(Redacciòn Ibarra).- Cinco personas, cuatro hombres y una mujer, fueron retenidas por comuneros de la parroquia La Esperanza, en el cantón Ibarra, tras ser señaladas como presuntas responsables del robo de un ternero.
El hecho ocurrió ayer, cuando un ternero que había sido sustraído de una comunidad fue localizado antes de que pudiera ser sacado de la zona. Según los testimonios, los sospechosos habrían introducido al animal a la fuerza en un automóvil de pequeñas dimensiones para ocultarlo y facilitar su traslado, provocándole maltrato durante la maniobra.
Tras la intervención de comuneros y autoridades, el ganado fue recuperado y los cinco sospechosos fueron llevados ante la asamblea comunitaria, donde se resolvió aplicar procedimientos de justicia indígena.
Videos difundidos en redes sociales muestran a los implicados caminando descalzos y cargando bolsas con piedras, como parte de las sanciones impuestas por las autoridades comunitarias.
La justicia indígena está reconocida en la Constitución del Ecuador, que faculta a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, de acuerdo con sus normas y tradiciones, siempre que sus decisiones respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales. Para comuneros de Zuleta el robo de ganado representa pérdidas económicas que afectan directamente el sustento de numerosas familias.
Redacción Ibarra.– Publicaciones difundidas recientemente a través de redes sociales han generado preocupación en parte de la comunidad universitaria, luego de que una estudiante expusiera públicamente presuntas situaciones de intimidación, abuso de confianza y posible acoso que, según su relato, involucrarían a un docente vinculado a la Universidad Técnica del Norte. De acuerdo con lo compartido en internet, el docente estaría relacionado con la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT), en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Matemática.
La información fue publicada inicialmente por una estudiante en sus redes sociales y posteriormente comenzó a circular con rapidez, generando comentarios y reacciones de otros usuarios. En dichas publicaciones, algunas personas que se identifican como estudiantes también habrían compartido experiencias o testimonios similares; sin embargo, hasta el momento se trata de versiones difundidas en el ámbito digital.
Según lo expuesto en esas publicaciones, el docente —quien habría desempeñado funciones de coordinación académica— presuntamente habría utilizado su posición de autoridad para ejercer presión sobre estudiantes, mencionándose supuestos ofrecimientos de beneficios académicos a cambio de encuentros personales.
Entre los señalamientos que circulan en redes se mencionan presuntas propuestas relacionadas con la aprobación de exámenes complexivos a cambio de “salir a comer”, insinuaciones vinculadas al pago de arriendos a cambio de favores personales y reiteradas invitaciones para que estudiantes abordaran su vehículo particular. Asimismo, se afirma en estas publicaciones que el docente habría enviado mensajes privados solicitando ser invitado a los dormitorios de algunas alumnas.
Otro de los aspectos mencionados en los testimonios difundidos en redes sociales es el supuesto uso de advertencias relacionadas con evaluaciones académicas. De acuerdo con lo publicado por las denunciantes, el docente habría manifestado que podía identificar a los estudiantes que emitían calificaciones negativas en las evaluaciones docentes, lo que habría sido interpretado por algunas alumnas como una posible insinuación de represalias.
Las estudiantes también sostienen que estos hechos habrían sido reportados con anterioridad ante instancias internas de la universidad, entre ellas el Departamento de Bienestar Estudiantil, incluso con la presentación de material audiovisual como evidencia. Sin embargo, aseguran que no se habrían adoptado medidas concretas y que el docente continuó impartiendo clases, situación que —según indican— generó temor entre quienes decidieron denunciar.
Ante esta situación, este medio solicitó un pronunciamiento a la Universidad Técnica del Norte. Desde la Dirección de Comunicación de la institución se informó que la universidad ha actuado dentro de sus competencias y respetando la normativa interna que regula este tipo de casos, garantizando los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria.
Además, señalaron que, para verificar la información difundida en redes sociales, solicitaron que se remita la denuncia pública completa con el fin de revisar su contenido de manera formal. Desde la institución también indicaron que no es posible emitir pronunciamientos sobre hechos presuntos o información no verificada, ya que —según manifestaron— esto podría afectar la honra y los derechos de las personas eventualmente involucradas.
(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.
El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.
El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.
Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.
Hoy en Imbabura 