(Redacciòn Ecuador).- El presidente Daniel Noboa anunció que desde el 12 de agosto los precios de los combustibles en Ecuador registrarán una leve reducción, manteniendo la tendencia de disminución aplicada durante julio.
La rebaja se dará gracias a la continuidad del sistema de bandas, mecanismo que busca amortiguar el impacto de la volatilidad del mercado internacional del petróleo, afectado en los últimos meses por las tensiones en Medio Oriente.
En julio, el galón de gasolina Extra y Ecopaís se ubicó en USD 3,26, mientras que el Diésel quedó en USD 3,20. Según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), sin este mecanismo los precios habrían alcanzado los USD 3,68 y USD 3,83, respectivamente.
Noboa explicó que el comportamiento del precio internacional del petróleo no se refleja de forma inmediata en el consumidor, debido a un desfase de entre 45 y 60 días, por lo que el Gobierno mantendrá la política para favorecer a productores y transportistas.
Además, el mandatario informó que en los últimos tres meses se han invertido más de USD 60 millones en el sector eléctrico para fortalecer la transmisión, generación y mantenimiento de infraestructura, con el objetivo de reducir el consumo de diésel y fuel oil en el sistema eléctrico nacional.
(Redacciòn Imbabura).– La decisión de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), oficializada el pasado 28 de julio y que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto, de incrementar en un 25 % las tarifas del transporte intraprovincial e interprovincial ha generado diversas reacciones entre los usuarios que diariamente utilizan este servicio para trasladarse entre los cantones de Imbabura por motivos de trabajo, estudio y otras actividades.
Muchos ciudadanos expresan su inconformidad al considerar que el incremento representa una nueva carga para la economía de los hogares ecuatorianos, que en los últimos años han enfrentado el aumento de varios bienes y servicios, entre ellos el IVA, el precio de los combustibles y otros productos de la canasta básica. Además, señalan que el Salario Básico Unificado, fijado en USD 482, resulta insuficiente para cubrir los gastos familiares.
Aunque cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), dice que la inflación mensual para mayo aumento un -0,62 %, en contraste con el 0,53 % de abril y que el costo de la Canasta Familiar Básica en la región Sierra alcanzó los USD 821,47, con una disminución del 0,90 % respecto al mes anterior, en el caso del transporte, muestra que este rubro ha mantenido una tendencia al alza durante 2026, evidenciando un incremento sostenido y paulatino.
Otro aspecto que los usuarios comentan es la calidad del servicio, pues consideran que existe un alto nivel de indulgencia hacia los conductores, a pesar de las deficiencias en la forma en que conducen y prestan el servicio. Asimismo, señalan que las unidades no reúnen las condiciones necesarias para brindar un transporte adecuado, lo que repercute negativamente en la experiencia de los pasajeros. En este contexto, manifiestan su inconformidad con el incremento de las tarifas del transporte público, ya que consideran que dicho aumento no se justifica mientras no se hayan subsanado las deficiencias relacionadas con la calidad de la atención, el estado de las unidades y la prestación del servicio en general.
Incremento del 25% en en el transporte interprovincial e intraprovincial (intercantonal):
En el caso de Imbabura, el impacto económico recaerá principalmente en los trabajadores, estudiantes y profesionales que usan las rutas entre Ibarra y los seis cantones de Imbabura (Atuntaqui, Otavalo, Cotacachi, Urcuquí y Pimampiro) y considerando 22 días laborables al mes (44 viajes entre ida y vuelta), el impacto económico sería el siguiente:
El incremento representará un gasto adicional de entre 4,40 y 15,84 dólares mensuales, dependiendo de la ruta que recorran los usuarios. En el transcurso de un año, este aumento significará un desembolso extra de entre 52,80 y 190,08 dólares. Los pasajeros que se movilizan entre Ibarra y Pimampiro serán los más afectados, al registrar el mayor incremento acumulado en sus gastos de transporte. En términos generales, la medida ejercerá una mayor presión sobre el presupuesto de las familias, trabajadores, estudiantes y profesionales que dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio u otros destinos.
(Redacciòn Ibarra).- El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) resolvió incrementar en un 25 % las tarifas del transporte público terrestre de pasajeros en las modalidades interprovincial e intraprovincial, mediante la Resolución 020-DIR-2026-ANT, firmada el 25 de julio de 2026. La decisión constituye el primer ajuste tarifario desde 2021 y busca responder a la necesidad de actualizar los valores frente al incremento de los costos de operación que enfrenta el sector transportista.
La medida tendrá un carácter temporal y permanecerá vigente mientras la ANT culmina el proceso de revisión e implementación de una nueva metodología para la fijación de tarifas a nivel nacional. De esta manera, el incremento funcionará como un ajuste transitorio hasta que entre en vigencia un nuevo esquema tarifario definitivo.
El aumento fue solicitado por los gremios del transporte, que desde el año 2025 han insistido en la necesidad de revisar las tarifas debido al incremento de los costos operativos, principalmente por el alza en el precio del diésel y la eliminación del mecanismo de compensación aplicado tras la reforma a los combustibles.
Aunque inicialmente se había previsto que las nuevas tarifas empezaran a regir desde el 1 de agosto, el director de la ANT, Luis Villacres, confirmó el 28 de julio que la resolución ya fue emitida y que su aplicación se realizará en los próximos días, una vez se cumplan los procedimientos correspondientes.
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que las tarifas del transporte público deben ser revisadas cada dos años. Sin embargo, el último ajuste se realizó en 2021, por lo que el sector transportista sostenía que era necesario actualizar los valores para garantizar la sostenibilidad del servicio.
Hasta el momento, la ANT no ha difundido el cuadro oficial con las nuevas tarifas por ruta, por lo que se espera que en los próximos días se publique el detalle de los valores que deberán cancelar los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial en todo el país.
El incremento del 25 % se aplicaría sobre las siguientes tarifas vigentes:
(Redacciòn Ibarra).- Es una imagen que se repite a diario en diferentes calles de la ciudad. Padre al volante, madre como pasajera, un niño sostenido en brazos y otro menor sentado sobre el tanque de combustible. En muchos casos, ninguno utiliza casco de protección.
Aunque para algunos se ha convertido en una escena «normal» debido a la necesidad de movilizarse, especialistas en seguridad vial advierten que esta práctica representa un alto riesgo, especialmente para los menores de edad, quienes son los más vulnerables en caso de una caída o un siniestro de tránsito.
La normativa ecuatoriana es clara. El Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que conductores y pasajeros de motocicletas están obligados a utilizar casco de seguridad homologado correctamente colocado durante todo el recorrido. No utilizar casco de seguridad homologado, tanto el conductor como el pasajero, constituye una contravención de tránsito sancionada con una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado que corresponde USD 144,60. Además, la normativa dispone la reducción de seis puntos en la licencia de conducir del infractor.
En cuanto al transporte de más personas de las permitidas por la capacidad de la motocicleta, la legislación también contempla una multa equivalente al 30 % del SBU (USD 144,60), al tratarse de una contravención de tránsito.
Por otra parte, el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre establece que los pasajeros deben ocupar únicamente el asiento destinado para ellos y ubicarse detrás del conductor. Está prohibido viajar sobre el tanque de combustible o entre el conductor y el manubrio. Cuando estas disposiciones no se cumplen, el vehículo puede ser retenido por la autoridad hasta que se subsane la infracción.
Más allá de una posible sanción, el principal problema es el riesgo que implica esta forma de movilización. En una motocicleta no existen estructuras de protección como las que ofrece un automóvil. Una frenada brusca, una colisión o incluso una maniobra para esquivar un obstáculo puede provocar que los menores salgan despedidos, con consecuencias que pueden ser fatales.
La seguridad vial no depende únicamente de los controles de las autoridades. También requiere conciencia ciudadana y responsabilidad de quienes utilizan este medio de transporte. Un viaje de pocos minutos puede cambiar una vida para siempre cuando se ignoran las normas básicas de protección.
(Redacción Imbabura).- La rendición de cuentas 2025 de la Policía Nacional en Imbabura revela una brecha que impacta directamente en la seguridad: la provincia opera con menos uniformados de los que recomienda el estándar internacional.
Según los datos presentados, Imbabura tiene 469.879 habitantes. De un total de 1.033 efectivos, apenas 914 cumplen funciones preventivas, es decir, son los que realizan patrullaje en territorio.
Bajo el estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes, la provincia debería contar con al menos 1.380 agentes operativos. Sin embargo, actualmente hay 1.033 policías en funciones, lo que representa un déficit de 347 uniformados y reduce la cobertura a aproximadamente 225 por cada 100.000 habitantes.
Ciudad Blanca: menos de la mitad del personal necesario
El Distrito Ciudad Blanca, el más poblado, concentra 209.816 habitantes, pero cuenta con solo 297 policías operativos. Aplicando el estándar internacional, este sector debería tener cerca de 630 policías. La cifra actual representa menos del 50% del personal requerido, evidenciando una presión operativa constante.
Patrullaje extendido y respuesta limitada
Con una extensión cantonal de 1.093 km² y apenas 297 policías en funciones operativas, la carga territorial en el Distrito Ciudad Blanca resulta considerable: en promedio, cada uniformado tendría que cubrir cerca de 3,7 km². Sin embargo, en la práctica —debido a turnos, descansos y otras funciones— el número de agentes en calle se reduce significativamente, lo que puede elevar la cobertura a más de 10 km² por policía en servicio. Esto implica que un solo uniformado podría estar respondiendo en un radio cercano a los 2 kilómetros a la redonda, una distancia que limita el patrullaje preventivo y refleja cómo la falta de personal termina diluyendo la presencia policial en amplios sectores del cantón.
Poco personal para investigar
A esto se suma que solo 102 policías están en investigación y 17 en inteligencia. Lo que refleja una estructura enfocada en patrullaje, pero con limitaciones para enfrentar delitos complejos o estructuras criminales.
Las cifras oficiales muestran que Imbabura no solo enfrenta problemas de inseguridad, sino también una limitación de personal. Con menos policías de los necesarios en las calles, la provincia opera al límite de su capacidad, en un escenario donde la demanda de seguridad supera claramente los recursos disponibles.
Durante la visita del ministro Reimberg a Ibarra, el pasado 26 de marzo, se le consultó sobre el déficit de personal policial frente a una provincia con alta población. El funcionario aseguró que se incrementaría el número de efectivos y se reforzaría el parque automotor para mejorar la seguridad; sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre si este ofrecimiento se ha cumplido en los meses posteriores.
(Redacción Ibarra).- El mercado Amazonas, uno de los principales puntos de concentración comercial y de abastecimiento en la ciudad de Ibarra y para la región norte del país, actualmente ya no cumple con las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento, tras más de 62 años de servicio.
Debido a su antigüedad y prolongado uso, presenta un evidente deterioro en su infraestructura, así como problemas de insalubridad, desorden y ocupación del espacio público en sus alrededores por parte de vendedores ambulantes. A esto se suman situaciones de inseguridad y la presencia de actividades ilícitas, factores que, con el paso del tiempo, han provocado que el mercado pierda funcionalidad y atractivo para los consumidores.
En este contexto, la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en Ibarra se ha posicionado como una de las principales propuestas de campaña de varios candidatos que aspiran a la Alcaldía. Esta obra es presentada como una posible solución a las problemáticas actuales del comercio local y como una apuesta para reordenar, modernizar y dinamizar la actividad comercial en la ciudad.
Este ofrecimiento ha tomado mayor fuerza debido a la presencia de diversos precandidatos a la Alcaldía, quienes, en el marco de sus recorridos y propuestas, buscan captar el respaldo ciudadano de cara a las próximas elecciones. Entre ellos se mencionan Juan Árias, Álvaro Castillo Monge, José Moncayo, Juan Manuel Mantilla, Estefano Bolaños entre otros.
Sin embargo, esta no es una propuesta nueva. Su origen se remonta a administraciones anteriores, durante las cuales distintos alcaldes han pasado por el despacho municipal sin lograr concretar la construcción del nuevo Mercado Amazonas. De esta manera, el proyecto se ha mantenido a lo largo del tiempo como una deuda pendiente con la ciudad.
A continuación, se presenta un repaso de las administraciones que han abordado —sin concretar— este proyecto:
Pablo Jurado (2005–2009): Durante su administración ya se planteaba la necesidad de ordenar y modernizar el sistema de mercados, enmarcado dentro de una visión más amplia de planificación urbana. En ese contexto, se impulsó la idea de transformar los mercados tradicionales en espacios más organizados y funcionales, incluso con características propias de centros comerciales, buscando dejar atrás la percepción de desorden e insalubridad.
Para 2006 ya se hablaba de concentrar la actividad comercial en un solo lugar a través de un macro proyecto que contemplaba infraestructura moderna y la reubicación de comerciantes, incluidos los del mercado Amazonas, hacia el sector de La Playa. La iniciativa contaba con estudios y planos listos, pero su ejecución dependía de un financiamiento estimado en alrededor de 9 millones de dólares, recursos que no pudieron ser cubiertos por el presupuesto municipal y que quedaron sujetos a una eventual asignación del Estado.
Posteriormente, en 2009, en el marco de su campaña de reelección, Jurado también planteó la ampliación del mercado La Playa y la construcción de nuevos centros de abasto en sectores de crecimiento como Los Ceibos, Alpachaca y San Antonio, reforzando la idea de desconcentrar y reorganizar el sistema de mercados de la ciudad.
Jorge Martínez (2009–2014): Durante su administración se mantuvo en agenda la necesidad de reorganizar el sistema de mercados, aunque sin concretar una intervención estructural en el mercado Amazonas. Su gestión priorizó obras de regeneración urbana, entre ellas la construcción del bulevar en el centro de la ciudad, proyecto en el que se invirtieron alrededor de 6 millones de dólares. Si bien estas obras apuntaron a mejorar la imagen urbana y dinamizar el comercio, la problemática de los mercados tradicionales continuó sin una solución de fondo.
Álvaro Castillo (2014–2019): Durante su administración se impulsó la construcción de un nuevo mercado Amazonas en las inmediaciones de la terminal terrestre, como parte de una estrategia para reordenar el comercio en la ciudad. En 2015 se colocó la primera piedra y se inició la ejecución del proyecto, cuyo costo total se estimaba en alrededor de 7 millones de dólares. Sin embargo, la obra se vio afectada por un litigio con la familia Morejón relacionado con la propiedad de los terrenos, lo que frenó su avance. A pesar de haberse invertido cerca de 3 millones de dólares en la primera fase, los trabajos no pasaron de los cimientos y estructura inicial, quedando la obra inconclusa y sin cumplir el objetivo previsto.
Andrea Scacco (2019–2023): Durante su administración se retomó la intención de construir un nuevo mercado Amazonas; sin embargo, se planteó un cambio de enfoque, priorizando su ejecución por etapas o incluso analizando la posibilidad de intervenir en el mismo sitio del actual mercado. Su gestión se centró en la búsqueda de financiamiento externo para viabilizar el proyecto, pero no se logró concretar una inversión ni iniciar obras, por lo que la propuesta volvió a quedar en planificación sin ejecución.
Álvaro Castillo (2023–2027): En la actual administración se ha planteado la creación de un “Sistema de Mercados Centrales”, que contempla la construcción de un nuevo mercado Amazonas junto con infraestructura complementaria, como parte de un proyecto más amplio y estructurado. No obstante, la propuesta se ha mantenido en debate y ha enfrentado resistencia por parte de los comerciantes.
El 15 de julio del año pasado se realizó un proceso de socialización entre dirigentes del mercado y el alcalde, quien informó que no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, señaló que el Municipio se encuentra gestionando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española.
La iniciativa, impulsada por el alcalde y delegada a la empresa pública municipal Innova EP, contempla una inversión estimada de 70 millones de dólares mediante un modelo de alianza público-privada. De acuerdo con la planificación, se destinarían 50 millones para el mercado Amazonas, 18 millones para el centro comercial municipal La Playa y 2 millones para la plaza de servicios Amazonas.
Sin embargo, hasta la fecha, la propuesta no se ha concretado y, considerando que la actual administración está próxima a culminar su periodo, su ejecución en el corto plazo resulta poco probable.
(Redacción Ecuador).- El avance acelerado de la Inteligencia Artificial ha traído consigo herramientas capaces de crear imágenes, audios y videos hiperrealistas en cuestión de segundos. Sin embargo, este progreso también ha abierto una preocupante puerta a la generación de contenido íntimo falso —conocido como deepfake— utilizado para acosar, humillar y extorsionar a las personas.
Hoy, cualquier usuario con acceso a ciertas aplicaciones puede tomar una fotografía real y, mediante IA, alterarla para simular desnudos o situaciones sexuales inexistentes. Este tipo de manipulación, además de vulnerar gravemente la privacidad y la dignidad de las víctimas, se ha convertido en un método de presión y extorsión ya que los agresores amenazan con difundir el material si no reciben dinero, favores o silencio.
Este fenómeno, cada vez más frecuente, cobra especial relevancia tras un posible caso registrado en la Unidad Educativa San Roque en el cantón Otavalo. Durante una asamblea de padres de familia realizada el jueves 23 de abril, se denunció que un estudiante de octavo año habría utilizado herramientas de Inteligencia Artificial para manipular fotografías de sus compañeros, generando contenido inapropiado que no solo circuló dentro del plantel, sino que, según los representantes, incluso habría sido comercializado.
La reacción fue inmediata. Padres del curso afectado calificaron el hecho como una grave vulneración a la dignidad de los menores y anunciaron acciones legales tanto contra el estudiante implicado como contra la institución, señalando una falta de control y protección.
La reunión se tornó tensa cuando el padre del menor acusado exigió pruebas antes de aceptar sanciones. Además, se mencionó que el estudiante pertenecería a un grupo con discapacidad, lo que añade complejidad al manejo del caso desde el punto de vista disciplinario y jurídico.
Ante la gravedad de la situación, los padres han advertido con un retiro masivo de alumnos si no se garantizan cambios inmediatos. La crisis ya ha derivado en el anuncio de modificaciones en el rectorado y ha puesto en debate incluso la posibilidad de recurrir a mecanismos como la justicia indígena.
El artículo 166-A del Código Orgánico Integral Penal se establece que la persona que, sin consentimiento, difunda, publique, comparta o entregue a terceros imágenes, audios o videos de carácter íntimo o sexual de otra persona, vulnerando su privacidad, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a seis años, la cual puede agravarse si concurren circunstancias como relación de confianza, finalidad de daño o difusión masiva del contenido.
En el caso de contenido íntimo falso generado con inteligencia artificial, como el ya mencionado “deepfakes”, puede ser sancionado bajo varias figuras del COIP pese a que la normativa no lo regula de forma expresa. En la práctica, estos casos pueden configurarse como delitos de extorsión o extorsión sexual cuando existe chantaje, así como infracciones contra el honor —como la calumnia— si se afecta la reputación de la víctima, e incluso vulneración a la intimidad según las circunstancias.
El caso de Otavalo no es aislado, sino un reflejo de una problemática creciente en la manipulación de la Inteligencia Artificial como herramienta de daño.
(Redacción Ecuador).- El pasado 27 de marzo, tras 19 días de paralización en la frontera norte, Ecuador restableció el tránsito en el corredor Ipiales–Rumichaca. No obstante, y según datos oficiales, la crisis no solo dejó afectaciones logísticas, sino también un resultado inesperado: un giro histórico en la balanza comercial con Colombia.
De acuerdo con el Ministerio de la Producción de Ecuador, por primera vez en más de 25 años, Ecuador exporta más de lo que importa desde Colombia. Entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2026, el país pasó de un déficit de 145,9 millones de dólares en 2025 a un superávit de 62,9 millones en el mismo periodo de 2026.
Este resultado coincide con la implementación de medidas comerciales por parte del Gobierno ecuatoriano, que incluyeron la aplicación de aranceles del 30% a productos colombianos desde el 1 de febrero, incrementados al 50% a partir de marzo.
Según cifras del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador:
Las exportaciones ecuatorianas crecieron un 32% respecto a 2025
Las importaciones desde Colombia se redujeron en un 56,7%
El volumen exportado alcanzó los 187,7 millones de dólares
Este comportamiento permitió revertir una tendencia histórica de dependencia comercial.
El paro fronterizo, impulsado por gremios colombianos en respuesta a los aranceles ecuatorianos, contribuyó indirectamente a la reducción de importaciones y al fortalecimiento del mercado interno ecuatoriano. Tras el levantamiento del paro, las autoridades de ambos países retomaron el diálogo. En una reunión junto a la Comunidad Andina, se abordaron temas clave como comercio, seguridad fronteriza y cooperación bilateral.
La canciller Gabriela Sommerfeld señaló que el proceso continuará en una fase técnica, aunque reconoció que las tensiones comerciales persisten. Si bien las cifras reflejan un resultado positivo en el corto plazo, el escenario aún es incierto. Los aranceles se mantienen vigentes, y expertos advierten que el desafío será sostener este superávit sin afectar la relación comercial ni el abastecimiento.
(Redacción Ibarra).- En la ciudad de Ibarra, la compra y venta de oro ha crecido en los últimos años, tanto en establecimientos formales como de manera informal, impulsada por la presencia de minería ilegal en Imbabura, lo que ha derivado en un incremento de casos relacionados con posibles estafas.
En este contexto, en el sector de Las Rieles, la Policía Nacional aprehendió a William Raumir C., quien registra antecedentes por tenencia de armas. Según el reporte, el ciudadano habría vendido un supuesto oro de 35 gramos y posteriormente huyó; sin embargo, la víctima alertó que se trataba de piedras pintadas de color dorado.
Durante el procedimiento se levantaron como indicios un vehículo, un terminal móvil y una funda con sustancia rocosa de color dorado. El aprehendido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
(Redacción Otavalo).- Nuestra redacción evidenció en varios eventos y actividades oficiales —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, realizada el 14 de enero de este año— el uso reiterado del nombre de la alcaldesa Anabel Hermosa en distintos materiales promocionales pertenecientes a la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
En dichos espacios públicos fue posible observar stands, roll-ups, backing, carpas inflables, arcos inflables, tótems y otros elementos visuales donde el nombre de la primera autoridad del cantón destacaba de manera visible junto a la identificación institucional.
Al revisar la información disponible en el Sistema Nacional de Contratación Pública, se constató que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación municipal, en proceso de ínfima cuantía, se adquirieron dichos bienes antes mencionados, destinados a la difusión de acciones institucionales.
El contexto cobra especial relevancia si se considera lo establecido en el artículo 219 del Código de la Democracia, que prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su responsabilidad.
Lo que cambió:
En actividades y apariciones públicas más recientes de la alcaldesa, se ha evidenciado un giro llamativo, puesto que en parte del material físico, el nombre “Anabel Hermosa Alcaldesa” aparece cubierto con un parche, reemplazado por un logo circular con la frase “Cumplimos”.
En plataformas digitales institucionales, como la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía, continúan visibles etiquetas como #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, por lo que el debate se mantiene abierto sobre los alcances y límites de la comunicación pública en la provincia.
Hoy en Imbabura 