(Redacción Ibarra).- Desde las primeras horas de la mañana de este jueves, la Policía Nacional ejecutó un megaoperativo en los alrededores de la laguna de Yahuarcocha, en Ibarra, con el fin de controlar motocicletas sin documentos en regla, sin matrícula o con alteraciones en el número de chasis.
El despliegue policial incluyó puntos estratégicos como El Arcángel, así como las vías de ingreso y salida de la laguna. Según información preliminar, decenas de motocicletas fueron retenidas, varias de ellas por presentar irregularidades que podrían estar relacionadas con actividades delictivas.
La capitana Vanesa Freire, vocera del operativo, informó que, además del control vehicular, se realizó una búsqueda focalizada de usureros, personas que se dedican a prestar dinero con intereses excesivos y condiciones abusivas, lo cual constituye un delito. “Estamos detrás de estas estructuras que afectan a ciudadanos de bajos recursos, muchas veces bajo amenaza o extorsión”, señaló.
Varios de los detenidos registran antecedentes penales, lo que ha encendido las alertas sobre el uso de motocicletas como medio para cometer robos y otros delitos en la ciudad.
Numerosos ciudadanos que frecuentan la zona turística de Yahuarcocha aplaudieron la intervención, destacando que este tipo de acciones son necesarias ante el crecimiento de asaltos y delitos en motos. Se espera que en las próximas horas se emitan más detalles oficiales sobre los resultados del operativo.
(Redacción Imbabura).-Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Solo en los primeros cinco meses de 2025, el país ha registrado un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. De enero a abril se han contabilizado 3.087 muertes violentas, lo que representa un incremento del 58 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Enero y febrero sumaron 1.530 homicidios, mientras que marzo y abril registraron 831 y 726 asesinatos, respectivamente. Las cifras convierten este periodo en el más violento jamás registrado en el país.
A pesar de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la violencia continúa escalando. Ciudades de la Costa ecuatoriana, varios sectores de la Sierra y zonas urbanas que antes eran consideradas tranquilas, como Ibarra, también han sido alcanzadas por esta ola delictiva.
En la capital imbabureña, la percepción de inseguridad ha crecido significativamente. La ciudadanía reporta un incremento de los delitos de oportunidad, como robos a domicilios y asaltos a personas en la vía pública, especialmente en zonas con escasa iluminación y sin presencia policial. Los antisociales, a bordo de motocicletas, aprovechan la falta de patrullaje para cometer estos robos. En sectores como Miravalle y Los Huertos Familiares, se registran hasta tres robos por semana según los reportes ingresados a nuestra redacción.
Frente a este panorama, el presidente Daniel Noboa envió el pasado 17 de mayo su primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional. Bajo el nombre de “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, la iniciativa busca golpear las finanzas de los grupos delincuenciales, atacando directamente el poder económico del crimen organizado.
La propuesta, calificada como urgente en materia económica, implica reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales. Los asambleístas tienen un plazo de 30 días para tramitarla.
El texto legal propone medidas tributarias, financieras y de seguridad con el objetivo de “proteger a la ciudadanía, estabilizar el sistema económico y reactivar zonas afectadas por el crimen organizado”.
El crecimiento del narcotráfico y la presencia de bandas delincuenciales han profundizado la crisis. Noboa enfrenta el mayor reto de su mandato: recuperar el control territorial y restablecer la seguridad del país.
(Redacción Otavalo).- La Defensoría Pública del Ecuador emitió la Resolución N.º DP-DPG-DASJ-2025-087, como parte del expediente 003-2025-DENCJ, en respuesta a una queja presentada contra el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Otavalo. El caso fue revisado por el Defensor Público General, Ricardo Wladimir Morales Vela, y concluye con una sanción institucional al consultorio universitario.
De acuerdo con el documento oficial, la queja fue presentada por una persona en situación de vulnerabilidad, quien alegó haber recibido atención negligente y fuera de los estándares mínimos establecidos por la Defensoría Pública para los servicios de defensa gratuita. Tras el análisis jurídico y técnico del caso, se evidenció que la clínica jurídica universitaria no garantizó una atención oportuna, eficiente y de calidad, tal como exige la normativa vigente.
En la parte resolutiva del documento, la Defensoría determina que: “Se sanciona al Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Otavalo con la suspensión de su acreditación por el plazo de 7 días, contados a partir de la ejecutoría de la presente resolución.”
La medida se ampara en las atribuciones conferidas por el artículo 193 de la Constitución y por el Código Orgánico de la Función Judicial, que establecen que los consultorios jurídicos universitarios deben cumplir con estándares estrictos de calidad y estar sujetos a control y evaluación de la Defensoría Pública.
Esta es la primera vez en el año 2025 que se aplica una sanción de esta naturaleza en la provincia de Imbabura. La suspensión implica que durante este período el consultorio jurídico no podrá prestar servicios de defensa legal gratuita bajo aval estatal, afectando directamente a su operatividad dentro del sistema de justicia gratuito.
La Universidad de Otavalo es una de las instituciones académicas autorizadas para brindar asesoría legal a personas de escasos recursos. Con esta resolución, la Defensoría Pública busca reforzar el control sobre la calidad de los servicios jurídicos gratuitos, exigiendo que se cumpla con los principios de legalidad, celeridad y tutela efectiva consagrados en la Constitución.
Se espera que, tras el cumplimiento de la sanción, el consultorio jurídico pueda solicitar nuevamente su acreditación, previa evaluación por parte del ente regulador.
(Redacción Ibarra).- La tarde de este martes, una adulta mayor perdió la vida tras ser atropellada por un bus de la cooperativa La Esperanza, en plena plaza central de la parroquia La Esperanza, a escasos metros del ingreso al sector Yaguachi.
El lamentable hecho ha causado consternación entre los moradores, quienes exigen mayor precaución y respeto por parte de los conductores, especialmente hacia los adultos mayores que a diario transitan por esta zona.
Habitantes del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades para fortalecer los controles y promover una cultura vial que priorice la vida y la dignidad de las personas de la tercera edad.
(Redacción Otavalo).- Este martes se confirmó la renuncia de Gustavo Andrade, quien hasta hoy ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO). La salida del funcionario se suma a una serie de desvinculaciones recientes de directores y gerentes dentro del GAD municipal.
Se espera que en las próximas horas el Directorio de EMAPAO, presidido por la alcaldesa Anabel Hermosa, se reúna para definir quién asumirá la gerencia de manera temporal o definitiva.
Andrade había trabajado anteriormente junto a Hermosa en la Empresa de Agua Potable de Quito, cuando ella se desempeñaba como vicealcaldesa de la capital. Posteriormente, fue designado gerente de EMAPA-I durante la administración de Andrea Scacco en Ibarra, y más recientemente asumió la gerencia de EMAPAO bajo la actual administración otavaleña.
La renuncia coincide con una jornada judicial importante: este mismo martes se desarrolla en el Complejo Judicial de Otavalo una audiencia de Acción de Protección promovida por el colectivo ciudadano Unidos por la Pachamama. La acción legal apunta a la presunta contaminación del Lago San Pablo y busca respuestas directas tanto de la alcaldesa Hermosa como del ahora exgerente Andrade, en calidad de autoridades responsables de garantizar el cuidado del recurso hídrico.
(Redacción Ibarra).- En un contexto donde la sostenibilidad se convierte en una exigencia institucional, la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP) consolida su compromiso ambiental a través de una estrategia técnica para el manejo de residuos derivados de sus procesos operativos, específicamente en tareas de señalización vial.
Durante 2024, la entidad adquirió 1900 canecas de pintura para ejecutar trabajos de señalización horizontal en los cantones que integran la mancomunidad. De ese total, 1436 ya han sido utilizadas, y los envases vacíos se integraron a un plan de manejo ambiental que prioriza la eficiencia técnica, la correcta disposición de residuos y la minimización del impacto ecológico.
La planificación no solo abarca el uso del producto para garantizar la seguridad en las vías, sino también la gestión de los desechos que genera. En ese sentido, el proveedor ST Innova S.A. -en cumplimiento del contrato inicial-, asume la recolección de los envases y el tratamiento técnico de los residuos químicos que puedan permanecer en ellos. Posteriormente, el plástico se reutiliza, evitando su descarte y dándole un nuevo uso.
Michael Jiménez, gerente general de Movidelnor, afirmó que todas las acciones de la empresa responden a una política transversal de responsabilidad ambiental. “Hemos asumido el compromiso de que cada proceso, desde la planificación hasta su cierre técnico, incorpore medidas para reducir nuestra huella ambiental. No se trata solo de pintar calles, sino de garantizar que los residuos no dañen el entorno y que los materiales tengan un ciclo de vida sostenible”, explicó.
Desde la parte técnica, Bryan Benavides, jefe de la Unidad de Señalización, señaló que tras el uso de la pintura, las canecas vacías se almacenan de forma segura. “Esto evita derrames y posibles daños al suelo o fuentes hídricas. Una vez acumuladas, se entregan al gestor ambiental, quien asegura un tratamiento correcto del material remanente”, puntualizó.
Mauricio Larrea, gerente de transporte de la entidad, destacó que Movidelnor está incorporando cláusulas de corresponsabilidad ambiental en cada contrato técnico que ejecuta. “Esto nos permite trabajar con proveedores comprometidos con la sostenibilidad, como ST Innova, que cumple estándares ambientales vigentes en sus procesos de recuperación de materiales”, aseguró.
Este enfoque integral, coinciden los voceros institucionales, busca demostrar que la movilidad segura y la protección ambiental no son objetivos excluyentes, sino principios complementarios que pueden avanzar en paralelo, en procesos que integren la eficiencia operativa con una visión ambiental sólida, en beneficio de la ciudadanía y del entorno natural del norte del país.
(Redacción Ibarra).- En un operativo denominado «Gran batalla», desarrollado por la Policía Nacional en Ibarra la noche del 24 y madrugada del 25 de mayo de 2025, tres personas fueron aprehendidas tras ser descubiertas transportando aproximadamente 437 gramos de cocaína.
El procedimiento policial se ejecutó como parte de las acciones de control y seguridad en la región norte. Durante la intervención, el Grupo de Operaciones Especiales logró identificar, a la altura del control aduanero en Priorato, un vehículo tipo taxi utilizado para el transporte de la droga y tres teléfonos celulares.
Según información de la Policía Nacional, uno de los detenidos posee antecedentes penales por tráfico ilegal de migrantes, lo que ha levantado sospechas sobre una posible vinculación con redes delictivas dedicadas a este ilícito. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar nexos con otras organizaciones de narcotráfico.
(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.
Año 2025
Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.
Año 2023
Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.
Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.
Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.
A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.
La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.
La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.
Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.
EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.
(Redacción Pimampiro).- La mañana de este miércoles se registró un trágico accidente de tránsito en el sector Chalguayacu, cantón Pimampiro. Un camión con placas PZU-061 se vio involucrado en un aparatoso siniestro que dejó como resultado una persona fallecida y otra herida.
La alerta fue recibida a las 11:15, mediante una llamada que reportaba un siniestro con personas atrapadas. De inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos, una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP), un patrullero, una moto policial y personal del SIAT acudieron al sitio para brindar asistencia y levantar las pericias correspondientes.
Al llegar, los bomberos confirmaron el deceso de una persona en el lugar. Otra resultó herida y fue estabilizada por los paramédicos, quienes la trasladaron a una casa de salud para su valoración médica.
Las autoridades investigan las causas del accidente.
(Redacción Imbabura).- Un testigo protegido, considerado pieza fundamental en la investigación por el asesinato de tres personas ocurrido el pasado 13 de febrero en el sector Bellavista de San Antonio, fue asesinado la madrugada de este miércoles 21 de mayo en el barrio El Empedrado.
La víctima, cuya identidad permanece en reserva por disposiciones legales, fue hallada con tres impactos de bala. Según fuentes judiciales, el testimonio que había entregado resultaba clave para sustentar los cargos de la Fiscalía contra los presuntos autores intelectuales y materiales del crimen.
De acuerdo con información preliminar, el hombre se encontraba bajo custodia del programa de protección de testigos, pero habría abandonado su lugar de resguardo por motivos que aún se investigan.
EL CASO
El pasado 13 de febrero, tres personas fueron asesinadas mediante sicariato en el sector de Bellavista. Las víctimas viajaban en una camioneta de transporte público cuando fueron interceptadas por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el vehículo. El conductor sobrevivió con heridas.
La policía informó que las víctimas posiblemente estarían vinculadas a un grupo delictivo organizado (GDO), una hipótesis que sigue bajo análisis en el proceso investigativo.
Hoy en Imbabura 