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Juez constitucional falla a favor del lago San Pablo y ordena ejecutar un plan de remediación ambiental

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(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.

El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.

El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.

Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.

EMAPA-O se deslinda de la responsabilidad directa sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales en Otavalo

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(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.

Año 2025

Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.

Año 2023

Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.

Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.

Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.

A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.

La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.

La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.

Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.

EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.

Ministerio de Ambiente inició un proceso administrativo sancionador en contra de la Alcaldía de Otavalo por contaminación del Lago San Pablo

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(Redacción Otavalo).- El lago San Pablo, uno de los cuerpos de agua más emblemáticos del Ecuador y símbolo natural de Imbabura, atraviesa una crisis ambiental alarmante. El nivel de contaminación se sitúa en 7 sobre 10, lo que lo coloca en una categoría crítica según los estándares del Ministerio del Ambiente. Cada hora, aproximadamente 68.000 litros de aguas residuales se vierten directamente en el lago, situación agravada por las 14 plantas de tratamiento que se encuentran inoperativas en la cuenca del lago. Aunque la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, conoce la problemática, no ha presentado un plan de acción concreto para remediar el daño.

Frente a esta situación, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), a través de su Dirección Zonal 1, ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra el Municipio de Otavalo por el incumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Este proceso se fundamenta en el artículo 151, literal c) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamientos del Agua, que tipifica como infracción muy grave el vertido de aguas contaminadas al dominio hídrico público sin previo tratamiento y de encontrarse culpables se podrá sancionar hasta con una multa de cinco a once salarios básicos.

La viceministra de Ambiente, María Luisa Cruz, visitó el lago San Pablo junto con personeros de la Agencia de Regulación y Control del Agua, quienes tomaron muestras de agua en puntos estratégicos para evaluar técnicamente el impacto ambiental y contar con la información actualizada. Esta inspección además servirá para sustentar el proceso sancionador que se inició en contra de la Alcaldía de Otavalo, por una infracción ambiental grave. Por su parte, el gobernador de Imbabura, Juan Sebastián Echeverría, fue enfático al indicar que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, advirtiendo que deberán enfrentar sanciones administrativas y posiblemente penales.

El proceso sancionatorio que inició el MAATE en contra de la Alcaldía de Otavalo está en marcha y el Municipio de Otavalo tendrá una semana para mostrar sus descargos sobre las acciones que ha realizado para mitigar el daño causado en el cuerpo de agua.

Nuestra redacción buscó contactarse con las personas encargadas de Ambiente de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, pero hasta el cierre de esta noticia no se recibió una respuesta.

Estas acciones tardías buscan frenar el deterioro del lago, proteger su valor ecológico y evitar que se pierda la denominación como geoparque mundial otorgada por la UNESCO desde 2019.