(Redacción Otavalo).- La situación legal de la alcaldesa de Otavalo podría complicarse tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que confirmó haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Imbabura por un presunto delito contra el agua, en relación con la crítica situación ambiental del lago San Pablo.

El comunicado, emitido el lunes 6 de mayo, también ratifica que el municipio de Otavalo y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-O) se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo sancionador abierto por el mismo Ministerio, a la que se suma esta denuncia penal por delitos contra el agua, tipificada en artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes contaminen, desequen o alteren cuerpos de agua y recursos hidrobiológicos, provocando daños graves al ambiente.

Como parte del proceso sancionador, el MAATE espera que en un plazo máximo de quince días, se entreguen los resultados de los análisis realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), los cuales serán incorporados como elementos probatorios en la causa administrativa que lleva adelante el Ministerio.

Por su parte, la Fiscalía será la encarga de recoger las pruebas, elementos de convicción, informes técnicos, testimonios y demás elementos necesarios para determinar el grado de responsabilidad de los actuales administradores de la ciudad, como de la Empresa de Agua Potable de Otavalo y los posibles involucrados en este delito penal.

Como antecedente, un caso similar se registró en Cuenca, en el año 2019. En esa ocasión, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay encontró culpable a Lorenzo C., quién contaminó gravemente el agua de la quebrada Cachihuayco y alteró con esto su estado natural, dentro de las sanciones el ciudadano enfrentó una pena privativa de libertad de tres años, además debió cumplir con medidas de reparación integral como la limpieza del área afectada, la siembra de 1.000 árboles y disculpas públicas en medios de comunicación y espacios comunitarios.

Según el COIP, contaminar o alterar cuerpos de agua es considerado un delito ambiental grave. En caso de comprobarse la responsabilidad de los actuales funcionarios municipales, las sanciones podrían escalar hasta afectar directamente a las autoridades responsables del manejo de los sistemas de tratamiento de agua residual que se descargan en este lago.

El futuro del caso dependerá del avance de las investigaciones y del informe técnico que emitirá ARCA en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía y colectivos ambientales exigen respuestas claras y acciones concretas para proteger el lago San Pablo, frente al silencio de la Alcaldía de Otavalo, que hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, generando desconcierto e incertidumbre en la población.