(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional anunció una disminución temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector turístico con motivo del feriado de Carnaval 2026. La medida regirá del sábado 14 al martes 17 de febrero.
La decisión fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 304, firmado por el presidente Daniel Noboa, y establece que la tarifa del IVA pasará del 15% al 8% exclusivamente para servicios vinculados a actividades turísticas.
El propósito de esta disposición es estimular el turismo interno y fortalecer la actividad económica en uno de los periodos de mayor desplazamiento de viajeros a escala nacional.
El beneficio estará dirigido únicamente a los establecimientos que consten en el registro oficial del Ministerio de Turismo. Entre los servicios contemplados se encuentran:
Hospedaje: hoteles, hostales y alojamientos similares.
Alimentos y bebidas: restaurantes, cafeterías y locales gastronómicos.
Transporte turístico y alquiler de vehículos con fines turísticos.
Agencias de viajes y operadoras que ofrezcan paquetes y recorridos.
Organización de eventos como congresos, ferias y convenciones.
El control sobre la correcta aplicación de la nueva tarifa estará a cargo del Servicio de Rentas Internas, que verificará que los comprobantes de venta reflejen el 8% durante los días establecidos. Con esta reducción temporal, las autoridades buscan incentivar el consumo en el sector y generar mayor movimiento económico durante el feriado.
(Redacción Antonio Ante).- Atuntaqui se alista para vivir a lo grande la Expo Carnaval 2026, organizada por el GAD Municipal de Antonio Ante con el apoyo de la Cámara Textil de Antonio Ante y FIAPAA. La Plaza Libertad será el epicentro de esta celebración que fusiona música, danza, cultura y emprendimiento, del sábado 14 al martes 17 de febrero, con shows gratuitos desde las 18:00 y la participación de destacados artistas locales, nacionales e internacionales.
El evento no solo será una vitrina artística, sino también un importante impulso para la industria textil del cantón. Durante los cuatro días, más de 160 expositores formarán parte de esta gran feria, dinamizando la economía local y proyectando la producción anteña a nivel regional y nacional, en uno de los encuentros comerciales más representativos de la temporada.
La agenda musical arrancará el sábado 14 de febrero con Bayanna Banda, Centauro, Liseth Ch. Y los Reyes de las Cuerdas, y Tributo, además de la presentación estelar de Jimmy Sossa y su Agrupación Vallenata, desde Colombia, voz original de Los Inquietos del Vallenato. El domingo 15 continuará la fiesta con La 5ta Avenida, Bajo Sueños, Origen, El Bebo, Selva Negra, Isis Segovia y DJ-D, en el marco del Desfile de Modas Nocturno “Atuntaqui Fashion Show”.
Para el lunes 16 de febrero, el público disfrutará de Carmita, Trío Los Garles, Cecy Narváez, Generación 2000 y Mónica Alexandra. El cierre será el martes 17 con el Carnavalito Infantil “Espuma de Colores”, Proyecto Coraza, el Festival de Danza y Villamarka, poniendo el broche final a una programación pensada para toda la familia.
(Redacción Pimampiro).- El cantón Pimampiro se prepara para recibir a más de 5.000 visitantes durante el Carnaval del Sol 2026, una celebración que se desarrollará en el feriado de febrero y que incluirá actividades deportivas, presentaciones musicales y espacios recreativos para distintos públicos. Así lo dio a conocer el día de ayer el Ec. Oscar Narváez, alcalde de Pimampiro, en rueda de prensa a la ciudadanía imbabureña.
La programación iniciará el sábado 14 de febrero con la competencia de CrossFit denominada “La Bestia Challenge”, prevista desde las 15h00 en el Polideportivo Municipal.
El domingo 15 de febrero, desde las 08h00, se desarrollará la competencia de Down Hill “El Calvario 2.5K”, considerada una de las pistas más exigentes del país. Según los organizadores, se estima la participación de alrededor de 200 competidores. Entre los deportistas anunciados constan Mario José Jarrín, campeón mundial en la categoría máster; Jair Rodríguez, ganador de la edición anterior; Alejo Ortiz y Sebastián Reascos, además del imbabureño Brayan Ruiz. Las prácticas oficiales se cumplirán el sábado 14 de febrero, entre las 08h00 y 17h00.
En paralelo, el evento contará con un área infantil con inflables, piscina y actividades recreativas. También se habilitará un parqueadero en el Estadio Municipal, mientras que la oferta hotelera se complementará con establecimientos en Pimampiro, Ambuquí e Ibarra.
En el ámbito musical, el domingo desde las 14h00, en el Mercado de Transferencia, se presentarán artistas locales como Leycon C.
Además, dentro de la agenda se desarrollará el festival de música electrónica Xpotronica, que cuenta con 17 años de trayectoria y ha realizado 54 ediciones en Ecuador y el sur de Colombia. Para esta edición está prevista la participación del DJ internacional Plastik Funk, junto a los nacionales Omega y KIFA, y los artistas AZVIIK (México) y VEEJAYG.
El cierre del Carnaval del Sol estará a cargo del cantante Miguel Moly. Las autoridades locales prevén que el evento contribuya a la dinamización económica del cantón durante el feriado.
(Redacción Ecuador).- La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) permanecerá cerrada a nivel nacional durante 30 días, luego del operativo denominado ‘Caso Jaque’, ejecutado este viernes 30 de enero por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada al interior de la institución.
Durante la intervención, las autoridades allanaron oficinas de la ANT en Quito, Ibarra y Santo Domingo, logrando la detención del director nacional de la entidad y ocho funcionarios, quienes estarían involucrados en una red dedicada a cobros ilegales por trámites de licencias, con valores que fluctuaban entre 150 y 200 dólares por usuario.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que esta estructura delictiva operaba desde dentro de varias agencias de tránsito del país y tendría presuntos vínculos con el grupo criminal Los Choneros. Según las investigaciones preliminares, el perjuicio económico superaría los tres millones de dólares, dinero que habría sido desviado a cuentas de los involucrados.
En los allanamientos se incautaron 38 teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles, 55 dispositivos electrónicos, 165 documentos, además de 53.510 dólares en efectivo, un arma de fuego, dos alimentadoras y 29 cartuchos.
Reimberg explicó que el cierre temporal de la ANT permitirá avanzar con las investigaciones y ejecutar un proceso de depuración y reestructuración del personal, reiterando que todas las dependencias de la institución suspenderán sus actividades durante 30 días.
En la ciudad de Ibarra, las oficinas de la ANT también fueron allanadas como parte del operativo; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre personas detenidas producto de la intervención local. Asimismo, no se ha emitido un pronunciamiento por parte de la actual directora de la ANT en Ibarra, Patricia Unda.
(Redacción Carchi).- Un juez de Garantías Penales de la provincia del Carchi dispuso la libertad de dos ciudadanos detenidos durante el operativo “Renacer”, en el que la Policía Nacional incautó más de 22 millones de dosis de ketamina en Tulcán.
El decomiso se realizó el pasado 23 de enero, en el sector Julio Andrade, cuando agentes policiales interceptaron un camión que transportaba la sustancia oculta bajo bloques en la parte posterior del vehículo, con el objetivo de evadir los controles de seguridad en la ruta hacia el norte del país.
Los aprehendidos, un ciudadano ecuatoriano y otro de nacionalidad colombiana, identificados como Luis L. y Pedro C., fueron puestos en libertad tras la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Pese al volumen récord de ketamina incautada, el juez dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Según las autoridades, el valor estimado de la sustancia supera los USD 324.000 en el mercado ecuatoriano, mientras que en otros países de la región podría alcanzar hasta USD 432.000 en Colombia y USD 216.000 en Perú. El camión utilizado para el transporte también fue decomisado como parte de la investigación.
La Policía Nacional expresó su profunda inconformidad con la decisión judicial. Un vocero de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas (UNISC) señaló que resulta preocupante que una cantidad tan significativa de ketamina no haya ameritado prisión preventiva. “Se trata de una sustancia controlada, utilizada como precursor para drogas sintéticas y con alto riesgo para la salud pública. Este tipo de resoluciones envía un mensaje equivocado en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.
La ketamina es un anestésico de uso médico y veterinario legítimo; sin embargo, en algunos países se ha popularizado como droga recreativa, conocida comúnmente como “kit kat”. Los usuarios han señalado que esta sustancia produce efectos similares a los de la PCP, generando distorsiones en la percepción visual y auditiva, así como una marcada sensación de desconexión y pérdida de control. Su consumo puede afectar los sentidos, el juicio y la coordinación hasta por 24 horas después de la ingesta, aunque los efectos alucinógenos más intensos suelen presentarse durante un lapso de entre 45 y 90 minutos.
En volúmenes como el decomisado, la ketamina suele utilizarse como precursor en la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo y sus análogos, lo que representa una amenaza creciente para la región, según alertas emitidas por organismos internacionales como la ONU y la DEA.
La Fiscalía General del Estado anunció que apelará la decisión judicial y continuará con las investigaciones para determinar la ruta, el destino final de la sustancia y posibles vínculos con redes criminales transnacionales. Los indicios, incluidos los frascos plásticos y el embalaje, serán sometidos a peritajes químicos especializados.
(Redacción Ecuador).– La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech alcanzó un hito sin precedentes para la ciencia y la ingeniería del país al fabricar el primer dispositivo semiconductor desarrollado íntegramente en un laboratorio ecuatoriano. El logro posiciona a la institución como referente nacional en tecnologías avanzadas, nanociencia y microfabricación.
Los semiconductores constituyen la base de la tecnología moderna y están presentes en computadoras, sistemas de telecomunicaciones, aeronáutica, energía, medicina y una amplia gama de dispositivos electrónicos. A nivel mundial, su producción depende de procesos altamente costosos, complejos y con un significativo impacto ambiental, lo que ha motivado la búsqueda de alternativas más eficientes y sostenibles desde la comunidad científica.
En este contexto, investigadores del Grupo de Aplicaciones Avanzadas de Nanotecnología (GIAANT) de Yachay Tech desarrollaron un método optimizado para la síntesis de óxido de cobre mediante tecnología sputtering. El proceso permitió obtener una capa delgada de aproximadamente 90 nanómetros, con destacadas propiedades ópticas y semiconductoras.
Esta capa fue integrada en la fabricación de un diodo semiconductor tipo heterounión, compuesto por silicio tipo n, óxido de cobre tipo p y contactos de aluminio. El dispositivo fue sometido a técnicas avanzadas de caracterización como XRD, AFM, UV-Vis y mediciones eléctricas, las cuales confirmaron su funcionamiento como diodo rectificador, convirtiéndolo oficialmente en el primer semiconductor fabricado en Ecuador.
Los resultados de la investigación fueron presentados en la Primera Conferencia Latinoamericana de Nanotecnología IEEE-LANANO 2025, realizada en Cusco, Perú, y el artículo científico asociado fue aceptado para su publicación en las memorias oficiales del evento.
Con este avance, Yachay Tech se consolida como la única institución del país con un laboratorio de microfabricación operativo, equipado con tecnología comparable a la utilizada en centros internacionales especializados en ingeniería de semiconductores. Además, el desarrollo abre nuevas posibilidades de aplicación, como la creación de células solares semitransparentes, con potencial uso en ventanas inteligentes, fachadas solares y sistemas agrivoltaicos.
El rector de Yachay Tech, Andrés Rosales, destacó la importancia del logro:
“Este avance refleja el talento, la disciplina y la visión de nuestros investigadores y estudiantes. Fabricar el primer dispositivo semiconductor en Ecuador marca un antes y un después para la academia nacional y demuestra que en el país es posible desarrollar ciencia de frontera”.
Rosales añadió que este hito genera oportunidades reales para el desarrollo de una futura industria tecnológica ecuatoriana basada en el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
(Redacción Imbabura).- La Prefectura de Imbabura alcanzó y superó anticipadamente el objetivo de intervención vial proyectado hasta el año 2027. Hasta el momento, la institución ha ejecutado 158 kilómetros de obras viales, entre asfaltados, adoquinados y empedrados, superando la meta inicial de 150 kilómetros, informó el prefecto Richard Calderón durante un conversatorio con los medios de comunicación el miércoles pasado; las obras se ejecutaron en los seis cantones, principalmente en zonas rurales, con una inversión de USD 36,65 millones, y para 2026 se prevén nuevas intervenciones viales, varias de ellas ya cuentan con estudios técnicos.
En el cantón Ibarra se reportan cerca de 30 kilómetros intervenidos, entre los que destaca el asfaltado de la vía Rumipamba–Chirihuasi, ejecutado con una inversión de USD 1,8 millones. Otros cantones también registran avances importantes: Otavalo suma más de 27 kilómetros, Cotacachi 23 kilómetros, Antonio Ante supera los 21 kilómetros y Pimampiro alcanza más de 34 kilómetros de obras viales.
Calderón señaló que uno de los mecanismos clave para cumplir estos objetivos ha sido la ordenanza “Contigo Construimos”, que establece un esquema de coparticipación en el que la Prefectura aporta el 65% del financiamiento y los beneficiarios el 35%. “Pese a las limitaciones presupuestarias, hemos encontrado alternativas que nos han permitido cumplir y superar lo planificado”, afirmó.
Durante el conversatorio también se anunció los proyectos que se ejecutarán en 2026. Entre ellos constan los estudios para la rehabilitación y mejoramiento de la vía Y de Cuicocha–Santa Rosa–Apuela–Aguagrum, en el cantón Cotacachi. Además, se prevé la construcción de la circunvalación del lago San Pablo, una obra de 15 kilómetros con un presupuesto referencial de USD 5 millones, que será financiada a través del Banco de Desarrollo del Ecuador y que apunta a fortalecer la conectividad y el turismo en la zona.
Finalmente, se incluyen en la planificación el mejoramiento vial y la construcción del puente sobre el río Blanco, que conectará Otavalo con la parroquia Quiroga, así como el adoquinado de la vía Sigsiloma–Guaraczapas, en Ibarra, un tramo de 5 kilómetros con una inversión estimada de USD 3,5 millones.
Ante este escenario positivo para la provincia, fue inevitable consultar y conocer de primera mano sobre dos obras viales pendientes e inconclusas en la provincia de Imbabura: el paso lateral de Ibarra y el recurrente deterioro del kilómetro 114, sector El Guadual, en la vía Ibarra–San Lorenzo. Al respecto, el prefecto de Imbabura, Richard Calderón, señaló que estas infraestructuras, clave para el desarrollo y la conectividad provincial, son de competencia directa del Ministerio de Transporte e Infraestructura. No obstante, recalcó que desde la Prefectura de Imbabura existe la predisposición de brindar apoyo técnico y operativo, incluyendo personal especializado y maquinaria, con el objetivo de contribuir a una solución definitiva. Sin embargo, Calderón enfatizó que la ejecución de acciones concretas depende en gran medida de una respuesta y decisión ministerial, ya que solo mediante una coordinación interinstitucional efectiva se podrán aplicar los cambios estructurales necesarios y atender de manera integral estas problemáticas viales que afectan a la provincia.
(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.
En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.
La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.
Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.
El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.
(Redacción Imbabura).- El juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza en la Asamblea Nacional y coloca en el foco de atención a dos representantes de la provincia de Imbabura: Piedad Cuarán y David Rosero.
Este jueves 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento, por unanimidad, de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina, quien acusa a los vocales de presunto incumplimiento de funciones. La resolución dio paso al envío del expediente a la Unidad Técnica Legislativa, que tendrá tres días para emitir el informe técnico correspondiente.
Entre los vocales señalados constan Piedad Cuarán y David Rosero, ambos imbabureños, junto con Andrés Fantoni (presidente del CPCCS), Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez.
El pedido de juicio político se sustenta en tres causales principales, un presunto conflicto de intereses relacionado con Christian Troya, cercano a Mario Godoy, el archivo de impugnaciones presentadas contra Godoy durante el concurso para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura y la descalificación de Édison Toro, que habría facilitado la incorporación de Godoy en dicho proceso.
De ser calificada la solicitud tras el informe técnico, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), donde se analizarán las pruebas y argumentos presentados.
Piedad Cuarán, oriunda de Lita, es licenciada en Ecoturismo por la Universidad Técnica del Norte y cuenta con un máster en Ecoturismo de Áreas Protegidas. Antes de su actual cargo, tuvo un paso previo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se desempeñó como especialista en Políticas de Interculturalidad, gestora cultural y delegada provincial de Imbabura en 2017.
Por su parte, David Rosero fue consejero del CPCCS en dos periodos: entre 2011 y 2015, y posteriormente de 2019 a 2023, cuando fue destituido. No obstante, fue posesionado nuevamente en abril del año pasado, retomando funciones en el organismo.
El proceso avanza en medio del seguimiento público, especialmente en Imbabura, donde se observa con atención el rol y la actuación de Piedad Cuarán y David Rosero, a la espera del desenlace del juicio político
