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Asamblea plantea cambios en scooters, delivery, fotorradares, peajes y controles vehiculares en Ecuador

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(Redacción Ecuador).- Andrés Guerrero, de 34 años, murió la noche de este martes tras ser atropellado por una motocicleta eléctrica tipo scooter en la intersección de las avenidas De los Shyris y Naciones Unidas, en Quito.

Este hecho desencadenó un debate sobre el uso y control de este tipo de vehículos. En este contexto, la Asamblea Nacional analiza una reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que plantea nuevos mecanismos de regulación y control para los vehículos y las distintas formas de movilidad en Ecuador. El proyecto fue aprobado con 78 votos a favor e incluye un paquete de reformas orientado a fortalecer la seguridad vial, incorporar herramientas tecnológicas y mejorar los mecanismos de control sobre el transporte.

Delivery tendrá un registro nacional

La reforma plantea crear un Registro Nacional de Delivery mediante un còdigo QR para identificar a los repartidores y los vehículos utilizados en esta actividad. Los motociclistas deberán cumplir requisitos de seguridad, como utilizar cascos homologados y chalecos reflectivos que permitan identificar su actividad.

Vehículos tendrán identificación electrónica

El proyecto propone un Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular, similar a una tercera placa, que permitirá verificar información del automotor. La información estaría integrada a una base nacional administrada por la ANT y coordinada con la Policía Nacional y el ECU 911 para fortalecer los controles.

Peajes con sistema electrónico

La reforma plantea crear un Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes, que permitirá utilizar dispositivos electrónicos, lectura de placas y sistemas de prepago o pospago. Las estaciones tendrían hasta un año para habilitar al menos un carril de cobro electrónico, con el objetivo de agilizar el paso y mejorar el control de la recaudación con un solo tag que permita pasar todos los peajes del paìs.

Nuevas reglas para los fotorradares

Los fotorradares deberán estar autorizados, homologados y correctamente señalizados tanto en el punto de control como al menos 500 metros antes. La propuesta también busca impedir que empresas privadas reciban porcentajes o incentivos económicos relacionados con el dinero recaudado mediante multas.

Mayor control sobre los municipios

La ANT podrá evaluar la gestión de los municipios que tienen competencias de tránsito. Ante incumplimientos o falta de capacidad operativa, estas atribuciones podrían ser suspendidas temporalmente. La propuesta también contempla la participación del Ministerio del Interior en el Directorio de la ANT para mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas del control vial, ademàs se buscarà la evaluaciòn de escuelas de conducciòn en el paìs.

Otavalo exige una nueva terminal ante una creciente cadena de accidentes

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(Redacción Otavalo).- Una serie de accidentes registrados durante el último año volvió a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad de la Terminal Terrestre de Otavalo y la necesidad de contar con una infraestructura que responda al crecimiento de la ciudad y al constante flujo de pasajeros y buses.

En agosto de 2025, una joven de 25 años murió luego de ser impactada por un bus en los exteriores de la terminal. La mujer se movilizaba en bicicleta mientras utilizaba su teléfono celular cuando ocurrió el siniestro.

En julio de 2026, un adulto mayor fue atropellado durante la mañana en el mismo sector, precisamente en una zona caracterizada por el permanente ingreso y salida de buses interprovinciales e intercantonales.

El 12 de agosto de este año, otro joven fue atropellado en las inmediaciones de la Terminal Terrestre. A pesar de la gravedad del hecho, resultó prácticamente ileso. Doce días después, otro siniestro se susitò luego de que una mujer fuese atropellada y sufriera graves lesiones que derivaron en la pérdida de una pierna y afectaciones en el tejido abdominal. El hecho ocurrió ante la mirada de pasajeros y conductores.

Estos hechos han reavivado los reclamos de ciudadanos y transportistas, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado a la Alcaldía de Otavalo la construcción de una nueva terminal terrestre o una intervención integral que permita mejorar las condiciones de seguridad y movilidad.

La discusión sobre una nueva terminal no es reciente. Durante años han existido debates técnicos y sociales respecto a su ubicación, características y la forma de ejecutar el proyecto sin comprometer de manera desproporcionada los recursos municipales.

En julio de 2024 y julio de 2025 resepctivamente, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, anunció el proyecto para la construcción de una nueva terminal terrestre en el sector de Carabuela. Según lo anunciado en ese momento, hasta septiembre de 2025 se esperaba contar con los estudios definitivos y definir los mecanismos de financiamiento, con la proyección de iniciar las obras ese mismo mes. La propuesta contemplaba trasladar las operaciones principales fuera del casco urbano, con el objetivo de descongestionar el centro de la ciudad. Ese proceso contarìa con la aprobación de la categorización del nuevo terminal por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que establece los parámetros técnicos que deberá cumplir la infraestructura proyectada.

Sin embargo, la propuesta también generó rechazo entre parte de la ciudadanía debido a la distancia de aproximadamente 6,3 kilómetros que existiría entre la nueva terminal y el centro de Otavalo. El traslado implicaría que los usuarios deban tomar un autobús adicional para llegar hasta el nuevo punto de embarque, lo que representaría un costo y tiempo extra para quienes utilizan diariamente el transporte público.

Además, se ha señalado que el actual patio de operaciones no desaparecería con la construcción de la nueva terminal. De acuerdo con la propuesta, este espacio sería reconvertido en una estación de transferencia destinada a atender los circuitos internos de transporte. A esto se sumaría la construcción de una segunda estación en el sur de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de pasajeros provenientes de Quito, Cayambe y otras localidades.

El proyecto aún no ha avanzado y, mientras tanto, la actual terminal continúa operando en medio de cuestionamientos por sus condiciones de seguridad. El reducido espacio, frente al constante flujo de pasajeros y buses, dificulta la circulación vehicular y peatonal, a lo que se suman accesos con escasa iluminación, problemas de visibilidad, deficiente señalética y ausencia de pantallas informativas, factores que generan preocupación entre quienes utilizan diariamente estas instalaciones. A esto se añade el deterioro de parte de la infraestructura y los siniestros registrados tanto en el interior como en los exteriores del terminal, situaciones que han incrementado el reclamo ciudadano por una solución definitiva.

Para Otavalo, la construcción de una nueva terminal representa un proyecto esperado durante más de dos décadas. La ciudad, considerada uno de los principales destinos turísticos de Imbabura, mantiene el desafío de contar con una infraestructura de transporte acorde con el crecimiento urbano, el movimiento comercial y turístico y el número de pasajeros que diariamente llegan y salen del cantón.

Los recientes accidentes han vuelto a poner una pregunta sobre la mesa: ¿cuánto tiempo más deberá esperar Otavalo para contar con una terminal terrestre segura, moderna y acorde con las necesidades de una ciudad que recibe cada año a miles de visitantes?

Largas filas y esperas de hasta ocho horas en la ANT de Ibarra generan malestar entre los usuarios

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(Redacción Ibarra).- Decenas de ciudadanos se apostan en los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), ubicada en la calle Galo Plaza Lasso de Ibarra, para obtener una licencia de conducir, matricular un vehículo o realizar otros trámites. Ante la alta demanda y los prolongados tiempos de espera, muchos usuarios llegan desde las 04:00 e incluso pernoctan en los alrededores de las instalaciones desde la noche anterior con el objetivo de asegurar un turno.

Jilmer C. expresó a nuestra redacción su inconformidad por la situación que enfrentan los usuarios al momento de obtener su licencia de conducir tipo B. Según relató, acudió el jueves, de acuerdo con el cronograma establecido según el último dígito de su cédula (7), llegando a las 06:00, pero no encontró turnos disponibles. Una semana después volvió a intentarlo; sin embargo, no logró alcanzar el número 70, ya que la atención culminó únicamente hasta el turno 50.

Santiago Arias, ciudadano que llegó el sábado a las 03:50 de la madrugada comentó que ya había 19 personas antes que él en la fila. Señaló que diariamente se registra un flujo aproximado de 150 usuarios y que, pese a iniciar el trámite en la madrugada, la atención recién concluyó cerca de las 11:00.

Manifestó que las filas son interminables y cuestionó la lentitud en el proceso de atención por parte del personal administrativo, situación que, según dijo, provoca que los trámites se prolonguen durante gran parte de la jornada.

La problemática no sería exclusiva de Ibarra. En Quito, un usuario documentó en TikTok su experiencia al acudir a realizar el trámite para obtener su licencia de conducir. En el video relata que ingresó a las 07:00 y salió alrededor de las 17:00, es decir, tras aproximadamente ocho horas de espera.

A estas quejas se suman ciudadanos que afirman llevar cerca de un mes intentando matricular un vehículo nuevo sin éxito. De acuerdo con sus testimonios, la respuesta que reciben de manera reiterada por parte del personal es que «no hay sistema», lo que obliga a reprogramar los trámites y regresar en otra fecha.

Los usuarios solicitan a las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito implementar soluciones que permitan agilizar la atención y garantizar un servicio eficiente, evitando que cientos de personas deban soportar largas jornadas de espera para acceder a trámites que consideran esenciales.

El incremento de los pasajes preocupa a los imbabureños por su impacto económico

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(Redacciòn Imbabura).– La decisión de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), oficializada el pasado 28 de julio y que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto, de incrementar en un 25 % las tarifas del transporte intraprovincial e interprovincial ha generado diversas reacciones entre los usuarios que diariamente utilizan este servicio para trasladarse entre los cantones de Imbabura por motivos de trabajo, estudio y otras actividades.

Muchos ciudadanos expresan su inconformidad al considerar que el incremento representa una nueva carga para la economía de los hogares ecuatorianos, que en los últimos años han enfrentado el aumento de varios bienes y servicios, entre ellos el IVA, el precio de los combustibles y otros productos de la canasta básica. Además, señalan que el Salario Básico Unificado, fijado en USD 482, resulta insuficiente para cubrir los gastos familiares.

Aunque cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), dice que la inflación mensual para mayo aumento un -0,62 %, en contraste con el 0,53 % de abril y que el costo de la Canasta Familiar Básica en la región Sierra alcanzó los USD 821,47, con una disminución del 0,90 % respecto al mes anterior, en el caso del transporte, muestra que este rubro ha mantenido una tendencia al alza durante 2026, evidenciando un incremento sostenido y paulatino.

Otro aspecto que los usuarios comentan es la calidad del servicio, pues consideran que existe un alto nivel de indulgencia hacia los conductores, a pesar de las deficiencias en la forma en que conducen y prestan el servicio. Asimismo, señalan que las unidades no reúnen las condiciones necesarias para brindar un transporte adecuado, lo que repercute negativamente en la experiencia de los pasajeros. En este contexto, manifiestan su inconformidad con el incremento de las tarifas del transporte público, ya que consideran que dicho aumento no se justifica mientras no se hayan subsanado las deficiencias relacionadas con la calidad de la atención, el estado de las unidades y la prestación del servicio en general.

Incremento del 25% en en el transporte interprovincial e intraprovincial (intercantonal):

En el caso de Imbabura, el impacto económico recaerá principalmente en los trabajadores, estudiantes y profesionales que usan las rutas entre Ibarra y los seis cantones de Imbabura (Atuntaqui, Otavalo, Cotacachi, Urcuquí y Pimampiro) y considerando 22 días laborables al mes (44 viajes entre ida y vuelta), el impacto económico sería el siguiente:

El incremento representará un gasto adicional de entre 4,40 y 15,84 dólares mensuales, dependiendo de la ruta que recorran los usuarios. En el transcurso de un año, este aumento significará un desembolso extra de entre 52,80 y 190,08 dólares. Los pasajeros que se movilizan entre Ibarra y Pimampiro serán los más afectados, al registrar el mayor incremento acumulado en sus gastos de transporte. En términos generales, la medida ejercerá una mayor presión sobre el presupuesto de las familias, trabajadores, estudiantes y profesionales que dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus lugares de trabajo, estudio u otros destinos.

ANT aprueba incremento del 25 % en las tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial

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(Redacciòn Ibarra).- El Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) resolvió incrementar en un 25 % las tarifas del transporte público terrestre de pasajeros en las modalidades interprovincial e intraprovincial, mediante la Resolución 020-DIR-2026-ANT, firmada el 25 de julio de 2026. La decisión constituye el primer ajuste tarifario desde 2021 y busca responder a la necesidad de actualizar los valores frente al incremento de los costos de operación que enfrenta el sector transportista.

La medida tendrá un carácter temporal y permanecerá vigente mientras la ANT culmina el proceso de revisión e implementación de una nueva metodología para la fijación de tarifas a nivel nacional. De esta manera, el incremento funcionará como un ajuste transitorio hasta que entre en vigencia un nuevo esquema tarifario definitivo.

El aumento fue solicitado por los gremios del transporte, que desde el año 2025 han insistido en la necesidad de revisar las tarifas debido al incremento de los costos operativos, principalmente por el alza en el precio del diésel y la eliminación del mecanismo de compensación aplicado tras la reforma a los combustibles.

Aunque inicialmente se había previsto que las nuevas tarifas empezaran a regir desde el 1 de agosto, el director de la ANT, Luis Villacres, confirmó el 28 de julio que la resolución ya fue emitida y que su aplicación se realizará en los próximos días, una vez se cumplan los procedimientos correspondientes.

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que las tarifas del transporte público deben ser revisadas cada dos años. Sin embargo, el último ajuste se realizó en 2021, por lo que el sector transportista sostenía que era necesario actualizar los valores para garantizar la sostenibilidad del servicio.

Hasta el momento, la ANT no ha difundido el cuadro oficial con las nuevas tarifas por ruta, por lo que se espera que en los próximos días se publique el detalle de los valores que deberán cancelar los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial en todo el país.

El incremento del 25 % se aplicaría sobre las siguientes tarifas vigentes:

Posible alza del 25% en pasajes preocupa a usuarios del transporte en Imbabura

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(Redacciòn Imbabura).- Los usuarios del transporte interprovincial e intraprovincial en Imbabura podrían enfrentar un incremento de hasta el 25% en el costo de los pasajes, luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) iniciara el análisis de una actualización tarifaria a escala nacional.

La revisión responde al pedido realizado por los gremios del transporte, que argumentan un incremento sostenido en los costos de operación, principalmente por el aumento del precio del diésel y otros insumos necesarios para mantener el servicio. Las tarifas actuales permanecen sin modificaciones desde 2021.

De concretarse la medida, el ajuste impactaría a los pasajeros que diariamente se movilizan entre cantones como Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí, así como a quienes viajan desde Imbabura hacia otras provincias del país.

La ANT informó que el estudio técnico contempla variables como la estructura de costos, las características de las rutas y la operación del servicio. Además, señaló que un eventual incremento estaría condicionado al cumplimiento de medidas que fortalezcan la seguridad de los usuarios, entre ellas la instalación de botones de pánico y sistemas de conteo de pasajeros en las unidades.

El análisis se desarrolla en paralelo a la actualización del mecanismo de compensación económica para el transporte público y comercial anunciada por el Gobierno Nacional, como respuesta a las variaciones en los precios internacionales de los combustibles.

Por el momento, la ANT aclaró que el incremento aún no ha sido aprobado y que la propuesta continúa en fase de análisis y socialización con los representantes del sector transportista. Mientras tanto, los pasajes en Imbabura mantienen las tarifas vigentes hasta que exista una resolución oficial.

FENACOTIP anuncia suspensión indefinida del transporte desde este 3 de julio; ANT advierte con fuertes sanciones

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(Redacciòn Ibarra).- La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP) anunció la suspensión indefinida del servicio de transporte público intra e interprovincial a escala nacional, medida que entraría en vigencia a partir de las 00:00 de este viernes 3 de julio de 2026.

La decisión fue oficializada mediante la Circular N.º 037-SEF-AGAF-2026, en la que el gremio argumenta que el sector atraviesa una grave crisis económica, provocada por la insuficiencia de ingresos para cubrir los costos operativos y la falta de respuestas oportunas por parte del Gobierno Nacional.

Según la organización, la paralización se ampara en el derecho constitucional a la resistencia y se mantendrá de manera indefinida mientras persistan las causas que motivan la protesta. Además, la dirigencia exhortó a todas las cooperativas afiliadas a mantener la unidad, actuar con responsabilidad y seguir únicamente la información emitida por los voceros oficiales de la federación.

Uno de los principales reclamos del sector es la revisión técnico-económica de las tarifas del transporte, petición que, según FENACOTIP, aún no ha recibido una respuesta concreta por parte de las autoridades. El gremio espera la instalación de una mesa de diálogo que permita encontrar soluciones antes de que la medida genere mayores afectaciones a la movilidad en el país.

ANT advierte con sanciones

Frente al anuncio de la paralización, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) recordó que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial considera como una infracción administrativa muy grave la interrupción o suspensión del servicio de transporte sin una causa legalmente justificada.

La entidad señaló que esta infracción puede ser sancionada con una multa equivalente a ocho remuneraciones básicas unificadas.

Asimismo, la ANT indicó que la Resolución N.º 045-DIR-2014-ANT, que regula los contratos de operación, prohíbe la suspensión del servicio, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o por disposición expresa de la autoridad competente.

La institución advirtió que, si se confirma una suspensión injustificada del servicio, iniciará los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la normativa vigente.

Entre las medidas que podrían adoptarse constan la intervención de las operadoras, la suspensión de rutas o unidades, revisiones técnicas extraordinarias, la reevaluación de conductores e incluso la reversión de rutas, frecuencias o títulos habilitantes, cuando el interés público se vea comprometido.

Actualizaciòn:

Pese a lo anunciado ayer, esta mañana los buses de transporte intra e interprovincial ofrecieron el servicio con normalidad, luego de que mediante un comunicado se informara el levantamiento de la medida.

Movidelnor restablece servicios de matriculación y amplía horarios para atender alta demanda

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(Redacción Ibarra).- Luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) restableciera la interoperabilidad del sistema de matriculación vehicular, la Empresa Pública de Movilidad del Norte Movidelnor EP, a través de su equipo técnico, ejecutó las acciones necesarias para habilitar nuevamente desde ayer varios servicios relacionados con la matriculación y gestión vehicular en sus centros de atención.

Entre los servicios que ya se encuentran disponibles constan la renovación del permiso anual de circulación (RTV anual), transferencia de dominio, emisión de matrícula por primera vez, cambios de servicio, bloqueos y desbloqueos, emisión del certificado único vehicular y de poseer vehículos, duplicado de placas, de adhesivo y de matrícula, actualizaciones de datos de personas y de vehículos, así como cambios de características.

Según informó Cristina Pomasqui, gerente técnica vehicular de Movidelnor, durante febrero del año pasado se matricularon aproximadamente 5.000 vehículos en los cuatro centros de atención de la empresa, lo que refleja el tamaño del parque automotor que demanda estos servicios. Por esta razón, la institución ha tomado medidas para fortalecer la capacidad de atención ante el incremento de usuarios.

Como parte de la reapertura de los servicios y con el objetivo de cubrir la demanda ciudadana, Movidelnor habilitó horarios extendidos en sus agencias de Ibarra, Otavalo y Montúfar, que atenderán de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 18:00. En la agencia de Pedro Moncayo, la atención será de lunes a viernes de 07:00 a 17:00. Esta medida estará vigente de forma indefinida hasta completar la demanda de usuarios que requieren realizar sus trámites.

La funcionaria recordó que los propietarios de vehículos cuyo último dígito de placa es 1 no deberán pagar la multa por calendarización correspondiente al año 2026, debido a la suspensión temporal del sistema de la ANT. Sin embargo, deberán cumplir con el proceso de revisión técnica vehicular y matriculación durante el periodo comprendido desde el 9 de marzo de 2026 hasta 30 días después.

Pomasqui también señaló que Movidelnor depende del sistema interpretativo nacional, por lo que pidió comprensión a la ciudadanía ante algunas intermitencias que se han presentado. No obstante, aseguró que actualmente la institución está operando al 100% de su capacidad para brindar atención a los usuarios.

Por su parte, Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor, indicó que se ha incrementado la capacidad de atención para cubrir la demanda no solo de los vehículos con dígito 1, sino también para avanzar con la calendarización correspondiente al dígito 2. En este sentido, dijo que, se han habilitado 250 turnos diarios en el centro de Ibarra, 150 en Otavalo, 200 en Montúfar y 50 en la unidad móvil de Pedro Moncayo, con el sistema de turnos habilitado para todo el mes de marzo.

La reapertura de los servicios ha generado una respuesta positiva entre los usuarios. Carlos Andrade, ciudadano ibarreño que acudió a realizar su trámite, comentó que logró obtener su turno sin inconvenientes y fue atendido con agilidad. “El proceso fue rápido, pude hacer la revisión y avanzar con la matriculación sin problemas. Es positivo que se hayan ampliado los horarios porque facilita mucho a quienes trabajamos”, señaló.

Cierre de la ANT obliga a suspender sanciones por licencias y matrículas vencidas

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(Redacción Ibarra).- El cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a nivel nacional obligó al Gobierno a adoptar medidas excepcionales para evitar perjuicios a la ciudadanía. Entre ellas, la suspensión de sanciones por licencias de conducir y matrículas vehiculares vencidas mientras duren las interrupciones en el servicio.

La decisión se tomó debido a que miles de usuarios no han podido realizar trámites de renovación, emisión o actualización de documentos, lo que habría generado multas y sanciones sin que exista responsabilidad directa de los conductores.

Como parte de la medida, las autoridades dispusieron una ampliación automática de la vigencia de licencias y matrículas caducadas hasta que la ANT restablezca su atención regular. El objetivo es garantizar el derecho a la movilidad y evitar afectaciones económicas innecesarias.

El Gobierno señaló que estas acciones responden a la necesidad de mantener el orden y la tranquilidad ciudadana durante el periodo de cierre, mientras se normalizan los servicios del sistema de tránsito.

ANT cerrará 30 días tras operativo ‘Caso Jaque’: director y funcionarios detenidos por presunta red de corrupción

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(Redacción Ecuador).- La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) permanecerá cerrada a nivel nacional durante 30 días, luego del operativo denominado ‘Caso Jaque’, ejecutado este viernes 30 de enero por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada al interior de la institución.

Durante la intervención, las autoridades allanaron oficinas de la ANT en Quito, Ibarra y Santo Domingo, logrando la detención del director nacional de la entidad y ocho funcionarios, quienes estarían involucrados en una red dedicada a cobros ilegales por trámites de licencias, con valores que fluctuaban entre 150 y 200 dólares por usuario.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que esta estructura delictiva operaba desde dentro de varias agencias de tránsito del país y tendría presuntos vínculos con el grupo criminal Los Choneros. Según las investigaciones preliminares, el perjuicio económico superaría los tres millones de dólares, dinero que habría sido desviado a cuentas de los involucrados.

En los allanamientos se incautaron 38 teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles, 55 dispositivos electrónicos, 165 documentos, además de 53.510 dólares en efectivo, un arma de fuego, dos alimentadoras y 29 cartuchos.

Reimberg explicó que el cierre temporal de la ANT permitirá avanzar con las investigaciones y ejecutar un proceso de depuración y reestructuración del personal, reiterando que todas las dependencias de la institución suspenderán sus actividades durante 30 días.

En la ciudad de Ibarra, las oficinas de la ANT también fueron allanadas como parte del operativo; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre personas detenidas producto de la intervención local. Asimismo, no se ha emitido un pronunciamiento por parte de la actual directora de la ANT en Ibarra, Patricia Unda.

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