(Redacción Esmeraldas).– Un incendio se registró este viernes en la Refinería de Esmeraldas, casi un año después de una emergencia similar que ocasionó graves daños en la infraestructura de la planta estatal.
Según confirmó Petroecuador, el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 en una piscina de slop, un depósito de residuos de hidrocarburos ubicado en el área externa de la refinería. A través de un comunicado oficial, la empresa informó que el equipo contraincendios actuó de inmediato, logrando controlar la situación, y aseguró que las operaciones de la refinería no se han visto afectadas.
No obstante, de acuerdo con reportes ciudadanos, el hecho estuvo precedido por una fuerte explosión, seguida de una gran columna de humo que se elevó desde las instalaciones, generando alarma entre los habitantes de sectores cercanos.
Petroecuador indicó que se continúan realizando las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del incendio y reiteró que no se registraron afectaciones a la producción ni riesgos adicionales para la población.
(Redacción Otavalo).- La presencia del nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, en material de comunicación institucional volvió a encender el debate sobre los límites entre informar gestión pública y promocionar a una autoridad usando recursos del Estado.
En varios eventos vinculados a la Alcaldía de Otavalo —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, cuya difusión comenzó el pasado 14 de enero— se ha evidenciado el uso reiterado de una gráfica institucional en la que el nombre de la alcaldesa destaca de forma predominante en distintos materiales publicitarios. Esta presentación, por su diseño y énfasis visual, resulta llamativa y deliberada, y según el criterio de varios especialistas; lo que se asemejaría más a una marca personal que a una identificación oficial del Municipio.
Al revisar el Sistema Nacional de Contratación Pública, se pudo verificar que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación de la Alcaldía de Otavalo, se inició un proceso de ínfima cuantía para la adquisición de bienes destinados al proyecto de difusión de acciones de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.
Dentro de las especificaciones técnicas de dichos bienes constan stands, inflables, carpas inflables, arcos inflables, obeliscos inflables, tótems, roll-ups, backing y otros elementos promocionales, los cuales no solo incorporan el nombre institucional de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, sino también el nombre de la primera autoridad del cantón.
Asimismo, en las redes sociales institucionales, particularmente en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, se observa de manera reiterada la inclusión del nombre de la alcaldesa, acompañado de los hashtags #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, un llamativo juego de palabras que refuerza la evidente apropiación simbólica de los canales institucionales.
¿Qué dice la norma?
El Código de la Democracia, en su artículo 219, prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su cargo. Especialistas señalan que el punto no es impedir la comunicación institucional, sino evitar que el presupuesto público se use para posicionamiento personal o con fines que puedan afectar la equidad política.
Contraloría ya ha observado casos similares
La Contraloría General del Estado sí ha revisado y observado el uso de recursos públicos en publicidad institucional cuando esta incluye nombres de autoridades u organizaciones políticas. Un antecedente directo es el examen especial realizado al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los gastos de publicidad, información y difusión en vallas y otros medios, específicamente para determinar si se utilizaron recursos y espacios públicos para promocionar nombres de personas u organizaciones políticas. Aunque en ese caso el informe concluyó con observaciones y recomendaciones —y no con una sanción administrativa definitiva—, el proceso dejó establecido que este tipo de prácticas son objeto de control fiscal. Además, la Contraloría ha reiterado en comunicados oficiales que mantiene controles permanentes, especialmente en periodos electorales, para evitar el uso de bienes y recursos públicos con fines de promoción personal o política, en concordancia con la prohibición expresa del artículo 219 del Código de la Democracia.
Cuando sí hay sanción: el precedente del TCE
En la vía electoral, el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado casos vinculados al uso de bienes públicos en contextos de promoción. En la causa 084-2019, el TCE declaró responsable al entonces rector de la ULEAM, Alejandro Miguel Camino Solórzano, y dispuso una multa de 10 remuneraciones básicas por permitir que vallas de propiedad pública sean usadas con publicidad electoral, citando el art. 219 como base prohibitiva y aplicando el régimen de infracciones.
Documentos públicos del requerimiento de la ORDEN DE COMPRA DEL GAD DE OTAVALO.
(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.
En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.
La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.
Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.
El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.
(Redacción Imbabura).- Como ocurre cada año durante las festividades de fin de año, grupos de personas disfrazadas de las denominadas “viudas” han retomado de forma anticipada la práctica de bloquear la vía E35 en el sector de Mascarilla, provincia del Carchi, para exigir dinero a los conductores. En esta ocasión, la presencia de estos grupos se ha registrado a pocos días de finalizar el año, generando interrupciones en una carretera estratégica que conecta a Imbabura con Carchi.
Según denuncias, se ha identificado la operación de al menos dos grupos ubicados a corta distancia entre sí, quienes utilizan escombros y obstáculos para forzar la detención de los vehículos y solicitar “colaboraciones” económicas. Los montos exigidos van desde un dólar, mediante retenes improvisados que, en algunos tramos, llegarían a contabilizarse hasta 20 a lo largo de la E35.
Ante esta problemática recurrente, la Alcaldía de Pimampiro activó desde el sábado pasado operativos de control para garantizar el orden y la seguridad vial. Las acciones se ejecutan desde tempranas horas de la mañana con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Ecuatoriano, especialmente en los puntos considerados conflictivos de la vía.
Durante los operativos se registraron intentos de bloqueo mediante la colocación de cadenas; sin embargo, la intervención de las fuerzas del orden evitó que estas acciones se concreten. Como medida preventiva por las festividades de fin de año, la E35 fue militarizada y se anunció que los controles se mantendrán para impedir cobros ilegales y garantizar la libre circulación.
(Redacción Ibarra).- A las 12h10 de este viernes se registró un incendio estructural en una vivienda de construcción mixta ubicada en la intersección de las calles Eusebio Borrero y Sánchez y Cifuentes, en Ibarra. La emergencia fue alertada por los vecinos del sector, quienes informaron que el inmueble se encontraba vacío al momento del siniestro.
El Cuerpo de Bomberos de Ibarra movilizó a 13 efectivos de las estaciones Santo Domingo y Terminal Terrestre, junto con dos autobombas, dos tanqueros y una ambulancia. Tras evaluar la escena, los bomberos realizaron una entrada forzada para intervenir de manera directa en el área afectada. El fuego había consumido gran parte de la estructura, construida con adobe y madera, provocando el colapso del techo y pérdidas materiales casi totales.
Las unidades ejecutaron labores de control, enfriamiento, remoción de escombros y ventilación, evitando que las llamas se propagaran a viviendas cercanas. No se registraron heridos y las causas del incendio aún se encuentran en investigación.
(Redacción Imbabura).- En el marco de las elecciones que se desarrollarán este domingo en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que se aplicará ley seca a nivel nacional como parte de las medidas obligatorias establecidas para garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y sin interferencias.
De acuerdo con el Código de la Democracia, la restricción inicia 36 horas antes del día de los comicios y se mantiene hasta 12 horas después. Para esta jornada, la medida regirá desde las 12h00 del viernes y se extenderá hasta las 12h00 del lunes. Durante ese periodo queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, tiendas, bares, restaurantes y cualquier establecimiento comercial.
El CNE aclaró que el incumplimiento de la ley seca conlleva sanciones económicas. Quienes expendan o consuman bebidas alcohólicas durante la vigencia de la prohibición, o quienes intenten ingresar a los recintos electorales en estado etílico, se enfrentarán a una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU). Para 2025, el SBU en Ecuador es de USD 470, por lo que la sanción asciende a USD 235.
Además, los establecimientos que violen esta disposición podrían enfrentar sanciones adicionales, incluyendo clausuras temporales o definitivas según la gravedad de la infracción.
La Policía Nacional y los gobiernos locales ejecutarán operativos de control desde este viernes para garantizar el cumplimiento de la norma en todo el territorio. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respetar las disposiciones vigentes durante este proceso electoral
(Redacción Imbabura).– Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador, la mañana del sábado 2 de agosto, logró un importante golpe al narcotráfico en la provincia. La acción se desarrolló en el sector de Tababuela, durante un control vehicular coordinado por el Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC) y su Unidad Canina especializada.
El vehículo, un camión de transporte pesado que se desplazaba desde el cantón Bolívar, en la provincia del Carchi, con destino a Guayaquil, fue detenido tras detectarse una actitud sospechosa por parte de su conductor. Aplicando técnicas de perfilamiento, los uniformados decidieron realizar una inspección minuciosa.
Fue el can detector «Azan» quien marcó una zona específica del automotor, lo que llevó a descubrir un compartimento oculto en su estructura. En el doble fondo, los agentes encontraron 241 paquetes tipo ladrillo, con un logotipo negro, que presuntamente contenían clorhidrato de cocaína. La carga tendría un peso total de aproximadamente 241 kilos.
Según estimaciones preliminares, en el mercado nacional cada kilo de cocaína estaría valorado en aproximadamente 2 mil dólares, mientras que su comercialización en el extranjero habría representado una ganancia ilícita cercana a los 10 millones de dólares. El conductor, identificado como Paul P., de 26 años, ciudadano ecuatoriano oriundo de Ambato, fue aprehendido en el lugar y puesto a órdenes de las autoridades competentes.
(Redacción Imbabura).- La noche del martes 8 de julio, la Policía Nacional ejecutó un operativo en el sector de Ambuquí, a la altura del Control Integrado Mascarilla-Tababuela, en la vía Panamericana E35, que dejó como resultado la aprehensión de dos ciudadanos identificados como Guandinango L. y Ayora M. y la incautación de 458 bloques de una sustancia vegetal presumiblemente marihuana, con un peso total de 453.788,80 gramos, cerca de media tonelada de droga.
El procedimiento fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Centro de Adiestramiento Canino (CRAC) y la Jefatura Zonal de Criminalística, como parte de los operativos de control que se refuerzan en los principales ejes viales del norte del país.
Durante el control vehicular, se detuvo un camión que transportaba cartones con productos vegetales. La inspección con el can detector ASSAN, del CRAC, generó una alerta positiva por posible presencia de sustancias sujetas a fiscalización. Al revisar con mayor detalle, los agentes descubrieron un doble fondo en el camión, donde se encontraba oculta la droga, una técnica comúnmente utilizada por redes de narcotráfico para evadir los controles.
Según las primeras indagaciones, la droga habría ingresado desde territorio colombiano y estaría destinada al consumo local.
(Redacción Ecuador).- La Fiscalía General del Estado anunció esta mañana el inicio de un operativo de gran envergadura denominado “Depuración Azul”, que busca desarticular una red de delincuencia organizada dentro de la propia Policía Nacional. La investigación pone en la mira a uniformados en servicio activo que, presuntamente, estarían abasteciendo de armas y municiones a grupos delictivos a cambio de dinero.
Como parte de esta acción, se están realizando allanamientos simultáneos en varias provincias del país, incluyendo Imbabura, Pichincha, Guayas y Cotopaxi. En Imbabura, las autoridades han intervenido en diversos puntos estratégicos para recabar pruebas y desarticular esta presunta estructura criminal.
Este nuevo escándalo ocurre en medio de una escalada de violencia en el país, donde las armas provenientes del mercado negro han sido utilizadas en delitos graves como asesinatos, sicariatos y atentados contra servidores públicos. Uno de los focos principales del operativo es el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía, donde se investigan posibles irregularidades en el manejo y entrega de armamento institucional.
Hasta el momento se conoce la aprehensión de 10 uniformados por este delito y otros servidores policiales estarían bajo investigación.
(Redacción Ibarra).- Un nuevo caso de inseguridad genera alarma en la ciudad de Ibarra. Un video enviado a nuestra redacción muestra cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta rondan el sector de Miravalle, en la avenida 13 de Abril, asaltan y roban a una joven que transitaba en bicicleta. En el video quedaron registrados los gritos de desesperación clamando por ayuda.
El hecho se suma a una serie de denuncias similares donde transeúntes han sido interceptados por delincuentes en moto, quienes actúan con violencia e intimidación sustrayendo sus pertenencias.
Moradores de la zona señalan su preocupación por la falta de controles efectivos. Mencionan que muchas de estas motos no tienen placas, los ocupantes circulan sin casco y con el rostro cubierto y, según afirman, no existe control ni patrullajes en la zona por parte de Policía Nacional y agentes de tránsito.
La percepción de inseguridad en la ciudadanía ha crecido considerablemente, respaldada por cifras oficiales que revelan un preocupante aumento de la violencia. Según datos de Primicias, en el primer trimestre de 2025 se registraron 2.361 muertes violentas, lo que representa un incremento del 65% respecto al mismo período del año anterior. Además, desde marzo se igualó el récord histórico de crímenes mensuales, reflejando un repunte sin precedentes que genera gran preocupación en la población.
La ciudadanía ibarreña exige acciones urgentes por parte de las autoridades para frenar estos hechos delictivos que cada vez se vuelven más frecuentes en la ciudad.
Hoy en Imbabura 