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CONAVE alerta sobre posible impacto en precios de alimentos tras la circular del SRI

(Redacción Ecuador).- La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador manifestó su preocupación frente a los efectos que podría generar la aplicación de la Circular Nro. NAC-DGECCGC26-00000002 emitida por el Servicio de Rentas Internas, especialmente en lo relacionado con el cobro del IVA a determinados productos cárnicos.

Según el gremio, el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece una tarifa del 0% de IVA para alimentos en estado natural que no hayan sido sometidos a procesos que alteren su naturaleza. Sin embargo, CONAVE advierte que interpretaciones administrativas restrictivas, que no constan explícitamente en la ley, podrían generar incertidumbre en el sector productivo.

El pronunciamiento señala que esta situación se vuelve más compleja ante la posibilidad de exigir declaraciones sustitutivas con pagos adicionales, intereses y multas por operaciones realizadas bajo interpretaciones previas, lo que afectaría la seguridad jurídica y la planificación del sector.

Desde el punto de vista técnico, la organización subraya la importancia de diferenciar entre procesos que transforman un alimento —como la cocción o preparación para consumo— y aquellos que buscan conservarlo sin modificar su esencia, como el marinado neutro aplicado a carnes crudas. Esta distinción sería clave para definir el tratamiento tributario adecuado.

Además, CONAVE advierte que la aplicación de esta circular podría provocar un incremento cercano al 7% en el componente de alimentos y bebidas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos indican que este rubro representa aproximadamente el 32% de la canasta familiar básica. En consecuencia, el impacto total podría traducirse en un aumento cercano al 2% del costo de dicha canasta, equivalente a unos 19 dólares mensuales sobre un valor estimado de 824 dólares.

Finalmente, la corporación reiteró su disposición a mantener un diálogo técnico con las autoridades, con el objetivo de asegurar una correcta aplicación de la normativa, preservar la seguridad jurídica y garantizar condiciones estables para la producción nacional de alimentos, fundamentales para el abastecimiento diario de las familias ecuatorianas.

SRI aclara que productos procesados pagan 15% de IVA y genera preocupación en los hogares ecuatorianos

(Redacción Ibarra).- El Servicio de Rentas Internas (SRI) volvió a encender el debate sobre el costo de la alimentación en Ecuador, al reiterar que decenas de productos de consumo diario están gravados con el 15% de IVA debido a su nivel de procesamiento.

La entidad explicó que únicamente los alimentos en estado natural mantienen tarifa 0%, mientras que cualquier producto procesado o industrializado pasa a estar gravado, incluso si es de consumo cotidiano.

Entre los productos que deben pagar el 15% de IVA se encuentran: jugos de fruta, batidos o refrescos, té o infusiones listas para beber, queso, leches (incluyendo importadas, deslactosadas, descremadas, semidescremadas y saborizadas), crema de leche, leche condensada, manjar de leche, suero de leche, leche maternizada, panes, pan de molde, pasteles, pastillos, postres, tortas, cakes, cupcakes, pancakes, muffins, bizcochos, galletas, barquillos, obleas, rosquitas, pan de pascua, pan de yuca, masa de pan, sopas de fideos, fideos instantáneos, fideos precocidos, sánduches, tostadas, apanadura, empanadas, atún, sardina, macarela, trucha, encebollado preparado, ensaladas preparadas y hamburguesas.

Además, el SRI recordó que también están gravados productos como pulpas, carnes cocidas o marinadas, tofu, sazonadores y mezclas de alimentos procesados.

La institución advirtió que incluso los combos o paquetes pagarán el 15% si uno de sus componentes está gravado, y llamó a los contribuyentes a corregir posibles errores para evitar sanciones.

Esta disposición ha generado preocupación en la ciudadanía, ya que amplía el alcance del IVA a productos habituales en la mesa de los ecuatorianos, reabriendo el debate sobre qué alimentos deberían considerarse realmente básicos dentro de la economía familiar.

Primer operativo del año contra tramitadores y cobros indebidos en el Registro Civil deja resultados inmediatos

(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.

Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.

En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.

Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.