(Redacción Ibarra).- El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el pasado 3 de abril la nueva delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, en función de su crecimiento poblacional y conforme a la normativa vigente.
Como parte de esta actualización, Ibarra pasará de tener 9 a 11 concejales en su Concejo Municipal. La nueva distribución establece que 9 serán urbanos y 2 rurales, alineándose con ciudades como Esmeraldas, Riobamba, Daule, Loja, Quevedo y Manta, que también aplican este sistema.
En Imbabura, dos cantones como es el caso de Cotacachi y Antonio Ante también aumentarán su número de concejales de 5 a 7 mientras que los otros cantones de la provincia mantendrán el mismo número de autoridades para elección.
La medida responde al incremento demográfico del cantón y busca garantizar una representación más proporcional de la población en el gobierno local. Este cambio se implementará en las próximas Elecciones Seccionales de Ecuador 2026, previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.
En esa jornada electoral, a nivel nacional, se elegirán 5.742 autoridades principales, entre prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales, así como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), junto con sus respectivos suplentes.
La adopción de circunscripciones electorales en estos cantones forma parte de un proceso de ajuste institucional orientado a fortalecer la representatividad y organización territorial de los gobiernos locales en el país.
(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Paro 2025
Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.
La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.
Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:
En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.
Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:
Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.
Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.
El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.
Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :
En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.
Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.
(Redacción Imbabura).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que en Imbabura y todo el país está prohibido usar celulares o cualquier dispositivo electrónico dentro del biombo durante el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. Los ciudadanos no podrán tomar fotos de la papeleta ni manipular sus teléfonos mientras emitan su voto, medida que busca garantizar el secreto del sufragio.
La sanción por incumplir esta norma es severa y corresponde a USD 5.170 (equivalentes a once salarios básicos) y un año de suspensión de derechos políticos, según el artículo 279 del Código de la Democracia. Esta infracción puede ser tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En Imbabura, el CNE reforzará el control en los recintos de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y Pimampiro, debido a denuncias recientes sobre presuntas presiones para que votantes fotografíen su papeleta a cambio de incentivos económicos. El organismo advirtió que estas prácticas comprometen la integridad del proceso.
La prohibición también aplica a los vocales de mesa, quienes no podrán usar sus celulares durante la jornada ni en el conteo, salvo el responsable de llenar las actas. El CNE insiste en que el respeto a esta disposición será clave para una elección segura y transparente en la provincia.
Además de la sanción por usar el celular en el biombo, en Imbabura rigen otras multas electorales establecidas por el Código de la Democracia. No acudir a votar—obligatorio para ciudadanos de 18 a 65 años—implica una multa del 10% del salario básico, es decir, $47. Infringir la ley seca o el silencio electoral también conlleva sanciones del 50% del salario básico ($235), aplicables a quienes consuman o vendan alcohol en el periodo prohibido, o a quienes realicen propaganda en plena restricción. En el caso de los miembros de las juntas receptoras del voto, no asistir a su mesa genera una multa de $70,50, mientras que abandonarla sin justificación puede costar entre 10 y 20 salarios básicos (de $4.700 a $9.400). Estas sanciones son administradas por el CNE, y pueden consultarse o pagarse en la delegación electoral correspondiente.
(Redacción Ecuador).- El Ministerio de Educación informó que los días 14 y 17 de noviembre de 2025 las instituciones educativas designadas como recintos electorales trabajarán en modalidad no presencial, debido a la jornada democrática del Referéndum y Consulta Popular que se realizará este domingo.
En total, 4.005 escuelas y 71 institutos y universidades de todo el país funcionarán como centros de votación, según datos oficiales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.
Esta medida busca garantizar la continuidad del aprendizaje, facilitar la limpieza y reacondicionamiento de los planteles educativos antes y después del proceso electoral.
(Redacción Ecuador).- Este sábado 8 de noviembre, el Registro Civil del Ecuador realizará otra jornada extraordinaria para el servicio de cedulación en 49 agencias de las 24 provincias del país, en el horario de 08h00 a 12h00. La atención está dirigida a los ciudadanos con turno agendado para el sábado 8 de noviembre de 2025, en la agencia elegida, a través de la agencia virtual del Registro Civil.
Las personas deben acudir con el comprobante de pago impreso del servicio (emitido por la banca corresponsal), la cédula anterior (en caso de renovación) y, si es por pérdida o robo, presentar la constancia, física o digital, del Formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.
El costo de la cédula por primera vez es de $5,00; renovación, de $16,00, y para personas con discapacidad igual o superior al 30%, sin costo. Las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria (niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad) no requieren agendar y contarán con atención preferencial.
Esta jornada extraordinaria responde a una planificación de atención de fines de semana, en respuesta a la necesidad de la ciudadanía que, por situaciones de trabajo, estudiantiles u otras, no puede acudir a una agencia los días de la semana laboral. Además de facilitar a las personas el documento de identidad para ejercer su derecho al voto en la Consulta Popular y Referéndum del próximo domingo 16 de noviembre de 2025.
La jornada extraordinaria de este sábado se convierte en la número 18 en lo que va del año, atendiendo, solo los fines de semana, a 239.327 ciudadanos.
De enero al 1 de noviembre de 2025, el Registro Civil del Ecuador ha emitido más de 2 millones de cédulas de identidad en todo el territorio nacional, reafirmando su liderazgo y compromiso institucional en garantizar el derecho a la identidad de cada ecuatoriano.
El Registro Civil del Ecuador continúa trabajando sin descanso, acercando sus servicios a la gente, fortaleciendo la confianza ciudadana y construyendo juntos un Nuevo Ecuador.
(Redacción Imbabura).- Aunque las elecciones del Sindicato de Choferes de Imbabura se llevaron a cabo el pasado 5 de abril de 2025, recién se conoce que la acción de protección presentada por el concejal Edwin Vásquez Mera para frenar el proceso fue negada, confirmando la proclamación de Cristóbal Moncayo como nuevo secretario general y marcando el fin de los 16 años de liderazgo de Vásquez al frente del gremio.
Días antes de los comicios, el Tribunal Electoral del Sindicato descalificó la candidatura de Vásquez para la reelección, lo que generó controversia y tensión entre los socios. En respuesta, Vásquez, quien también es concejal de Ibarra y hasta entonces secretario general del sindicato, presentó una acción de protección que, en primera instancia, fue acogida por el juez Jhonny Gustavo Palacios Soria, ordenando la suspensión de las elecciones.
A pesar de esta decisión judicial, el Tribunal Electoral del sindicato decidió continuar con las votaciones, alegando que sus estatutos internos respaldaban la realización del proceso, lo que derivó en un clima de incertidumbre.
Tras la apelación, la justicia revocó la sentencia de primera instancia y negó la acción de protección, concluyendo que no se vulneraron los derechos constitucionales de participación, debido proceso ni seguridad jurídica. La resolución emitida dejó sin efecto la suspensión de las elecciones y ratificó la validez de los comicios, habilitando a la lista encabezada por Cristóbal Moncayo para asumir la conducción del Sindicato.
Edwin Vásquez Mera dirigió el Sindicato de Choferes de Imbabura durante 16 años consecutivos (2009–2025), tras suceder a Milton Ramírez, y logró cuatro reelecciones seguidas, consolidándose como uno de los dirigentes gremiales de mayor trayectoria en la provincia. Con el fallo judicial y la proclamación de resultados Vásquez ya no podrá postularse en futuros procesos electorales dentro del sindicato.
(Redacción Imbabura).- De cara a los comicios electorales de este domingo 9 de febrero de 2025, los 13.736.314 electores habilitados en todo el territorio ecuatoriano asistirán a las urnas a votar; el Consejo Nacional Electoral, la entidad encargada de toda logística electoral en un correcto ejercicio democrático y transparente, aplica anticipadamente algunas medidas como el silencio electoral y la ley seca.
Multas por infringir el silencio electoral:
El silencio electoral, una figura vigente en el artículo 291 del Código de la Democracia, estipula que, tras el periodo correspondiente a treinta días de campañas electorales de los 16 binomios presidenciales de los diferentes movimientos y partidos políticos, está prohibida la difusión, publicidad electoral, opiniones o imágenes vertidas en medios de comunicación y medios digitales que induzcan de manera deliberada a los electores a cualquier posición o preferencia electoral. Tampoco los candidatos pueden asistir a eventos o inauguraciones de obras u otros, financiados con fondos públicos, mientras el periodo de silencio electoral se encuentre vigente.
El silencio electoral rige cuarenta y ocho horas antes de los comicios, exactamente el viernes siete de febrero, y se extiende hasta las cinco de la tarde del domingo, al cierre de los recintos electorales. Durante este tiempo los ciudadanos descansan del proselitismo político cuando de medios de comunicación nos referimos, debido a que la situación es diferente en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, etc., donde aún no existe una norma específica para el control de estas plataformas. El incumplimiento del silencio electoral por parte de la ciudadanía, será sancionado con multas del cincuenta por ciento del salario básico unificado, alrededor de doscientos treinta y cinco dólares, si realizan actos de propaganda dentro y fuera de recintos electorales.
Multas por infringir la ley seca:
La ley seca consta en el artículo 123 del Código de la Democracia,que determina que «durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce horas después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas». Desde el mediodía del viernes 7 de febrero hasta el mediodía del 10 de febrero, la ley seca entra en vigencia; esta medida aplica a bares, centros nocturnos, discotecas, licorerías, restaurantes, supermercados, tiendas de barrio, etc. .
Infringir esta ley conlleva una multa del cincuenta por ciento del salario básico unificado, que en este año 2025 corresponde a 235 dólares y se aplicará bajo dos instancias. A quienes expendan y consuman bebidas alcohólicas en días de prohibición, como también a aquellos ciudadanos que ingresen a los diferentes recintos electorales a sufragar en estado de embriaguez.
Multas por no asistir a votar en elecciones:
El voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años de edad; no sufragar representa una multa del diez por ciento del salario básico unificado, es decir, cuarenta y siete dólares.
Multas por ausencia en junta receptora del voto
Si no asiste a conformar su junta receptora del voto, debe pagar el valor de setenta con cincuenta dólares o lo equivalente a quince por ciento de un salario básico unificado. Al integrar las juntas receptoras del voto, se debe permanecer en la mesa designada durante toda la jornada electoral. El abandonarla sin justificación le expone a una multa de diez a veinte salarios básicos unificados, una multa de entre 4.700 y 9.400 dólares. Por esta razón, si necesita ausentarse de la mesa por un motivo urgente, debe comunicarlo inmediatamente al presidente de mesa y solicitar permiso.
Quienes no se capaciten tendrán una sanción de cuarenta y siete dólares, que equivale al diez por ciento de un salario básico unificado.
Las sanciones a los ciudadanos que incumplan con estas disposiciones están a cargo del Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de estos comicios electorales; paralelamente, la Policía Nacional es la encargada de realizar los diferentes operativos de control y de emitir las citaciones a los ciudadanos.
En caso de haber incurrido en una multa, el ciudadano sí podrá ejercer su derecho al voto; la multa se acumulará para el siguiente proceso electoral y deberá ser cancelada en la delegación electoral de su provincia.
Si usted desconoce su situación frente a alguna multa o sanción o desea consultar su recinto electoral, puede ingresar al portal web del Consejo Nacional Electoral con su número de cédula y fecha de nacimiento; de este modo sabrá su lugar de votación o si tiene valores pendientes de pago.
(Redacción Ecuador).- Este domingo 09 de febrero los ecuatorianos volveremos nuevamente a las urnas para elegir, presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales y provinciales, así como también parlamentarios andinos. Pero, las elecciones en Ecuador se han vuelto repetitivas que, en estos últimos 2 años, hemos ido a votar en 5 oportunidades.
Estos constantes llamados a elecciones representan un gasto significativo de dinero para el estado, que nos hacen preguntar ¿Qué se pudo haber hecho con estos recursos en beneficio del país?
Revisaremos a continuación los costos de los 5 procesos electorales y su impacto en la economía del país.
1.-Elecciones seccionales 2023 (5 de febrero): Se eligieron 23 prefectos, 23 vice prefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales y 4,084 vocales principales de las juntas parroquiales. Ese mismo día tuvo lugar un Referéndum constitucional con ocho preguntas, planteadas por el Gobierno de Guillermo Lasso, el costo de este proceso electoral fue de 100 millones de dólares.
En mayo del 2024, Lasso escogió el camino de la Muerte Cruzada, con la que acortaba su periodo y nuevamente se debían a convocar a elecciones.
2.-Elecciones Generales Anticipadas de 2023 primera vuelta (20 de agosto): se eligió presidente, vicepresidente y asambleístas, además nuevamente fuimos consultados en temas relacionados a la explotación petrolera en Parque nacional Yasuní. Este proceso en primera vuelta costó 90 millones de dólares.
3.- Elecciones Generales Anticipadas de 2023 segunda vuelta (15 de octubre): Daniel Noboa resultó electo presidente, convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia del país, quien llegaba a completar el periodo que dejó Guillermo Lasso, el costo del proceso electoral fue de 30 millones de dólares.
4.- Consulta popular de 2024 (21 de abril): La papeleta de votación constó de once preguntas para que los votantes puedan aprobar o rechazar sobre temas de importancia nacional, referentes a la seguridad, la justicia y el confiscarles los bienes a las personas vinculadas a los delitos de corrupción, tráfico de drogas entre otras. Esta Consulta Popular, costó 25 millones de dólares
5.- Elecciones Presidenciales 2025 primera vuelta (09 de febrero): Los ecuatorianos elegiremos en las urnas a presidente y vicepresidente, 5 representantes al Parlamento Andino y a los 151 representantes a la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029, el costo de este proceso electoral es de 61 millones de dólares, en el caso de que uno de los dos candidatos obtenga más del 50.1% de votos totales o una diferencia del 10% ante su competidor más cercano, se podrá declarar la victoria presidencial en una sola vuelta, evitando que los ecuatorianos volvamos a las urnas el 31 de abril del 2025.
En el caso de que no se genere esta brecha, se realizarán las elecciones en segunda vuelta con un costo de 30 millones de dólares.
En resumidas cuentas, si sumamos los diferentes montos destinados para los cinco procesos electores, tres en 2023, uno en 2024 y el actual proceso que se llevará a cabo el 9 de febrero, se han gastado 306 millones de dólares.
Según datos del CNE, el padrón electoral promedio entre todas las elecciones ha sido de 13 millones de votantes, tomando en referencia el último corte de padrón electoral de este año 2025, seremos 13 736 314 millones de votantes lo que significa que cada votante aportó $22.23 en estos procesos electorales.
El costo de la democracia a los ecuatorianos nos ha pasado una factura bastante grande, la inestabilidad política ha generado un gasto extra en el presupuesto general del estado, que no estaba considerado.
Con estos $306 millones en salud se podrían haber construido aproximadamente 8 hospitales modernos con un presupuesto de 33 millones cada uno, adquisición de 1,748 mil ambulancias tipo 1 con un costo de 175,000 dólares por unidad.
En educación, se podrían otorgar más de 382,500 becas de estudio por un valor anual de 800 dólares, en obra pública, se podrían construir más de 204 km de vías, con un costo de 1,5 millones por km de construcción.
Se podría construir una hidroeléctrica como la de Manduriacu, que genere alrededor de 65MW y con esto prevenir una nueva crisis energética con un costo aproximado de 223 millones de dólares.
(Redacción Nacional).- El miércoles 25 de enero, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó un informe para solicitar al Ejecutivo un día descanso para el día posterior a las votaciones.
Mediante redes sociales el presidente de Ecuador, informó este viernes 27 de enero Guillermo Lasso, decidió suspender la jornada laboral del lunes 6 de febrero a través del Decreto 655, acogiendo el pedido formulado desde el pleno del Concejo Nacional Electoral.
De acuerdo con lo dispuesto, la jornada laboral se suspenderá de manera obligatoria en todo el sector público y será opcional en el sector privado, además en el sector público será recuperada a través de una hora adicional de durante los ocho días laborables subsiguientes. Mientras que en el sector privado la recuperación será establecida por mutuo acuerdo.
