(Redacciòn Imbabura).- A un año del inicio del paro que paralizó Imbabura durante 31 días, las huellas de aquella crisis todavía permanecen en la provincia. La movilización comenzó el 22 de septiembre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, y rápidamente convirtió a Otavalo y otros sectores de Imbabura en el epicentro de una protesta que incluyó bloqueos de vías, enfrentamientos con policías y militares, ataques a bienes públicos y privados, muertes, cientos de heridos y millonarias pérdidas económicas. Aunque las carreteras volvieron a habilitarse el 22 de octubre, un año después todavía continúan las consecuencias judiciales, económicas y sociales de aquellas jornadas. El cuartel policial de Otavalo, uno de los principales símbolos de la violencia registrada durante el paro, se encuentra actualmente en aproximadamente un 98 % de operatividad, pero el conflicto dejó daños que trascendieron la infraestructura y permanecen en la memoria de las comunidades.

El origen de la crisis se remonta al 12 de septiembre de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa eliminó mediante el Decreto 126 el subsidio al diésel. La medida provocó rechazo entre transportistas y organizaciones indígenas y desencadenó las primeras movilizaciones. El 15 de septiembre se registraron bloqueos en Julio Andrade, en Carchi, donde transportistas se enfrentaron con las Fuerzas Armadas. Aunque el Gobierno consiguió levantar temporalmente esa protesta mediante beneficios económicos al sector, el conflicto continuó y el 18 de septiembre la CONAIE anunció movilizaciones a nivel nacional. En Imbabura, mientras el Gobierno declaraba el estado de excepción y toque de queda, las organizaciones indígenas preparaban una paralización indefinida que comenzaría el 22 de septiembre.

Ese día comenzaron los bloqueos de la E35 y de otras vías estratégicas de Imbabura, con Otavalo como principal epicentro. Organizaciones como la FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa de distintos pueblos se sumaron a la protesta y bloquearon carreteras, afectando la movilidad hacia el norte y sur del país. La jornada terminó convirtiéndose en uno de los episodios más violentos del paro cuando un grupo de encapuchados atacó, incendió y saqueó el cuartel policial de Otavalo, donde se encontraban aproximadamente 20 policías. Se incendiaron oficinas y vehículos, fueron sustraídos documentos y evidencias y los daños materiales fueron calculados en unos USD 125.000. También se destruyeron cámaras del ECU911 y se produjeron enfrentamientos con la fuerza pública. Por estos hechos fueron detenidas 18 personas, mientras 17 militares fueron retenidos temporalmente por comunidades del cantón Otavalo.

En los días siguientes, lejos de disminuir, la tensión aumentó. El Gobierno cambió a la gobernadora de Imbabura y el presidente Daniel Noboa llegó a Otavalo el 24 de septiembre acompañado de un importante contingente policial y militar, pero su visita no produjo una solución al conflicto. Dos días después, la dirigencia de la CONAIE anunció el levantamiento del paro en varios sectores, pero las bases de Imbabura rechazaron la decisión e incluso retuvieron a su presidente, Marlon Vargas, en Huaycopungo. Los bloqueos continuaron y se extendieron hacia Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Cotacachi, Antonio Ante, Zuleta, Urcuquí, El Juncal y Lita. El 28 de septiembre ocurrió la primera muerte en Imbabura: Efraín Fueres, comunero de Cuicocha, falleció durante una jornada de enfrentamientos después de recibir un disparo que testigos atribuyeron a personal militar.

Durante los primeros días de octubre la protesta adquirió nuevas dimensiones. Se denunciaron agresiones a ciudadanos, amenazas a comerciantes para obligarlos a cerrar, daños a vehículos y problemas de abastecimiento de gasolina, gas y alimentos. Las propias organizaciones indígenas comenzaron a mostrar divisiones sobre cómo continuar la movilización. El 1 de octubre, la decisión de la FICI de plantear una tregua y abrir un diálogo con el Gobierno fue desconocida por varias comunidades de base. Mientras tanto, continuaron los enfrentamientos y acciones de protesta, como la invasión a una finca florícola en Cotacachi el 6 de octubre y la movilización masiva hacia Ibarra el 8 de octubre. Para entonces, el conflicto ya había dejado un importante número de heridos y la FICI posteriormente reportaría 820 manifestantes heridos, de los cuales alrededor de 230 mantenían secuelas.

La situación alcanzó uno de sus momentos más críticos entre el 13 y el 15 de octubre. El Gobierno envió un segundo convoy humanitario hacia Imbabura para transportar alimentos, medicinas, gas y otros productos, pero durante la madrugada del 14 de octubre se produjo un nuevo enfrentamiento en Otavalo después de que un convoy fuera atacado por manifestantes. La ciudad quedó nuevamente paralizada, con calles destruidas, persecuciones y más de 40 detenidos, muchos de los cuales fueron liberados posteriormente. También fueron agredidos miembros de la fuerza pública: durante el paro, según los reportes de la FICI, 111 policías y 27 militares resultaron afectados por agresiones. En medio de los enfrentamientos resultó herido un periodista comunitario y, al día siguiente, murió José Guamán, comunero de Otavalo de 30 años, quien había recibido un disparo en el pecho. Permaneció en cuidados intensivos en Ibarra y falleció durante el traslado en helicóptero hacia Quito.

El 15 de octubre hubo un primer intento de terminar la paralización mediante un acuerdo entre dirigentes indígenas, autoridades locales y el Gobierno. Se anunció un cese de hostilidades y la instalación de mesas de diálogo, pero las bases desconocieron rápidamente el acuerdo y acusaron a sus propios dirigentes de traición. La división se profundizó el 19 de octubre, cuando la FICI asumió el liderazgo de las movilizaciones y reemplazó a Mesías Flores por Sisa Inés Cotacachi, mientras el Gobierno suspendía el diálogo argumentando incumplimientos y nuevos actos violentos. Finalmente, entre el 21 y el 22 de octubre, distintas comunidades comenzaron a regresar a sus territorios y a liberar las carreteras. La CONAIE anunció oficialmente el fin del paro y las Fuerzas Armadas iniciaron el despeje de la E35. Aunque algunas organizaciones, como UNORCAC, anunciaron inicialmente que mantendrían la resistencia, la FICI terminó ordenando la apertura de las vías. Después de 31 días, la paralización llegó a su fin.

El costo humano de la protesta, sin embargo, no terminó con la reapertura de las carreteras. Fueron cuatro las personas que fallecieron en el contexto del paro: Efraín Fueres y José Guamán, ambos comuneros de Imbabura; Rosa Paqui, adulta mayor del pueblo Kichwa Saraguro, en Loja, quien murió el 14 de octubre después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras la inhalación de gases lacrimógenos durante los operativos; y Edison David Farinango Tontaquimba, oriundo de Cotacachi, quien resultó gravemente herido durante las protestas tras recibir impactos de artefactos explosivos. Farinango permaneció cerca de dos meses hospitalizado en Quito y falleció el 27 de diciembre de 2025 debido a complicaciones derivadas de sus lesiones. A este saldo se sumaron cientos de heridos y personas que, según la FICI, quedaron con secuelas físicas.

El impacto económico también se prolongó mucho después del levantamiento del paro. Comercios y negocios permanecieron cerrados, las carreteras estuvieron intransitables, hubo escasez de productos y combustible y se registraron amenazas de saqueos y agresiones contra personas que intentaban movilizarse. La Cámara de Industrias y Producción estimó las pérdidas entre USD 90 millones y USD 100 millones. Imbabura además perdió buena parte de la actividad turística del feriado de la Independencia de Guayaquil, mientras que durante el feriado de Finados se intentó impulsar la recuperación mediante incentivos y una reducción temporal del IVA. Entre el 1 y el 4 de noviembre se registraron 33.400 viajes, USD 1,84 millones de gasto turístico y una ocupación del 38,6 %, una cifra superior al 31,3 % de 2024, pero todavía insuficiente para hablar de una recuperación sostenida.

El caso “12 de Otavalo” tuvo un primer desenlace el pasado 5 de junio de 2026, cuando la justicia ecuatoriana dictó el sobreseimiento de las 18 personas procesadas por los hechos ocurridos durante los disturbios registrados en Otavalo el 22 de septiembre de 2025, jornada en la que fue incendiado el cuartel de Policía de la ciudad. La resolución judicial determinó que no existían elementos probatorios suficientes para vincular a los procesados con el delito investigado, por lo que el proceso penal quedó cerrado para ellos. Sin embargo, la decisión fue revocada el 14 de agosto de 2026, cuando una sala de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dejó sin efecto el auto de sobreseimiento dictado a favor de los 18 procesados. Según consta en el expediente del Consejo de la Judicatura, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura dispuso llamar a juicio a los 18 procesados por los presuntos delitos de ataque y resistencia y daño a bien ajeno, por lo que el caso continua abierto.