(Redacción Imbabura).- La Gobernación de Imbabura en conjunto con la Policía Nacional del Ecuador y La Fiscalía General del Estado Ecuador en la provincia de Imbabura, dieron a conocer los hechos ocurridos en el sector de Mascarilla. Marisol Peñafiel Montesdeoca Gobernadora de Imbabura dijo que de acuerdo al reporte policial, en un operativo de control permanente, miembros policiales proceden a la detención de dos vehículos que presumiblemente transportaba material aurífero. Sin embargo, ellos evaden las disposición y se registra una persecución a la altura del Control Integrado.
Al encontrarse con la vía cerrada, se suben al parterre y huyen por la vía contraria. En ese momento se produce la denotación de una arma de fuego, atentando contra la integridad de las personas que circulaban por esa vía y poniendo en riesgo sus vidas; así como la de los miembros policiales.
“Las autoridades de forma inmediata hemos actuado, amparados en lo que señala la ley, el respeto al debido proceso y presunción de inocencia, pero sobretodo en nuestra obligación de garantizar la paz, la seguridad y el orden público, hemos procedido a tomar acciones. Se ha judicializado, existen evidencias fotografícas, videos y reportes de las cámaras de video- vigilancia del ECU911. De acuerdo a las pruebas y las investigaciones se procederá a determinar la responsabilidad de los presuntos infractores”.
En el tema de la minería ilegal, manifestó que hay personas que actúan al margen de la ley y buscan utilizar a ciertos grupos, para no cumplir con las normas establecidas. “Hoy hemos mirado que se pretende utilizar a un grupo determinado del sector de El Juncal y no permitiremos que nadie ponga en riesgo la paz y la seguridad de Imbabura. La ley es clara aquel que no cumpla que realice ataque o resistencia, el Código Integral Penal, establece la sanción correspondiente”.
Por su Parte, Carlos Pozo, Comandante de Policía de Imbabura, dijo que se ha puesto en riesgo la vida de los uniformados y de los ciudadanos al detonar un arma de fuego. “Dentro de los protocolos internacionales, la Policía sabe en qué momento utilizar el arma de fuego, el uso progresivo e irracional de su arma estará en caminada a proteger la vida de las personas, derechos e incluso del infractor de la ley”.
“Este tipo de acontecimientos nos permiten preocuparnos y fortalecer aún más por la seguridad ciudadana”, indicó Gen Rhea, Fiscal Provincial, quien aclaró que no existen personas ni vehículos detenidos y que las investigaciones que se realizan determinarán a los posibles responsables y el grado de participación.
“Hacemos un llamado a nuestro pueblo afrodescendiente al pueblo afrochoteño, sabemos de su identidad con su pueblo y esperamos que no estén las persona apoyando al cometimiento de ilícitos, para luego verse involucrados en hechos que judicialmente y de acuerdo a la norma lleguen a la sanción e incluso a la privación de la libertad.
Por eso hacemos el llamado a la comunidad, una vez judicializado no es que la Gobernadora o la Policía está persiguiendo a las personas, se persigue al delito al delincuente y lo que se hace es administrar justicia, porque tienen que hacerse responsables de las acciones u omisiones”, dijo la representante del Ejecutivo en la provincia.
El Código Penal en el artículo 283 establece penas de 1 a 3 años, de 3 a 5 años e incluso una pena privativa de 22 a 26 años. #JuntosMásSeguros.
