descubiertas transportando aproximadamente 437 gramos de cocaína.
El procedimiento policial se ejecutó como parte de las acciones de control y seguridad en la región norte. Durante la intervención, el Grupo de Operaciones Especiales logró identificar, a la altura del control aduanero en Priorato, un vehículo tipo taxi utilizado para el transporte de la droga y tres teléfonos celulares.
Según información de la Policía Nacional, uno de los detenidos posee antecedentes penales por tráfico ilegal de migrantes, lo que ha levantado sospechas sobre una posible vinculación con redes delictivas dedicadas a este ilícito. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar nexos con otras organizaciones de narcotráfico.
(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.
Año 2025
Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.
Año 2023
Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.
Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.
Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.
A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.
La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.
La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.
Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.
EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.
(Redacción Imbabura).- Un testigo protegido, considerado pieza fundamental en la investigación por el asesinato de tres personas ocurrido el pasado 13 de febrero en el sector Bellavista de San Antonio, fue asesinado la madrugada de este miércoles 21 de mayo en el barrio El Empedrado.
La víctima, cuya identidad permanece en reserva por disposiciones legales, fue hallada con tres impactos de bala. Según fuentes judiciales, el testimonio que había entregado resultaba clave para sustentar los cargos de la Fiscalía contra los presuntos autores intelectuales y materiales del crimen.
De acuerdo con información preliminar, el hombre se encontraba bajo custodia del programa de protección de testigos, pero habría abandonado su lugar de resguardo por motivos que aún se investigan.
EL CASO
El pasado 13 de febrero, tres personas fueron asesinadas mediante sicariato en el sector de Bellavista. Las víctimas viajaban en una camioneta de transporte público cuando fueron interceptadas por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el vehículo. El conductor sobrevivió con heridas.
La policía informó que las víctimas posiblemente estarían vinculadas a un grupo delictivo organizado (GDO), una hipótesis que sigue bajo análisis en el proceso investigativo.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Ibarra).- La tarde de este 16 de mayo, una descarga atmosférica provocó una afectación en el Alimentador S1 de la Subestación San Agustín, dejando sin energía eléctrica a varios sectores del cantón Ibarra.
La empresa Emelnorte informó que su personal técnico ya ejecuta trabajos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, garantizando la seguridad de la ciudadanía y del equipo operativo.
Se anunció que los avances serán comunicados por los canales oficiales de la empresa.
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