(Redacción Imbabura).- En el marco de las elecciones que se desarrollarán este domingo en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que se aplicará ley seca a nivel nacional como parte de las medidas obligatorias establecidas para garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y sin interferencias.
De acuerdo con el Código de la Democracia, la restricción inicia 36 horas antes del día de los comicios y se mantiene hasta 12 horas después. Para esta jornada, la medida regirá desde las 12h00 del viernes y se extenderá hasta las 12h00 del lunes. Durante ese periodo queda prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, tiendas, bares, restaurantes y cualquier establecimiento comercial.
El CNE aclaró que el incumplimiento de la ley seca conlleva sanciones económicas. Quienes expendan o consuman bebidas alcohólicas durante la vigencia de la prohibición, o quienes intenten ingresar a los recintos electorales en estado etílico, se enfrentarán a una multa equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU). Para 2025, el SBU en Ecuador es de USD 470, por lo que la sanción asciende a USD 235.
Además, los establecimientos que violen esta disposición podrían enfrentar sanciones adicionales, incluyendo clausuras temporales o definitivas según la gravedad de la infracción.
La Policía Nacional y los gobiernos locales ejecutarán operativos de control desde este viernes para garantizar el cumplimiento de la norma en todo el territorio. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respetar las disposiciones vigentes durante este proceso electoral
(Redacción Imbabura).- La indignación crece en Imbabura a 30 días desde la muerte del comunero indígena Fueres, oriundo de la comunidad de Cuicocha, quien falleció la mañana del domingo 28 de septiembre en el hospital de Cotacachi, y aún no se conoce a los responsables de su asesinato. Su muerte, ocurrida durante las protestas del Paro 2025, encendió las alarmas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policía nacional durante estas protestas.
La Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía abrió una indagación sobre el caso. Se conoce que Fueres perdió la vida tras recibir tres impactos de bala durante un enfrentamiento en el sector del puente Ilumán, en la vía Cotacachi–Otavalo. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni versiones oficiales por parte del Gobierno Nacional ni de las Fuerzas Armadas, pese a que en redes sociales circula un video que muestra el nivel de brutalidad ejercido contra el comunero.
En las imágenes se observa a cuatro personas que cargan a un hombre inconsciente mientras al fondo se observan dos tanquetas militares. Uno de los cargadores queda junto al herido mientras los demás huyen ante el ruido de disparos. Segundos después, una tanqueta se detiene y dos militares descienden: uno patea al inconsciente y otro agrede a su acompañante. En los dos minutos y cuarenta segundos que dura la grabación, se contabilizan al menos 33 golpes y patadas, en una escena que refleja un ciclo de violencia desmedida y una respuesta represiva imposible de justificar.
Según declaraciones de Verónica Yaquilema, presidenta de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), y Diana León, abogada de la organización para el portal GK, se informó que las comunidades tomaron fotografías antes del levantamiento del cuerpo para documentar las heridas de bala. La Fiscalía de Cotacachi y agentes de la Dinased realizaron el procedimiento correspondiente dentro del hospital, recogiendo prendas con evidencias de impacto de proyectil.
Como parte de la investigación, se informó que el cuerpo fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde una autopsia (presenciada por un familiar y un representante de INREDH) determinó que una bala ingresó por la espalda y salió por el pecho, fracturando la columna cervical y una costilla, con afectación al pulmón izquierdo, y falleció debido a una insuficiencia cardíaca.
Mientras tanto, el silencio oficial persiste. Ni el Gobierno Nacional ni las Fuerzas Armadas han emitido un pronunciamiento público, alimentando la sensación de impunidad e indignación entre las comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.
Cronología de la muerte de Efraín Fueres.
27 de septiembre del 2025 (22h00 horas): Gobernación de Imbabura coordinó un convoy para salida de camiones.
Desde la página oficial de la Gobernación de Imbabura se publicaron unas imágenes y fotografías en donde se pudo observar a un grupo de camiones, escoltado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según el post de la Gobernación que luego fue borrado, la gobernadora de Imbabura, Elsy Landeta, coordinaba la salida de estos camiones y el ingreso de otros cargados de productos.
28 de septiembre del 2025 (06h30 am): Efraín Fueres recibió un impacto de bala.
Horas más tarde, varios comuneros en el sector de Ilumán atacaron estos camiones que intentaron abrirse paso y que finalmente en horas de la madrugada llegaron a Pichincha; sin embargo, un nuevo convoy de tráileres y camiones que entraba a Imbabura fue emboscado por comuneros nuevamente en el sector de Ilumán. Producto de este enfrentamiento, Efraín Fueres recibió un impacto de bala que acabó con su vida, un tráiler fue incendiado y más de 17 retenidos en la vía.
28 de septiembre del 2025 (09h30 am): Radio Ilumán confirma la muerte de Efraín Fueres
Mediante una entrevista en vivo a una comunera que acompañó el cuerpo de Efraín Fueres desde el hospital de Cotacachi, se confirmó lo que se temía: Efraín había fallecido.
29 de septiembre del 2025 (10h00 am): Organismos internacionales de derechos humanos investigan el caso.
Varios organismos nacionales e internacionales rechazan la violencia en Imbabura y piden que se conforme una investigación independiente para buscar los culpables de la muerte de Efraín Fueres.
21 de Octubre del 2025 (11h30 am): Fuerzas Armadas comparecen a la Asamblea Nacional
El jefe del Estado Mayor reconoce que dentro del operativo que terminó con la vida de Efraín Fueres, hubo un exceso del uso progresivo de la fuerza y constituye un acto de violencia.
21 de octubre del 2025 (12h30 pm): Denuncia por ejecución extrajudicial
En una reunión en la Asamblea Nacional, el abogado y excandidato presidencial Pedro Granja manifiesta que se ha denunciado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el delito de ejecución extrajudicial.
30 de octubre del 2025 (09h30am); La Gobernadora de Imbabura no responde sobre la coordinación del convoy.
Al ser consultada sobre la coordinación del convoy que resultó en la muerte de Efraín Fueres, Elsy Landeta, gobernadora de Imbabura, manifestó que no puede entregar información; sin embargo, se manifestó que los convoys siempre fueron de carácter humanitario y que lamenta la muerte del mismo y que, al ser un tema en investigación, no se puede pronunciar, al final no quiso responder más preguntas.
Las protestas en Ecuador han dejado un rastro de dolor e impunidad. Aunque el saldo de víctimas fatales de las movilizaciones de 2025 es menor al registrado en octubre de 2022 y junio de 2019 (donde hubo siete y once fallecidos, respectivamente), el patrón de falta de justicia se mantiene.
Un ejemplo lamentable es el de Byron Guatatuca Vargas, quien murió el 21 de junio de 2022 tras ser impactado en el rostro por una bomba lacrimógena disparada por la Policía, hecho que le provocó una hemorragia interna y posteriormente su muerte. Su caso, investigado como ejecución extrajudicial desde el 22 de junio de 2022, es uno de los tantos que reflejan la falta de investigación del sistema judicial, pues el 93,3% de las muertes registradas durante las protestas siguen sin esclarecerse. Se conoce que de 15 casos, solo uno llegó a juicio y obtuvo condena, mientras los otros 14 permanecen estancados o fueron archivados. Estos antecedentes revelan una estructura de impunidad persistente, donde las muertes de manifestantes quedan sin esclarecimiento ni responsables. En este contexto, a un mes del fallecimiento de Efraín, todo indica que su caso podría seguir el mismo camino.
(Redacción Imbabura).- A pesar de los recientes acercamientos entre el gobernador de Imbabura, Israel Cabezas, y moradores del Valle del Chota junto a mandos de la Policía Nacional para coordinar acciones de seguridad en la zona, los hechos violentos registrados el pasado domingo generan inquietud sobre la efectividad de dichos compromisos.
Videos enviados a nuestra redacción y ampliamente difundidos en redes sociales mostraron a un grupo de personas armadas descender de una camioneta e intentar atacar un vehículo SUV blanco, donde presuntamente se encontraba un agente policial. Minutos después, los sujetos se desplazaron tranquilamente por las calles del sector, portando armas de alto calibre, sin que se haya reportado intervención alguna por parte de las fuerzas del orden.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque ocurrido en el Valle del Chota. La única comunicación conocida provino de un mensaje de WhatsApp, en el que se señaló: “Ante el hecho suscitado en el sector del Valle del Chota, me permito informar que, por parte de la Policía Nacional, a través de las unidades especiales, se encuentra recabando la información necesaria, a fin de poder dar a conocer los detalles”. La Policía Nacional no ha confirmado si el incidente dejó personas heridas o fallecidas. Sin embargo, habitantes del sector reportaron haber escuchado múltiples detonaciones durante el ataque.
Este hecho ha vuelto a encender las alarmas en una zona que ya ha estado históricamente vinculada con hechos irregulares. En 2023, un videoaficionado captó cómo un grupo de jóvenes habría cerrado la circulación en el puente del Chota mientras detonaban armas de fuego y reproducían música a alto volumen. También se han denunciado actividades relacionadas con contrabando y agresiones a la propiedad privada y a servidores policiales.
“¿Qué habría ocurrido si este mismo hecho se daba en las calles de Ibarra o en una zona céntrica?”, comentan varios usuarios en redes sociales, cuestionando la aparente falta de reacción frente a lo ocurrido en el Valle del Chota.
Pese a los esfuerzos de diálogo por parte de las autoridades provinciales, la población manifiesta su preocupación por la ausencia de resultados claros y acciones visibles, lo que alimenta la percepción de impunidad en la provincia. “¿La ley aplica para todos o solo para algunos?”, es otra de las preguntas que circula ampliamente en el debate público.
(Redacción Ibarra).- No existe un día en el Ecuador que las muertes violentas, los robos, amenazas, extorsiones se cuenten por docena y es que la seguridad ciudadana se le ha ido de las manos al Gobierno Nacional.
Según la información publicada por Vistazo y que remarcan las estadísticas de la Policía Nacional revelan que entre enero y junio de este año se han registrado 3.513 asesinatos, lo que significa un aumento del 58% respecto al 2022. Ese año la tasa de homicidios fue de 26 por cada 100.000 habitantes, y en la actualidad ya se ubica en 20, con una tendencia a crecer, con lo que se estima que a final del año cerraría en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de la región.
En Imbabura, una de las provincias más tranquilas del Ecuador hasta el año 2019, la situación es similar y es que desde lo que va del año las muertes violentas y la extorsión a personas se han incrementado notablemente.
Tan solo este fin de semana dos privados de la libertad oriundos de la provincia de Santa Elena fallecieron al interior de la cárcel de Ibarra, en circunstancias desconocidas que hasta el momento no han sido aclaradas por ninguna de las autoridades de la provincia.
En la ciudad de Ibarra, una riña la madrugada de este lunes culminó con la detención de un ciudadano que portaba en su domicilio una pistola, con dos alimentadoras y una granada sin detonar.
En Antonio Ante, una concesionaria que comercializa vehículos usados recibió en un paquete de regalo una granada de uso militar que no estalló y se requirió la participación de personal especializado de la Policía Nacional para realizar una detonación controlada.
El 8 de mayo del 2023, una balacera se produjo en el centro de Ibarra, a pocos metros de la Gobernación de Imbabura del cual una persona resultó herida y posteriormente falleció en el hospital, además un ciudadano que transitaba por la zona resultó herido de forma colateral.
La falta de medios logísticos, policías y patrulleros hace que la labor policial en la provincia se vea afectada, en Ibarra una ciudad de más de 150 mil habitantes, se cuenta tan solo con 5 patrulleros, además más de la mitad de las Unidades de Policía Comunitaria se encuentran cerradas y fuera de servicio.
Y es que el silencio de las autoridades de turno y la falta de acción específica del Gobierno Nacional que perdió la batalla contra la inseguridad, hace que los ciudadanos cada día se sientan más inseguros en el Ecuador.
Según la encuestadora Gallup, el 64% de las personas en el país se sienten inseguras, y de esa misma cifra alrededor del 43% han sufrido algún tipo de asalto o han sido víctimas de la delincuencia.
Por su parte el Gobernador de Imbabura, Patricio Cervantes en una entrevista con radio Amparasú informo esta mañana que muchos de los trámites para la compra de patrulleros y logística para la Policía Nacional están detenidos en la burocracia estatal que hace que los procesos no avancen.
