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Joven de 26 años llegó gravemente herido a su casa y falleció tras una agresión grupal

(Redacciòn Ibarra).- Lo que comenzó como una salida entre amigos para ver el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial FIFA 2026 terminó en tragedia. Mateo Sebastián Andrade Palma, de 26 años, fue víctima de una violenta agresión grupal en el sur de Ibarra. Pese a las graves heridas que presentaba, logró caminar por sus propios medios hasta su vivienda, donde fue auxiliado por su familia. Horas después falleció en un hospital.

Una cámara de seguridad registró a las 01:12 del pasado 16 de julio los últimos minutos de Mateo con vida. En las imágenes se observa al joven avanzar solo, sin zapatos y con visibles dificultades por la avenida Atahualpa hasta llegar a su domicilio. Tras golpear la puerta fue recibido por una de sus hermanas, alcanzó a sentarse y segundos después se desplomó. Un ciudadano que pasaba por el sector colaboró en su traslado al Hospital San Vicente de Paúl.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la familia, la agresión se produjo luego de una discusión registrada en una gasolinera. El grupo en el que se movilizaba Mateo habría intentado abandonar el lugar cuando un Chevrolet Aveo color vino les bloqueó el paso. El intercambio de palabras derivó en una primera pelea que aparentemente terminó cuando los jóvenes decidieron retirarse.

Sin embargo, pocos minutos después varios vehículos llegaron al sitio. Según la versión de los familiares, entre ocho y quince personas descendieron de los automotores y comenzaron a lanzar adoquines contra la furgoneta donde se encontraban Mateo y sus amigos. En medio del ataque, el joven fue sacado del vehículo y golpeado por varias personas.

Aunque intentó escapar corriendo por la avenida Atahualpa, habría sido perseguido durante aproximadamente una cuadra, donde continuó recibiendo golpes que finalmente le ocasionaron lesiones mortales. Pese a ello consiguió llegar caminando hasta su casa, sin imaginar que serían sus últimos minutos con vida.

Las investigaciones de la Policía permitieron identificar, mediante cámaras de seguridad, un Chevrolet Aveo color vino y un taxi amarillo que presuntamente estuvieron involucrados en el hecho. Durante allanamientos ejecutados por la Dinased fueron encontrados ambos vehículos, además de teléfonos celulares y prendas con manchas que fueron levantadas como indicios. Dos hombres, de 36 y 23 años, fueron aprehendidos, mientras continúa la búsqueda de un tercer sospechoso.

El certificado de defunción establece que Mateo falleció a causa de una broncoaspiración hemática ocasionada por la disminución del nivel de conciencia producto de un traumatismo craneoencefálico. El parte policial también detalla que el cuerpo presentaba múltiples lesiones, entre ellas heridas cortopunzantes, laceraciones y un hematoma en el rostro.

La familia también cuestiona la atención recibida en el Hospital San Vicente de Paúl, al considerar que no se activó un protocolo de emergencia pese al estado crítico del joven. Esa denuncia deberá ser investigada por las autoridades competentes, mientras el centro asistencial aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Para exigir el esclarecimiento de los hechos y la identificación de todos los involucrados, los familiares convocaron a un plantón este sábado 25 de julio frente a la Fiscalía de Imbabura. Además, solicitarán que el caso sea investigado bajo una tipificación penal más grave y no se limite únicamente a las personas que hasta el momento han sido aprehendidas.

Acto oficial terminó marcado por discurso político de precandidato a la Alcaldía de Ibarra

(Redacción Imbabura).- Durante la presentación oficial de la tercera edición del programa «Jóvenes en Acción», impulsado por el Gobierno Nacional y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se informó que la iniciativa beneficiará con un incentivo económico a 811 jóvenes imbabureños de entre 18 y 29 años. Durante tres meses, los participantes adquirirán experiencia práctica y colaborarán en actividades orientadas a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de comunidades más resilientes.

El evento contó con la presencia del gobernador de Imbabura, Jorge Ortíz; delegados de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; y del precandidato a la Alcaldía de Ibarra, Israel Cabezas. Durante el acto de carácter institucional, Cabezas intervino con un discurso de contenido político, utilizando el espacio para proyectar su precandidatura y transmitir una imagen de cercanía y respaldo desde la entidad gubernamental presente en la actividad.

Posteriormente, un video de su intervención fue publicado en las redes sociales personales del precandidato. Este hecho ha generado cuestionamientos, ya que podría ser objeto de análisis por parte de las autoridades electorales respecto al artículo 278, numeral 3, del Código de la Democracia, que tipifica como infracción electoral grave la inducción al voto por parte de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones a favor de una determinada preferencia electoral, siempre que se configuren los elementos establecidos por la normativa.

Posible alza del 25% en pasajes preocupa a usuarios del transporte en Imbabura

(Redacciòn Imbabura).- Los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial en Imbabura podrían enfrentar un incremento de hasta el 25% en el costo de los pasajes, luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) iniciara el análisis de una actualización tarifaria a escala nacional.

La revisión responde al pedido realizado por los gremios del transporte, que argumentan un incremento sostenido en los costos de operación, principalmente por el aumento del precio del diésel y otros insumos necesarios para mantener el servicio. Las tarifas actuales permanecen sin modificaciones desde 2021.

De concretarse la medida, el ajuste impactaría a los pasajeros que diariamente se movilizan entre cantones como Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí, así como a quienes viajan desde Imbabura hacia otras provincias del país.

La ANT informó que el estudio técnico contempla variables como la estructura de costos, las características de las rutas y la operación del servicio. Además, señaló que un eventual incremento estaría condicionado al cumplimiento de medidas que fortalezcan la seguridad de los usuarios, entre ellas la instalación de botones de pánico y sistemas de conteo de pasajeros en las unidades.

El análisis se desarrolla en paralelo a la actualización del mecanismo de compensación económica para el transporte público y comercial anunciada por el Gobierno Nacional, como respuesta a las variaciones en los precios internacionales de los combustibles.

Por el momento, la ANT aclaró que el incremento aún no ha sido aprobado y que la propuesta continúa en fase de análisis y socialización con los representantes del sector transportista. Mientras tanto, los pasajes en Imbabura mantienen las tarifas vigentes hasta que exista una resolución oficial.

Movidelnor fortalece la cultura vial con programas de prevención que beneficiaron a más de 42 mil ciudadanos

(Redacciòn Imbabura).- Más de 42.500 personas fueron beneficiadas entre enero y junio de 2026 mediante los programas de seguridad vial desarrollados por la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP), a través de su Unidad de Seguridad Vial. Las iniciativas estuvieron enfocadas en fortalecer los conocimientos y hábitos responsables de estudiantes, conductores, adultos mayores, funcionarios y ciudadanía en general.

Uno de los principales programas ejecutados fue el Programa de Participación Estudiantil en Seguridad Vial, que llegó a 33 instituciones educativas, donde 2.026 estudiantes culminaron su proceso formativo. A través de capacitaciones teóricas y prácticas, los jóvenes aprendieron sobre normativa de tránsito, convivencia vial y prevención de siniestros, convirtiéndose en agentes multiplicadores de una movilidad responsable dentro de sus entornos.

La educación vial también llegó a los más pequeños mediante la Biciescuelita, una iniciativa que permitió capacitar a 3.699 niños y niñas en diferentes unidades educativas. Con actividades lúdicas y dinámicas prácticas, los participantes fortalecieron sus conocimientos sobre circulación segura, respeto entre actores viales y uso adecuado de la bicicleta.

Como parte del trabajo permanente en territorio, Movidelnor desarrolló campañas de sensibilización dirigidas a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores, alcanzando a 7.022 ciudadanos mediante jornadas educativas, activaciones comunitarias y espacios de concienciación orientados a prevenir accidentes de tránsito.

Dentro de las acciones enfocadas a grupos prioritarios, 1.156 adultos mayores participaron en talleres de movilidad segura, donde recibieron herramientas para identificar riesgos y fortalecer su autoprotección como usuarios vulnerables de las vías.

Además, la institución reforzó la formación dirigida al sector transporte mediante capacitaciones para 1.413 conductores pertenecientes a operadoras e instituciones públicas y privadas. Estos espacios permitieron actualizar conocimientos sobre normativa vial, conducción preventiva y responsabilidad al momento de movilizarse.

Las actividades se complementaron con ferias ciudadanas, casas abiertas, jornadas comunitarias y otros espacios de interacción que permitieron acercar los mensajes de prevención a miles de habitantes de los 15 cantones que conforman la Mancomunidad de Tránsito Norte.

El gerente general de Movidelnor EP, Santiago Chiriboga, destacó que la seguridad vial es uno de los ejes prioritarios de la administración y aseguró que la educación constituye una herramienta fundamental para generar cambios positivos.

“Nuestro compromiso es construir una cultura vial basada en el respeto, la responsabilidad y la prevención. La educación es la herramienta más efectiva para salvar vidas y por ello seguiremos impulsando programas que formen ciudadanos más conscientes desde la niñez hasta la edad adulta”, señaló.

De su lado, el gerente de Operaciones de Tránsito, Emerson Ubidia, resaltó el alcance territorial de estas acciones y afirmó que el trabajo preventivo continuará fortaleciéndose en beneficio de todos los actores viales.

“Hemos recorrido los 15 cantones llevando capacitación, campañas de sensibilización y espacios de aprendizaje a instituciones educativas, operadoras de transporte, entidades públicas y comunidades. La seguridad vial es una responsabilidad compartida y solo con educación permanente lograremos generar cambios positivos en el comportamiento de todos los actores viales”, manifestó.

Con estas acciones, Movidelnor EP reafirma su compromiso de impulsar una movilidad segura, promoviendo la prevención y la formación ciudadana como pilares para reducir los siniestros de tránsito y proteger la vida de quienes utilizan las vías.

Cuatro personas en una motocicleta: una escena cotidiana en Ibarra que pone vidas en riesgo

(Redacciòn Ibarra).- Es una imagen que se repite a diario en diferentes calles de la ciudad. Padre al volante, madre como pasajera, un niño sostenido en brazos y otro menor sentado sobre el tanque de combustible. En muchos casos, ninguno utiliza casco de protección.

Aunque para algunos se ha convertido en una escena «normal» debido a la necesidad de movilizarse, especialistas en seguridad vial advierten que esta práctica representa un alto riesgo, especialmente para los menores de edad, quienes son los más vulnerables en caso de una caída o un siniestro de tránsito.

La normativa ecuatoriana es clara. El Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que conductores y pasajeros de motocicletas están obligados a utilizar casco de seguridad homologado correctamente colocado durante todo el recorrido. No utilizar casco de seguridad homologado, tanto el conductor como el pasajero, constituye una contravención de tránsito sancionada con una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado que corresponde USD 144,60. Además, la normativa dispone la reducción de seis puntos en la licencia de conducir del infractor.

En cuanto al transporte de más personas de las permitidas por la capacidad de la motocicleta, la legislación también contempla una multa equivalente al 30 % del SBU (USD 144,60), al tratarse de una contravención de tránsito.

Por otra parte, el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre establece que los pasajeros deben ocupar únicamente el asiento destinado para ellos y ubicarse detrás del conductor. Está prohibido viajar sobre el tanque de combustible o entre el conductor y el manubrio. Cuando estas disposiciones no se cumplen, el vehículo puede ser retenido por la autoridad hasta que se subsane la infracción.

Más allá de una posible sanción, el principal problema es el riesgo que implica esta forma de movilización. En una motocicleta no existen estructuras de protección como las que ofrece un automóvil. Una frenada brusca, una colisión o incluso una maniobra para esquivar un obstáculo puede provocar que los menores salgan despedidos, con consecuencias que pueden ser fatales.

La seguridad vial no depende únicamente de los controles de las autoridades. También requiere conciencia ciudadana y responsabilidad de quienes utilizan este medio de transporte. Un viaje de pocos minutos puede cambiar una vida para siempre cuando se ignoran las normas básicas de protección.

Empresa recogió productos caducados de una quebrada de Ibarra tras cuestionada disposición de residuos

(Redacciòn Ibarra).- Un caso de disposición ilegal de residuos generó preocupación entre los moradores en Ibarra, luego de que se denunciara el abandono de una gran cantidad de productos alimenticios en una quebrada ubicada en el sector La Violeta, sobre la conocida Ruta de las Haciendas. El hecho quedó registrado en un video el pasado mièrcoles 1 de julio, en el que se observa a presuntos trabajadores descargando los residuos desde un camión que portaba la imagen de la reconocida empresa ecuatoriana de embutidos y productos cárnicos La Italiana.

Tras la publicación de la noticia por parte de nuestro medio, el dia sabado 4 de julio personal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Ibarra realizó una inspección en el sitio, constatando que los desechos correspondían a embutidos en mal estado y productos lácteos con su fecha de caducidad vencida.

Con estos antecedentes, las autoridades se pusieron en contacto con la empresa relacionada con los productos encontrados para notificar lo ocurrido y, posteriormente, emitieron la respectiva citación a la Comisaría Ambiental del GAD de Ibarra, dando inicio al proceso administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente.

La comisaria ambiental del GAD de Ibarra, Paola Molina, manifestó que, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas municipales, además del proceso sancionador y las posibles multas económicas, se exige la restitución del sitio afectado a sus condiciones originales.

Por su parte, el director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, Diego Villalba, explicó que cuando existe un volumen considerable de residuos provenientes de empresas o establecimientos, estas deben notificar al Municipio para coordinar el acompañamiento técnico y el traslado del material al relleno sanitario de San Alfonso, donde se garantiza una disposición final adecuada mediante la destrucción de productos caducados.

Villalba enfatizó que este procedimiento evita la contaminación de las cuencas hídricas, la vegetación y otros ecosistemas, reduciendo los riesgos ambientales derivados del abandono de este tipo de residuos.

Tras conocerse el caso, Juan Pablo Madero, gerente de Marketing de La Italiana, manifestó que «el camión pertenece a un distribuidor de la zona, es un servicio externo, que no es de su total control pero que sí debe responder a su filosofía». Además, señaló que «este tipo de camiones, disponen de un sistema de refrigeración, lo que en algunas ocasiones genera un excedente de hielo» y que lo que se está «desechando» es el exceso de hielo. Asimismo, indicó que » la práctica o ejecución no es la correcta, ya que existe un tratamiento y proceso para cada uno de estos casos».

Finalmente, afirmó: «Hemos tomado las correcciones internas necesarias, para que este tipo de prácticas no se repitan y cada uno de los actores, internos o externos, se apeguen a nuestras políticas, normativas y filosofía.»

En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente (COA) prohíbe este tipo de prácticas por los daños que ocasionan al ambiente y a las fuentes hídricas. Dependiendo de la gravedad del caso, los responsables enfrentan sanciones administrativas, económicas e incluso penales, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El fuego volvió a la Loma de Guayabillas, una historia marcada, a la fecha, por tres grandes incendios

(Redacción Ibarra).– La Loma de Guayabillas es uno de los íconos naturales más representativos de la ciudad de Ibarra. Este ecosistema de colinas que rodea a la urbe forma parte del paisaje que miles de ibarreños contemplan a diario desde distintos puntos de la ciudad, convirtiéndose en uno de sus principales pulmones verdes.

Durante décadas, la loma estuvo cubierta por un extenso manto de vegetación, dominado en gran parte por eucaliptos, una especie introducida en el país que desplazó progresivamente a la guayabilla, árbol nativo que da nombre a este importante ecosistema.

Sin embargo, ese paisaje verde sufrió uno de los episodios más devastadores de su historia en el año 2012, cuando un voraz incendio forestal consumió más de 10 hectáreas de vegetación, dejando una profunda huella ambiental.

Además de la pérdida de flora, el incendio afectó gravemente a la fauna silvestre que habita en la loma. Diversas especies de aves, mamíferos, roedores e insectos vieron destruido su hábitat. Incluso los perros callejeros que utilizan este lugar como refugio también resultaron perjudicados por el avance de las llamas.

Las condiciones climáticas propias de la temporada seca, sumadas a los fuertes vientos característicos del verano, convirtieron a los incendios forestales en una amenaza recurrente para este ecosistema. En contraste, durante la temporada invernal, la pérdida de cobertura vegetal favoreció la ocurrencia de deslaves en varios sectores de la loma.

Dos años después, el lunes 25 de agosto de 2014, un nuevo incendio volvió a poner en riesgo la Loma de Guayabillas. En esta ocasión, el fuego arrasó aproximadamente 8,9 hectáreas de vegetación, incrementando la afectación que ya había sufrido el lugar en 2012.

Cinco motobombas del Cuerpo de Bomberos de Ibarra fueron las primeras unidades en llegar para combatir las llamas. Posteriormente, más de 200 personas, entre bomberos, efectivos de las Fuerzas Armadas, personal de la entonces Secretaría de Gestión de Riesgos, por el aire un helicóptero de Aeropolicial equipado con el sistema de combate aéreo de incendios «Bambi Bucket» vertia agua a la vegetacion con llamas que alcanzaban hasta seis metros de altura, a to esto vecinos y moradores del sector se sumaron a las labores de emergencia utilizando baldes con agua provenientes de viviendas cercanas y de los ojos de agua empleados para el riego, con el objetivo de impedir que el fuego continuara propagándose hacia otras zonas del bosque.

Pese a la magnitud de la emergencia, el Centro de Protección y Rescate Animal, situado en la loma no resultó afectado por el incendio. Sin embargo, con el paso de los años, las especies de fauna silvestre que permanecían bajo resguardo en estas instalaciones fueron trasladadas a distintos centros de conservación y zoológicos de la provincia y del país, como parte de un proceso de reubicación y manejo de la fauna ademàs de un ser insostenible debido a la falta de recursos econòmicos.

Tras los incendios registrados en 2012 y 2014, instituciones públicas, organizaciones ambientales y la ciudadanía unieron esfuerzos para iniciar un proceso de recuperación del ecosistema. Se impulsaron jornadas de reforestación, campañas de concienciación y un mayor control para prevenir incendios forestales, especialmente aquellos ocasionados por quemas agrícolas, residuos inflamables o acciones provocadas por la mano del hombre.

Durante cerca de doce años, la recuperación de la Loma de Guayabillas se convirtió en uno de los principales proyectos ambientales de la ciudad. Como parte de este proceso se priorizó la siembra de guayabillas, especie nativa que da nombre al lugar, con el propósito de recuperar progresivamente el espacio ocupado durante décadas por el eucalipto, árbol introducido al Ecuador durante el gobierno de Gabriel García Moreno.

Sin embargo, cuando la naturaleza empezaba a mostrar señales de recuperación, un nuevo incendio volvió a golpear este emblemático pulmón verde.

Ayer cerca de las 16:50, un incendio forestal consumió aproximadamente 1,5 hectáreas de vegetación y avanzó hasta las inmediaciones de la vía de ingreso a la Loma de Guayabillas, donde también funciona una cafetería abierta al público.

Para atender la emergencia acudió personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Ibarra de las estaciones Santo Domingo, Yacucalle, Yahuarcocha, Terminal Terrestre y Rumipamba. Cerca de 30 bomberos, apoyados por 11 vehículos entre autobombas, tanqueros y camiones de abastecimiento, trabajaron durante varias horas para contener el avance del fuego. A las labores también se sumaron tanqueros de EMAPA-I y moradores del sector, quienes colaboraron en el abastecimiento de agua y en las tareas de apoyo. Las operaciones concluyeron alrededor de las 21:00, una vez que los equipos verificaron que no existían focos activos que pudieran reavivar el incendio.

Los incendios registrados en los últimos años han dejado una huella difícil de borrar sobre uno de los símbolos naturales más importantes de Ibarra. Cada hectárea consumida representa décadas de crecimiento forestal perdidas en cuestión de horas, afectando no solo la vegetación, sino también el hábitat de cientos de especies que dependen de este ecosistema.

Aunque los esfuerzos de reforestación continúan, especialistas coinciden en que la recuperación de un bosque de estas características requiere muchos años e incluso décadas. El paisaje verde que por generaciones caracterizó a la Loma de Guayabillas difícilmente volverá a verse en el corto plazo, dejando como desafío para las futuras generaciones la responsabilidad de proteger y conservar uno de los patrimonios naturales más valiosos de la capital imbabureña.

Cotacachi se alista para el Inti Raymi 2026

(Redacciòn Ibarra).- Las celebraciones del Inti Raymi 2026 en Cotacachi se desarrollarán entre el 23 de junio y el 1 de julio, con una agenda que incluye el Wawa Puncha, las tradicionales jornadas de Toma de la Plaza (Hatun Puncha) y el Warmi Puncha, eventos que congregan cada año a miles de participantes y visitantes.

Ante la masiva asistencia prevista, el Consejo de Seguridad Cantonal aprobó un plan de contingencia que contempla la participación de aproximadamente 450 funcionarios y representantes de diversas instituciones, quienes estarán desplegados en tareas de control, vigilancia y atención de emergencias durante toda la programación.

Las actividades iniciarán el 23 de junio con el Wawa Puncha, mientras que los días 24, 25, 29 y 30 de junio se realizará el Hatun Puncha o Toma de la Plaza, considerado el acto central de la festividad. Finalmente, el 1 de julio se llevará a cabo el Warmi Puncha, con el que concluirá la celebración ancestral.

Como parte de los acuerdos alcanzados entre las autoridades y las comunidades indígenas, se mantendrá la presencia permanente de la Policía Nacional durante las jornadas de la Toma de la Plaza, con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes, moradores y turistas. En una asamblea ampliada, la Unorcac resolvió prohibir estrictamente el ingreso de las Fuerzas Armadas al territorio.

Asimismo, con el fin de reforzar la seguridad de los asistentes, se dispuso la restricción del uso de aciales, envases de vidrio y objetos cortopunzantes, además de una regulación del consumo de alcohol durante las actividades. Por su parte, la comunidad Cóndor Loma anunció que en este Inti Raymi dejará de utilizar la vestimenta de tipo militar que formaba parte de sus celebraciones tradicionales.

Finalmente, se informó que se instalará un Puesto de Mando Unificado para el monitoreo permanente de las actividades, junto con la implementación de un sistema de videovigilancia en puntos estratégicos del cantón, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad entre los que participarán efectivos de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, ECU 911, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Comisaría Municipal, Agentes Civiles de Tránsito de Movidelnor, así como representantes de la UNORCAC, Federación de Barrios y Asamblea de la Unidad Cantonal.

Las autoridades también anunciaron controles a la comercialización de licor artesanal en espacios públicos y señalaron que los puestos de venta de alimentos estarán concentrados en el Parque Ornamental.

¡Se meten por todo lado! Scooters, nuevos actores del ecosistema vial en Ecuador

(Redacciòn Ibarra).- Los scooters eléctricos se han convertido en un elemento cada vez más común dentro del panorama vial de Ibarra y del pais. Lo que antes estaba conformado principalmente por bicicleta, monopatin, motocicletas, vehiculos, tricimotos, buses, camiones, trailers, ahora incorpora estos nuevos medios de movilidad que han llegado para quedarse y con los que la ciudadanía debe aprender a convivir.

Sin embargo, su presencia también ha generado preocupación entre conductores y peatones debido a las constantes infracciones que se observan en las calles. Es frecuente ver scooters circulando por veredas, aceras, parques y otros espacios destinados exclusivamente para peatones, además de cruzar semáforos en rojo o ignorar señales de tránsito, generando situaciones de riesgo para todos los usuarios de la vía.

La problemática se agrava debido a que los scooters eléctricos no cuentan con una regulación específica a nivel nacional. En Imbabura, únicamente el cantón Cotacachi dispone de una ordenanza vigente desde marzo de 2025, la cual prohíbe la circulación de estos vehículos por aceras y espacios peatonales, obliga a sus conductores a respetar las señales de tránsito y establece el uso obligatorio de casco para todos sus ocupantes. Mientras tanto, en el resto de cantones persiste un vacío normativo que dificulta el control de las infracciones y la aplicación de medidas de seguridad.

Por otro lado, las tricimotos, vehículos adaptados a partir de motocicletas para el transporte de carga, son una presencia habitual entre recicladores, cartoneros y comerciantes que movilizan mercadería en los exteriores de los mercados. Aunque cumplen una función importante dentro de la economía popular, estos vehículos también representan un riesgo para la seguridad vial debido a sus características de estabilidad, maniobrabilidad y capacidad de carga.

Un ejemplo de ello ocurrió recientemente en la avenida Cristóbal de Troya, donde el conductor de una tricimoto sufrió heridas leves luego de realizar una frenada de emergencia para evitar impactarse por alcance con otro automotor. El incidente evidencia los riesgos asociados a este tipo de unidades, cuya presencia es cada vez más frecuente en las vías urbanas de Ibarra.

Ante esta realidad, expertos y ciudadanos coinciden en que es necesario fortalecer la educación vial, los controles y la normativa para garantizar una convivencia segura entre todos los actores que comparten las vías.

Juez ordenó el desalojo en medio de una disputa por la copropiedad que involucra a decenas de familias

(Redacción Ibarra).– La controversia por un predio ubicado en el sector de Priorato continúa generando preocupación entre decenas de familias que habitan el lugar. Lo que inició con un proceso judicial de ejecución y remate de acciones y derechos sobre el inmueble derivó esta semana en un operativo de desalojo que terminó con enfrentamientos entre ocupantes y miembros de la fuerza pública.

Según consta en el expediente judicial 10333-2015-01234, el proceso de ejecución concluyó con la adjudicación del 50% de las acciones y derechos del bien a favor de Nubia del Rocío Tatamues Enríquez. Posteriormente, el juez Pablo Enrique Vintimilla dispuso la inscripción de dicha adjudicación en el Registro de la Propiedad, dando por cumplida la fase de ejecución correspondiente al remate.

De acuerdo con la documentación revisada por los moradores, el otro 50% de acciones y derechos del inmueble pertenecería al ejecutante dentro de la causa, quien además habría actuado como depositario judicial durante el proceso.

Los habitantes sostienen que, una vez inscrita la adjudicación, el juez ya no tenía competencia para resolver controversias relacionadas con la copropiedad ni para determinar físicamente qué parte específica del terreno correspondía a la rematista. Señalan que esta posición quedó reflejada en una providencia emitida el 7 de octubre de 2025, en la que se habría negado una solicitud para que se singularizara o delimitara el 50% adjudicado, argumentando que dicho trámite debía ventilarse por otra vía judicial.

La situación tomó un giro inesperado meses después. Los afectados denuncian que, pese a haberse declarado incompetente para resolver aspectos inherentes a la división de la copropiedad, en enero de 2026 se emitió una nueva providencia que dispuso el desalojo y descerrajamiento de viviendas ubicadas dentro del predio.

Los moradores cuestionan que la medida no habría individualizado cuáles construcciones debían ser objeto de la diligencia, pese a que las viviendas se encuentran distribuidas en distintas áreas de la propiedad y no existe una partición previa que determine con precisión qué espacios corresponden al porcentaje adjudicado.

La mañana de ayer, la orden judicial fue ejecutada con el apoyo de la fuerza pública. Sin embargo, el operativo derivó en momentos de tensión y enfrentamientos entre efectivos policiales y ocupantes del predio, quienes intentaron impedir el ingreso a las viviendas.

Los residentes aseguran que muchas de las familias han habitado el sector durante varios años y que algunas cuentan con documentos de promesas de compraventa legalmente notarizadas. Además, afirman que entre los afectados existen adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad.

Como consecuencia del procedimiento, varias familias denunciaron haber quedado temporalmente impedidas de ingresar a sus viviendas y pertenencias.

Los habitantes reiteran su pedido de intervención a las autoridades competentes para que se revise la legalidad de las actuaciones posteriores al remate y se determine si las diligencias ejecutadas se ajustaron al marco jurídico aplicable a los casos de copropiedad.

Hasta el cierre de esta edición, no se había conocido un pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales respecto a los cuestionamientos planteados por los moradores.

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