(Redacción Nacional).- Fuerza Tarea es un nombre clásico de la doctrina militar, pero la Fiscalía lo adoptó para llamar al equipo de agentes encargados de investigar los mayores casos de corrupción en el país. Once fiscales conforman este grupo y a su cargo están 56 procesos considerados, hasta el momento, como prioritarios.

El más importante sigue siendo la red de corrupción de Odebrecht. Hay 29 expedientes abiertos por las obras de la empresa brasileña. Uno por asociación ilícita que terminó con la sentencia a seis años de prisión contra el exvicepresidente Jorge Glas.

Otros nueve son por lavado de activos y le abanico de delitos se aumenta con casos de concusión, cohecho,  captación ilegal de dinero, delincuencia organizada, defraudación tributaria,  testaferrismo y falsedad ideológica y otros delitos.

El manejo supuestamente irregular de los sectores estratégicos también es indagado. Hay dos casos de enriquecimiento ilícito, uno de peculado, otro por cohecho y cuatro donde se analizan a los responsables de otras infracciones.

Hay siete expedientes fiscales en otras instituciones del sector público. En ellas se indaga posibles casos de enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria y lavado de activos.

Este equipo trabaja, según lo explicó el fiscal general del Estado, Carlos Baca, con altos estándares técnicos. Por ejemplo, cuenta con el apoyo de analistas especializados en hidrocarburos, seguros, contratación pública y delitos financieros.

En este mismo camino se encuentra la Contraloría.  En el período de funciones de Pablo Celi se han emitido 638 informes generales, como resultado de las acciones de control ejecutadas por los equipos auditores.  La mayoría de reportes  fue a los contratos de Odebrecht y a los procesos ejecutados por los exfuncionarios de sectores estratégicos, seguridad social y de comunicación, entre otras actividades, del anterior gobierno.

El contralor subrogante Pablo Celi, anunció que encargó a 18 unidades de control la revisión los gastos en difusión, publicidad y propaganda de la década pasada. El propósito es revisar los contratos suscritos por diferentes entidades estatales, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2017.

La intención es verificar el origen, accionistas de cada compañía y cómo se otorgaron los contratos, que están relacionados con 14 empresas de publicidad privadas, entre las que se encuentran: Creacional, Queteve, Creacional, Flumiradio y Ximahdigital, que supuestamente tienen los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado o sus familiares. Ambos lideraron la comunicación y la propaganda en gran parte del gobierno pasado y hoy  también se indagan sus bienes patrimoniales.

La Contraloría también determinó dos glosas por presuntas irregularidades en el manejo y pagos de Gamatv. La primera observación fue por cobro de valores por concepto de bonos sin sustento. Un caso es el de Carlos Ochoa, exdirector de noticias de Gamatv y actual Superintendente de Comunicación, quien recibió 94.200 dólares sin justificación entre  enero de 2010 y el 30 abril 2016.

La segunda glosa fue por los contratos de compra y venta de vehículos. En este punto, en calidad de director nacional de Noticias, Ochoa se benefició de 30.848 dólares, que corresponde al costo de un vehículo Chevrolet Captiva Spor 2.4L, adquirido con recursos de la entidad. Por este caso, la Contraloría General dispuso la destitución y multa por la suma de $ 7.320 contra Ochoa.

En este examen fueron señalados 11 exfuncionarios de la estación televisiva como responsables directos y 27 como indirectos. Todos ellos aún pueden apelar esta decisión.

En las áreas estratégicas hay los expedientes por la concesión del Campo Singue, del Bloque Tres y de Machala Power. En todas ellas, existe la presencia del exvicepresidente Jorge Glas y de su equipo encargado del área petrolera.

También hay irregularidades en el pago de la deuda a la Seguridad Social y en el manejo administrativo del IESS; asimismo en la compra de terrenos para el parque Samanes y en la Ciudad del Conocimiento Yachay.

Para la Fiscalía, el combate a la corrupción ratificado por los ecuatorianos en las urnas, debe  completarse con reformas al Código Penal.  Las principales propuestas son la eliminación del informe previo de Contraloría para abrir una causa penal; que exista una mayor celeridad en la prohibición de salida de país de una persona; que se permita la detención por 48 horas para fines investigativos y declarar a una investigación como compleja cuando así lo amerite.

Estos cambios buscan acelerar los procesos investigativos y evitar que los sospechosos huyan.