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Imbabura cierra 2025 entre crisis política y la llegada de un nuevo gobernador

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(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Paro 2025

Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.

La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.

Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:

En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.

Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:

Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.

Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.

El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.

Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :

En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.

Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.

Tras brote de influenza equina, la Cacería del Zorro confirma su edición 53° para el 29 de noviembre

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(Redacción Ibarra).- Esta mañana se llevó a cabo una rueda de prensa en el Salón Amarillo del Torreón para anunciar oficialmente la realización de la 53ª edición de la Cacería del Zorro, uno de los eventos ecuestres más tradicionales del norte del país.

La competencia, que había sido motivo de debate organizativo y postergada debido a una influenza equina, se llevará a cabo finalmente el 29 de noviembre, gracias a la coordinación del Comité Organizador encabezado por el señor Santiago Amador con el apoyo de la Prefectura de Imbabura y la Alcaldía de Ibarra.

Desde la Prefectura se manifestó el respaldo al evento como parte de los esfuerzos de reactivación económica, turística y cultural que se impulsa en la provincia. Las autoridades resaltaron que esta edición cuenta con acreditación oficial y que la logística ha sido fortalecida, especialmente en lo relacionado con parqueaderos, rutas de acceso, seguridad y control del público, con el fin de garantizar una experiencia segura y ordenada para participantes y asistentes.

Durante la presentación, los representantes destacaron que esta edición mantiene vivo el componente cultural, deportivo y turístico que ha caracterizado a la Cacería del Zorro a lo largo de su historia. Jinetes de diferentes localidades participarán en la tradicional competencia ecuestre, que reúne cada año a miles de espectadores.

Como parte del programa, tras la premiación se realizará un concierto artístico en el Autódromo José Tobar Tobar de Yahuarcocha, donde se presentarán talentos como Jombriel, Magic Juan, Papaya Dada, entre otros artistas invitados, que aportarán un cierre festivo a la jornada.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía, amantes del deporte ecuestre y visitantes nacionales y extranjeros a disfrutar de esta jornada que combina tradición, destreza y espectáculo, y que constituye un referente en el país.

Imbabura duplicó su burocracia en la época del correísmo y hoy enfrentará los despidos de Noboa

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(Redacción Imbabura). El Gobierno de Daniel Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos a nivel nacional, una medida que, aunque aún no detalla cuántos trabajadores serán afectados en la provincia de Imbabura, ya despierta un debate sobre el tamaño del Estado y su papel en la economía y los servicios públicos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Imbabura registra actualmente 18.581 servidores públicos, una cifra que casi se duplicó durante la presidencia de Rafael Correa (2007–2017), cuando pasaron de 10.443 a 18.741. Este incremento respondió a una política de expansión estatal que apostó por fortalecer la presencia del Estado a través de nuevos hospitales, escuelas, instituciones públicas y programas sociales. La contratación de personal fue clave para operar esta estructura.

Sin embargo, esa misma expansión generó una carga fiscal elevada. Tras la caída de los precios del petróleo y el endeudamiento progresivo, el Estado comenzó a mostrar señales de desgaste económico. Desde 2017, con Lenín Moreno, se redujo el ritmo de contrataciones, y con Guillermo Lasso el número de funcionarios disminuyó aún más.

Hoy, la decisión de Noboa de reducir 5.000 plazas se presenta como una medida de contención frente a una crisis fiscal profunda. El recorte apunta a un Estado más liviano, en teoría más eficiente, pero también implica riesgos: menos personal podría significar reducción de servicios públicos en sectores clave como salud, educación y seguridad.

En provincias como Imbabura, donde muchas familias dependen de empleos estatales, la medida podría tener un impacto social y económico considerable.

Ambuquí alza la voz contra humaredas, olores y ruido

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(Redacción Ibarra).- La comunidad de Ambuquí, perteneciente al cantón Ibarra al nororiente de la provincia de Imbabura, continúa en pie de lucha. Con movilizaciones y bloqueo de vías, exigen el cierre definitivo de una mina y su respectiva planta de asfalto, que según denuncian, afecta gravemente a la salud de los moradores y al desarrollo turístico de la zona.

Los habitantes aseguran que las emisiones de gases y partículas contaminantes están generando molestias respiratorias, irritación ocular y malestar general tanto en los habitantes como en turistas. Además, mencionan que el fuerte olor a asfalto causa incomodidad entre quienes visitan este destino reconocido por su clima cálido.

En un conversatorio efectuado por la comunidad, al que fueron invitados representantes del Ministerio del Ambiente y otras autoridades, se esperaba tratar posibles soluciones. Sin embargo, la ausencia de dichas entidades generó malestar y dejó sin respuesta los reclamos ciudadanos. La comunidad también cuestiona las concesiones mineras otorgadas en la zona, que no responderían a una escala artesanal sino industrial, sin contar, según afirman, con el consentimiento previo de los pobladores.

Homero Benavides, dirigente de la comunidad, manifestó que los pobladores han recibido amenazas e incluso intimidaciones con armas de fuego por parte de personas vinculadas a los propietarios de la planta, lo que ha encendido aún más las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes alzan su voz.

Elena Yépez, habitante de la zona, señala que la planta de asfalto ha generado una evidente contaminación del aire, mientras que la actividad minera está provocando una degradación ambiental visible: “Una parte de la loma ya está siendo destruida, se nota cómo va desapareciendo poco a poco”, expresó con preocupación.

Esta mañana, autoridades locales, medios de comunicación y moradores realizaron un recorrido por la zona afectada para constatar los daños y reforzar los pedidos de intervención estatal. “Ambuquí no es zona industrial, es un lugar turístico, y queremos que se respete esa esencia”, comentó uno de los habitantes.

Luego de este recorrido se estableció una mesa de diálogo en la cual se determinaron varios acuerdos, entre los que se destaca una nueva revisión con equipos técnicos especializados para poder determinar el grado de afectación de una forma real en la zona, además de la revisión minuciosa de los permisos de uso de suelo y ambientales que fueron otorgados para esta actividad minera. A las 13h30 minutos, en medio de varias intervenciones salió humo blanco y se pudo habilitar la vía. Este miércoles 30 de abril se realizará un nuevo recorrido con todas las autoridades para poder verificar todos los cumplimientos establecidos en la mesa de diálogo.

Concejo Municipal de Ibarra conoció sobre la dimisión de bienes a favor de la familia Morejón

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(Redacción Ibarra).- En una acalorada sesión de Concejo realizada la mañana de este jueves 13 de septiembre del 2018, el alcalde de Ibarra Álvaro Castillo informó al Concejo sobre la dimisión de bienes, en el proceso judicial que lleva adelante la familia Morejón.

La sesión inició con una explicación por parte del Procurador Síndico del Municipio de Ibarra, Hugo Realpe, quien realizó una reseña sobre lo actuado por la defensa municipal. “Nosotros recibimos la notificación de una sentencia ejecutoriada, la misma dice que se pague los 10 millones 200 mil dólares o se dimita bienes y en lo que derecho corresponde, tenemos que cumplir lo que la sentencia determina” afirmó Realpe, al término de criticar la actuación de las anteriores administraciones municipales por no actuar conforme a derecho en los plazos establecidos por la ley y que ahora le causan un perjuicio enorme a la ciudad.

Hilda Herrera, en su intervención por su parte criticó varias de las acciones generadas por la defensa municipal, “Se han pagado grandes cantidades de dinero a abogados –chimbos- que no han logrado revertir la sentencia o darle una solución a este problema”. Criticó además la poca voluntad política del alcalde Castillo en fomentar el diálogo y el entendimiento entre las partes involucradas, para llegar a un buen acuerdo.

“Nosotros propusimos la creación de una Comisión Mediadora, que al final de cuentas fue bloqueada por el alcalde para que no se llegue a concretar una mediación entre la familia Morejón y la Alcaldía de Ibarra” puntualizó Herrera.

Juan Manuel Mantilla, por su parte expuso la documentación sobre el pedido que realizó a la Contraloría, para que audite la entrega de bienes a la Familia Morejón, “Hemos entregado a la Contraloría y nos encantaría que se pronuncie sobre la actuación del alcalde y del procurador síndico, en vista de que se ha inobservado al máximo organismo que tiene Ibarra, que es el Concejo Municipal al dimitir bienes sin nuestra autorización”.

Argumentó que el artículo 436 del COOTAD, obliga al alcalde pedir la autorización al Concejo Municipal para todo lo relacionado con la entrega de bienes.

Comentó además que la mejor solución para Ibarra, sería llegar a un acuerdo de pago en buenos términos y poder solucionar este conflicto.

Por su parte el Álcalde de Ibarra Álvaro Castillo comentó que en vista a la premura de una sentencia ejecutoriada y con el peligro de que se inicie un proceso legal en su contra por incumplimiento de una orden judicial, tuvo que firmar luego de un estudio y varios análisis la dimisión de los 25 bienes, en el caso Morejón. “Luego de recibir un informe por parte del Procurador Síndico, en donde se confirmó que no necesitaba la autorización del Concejo Municipal procedimos a la dimisión de bienes, en materia legal hicimos lo correcto” dijo el alcalde Castillo.

Confirmó además que el Tribunal cometió un error de cálculo, en vista de que para la primera autoridad de la ciudad, la extensión en perjuicio que se le debe pagar a la familia Morejón es de tan solo 42 mil metros cuadrados y no los 67 mil que se encuentran en la sentencia. “Cuando paguemos los 10 millones, nos tienen que entregar los 67 mil metros, y ahí les quiero ver de donde sacan esos terrenos” puntualizó.

Finalmente, el ex vicealcalde de la ciudad Ramiro Páez rechazó la forma en la que se dimitieron los bienes y manifestó que la mejor manera hubiese sido consultando al Concejo Municipal. “No es posible que para una donación, para un traspaso o incluso hasta para dar de baja un vaso en la alcaldía se consulte al Concejo, pero para un litigio de más de 10 millones de dólares, que tiene de por medio una entrega de bienes de la ciudad nosotros no hayamos sido consultados” puntualizó.

Los Concejales, Carlos Arias, Carmen Luisa Zhender, Carla Proaño por su parte propusieron al Concejo Municipal, una mediación extrajudicial entre la familia y la alcaldía para poner punto final a un problema que tiene más de 30 años, el debate en la sesión de Concejo concluyó cerca de las 12h00 horas.