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Juicio político al CPCCS avanza y pone bajo observación a dos vocales imbabureños

(Redacción Imbabura).- El juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza en la Asamblea Nacional y coloca en el foco de atención a dos representantes de la provincia de Imbabura: Piedad Cuarán y David Rosero.

Este jueves 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento, por unanimidad, de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina, quien acusa a los vocales de presunto incumplimiento de funciones. La resolución dio paso al envío del expediente a la Unidad Técnica Legislativa, que tendrá tres días para emitir el informe técnico correspondiente.

Entre los vocales señalados constan Piedad Cuarán y David Rosero, ambos imbabureños, junto con Andrés Fantoni (presidente del CPCCS), Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez.

El pedido de juicio político se sustenta en tres causales principales, un presunto conflicto de intereses relacionado con Christian Troya, cercano a Mario Godoy, el archivo de impugnaciones presentadas contra Godoy durante el concurso para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura y la descalificación de Édison Toro, que habría facilitado la incorporación de Godoy en dicho proceso.

De ser calificada la solicitud tras el informe técnico, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), donde se analizarán las pruebas y argumentos presentados.

Piedad Cuarán, oriunda de Lita, es licenciada en Ecoturismo por la Universidad Técnica del Norte y cuenta con un máster en Ecoturismo de Áreas Protegidas. Antes de su actual cargo, tuvo un paso previo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se desempeñó como especialista en Políticas de Interculturalidad, gestora cultural y delegada provincial de Imbabura en 2017.

Por su parte, David Rosero fue consejero del CPCCS en dos periodos: entre 2011 y 2015, y posteriormente de 2019 a 2023, cuando fue destituido. No obstante, fue posesionado nuevamente en abril del año pasado, retomando funciones en el organismo.

El proceso avanza en medio del seguimiento público, especialmente en Imbabura, donde se observa con atención el rol y la actuación de Piedad Cuarán y David Rosero, a la espera del desenlace del juicio político

El alcalde de Ibarra se refirío al cierre de las avenidas en conflicto con la Familia Morejón

(Redacción Ibarra).- El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo se refirió al cierre de las avenidas Teodoro Gómez y Heleodoro Ayala, realizada la mañana de este miércoles 22 de noviembre.

El burgomaestre comentó que la acción realizada esta mañana por la Municipalidad responde a una resolución de la Procuraduría General del Estado, en la que solicita revocar la sentencia del 25 de octubre y solicita el cumplimiento de la sentencia de enero de este año, que manifiesta que los terrenos vuelvan a su estado inicial y sean devueltos a la Familia Morejón.

Castillo comentó que con esto la municipalidad logró detener el auto de cobro, que fue emitido en la sentencia del 25 de octubre y ahora, el Tribunal Contencioso Administrativo tendrá que nuevamente volverse a pronunciar sobre la sentencia.

«Cuando la Corte resuelva habilitaremos la vía y veremos que más hacer, mientras tanto las vías estarán cerradas, nosotros ya cumplimos la sentencia» comentó el primer personero.

«El día viernes realizaremos otra medición, y argumentaremos nuevamente a la Corte sobre los terrenos en litigio» agregó.

Manifestó que Movidelnor tiene listo el plan de contingencia para aliviar el tráfico en la zona.