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¿Girar a la derecha con semáforo en rojo se puede? Esto dice la ley en Ecuador

(Redaccion Ecuador).– La posibilidad de girar a la derecha con el semáforo en rojo continúa generando dudas entre conductores en Ecuador. Mientras algunos ciudadanos consideran que la maniobra está prohibida, otros aseguran que sí está permitida por la normativa vigente.

El artículo 213 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial autoriza a los conductores a virar a la derecha con luz roja en el semáforo, siempre que no existan vehículos circulando en sentido contrario y extremando precauciones bajo su estricta responsabilidad.

Sin embargo, especialistas en tránsito aclaran que la norma no significa que los conductores puedan avanzar sin detenerse o ignorar otras disposiciones de seguridad vial. Antes de realizar el giro, el conductor debe reducir completamente la velocidad, verificar que no existan peatones cruzando y asegurarse de que no haya señalización que prohíba expresamente la maniobra.

Las autoridades recuerdan que el peatón siempre tiene prioridad y que el conductor será responsable en caso de provocar un accidente o poner en riesgo a otras personas.

Además, un agente de tránsito sí puede detener a un conductor si considera que el giro fue realizado de manera imprudente, sin precaución o incumpliendo señales existentes en la vía. En esos casos podrían emitirse sanciones relacionadas con conducción peligrosa o desacato a la señalización de tránsito.

La confusión sobre este tema se ha incrementado en redes sociales, donde muchos usuarios afirman haber sido advertidos o cuestionados por agentes pese a que la maniobra sí consta dentro del reglamento nacional.

Sancionan al GAD de Antonio Ante con más de 35 mil dólares por irregularidades en uso de suelo

(Redacción Antonio Ante).- La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) sancionó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante con una multa de USD 35.525,88 tras detectar irregularidades en la transformación de la clasificación del suelo en su territorio.

Según el organismo de control, el municipio modificó la categoría de aproximadamente 2.134 hectáreas —originalmente destinadas a uso agrario— hacia suelo urbano y de expansión urbana sin cumplir los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

El análisis técnico y jurídico determinó que estas modificaciones fueron incorporadas en el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), sin contar con requisitos clave como la autorización previa de la Autoridad Agraria Nacional, informes técnicos habilitantes y otros parámetros obligatorios. En total, se incumplieron cinco de los seis requisitos exigidos por la ley.

La SOT concluyó que estas acciones constituyen una infracción al ordenamiento territorial, conforme a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). Además de la multa económica, la entidad dispuso como medida de reparación que el GAD adecúe su planificación territorial al marco legal vigente.

El expediente también fue remitido al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que podría intervenir dentro de sus competencias para evaluar posibles acciones adicionales y fortalecer la política pública en esta materia.

La Superintendencia advirtió que este tipo de incumplimientos no solo vulneran la normativa, sino que también pueden afectar la sostenibilidad del territorio y la soberanía alimentaria, al alterar el uso de suelos rurales destinados a la producción agrícola. Finalmente, la institución aclaró que el municipio tiene derecho a impugnar la resolución por las vías administrativas o judiciales correspondientes.

Desde la administración del GAD Municipal de Antonio Ante, mediante un comunicado oficial, señaló que las observaciones emitidas por el organismo de control corresponden a procesos de planificación territorial ejecutados en el periodo 2019-2023, y que la actual gestión ha emprendido acciones desde noviembre de 2025 para corregir dichas situaciones, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer una administración transparente y responsable.

Movidelnor puso en marcha el proceso de abandono y chatarrización de motocicletas

(Redacción Ibarra).- 258 motocicletas que hayan permanecido más de tres años en los Centros de Retención Vehicular (CRV) de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP) serán sometidas a un proceso de chatarrización, previa declaración de abandono. El plazo para que los propietarios retiren sus vehículos termina el próximo 15 de enero.  Así lo anunció la institución en un comunicado publicado el lunes pasado en sus redes sociales.

La institución ejecutará por segunda ocasión un proceso de chatarrización masiva, luego de que en la primera intervención se destruyeran 347 motocicletas que permanecían en condición de abandono en los Centros de Retención Vehicular (CRV).

Actualmente se desarrolla la primera fase del proceso, correspondiente a la declaratoria de abandono, cuyo objetivo principal es liberar espacio físico en los CRV, evitar el hacinamiento vehicular y cumplir con la normativa legal vigente, explicó Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor.

El listado de las motocicletas que serán declaradas en abandono se encuentra publicado en la página web institucional www.movidelnor.gob.ec, con el fin de que los propietarios puedan verificar si su vehículo consta en el registro y proceder a su retiro dentro del plazo establecido por la ley, que es de 10 días contados desde la publicación.

De acuerdo con la normativa, los propietarios legítimos o sus apoderados podrán realizar la liberación de los vehículos hasta el 15 de enero de 2026, fecha límite antes de que se oficialice la declaratoria de abandono. Una vez cumplido este plazo, la institución procederá conforme a la Ley, señaló Chiriboga.

La fase final del proceso, que consiste en la destrucción física de las motocicletas mediante aplastamiento, será ejecutada por un gestor ambiental autorizado y se llevará a cabo una vez concluida la etapa de abandono.

Emerson Ubidia, gerente de operaciones de tránsito de Movidelnor, explicó que, para retirar los vehículos, los propietarios deberán presentar documento de identidad y matrícula originales, correo electrónico y, en caso de apoderamiento, un poder especial notariado. Asimismo, deberán cancelar los valores pendientes por matrículas, citaciones y costos de garaje generados en los patios de retención. El costo diario por garaje para motocicletas actualizado es de 3,55 incluido IVA, según tarifario de la empresa pública.

El funcionario dijo que el pago de esos haberes puede resultar más costoso que el propio valor comercial de las motos. Algunos de estos vehículos están retenidos desde el 2014.

Servidores públicos y privados tendrán descanso obligatorio el viernes 2 de enero de 2026

(Redacción Ecuador).- Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 249, firmado el miércoles 17 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de la jornada laboral del viernes 2 de enero de 2026 en todo el territorio ecuatoriano. La medida aplica para los sectores público y privado y forma parte del feriado nacional por Año Nuevo.

El decreto establece que el descanso obligatorio correspondiente al 1 de enero se extienda al viernes 2, permitiendo así un feriado continuo que irá del jueves 1 al domingo 4 de enero de 2026. En el texto oficial se especifica que la jornada suspendida no será recuperable, por lo que no deberá compensarse posteriormente.

Esta disposición tiene carácter oficial y obligatorio, ya que se encuentra sustentada en un decreto ejecutivo vigente. Por lo tanto, el viernes 2 de enero de 2026 es feriado nacional y debe cumplirse conforme a lo establecido en la normativa.

Cotacachi implementó una nueva ordenanza para regular bicicletas y vehículos eléctricos

(Redacción Cotacachi).- A partir de marzo de 2025, Cotacachi aplica oficialmente la ordenanza que regula el uso de bicicletas y vehículos de micromovilidad como scooters, triciclos y pasolas eléctricas. La normativa, aprobada por el Concejo Municipal el año pasado y socializada durante los últimos tres meses, busca mejorar la seguridad vial y reducir accidentes ante el crecimiento del uso de estos medios de transporte.
La normativa establece una velocidad máxima de 25 km/h y regula el uso de estos vehículos en la vía pública.
Entre las prohibiciones destacan:
– Circular por aceras o espacios peatonales sin desmontar.
– Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
– Sujetarse a otros vehículos en movimiento.
– Realizar maniobras peligrosas o piruetas.
– Transportar pasajeros, animales o carga que afecte el control del vehículo.

Las infracciones se dividen en leves y graves, con multas y medidas correctivas:
Infracciones leves ($23.50, 5% del salario básico)
– No usar casco protector.
– Obstruir ciclovías o estacionar bloqueando el paso.
– No respetar la señalización.
– Circular en aceras, parques o zonas peatonales.
– No portar documento de identidad ni registro del vehículo.

Infracciones graves ($94, 20% del salario básico)
– Circular o estacionar en carriles exclusivos para bicicletas.
– Conducir en sentido contrario a la vía.
– Manejar bajo efectos de alcohol o sustancias controladas.

Además, en ambos casos, el vehículo será retenido hasta el pago de la multa. Si la infracción ocurre fuera del horario laboral, se liberará el siguiente día hábil sin costo adicional.

Otro punto clave de la ordenanza es el registro obligatorio de bicicletas y vehículos eléctricos, que debe realizarse a través de la página web del Municipio de Cotacachi. Hasta la fecha, 213 scooters han sido registrados. Los propietarios deben proporcionar datos como nombre, cédula, dirección, características del vehículo y fotografías. Tras el registro, recibirán un código QR que deben portar y que podrá ser escaneado por los agentes de tránsito en cualquier momento.

La Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP) y el Gobierno Municipal son los responsables de la aplicación y supervisión de esta ordenanza, que ya está en plena vigencia. Con su implementación, Cotacachi se adelanta a otras municipalidades y se posiciona como un referente en la regulación de la micromovilidad en la región.