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Ibarra elegirá 11 concejales en 2026 tras actualización electoral del CNE

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(Redacción Ibarra).- El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el pasado 3 de abril la nueva delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, en función de su crecimiento poblacional y conforme a la normativa vigente.

Como parte de esta actualización, Ibarra pasará de tener 9 a 11 concejales en su Concejo Municipal. La nueva distribución establece que 9 serán urbanos y 2 rurales, alineándose con ciudades como Esmeraldas, Riobamba, Daule, Loja, Quevedo y Manta, que también aplican este sistema.

En Imbabura, dos cantones como es el caso de Cotacachi y Antonio Ante también aumentarán su número de concejales de 5 a 7 mientras que los otros cantones de la provincia mantendrán el mismo número de autoridades para elección.

La medida responde al incremento demográfico del cantón y busca garantizar una representación más proporcional de la población en el gobierno local. Este cambio se implementará en las próximas Elecciones Seccionales de Ecuador 2026, previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.

En esa jornada electoral, a nivel nacional, se elegirán 5.742 autoridades principales, entre prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales, así como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), junto con sus respectivos suplentes.

La adopción de circunscripciones electorales en estos cantones forma parte de un proceso de ajuste institucional orientado a fortalecer la representatividad y organización territorial de los gobiernos locales en el país.

Sancionan al GAD de Antonio Ante con más de 35 mil dólares por irregularidades en uso de suelo

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(Redacción Antonio Ante).- La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) sancionó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante con una multa de USD 35.525,88 tras detectar irregularidades en la transformación de la clasificación del suelo en su territorio.

Según el organismo de control, el municipio modificó la categoría de aproximadamente 2.134 hectáreas —originalmente destinadas a uso agrario— hacia suelo urbano y de expansión urbana sin cumplir los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

El análisis técnico y jurídico determinó que estas modificaciones fueron incorporadas en el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), sin contar con requisitos clave como la autorización previa de la Autoridad Agraria Nacional, informes técnicos habilitantes y otros parámetros obligatorios. En total, se incumplieron cinco de los seis requisitos exigidos por la ley.

La SOT concluyó que estas acciones constituyen una infracción al ordenamiento territorial, conforme a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). Además de la multa económica, la entidad dispuso como medida de reparación que el GAD adecúe su planificación territorial al marco legal vigente.

El expediente también fue remitido al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que podría intervenir dentro de sus competencias para evaluar posibles acciones adicionales y fortalecer la política pública en esta materia.

La Superintendencia advirtió que este tipo de incumplimientos no solo vulneran la normativa, sino que también pueden afectar la sostenibilidad del territorio y la soberanía alimentaria, al alterar el uso de suelos rurales destinados a la producción agrícola. Finalmente, la institución aclaró que el municipio tiene derecho a impugnar la resolución por las vías administrativas o judiciales correspondientes.

Desde la administración del GAD Municipal de Antonio Ante, mediante un comunicado oficial, señaló que las observaciones emitidas por el organismo de control corresponden a procesos de planificación territorial ejecutados en el periodo 2019-2023, y que la actual gestión ha emprendido acciones desde noviembre de 2025 para corregir dichas situaciones, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer una administración transparente y responsable.