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Corte Nacional revisará el pedido de hábeas corpus a favor de Luis Jácome, quien permanece detenido y tiene madre con discapacidad

(Redacción Imababura).- La Corte Nacional de Justicia convocó una audiencia de hábeas corpus a favor de Luis Henry Jácome Espinoza, quien es el único de los llamados “12 de Otavalo” que continúa en prisión.

La decisión fue tomada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional, luego de recibir los documentos enviados por la Fiscalía y la Unidad Judicial de Garantías Penales relacionados con el caso. La diligencia se realizará de forma virtual, el martes 11 de noviembre de 2025 a las 14h00, a través de la plataforma Zoom.

Durante una entrevista, la familia de Luis Henry contó que él era el principal cuidador de su madre, quien tiene una discapacidad del 90% y actualmente se encuentra hospitalizada por problemas de salud. La defensa técnica solicitó la intervención de organismos de derechos humanos para conseguir su pronta liberación, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de su madre.

Asimismo, la Corte ordenó notificar a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado, debido a denuncias sobre posibles agresiones sufridas por Jácome durante su detención. El Centro de Rehabilitación Social N.º 1 de Ibarra deberá garantizar que el procesado participe de manera telemática en la audiencia.

Tribunal revoca prisión preventiva a 11 de los 12 detenidos por las protestas en Otavalo

(Redacción Quito).- Durante la mañana de este viernes, se llevó a cabo la audiencia en la que un tribunal de justicia de Pichincha resolvió revocar la prisión preventiva para 11 de los 12 detenidos durante las protestas registradas en Otavalo.

Las personas procesadas enfrentaban cargos por el presunto delito de terrorismo; sin embargo, el tribunal determinó que los elementos presentados por la Fiscalía no cumplen con los presupuestos necesarios para sustentar que los acusados pertenecen a un grupo terrorista o grupo delictivo organizado (GDO).

En su resolución, el tribunal concluyó que no existen elementos suficientes para mantener la privación de libertad, por lo que los procesados deberán ser puestos en libertad en las próximas horas. No obstante, continuarán su proceso judicial en libertad, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Los 12 ciudadanos permanecieron un mes en prisión preventiva, dentro de un proceso que ha generado amplia controversia por las denuncias de posibles excesos ocurridos durante las manifestaciones.

Juez constitucional falla a favor del lago San Pablo y ordena ejecutar un plan de remediación ambiental

(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.

El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.

El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.

Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.

Ratificaron inocencia de mujer acusada de exceso de legítima defensa en Ibarra

zoila

Varios colectivos participaron de una protesta en las afueras del Consejo de la Judicatura en Ibarra

(Redacción Ibarra).- El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, acogió la apelación que hiciera la defensa de Zoila P., en la que se solicitaba la revisión de la sentencia.

Zoila, fue sentenciada en un inicio a seis años y ocho meses, por homicidio por exceso de legítima defensa, pasó más de cinco meses en la cárcel de la ciudad de Tulcán, su defensa apeló la sentencia y en la audiencia que se realizó este viernes 23 de junio del 2017, en el Consejo de la Judicatura de Ibarra, se ratificó la inocencia a Zoila P. y se ordenó su inmediata libertad.

Varios familiares y amigos de Zoila, se apostaron desde la mañana de hoy, exigiendo la libertad de Zoila, según manifestaron voceras del Colectivo Más de Ocho, ella actuó en legitima defensa,

La audiencia se instaló a las 09h45, tuvo un receso y fue retomada a las 15h00 horas, el fallo se conoció alrededor de las 16h30.

En Ecuador existe un caso similar donde el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha ratificó la inocencia de una mujer por actuar en legítima defensa en 2015.