(Redacción Ibarra). – A día de hoy, el tramo norte del Anillo Vial y varios sectores de la urbe continúan sin iluminación; la ausencia de luminarias operativas mantiene en riesgo a conductores y peatones que transitan a diario por estas zonas, incrementando la probabilidad de accidentes y profundizando la sensación de inseguridad ciudadana.
Esta problemática ya fue expuesta por esta redacción en una publicación del 20 de marzo del año pasado. En aquella ocasión, Álvaro Gaibor, director de Distribución de EMELNORTE, señaló que las luminarias instaladas se encontraban inoperativas debido al robo de conductores eléctricos. Como medida correctiva, anunció el reemplazo del cableado de cobre por conductores de aluminio y la gestión de un convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra, en cumplimiento de la regulación ARCERNNR-007/23, con el fin de viabilizar el mantenimiento y restablecimiento del servicio. Según lo manifestado entonces, los trabajos se ejecutarían en un plazo aproximado de 20 días, intervención que posteriormente el propio Gaibor afirmó que sí se habría realizado.
Av. Camilo Ponce Enríquez día martes 20 de enero, hora: 20:09 min
El día martes 27 de enero, nuestra redacción mantuvo una reunión con el señor Álvaro Gaibor, en la cual se expuso, mediante material fotográfico, que una hilera de cuatro postes de luminarias ubicados en la avenida Camilo Ponce Enríquez, junto al parque Ciudad Blanca, no se encontraban operativos, indicó que enviaría técnicos para verificar si era posible realizar algún arreglo y ponerlas en funcionamiento, aclarando que, de existir cables desprendidos, no podrían intervenir, sin embargo para el día jueves ya fueron habilitados, pese a que no era su competencia según lo manifestado por Gaibor.
Dentro de las competencias de EMELNORTE y las del GAD de Ibarra existen varias dudas que la ciudadanía no tiene claro y se genera confusiones, la primera es que no todos los postes de alumbrado público le pertenecen a Emelnorte y no todos le pertenecen al Gad Ibarra, por ejemplo la iluminación al interior del Parque Ciudad Blanca, es competencia del Municipio, pero la Av. Camilo Ponce, desde el periférico sur hasta cuatro postes antes de la Av. Mariano Acosta, no es competencia de Emelnorte según lo manifestado por Gaibor, ya que los cuatro últimos postes están conectados al parque Ciudad Blanca.
También se abordó la situación de la avenida 13 de Abril y del tramo norte del Anillo Vial. En un recorrido realizado por esta redacción, se constató que los arreglos ejecutados han sido parciales. Al respecto, Gaibor indicó que durante la vigencia del convenio se intervinieron los postes, dejándolos operativos; sin embargo, aseguró que el robo de cableado es constante. Asimismo, ratificó que el alumbrado del parterre central de la avenida 13 de Abril asi como la iluminación al interior del parque Ciudad Blanca es competencia del Municipio de Ibarra y no de EMELNORTE.
Por otro lado, ante múltiples reportes ciudadanos sobre luminarias inoperativas, esta redacción realizó un recorrido reciente por distintos sectores de la ciudad, evidenciando fallas persistentes en calles como Luis Felipe Borja, Alfredo Gómez Jaime y Juan de la Roca. En estos puntos no se han ejecutado acciones correctivas visibles frente a las fallas en el tendido eléctrico urbano, lo cual contrasta con la afirmación de Gaibor de que EMELNORTE realiza supervisiones periódicas en la ciudad.
(Redacción Imbabura).– Ecuador concluye el año 2025 con resultados económicos favorables, pese a las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, entre ellas el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 %, vigente desde el 1 de abril de 2024 para financiar el conflicto armado interno y reforzar la seguridad, y que se mantuvo durante todo 2025. Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) y el INEC, el país logró sostener el crecimiento económico a pesar de un contexto internacional adverso y de la caída del precio del petróleo WTI a USD 57,44 por barril. En este escenario, el riesgo país se redujo de 1.211 a 508 puntos, reflejando una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para la inversión y el financiamiento.
El fortalecimiento económico se refleja en la solidez del sistema financiero. El Banco Central reporta que las reservas internacionales crecieron 37,9 %, alcanzando USD 9.516 millones, mientras que los depósitos de la banca privada aumentaron 15,1 %, hasta USD 59.336 millones. A esto se suma un crecimiento del 8 % en las exportaciones y la recuperación de sectores clave como la construcción (6,7 %) y la agricultura (10,1 %).
Estos avances también se evidencian en los hogares. Según el INEC, la inflación bajó de 1,51 % a 1,05 %, el empleo adecuado subió de 33 % a 37,4 %, y la pobreza total se redujo de 28 % a 24 %. El mayor dinamismo económico se reflejó en el consumo interno, con ventas proyectadas por USD 231.530 millones, superiores a las registradas en 2024.
No obstante, esta recuperación nacional no se ha reflejado con la misma intensidad en la provincia de Imbabura. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) estima pérdidas económicas de entre USD 90 millones y USD 100 millones tras más de un mes de protestas y paralizaciones. A estas afectaciones se sumaron pérdidas cuantiosas para la provincia al perder el feriado de cuatro días por la Independencia de Guayaquil, del 9 al 12 de octubre, periodo en el que, a escala nacional, la reducción temporal del IVA al 8 % impulsó significativamente la actividad turística. Mientras otras provincias registraron alta afluencia de visitantes, Imbabura permaneció sitiada y sin turismo, profundizando el impacto económico del paro. Posteriormente, durante el feriado de Finados de noviembre, pese a los esfuerzos de reactivación y a la reducción temporal del IVA del 15 % al 8 % para servicios turísticos específicos en Carchi, Imbabura, Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 1 y el 4 de noviembre, la provincia apenas reportó un crecimiento económico del 6,4 % y una ocupación turística del 38,6 %. Aunque esta cifra superó el 31,3 % registrado en 2024, sigue siendo insuficiente para una recuperación sostenida. En ese período se contabilizaron 33.400 viajes, con un gasto turístico total de USD 1,84 millones.
Tras el paro indígena de 2025, que afectó gravemente a Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha, el Gobierno del presidente Daniel Noboa implementó el plan de reactivación “Firmes con Noboa”, que incluyó el Bono Emprende de USD 1.000 dirigido a comerciantes y pequeños emprendedores afectados por el cierre de vías y la paralización de actividades. De manera complementaria, la Prefectura de Imbabura y las alcaldías de los cinco cantones de la provincia articularon eventos y actividades orientadas a impulsar la reactivación económica local; sin embargo, estas acciones no lograron generar resultados sostenidos ni de alto impacto. Si bien estos incentivos representaron un alivio temporal y permitieron inyectar liquidez en la economía local, los indicadores reflejan que, al cierre de 2025, Imbabura aún no logra una recuperación plena, convirtiéndose en una excepción dentro del balance económico positivo que registra el país.
(Redacción Ibarra).- Las cámaras de videovigilancia del ECU911 captaron a dos sujetos en actitud sospechosa que, minutos después, forcejearon la cerradura de un portón, ingresaron a un inmueble y sustrajeron una motocicleta. Tras el hecho, el sistema mantuvo el seguimiento mientras los individuos remolcaban el vehículo por la vía pública.
Gracias a la rápida intervención, un patrullero de la Policía Nacional los interceptó cerca de la terminal terrestre, logrando la aprehensión de los dos presuntos delincuentes. Posteriormente, se notificó al propietario del inmueble sobre lo ocurrido.
(Redacción Ibarra).- El Concejo Municipal de Ibarra aprobó la Ordenanza Sustitutiva para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón, luego de más de diez años sin actualización. La normativa anterior databa de 2011, mientras que la tabla de cobros se mantenía vigente desde 2003, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que debe revisarse anualmente.
Uno de los principales beneficios de la nueva ordenanza es que no se incrementa ningún valor en la inscripción de bienes de hasta 90.000 dólares, lo que garantiza que los proyectos sociales y créditos preferenciales continúen sin afectar a la ciudadanía. Estos trámites representan más del 80% de las inscripciones que realiza la entidad.
Además, los procesos de aclaración o rectificación de errores en escrituras o resoluciones tendrán un costo reducido al 25% del valor original. Por ejemplo, si una inscripción costaba 200 dólares, la aclaración ahora costará solo 50, en beneficio directo de los usuarios.
La actualización también busca mantener costos justos y sostenibles. Según la entidad, algunos trámites tenían valores que representaban menos del 10% del costo real del servicio. En ese sentido, se ajustaron aranceles como el certificado de gravamen, que pasa de 7 a 11,75 dólares (2,5% del salario básico unificado). Este ajuste, explican las autoridades, no representa un aumento repentino, sino la regularización de un rezago de casi dos décadas.
El Registro de la Propiedad de Ibarra destaca además por su eficiencia y modernización. Actualmente, el 95% de los certificados se entregan el mismo día de su solicitud, y los trámites se inscriben en un promedio de 24 a 48 horas. Para mantener este servicio, la institución avanza en la implementación del sistema de Folio Real, que asignará una clave única a cada bien inmueble, optimizando los tiempos de atención y reforzando la seguridad jurídica.
En materia de inclusión, la ordenanza contempla exoneraciones del 50% en aranceles para personas adultas mayores y personas con discapacidad superior al 30%, en cumplimiento de la ley. Asimismo, los procesos de justificación por homónimos —cuando se deben corregir errores ajenos al usuario— dejarán de tener costo, como una medida de equidad hacia los ciudadanos.
Con esta reforma, el Registro de la Propiedad de Ibarra busca equilibrar la sostenibilidad institucional con un servicio ágil, transparente y acorde a las necesidades actuales del cantón.
(Redacción Ecuador).- El presidente Daniel Noboa anunció oficialmente la convocatoria a una nueva consulta popular que se realizará en diciembre de 2025. El proyecto incluye 7 preguntas clave que abordan reformas estructurales en política, justicia, economía y seguridad, con las que el Gobierno busca impulsar su visión de modernización institucional y atraer inversión extranjera.
Entre los temas más polémicos se encuentran la autorización para que fuerzas militares extranjeras operen en el país, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la posibilidad de permitir casinos en hoteles cinco estrellas como medida para reactivar el sector turístico.
Además, se propone eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, reducir el número de asambleístas, permitir el trabajo por horas en el sector turístico y habilitar la posibilidad de realizar juicios políticos a jueces de la Corte Constitucional, una de las instituciones clave del sistema judicial ecuatoriano.
El anuncio se realizó tras semanas de expectativa por parte de la ciudadanía, analistas y actores políticos, muchos de los cuales ya han comenzado a expresar sus posturas a favor o en contra de la consulta.
Según el presidente, estas reformas buscan «destrabar al país, generar empleo y fortalecer la democracia». Sin embargo, sectores sociales y opositores advierten que varias de las preguntas podrían poner en riesgo derechos ciudadanos y abrir la puerta a una concentración del poder.
Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas en diciembre de 2025 para responder cada una de las preguntas de forma individual, en un proceso que podría redefinir varios aspectos del funcionamiento del Estado.
Estas son las 7 preguntas de la nueva consulta popular:
1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la presencia de fuerzas militares extranjeras en el territorio ecuatoriano para combatir el crimen organizado transnacional?
2. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos?
3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y reestructurar el sistema de representación en la Asamblea Nacional?
4. ¿Está usted de acuerdo con permitir la instalación y funcionamiento de casinos exclusivamente en hoteles de cinco estrellas como incentivo turístico?
5. ¿Está usted de acuerdo con que se puedan realizar juicios políticos a los jueces de la Corte Constitucional?
6. ¿Está usted de acuerdo con permitir el trabajo por horas en el sector turístico como forma de fomentar el empleo?
7. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)?
(Redacción Ecuador).- Un video que circula en redes sociales muestra al presidente del Banco Pichincha, Antonio Acosta Espinosa, lanzando una polémica frase ante el reclamo de un cliente:
“Si no le gusta el banco, váyase a otro y no joda”.
La escena fue grabada el 1 de agosto y rápidamente se viralizó, en medio de una nueva ola de quejas por fallas en los cajeros automáticos, la app móvil y los canales digitales de la entidad. Los usuarios denunciaban pagos duplicados, demoras y mal servicio.
Lejos de calmar los ánimos, la respuesta de Acosta encendió aún más el malestar. Hasta el momento, Banco Pichincha no ha emitido un comunicado oficial ni por la caída de sus servicios ni por las palabras de su presidente.
Mientras tanto, los reclamos aumentan y los usuarios se preguntan: ¿así responde una de las instituciones financieras más grandes del país?
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Ibarra).- Un avanzado sistema de radio, basado en tecnología digital de vanguardia y apoyado por repetidoras estratégicamente distribuidas en el territorio de la Mancomunidad de Tránsito del Norte, es la nueva herramienta implementada por la Empresa Pública de Movilidad del Norte, para optimizar el trabajo operativo.
Se trata de un sistema troncalizado de radio con el cual los Agentes Civiles de Tránsito de Movidelnor, permanecerán comunicados entre si, sin importar en que localidad de la región norte se encuentren. Por ejemplo, el Jefe del Departamento de ACT, que se encuentra en Ibarra, podrá coordinar acciones por radio referentes a la movilidad, tránsito o transporte, con los uniformados que se encuentren en cantones como distantes Pedro Moncayo o Huaca.
Para el efecto, esta entidad pública obtuvo la concesión de una frecuencia con la capacidad para cubrir los 15 cantones de su competencia. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, emitió el título habilitante que faculta a Movidelnor, el uso del espectro radioeléctrico nacional.
A la par, la institución adquirió a través de un proceso de subasta inversa 78 radios portátiles que serán distribuidos estratégicamente, para enlazar a todas las localidades del territorio mancomunado. Dentro del mismo proceso de contratación pública, Movidelnor compró 3 radios móviles para patrulleros, con mayor conectividad de alcance y enlace, los mismos que fueron instalados en vehículos de Otavalo, Huaca y Espejo.
También el sistema cuenta con 1 radio base instalada en el Sistema Integrado de Seguridad ECU- 911 del cantón Ibarra, el cual tendrá la capacidad de enlazarse con el centro de video vigilancia de Tulcán. La inversión supera los 132 mil dólares.
Además, Movidelnor adquirió 78 boddycam, dispositivos para grabar audio y video con el fin de registrar y respaldar los procedimientos de tránsito, conservando la materialidad del hecho, es decir, los archivos son encriptados y no se los puede editar, con el fin de mantener la cadena de custodia.
“Esta iniciativa busca optimizar la eficiencia y efectividad de las operaciones en campo, facilitando una coordinación precisa y en tiempo real con un sistema que fortalece la capacidad de respuesta de nuestro personal operativo ante las demandas ciudadanas, asegurando así un servicio más ágil y eficaz en beneficio de la comunidad”, manifestó Michael Jiménez, gerente general de Movidelnor EP.
Antes de la implementación de este moderno sistema, Movidelnor contaba con 30 radios análogas, que únicamente permitían la comunicación en el cantón Ibarra, con limitaciones en las zonas rurales. Este equipo fue repotenciado con el fin de alargar su vida útil hasta completar la implementación total del proyecto, manifestó Franek Alencastro, gerente de operaciones de tránsito de esa institución.
“Por primera vez nuestro personal operativo puede comunicarse de manera efectiva, hasta en las áreas en las que antes no teníamos cobertura. Esto contribuye a una mejor supervisión del tránsito y una respuesta más rápida ante incidentes”, precisó.
La segunda fase del proyecto está programada para el mes de agosto de 2024, donde se dotará de otras 100 radios digitales al cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito.
(Redacción Imbabura).- Desde la mañana de ayer lunes 27 de mayo del 2024, varios usuarios en redes sociales han reportado la caída del sistema de agendamiento de licencias de la Agencia Nacional de Tránsito, a nivel nacional.
Richard Merchán, manifestó a nuestra redacción que desde la mañana del lunes intenta realizar el agendamiento de su turno para la licencia, sin embargo la página web de la ANT no funciona, «Primero se demoraba en cargar, ahora simplemente sale un mensaje de que no se encuentra la página» afirmó.
Merchán lleva ya 3 días con la licencia caducada, sin embargo ha intentado agendar el turno para renovar su documento habilitante, pero no ha podido, «Hay un resolución que manifiesta que por la falta de turnos y especies de licencias uno puede circular con la licencia caducada, pero hay que tener el turno pagado y ahora como no puedo ingresar a la página web para sacar el turno no se que pasará si me detienen» manifestó Merchán.
El Director Provincial de Imbabura de la Agencia Nacional de Tránsito, Diego San Andrés en diálogo con nuestra redacción manifestó que existe una intermitencia en el agendamiento de turnos de licencias a nivel país y se espera que en las próximas horas se pueda solventar el problema y poder generar los turnos. «El sistema de la ANT para agendamiento de turnos no está trabajando en su totalidad, tenemos una falla en el sistema que está siendo evaluada y atendida por el personal en Quito, esperemos que en las próximas horas el sistema pueda generar los turnos respectivos» afirmó el funcionario, al termino de solicitar un poco de paciencia a los usuarios del sistema.
En Imbabura se ofertan mensualmente alrededor de 2600 licencias de conducir, que pueden ser renovadas tanto en la Agencia de Ibarra como en Otavalo de la ANT y se atienden alrededor de 130 usuarios diarios en todo el procedimiento de renovación de este documento.
(Redacción Imbabura).- El Ministerio de Energía y Minas informa que habrá cortes de energía desde hoy martes hasta el jueves 5 de octubre, por un mantenimiento en la infraestructura eléctrica.
Argumentan que esta medida ocurre por una disminución temporal de la transferencia de potencia desde Colombia, por lo cual se han identificado «condiciones de posible escasez puntual de potencia» en el sistema eléctrico ecuatoriano.
Por este escenario, el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) coordinará con las empresas de distribución una «desconexión puntual de demanda eléctrica», entre las 16:00 y 17:30 hasta el jueves 5 de octubre.
Aunque no se precisa cómo se realizarán estos cortes de energía, se tiene tiene previsto sean cortes puntuales.
Sin embargo, desde el Ministerio de Energías se informó que se encontraron las alternativas necesarias para abastecer de energía al país, entre ellas la generación termoeléctrica, sin embargo no descartan que existan apagones.
