(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional informó que, tras un proceso de diálogo técnico y constructivo, se alcanzó un consenso histórico para fijar el Salario Básico Unificado (SBU) del año 2026 en USD 482, lo que representa un incremento de USD 12 respecto al valor vigente. El acuerdo fue anunciado este lunes 15 de diciembre por el Ministerio del Trabajo.
La decisión se adoptó en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, instancia tripartita conformada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, luego de analizar indicadores económicos, sectoriales y laborales, bajo criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar laboral.
Este consenso marca un hito, al ser la primera vez en casi nueve años que el nuevo valor del salario básico se establece mediante acuerdo entre todas las partes, reflejando el crecimiento económico del país y buscando fortalecer el poder adquisitivo de los hogares ecuatorianos.
El ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó que este acuerdo evidencia el compromiso del país con un modelo laboral equilibrado, basado en el diálogo y la corresponsabilidad, y señaló que el incremento salarial apunta a impulsar la productividad, la estabilidad laboral y el crecimiento económico.
(Redacción Imbabura).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que en Imbabura y todo el país está prohibido usar celulares o cualquier dispositivo electrónico dentro del biombo durante el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. Los ciudadanos no podrán tomar fotos de la papeleta ni manipular sus teléfonos mientras emitan su voto, medida que busca garantizar el secreto del sufragio.
La sanción por incumplir esta norma es severa y corresponde a USD 5.170 (equivalentes a once salarios básicos) y un año de suspensión de derechos políticos, según el artículo 279 del Código de la Democracia. Esta infracción puede ser tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En Imbabura, el CNE reforzará el control en los recintos de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y Pimampiro, debido a denuncias recientes sobre presuntas presiones para que votantes fotografíen su papeleta a cambio de incentivos económicos. El organismo advirtió que estas prácticas comprometen la integridad del proceso.
La prohibición también aplica a los vocales de mesa, quienes no podrán usar sus celulares durante la jornada ni en el conteo, salvo el responsable de llenar las actas. El CNE insiste en que el respeto a esta disposición será clave para una elección segura y transparente en la provincia.
Además de la sanción por usar el celular en el biombo, en Imbabura rigen otras multas electorales establecidas por el Código de la Democracia. No acudir a votar—obligatorio para ciudadanos de 18 a 65 años—implica una multa del 10% del salario básico, es decir, $47. Infringir la ley seca o el silencio electoral también conlleva sanciones del 50% del salario básico ($235), aplicables a quienes consuman o vendan alcohol en el periodo prohibido, o a quienes realicen propaganda en plena restricción. En el caso de los miembros de las juntas receptoras del voto, no asistir a su mesa genera una multa de $70,50, mientras que abandonarla sin justificación puede costar entre 10 y 20 salarios básicos (de $4.700 a $9.400). Estas sanciones son administradas por el CNE, y pueden consultarse o pagarse en la delegación electoral correspondiente.
(Redacción Ecuador).- Meses después de que nuestra redacción difundiera un video en el que una joven aparecía sentada en la ventana de un vehículo en movimiento mientras se grababa con su celular, aún persisten las dudas entre los ciudadanos sobre si este tipo de conductas son sancionables según la normativa ecuatoriana.
La ley es clara: los pasajeros no pueden sacar partes del cuerpo ni ubicarse de forma inadecuada durante el trayecto. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el conductor que permita estas acciones puede recibir una multa equivalente al 10% del salario básico unificado. A esto se suma el Reglamento de Tránsito, que exige que todos los ocupantes viajen de manera segura, sin poner en riesgo su vida ni la de terceros.
Sin embargo, esta no es la única conducta poco conocida que puede derivar en sanciones. Existen otras infracciones comunes que, aunque muchos las consideran “inofensivas”, también están tipificadas y pueden acarrear multas y reducción de puntos en la licencia con sanciones que van desde el 5% hasta el 40% del salario básico, además de la reducción de puntos en la licencia. Entre ellas:
Trasladar a un niño en el regazo o junto al volante, sin las medidas de seguridad obligatorias, constituye una infracción del 10% de un Salario Básico Unificado y la reducción de tres puntos en la licencia de conducir. El menor debe estar sentado en el asiento posterior y con silla de seguridad en algunos casos.
Conducir con una mascota de forma insegura tiene una multa de $70,50 (equivalente al 15% del salario básico unificado) con reducción de 4,5 puntos en la licencia; esta multa se aplica cuando el conductor lleva al animal en brazos mientras maneja o deja que interfiera con la conducción.
Usar el teléfono mientras se conduce y conducir con el teléfono en la mano tiene una sanción del 10% de un salario básico unificado (USD 39,4) y tres puntos menos en la licencia de conducir y una multa del 15% de un SBU (59,10 dólares) y 4,5 puntos menos en su licencia de conducir, respectivamente.
Estacionarse en curvas, puentes, túneles o zonas de poca visibilidad o de seguridad tiene una multa del 10% del (SUB).
Circular por túneles sin encender las luces del vehículo tiene una multa del 5% del (SBU).
Rebasar en zonas peligrosas como cuestas o puenteso al coronar una pendiente, conlleva una multa del 30% del (SBU), así como la reducción de 6 puntos en la licencia de conducir.
Quedarse sin gasolina y obstaculizar el tránsito vehicular representa alrededor de 31.80$ de multa y menos 3 puntos en la licencia de conducir.
Adelantar a un bus escolar mientras los pasajeros suben o bajan, la multa por esta infracción es del 15% del (SBU).
Construir rompevelocidades sin autorización previa usualmente se trata de una multa que puede ir desde el 10% hasta el 40% de un (SBU).
No colocar los triángulos de emergencia correctamente en caso de avería tiene una multa del 10% del (SBU) y la reducción de 3 puntos en la licencia de conducir.
Usar la bocina de forma excesiva e injustificada conlleva una multa del 5% del (SBU) y menos 1.5 puntos a su licencia de conducir.
Aunque muchas de estas infracciones son poco conocidas, todas están contempladas en la normativa y buscan reforzar la seguridad vial.
(Redacción Imbabura).- Con la llegada del nuevo año escolar en la región Sierra y Amazonía, los hogares ecuatorianos experimentan emociones mixtas; mientras los niños muestran entusiasmo por el retorno a clases, para muchos padres y madres representa un desafío económico importante. Los gastos en educación, salud, útiles escolares, uniformes, transporte y alimentación generan una carga que, en muchos casos, se solventa gracias a las pensiones alimenticias.
En Imbabura, los índices de morosidad en el pago de pensiones alimenticias siguen siendo altos, afectando tanto a hombres como a mujeres. Los montos adeudados pueden variar desde un salario básico hasta cifras que superan los 100 mil dólares en algunos casos. La Ley de la Niñez y Adolescencia establece, en su art. 11, que el interés superior del niño es prioridad y debe guiar todas las decisiones de autoridades, instituciones públicas y privadas, asegurando un justo equilibrio entre derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes.
El Código también regula la mediación en juicios de alimentos. Según los artículos 43 y 47, la mediación es un procedimiento extrajudicial en el que las partes, asistidas por un mediador neutral, buscan un acuerdo voluntario que ponga fin al conflicto. El acta resultante debe incluir los hechos del conflicto, las obligaciones de cada parte y las firmas de los involucrados. En casos de menores y alimentos, los acuerdos alcanzados pueden ser revisados conforme a la normativa vigente.
A pesar de estas disposiciones, muchos ciudadanos recurren a artimañas jurídicas para eludir sus responsabilidades y existen ciudadanos deudores que enfrentan apremio personal por no pago de pensiones. Algunos eluden las responsabilidades saliendo del país para no pagar y también generan ventas ficticias de bienes para no cumplir con la obligación del alimentista.
Carlos P., padre de dos hijos en Ibarra, menciona: «No cuento con los recursos suficientes y siento que los acuerdos de pensión son muy estrictos; el cálculo no me alcanza para cubrirlos y cumplir con todo lo demás es casi imposible». Por su parte, Verónica M., madre de un niño de 11 años, señala: «Con 200 dólares al mes apenas alcanza para los gastos básicos. En mi caso, el padre de mi hijo sí paga la pensión, pero se ausenta sin preocuparse por el desarrollo afectivo de mi hijo».
En la provincia los pagos de pensiones alimenticias presentan distintos niveles de cumplimiento. Algunas madres y padres cumplen con lo estipulado, otras acumulan deudas y algunas madres incluso llegan a abusar de esta obligación. En todos los casos, los más afectados son los niños, quienes sufren las consecuencias económicas y emocionales. A través del portal web del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) se puede consultar los valores correspondientes a las pensiones y verificar su cumplimiento.
(Redacción Ecuador).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que la pobreza extrema en Ecuador bajó al 10,4 % a nivel nacional en junio de 2025, lo que representa que alrededor de 220 mil personas han salido de esta condición en el último año. Según el informe, en las zonas urbanas la pobreza extrema disminuyó al 3,5 %, mientras que en áreas rurales se mantiene elevada, con un 25,1 %, lo que significa que una de cada cuatro personas en el campo vive en condiciones de extrema precariedad.
Pese a la aparente mejora, el propio INEC señaló que no existe una diferencia estadísticamente significativa con respecto a junio de 2024, lo que evidencia que el cambio es leve y no representa una transformación estructural en las condiciones de vida de los ecuatorianos más vulnerables.
En contraste con los datos oficiales, ciudadanos en distintas partes de la provincia expresan que la realidad económica cotidiana sigue siendo compleja. En recorridos realizados en Ibarra, Cotacachi y Otavalo, se constata un aumento del comercio informal, empleos por horas y una creciente dificultad para cubrir el costo de la canasta básica. Muchas personas indican que, aunque no se consideren dentro del umbral de pobreza extrema, sus ingresos han disminuido y sus condiciones laborales se han precarizado.
“Los datos pueden decir que hay menos pobreza, pero en mi barrio cada vez hay más gente vendiendo en las calles o buscando trabajo”, señala Silvia Aguirre, madre de familia oriunda de la ciudad de Ibarra. Este tipo de testimonios refleja una desconexión entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana, que se inclina más hacia la incertidumbre económica y la inestabilidad laboral.
Mientras tanto, algunos analistas económicos advierten que la mejora registrada por el INEC, aunque positiva, podría ser frágil y desigual. El empleo adecuado sigue estancado y la informalidad laboral supera el 55 %, lo que impide que amplios sectores de la población accedan a una seguridad económica sostenida. Aseguran que, sin políticas públicas orientadas a la generación de empleo formal y a la redistribución efectiva de la riqueza, los avances podrían revertirse con facilidad.
(Redacción Ibarra).– Un accidente de tránsito fue captado en video y enviado a nuestra redacción por el propietario de una motocicleta implicada en el siniestro ocurrido el sábado en la intersección de la avenida Cristóbal de Troya y Piedad Gómez Jurado.
En las imágenes se observa cómo un vehículo blanco se cruza repentinamente la vía sin percatarse de la presencia del motociclista, lo que provoca un impacto directo. Producto del choque, el conductor de la motocicleta sufrió golpes y daños en su vehículo, mientras que el conductor del automóvil blanco se dio a la fuga del lugar.
El afectado señala que, pese a contar con pruebas del hecho y con el número de placa del vehículo involucrado, no ha podido presentar una denuncia formal, ya que los daños materiales no superan los dos salarios básicos unificados (SBU) y las lesiones fueron calificadas como leves, con solo tres días de incapacidad médica.
De acuerdo con el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “La persona que, como conductora de un vehículo, se vea involucrada en un accidente de tránsito y abandone el lugar del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si del accidente resultan personas heridas o fallecidas”. En este caso, aunque las lesiones sean leves, el hecho de huir del lugar del accidente constituye una infracción, especialmente si se puede identificar al conductor por la placa del vehículo. Si bien la penalidad más alta aplica a casos con víctimas graves o fatales, la fuga puede constituir al menos una contravención grave.
Según el Reglamento de Tránsito y lo que dispone la LOTTTSV, cuando los daños materiales no superan los dos salarios básicos (es decir, USD 920 en 2025), y las lesiones son leves (menos de 3 días de incapacidad): No procede una denuncia penal por daño material o lesiones, sino un trámite administrativo o civil, como una conciliación ante la aseguradora.
Sin embargo, si hay fuga, la situación cambia: el hecho puede pasar de ser un simple accidente menor a una infracción grave o incluso delito, si hay indicios de que se quiso eludir responsabilidades legales o médicas. Aunque los daños materiales y las lesiones sean menores, si se tiene el número de placa, el motociclista puede presentar una denuncia formal en la Agencia Nacional de Tránsito o en la Fiscalía, mencionando la fuga del conductor, solicitar que se inicie un proceso administrativo para identificar al conductor y determinar su responsabilidad y exigir que se revisen cámaras de seguridad, y con ayuda de un abogado, buscar una compensación civil por los daños.
(Redacción Ibarra).- La multa de USD 23 970 impuesta por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) al GAD de Otavalo y a la Empresa Pública EMAPAO-EP, por contaminar el Lago San Pablo, no será asumida por ninguna autoridad ni funcionario en particular, sino por el propio municipio. Es decir, el dinero saldrá de los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos otavaleños.
El proceso sancionador, emitido el 8 de julio de 2025, se fundamenta en hallazgos técnicos y de laboratorio que evidenciaron descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado, así como incumplimientos en parámetros bacteriológicos, aceites y grasas.
Aunque la multa busca remediar el daño ambiental, muchos ciudadanos cuestionan que el costo recaiga en el presupuesto municipal, afectando potencialmente otros servicios o proyectos locales. Según expertos, los USD 23 970 equivalen a:
– La construcción de 4 parques infantiles completamente equipados en barrios populares. – La rehabilitación de al menos 2 km de vías rurales con adoquinado. – La compra de 120 luminarias LED para mejorar la seguridad en zonas urbanas. – El equipamiento de un centro de salud con insumos médicos básicos.
“Es injusto que seamos los ciudadanos quienes paguemos por la ineficiencia y falta de control de quienes están al frente”, reclamó un habitante de la zona en redes sociales.
La Dirección Zonal 1 del MAATE también ordenó la ejecución urgente de un Plan de Acción para optimizar las plantas de tratamiento y evitar futuras descargas al lago. Sin embargo, aún no se ha aclarado cómo se financiarán estas medidas adicionales.
(Redacción Imbabura).- Con el aumento del costo de vida en el país, surge una particular interrogante: ¿Cuál es la ciudad más cara para residir dentro de la provincia de Imbabura? Aunque Otavalo, Ibarra y Cotacachi encabezan la lista de urbes con mayor actividad económica y crecimiento urbano, el valor de la vida varía según factores como vivienda, alimentación, servicios y transporte.
Según datos del sitio especializado «Cuánto cuesta vivir en Ecuador», en Cotacachi, el alquiler mensual de un apartamento de una habitación en el centro urbano ronda los $287.50, mientras que uno de tres habitaciones puede alcanzar los $450.00. Por otro lado, en Ibarra, los precios son ligeramente más bajos, con apartamentos de una habitación en el centro por aproximadamente $236.25 y de tres habitaciones por $482.63. Otavalo mantiene un costo de renta mensual de alrededor de $150.00 y $300.00 por apartamentos de 1 a 3 habitaciones respectivamente. En cantones como Antonio Ante se pueden encontrar departamentos entre $150 y $250, mientras que en Pimampiro y Urcuquí la renta no supera los 180 dólares.
La percepción ciudadana también es un indicador importante. Algunos habitantes consultados en Ibarra, Cotacachi y Otavalo coinciden en que los precios han subido notablemente en los últimos dos años, especialmente en productos de la canasta básica, arriendos y transporte urbano.
“Yo pagaba $250 por el arriendo en Cotacachi y ahora me piden $300. Además, todo está más caro: el arriendo, la comida, la gasolina…”, comenta Luis Sarzosa, residente en Cotacachi. Esta opinión evidencia que la ciudad ha experimentado un alza en la adquisición de viviendas debido a la residencia de ciudadanos extranjeros, lo que ha provocado una valorización notable del suelo urbano y servicios inmobiliarios.
“En Ibarra, los servicios básicos y el transporte también subieron. Antes gastaba menos de $20 al mes para movilizarme; ahora se va a casi $35 porque me traslado todos los días en mi vehículo y la gasolina ha subido bastante”, señala Jordy Paz, estudiante universitario.
En Otavalo, ciudad conocida por su actividad artesanal y turística, los precios también han tenido un repunte. “Vivo en el centro y el arriendo subió casi $100 desde el año pasado. Además, los precios en el mercado ya no son como antes. Antes podía hacer la compra semanal con $25; ahora necesito al menos $40”, asegura María Elena Cisneros, comerciante.
En Pimampiro, el panorama es diferente. Los costos son menores, pero también hay menos fuentes de ingreso. “Aquí es más barato vivir, pero también es difícil encontrar un empleo fijo. Yo pago $150 de arriendo, pero tengo que viajar a Ibarra para trabajar”, comenta Daniel Males, joven agricultor.
En Urcuquí, el costo de vida se mantiene bajo en comparación con los centros urbanos más grandes. “Aquí los arriendos siguen siendo accesibles. Pago \$120 por una casa amplia, pero claro, no hay muchas opciones de entretenimiento ni comercio. Es más tranquilo, pero eso también influye en los gastos”, menciona Carmen Tapia, madre de familia.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Canasta Familiar Básica en Ecuador tuvo un costo de $800,60 en marzo de 2025. En ciudades intermedias como las de Imbabura, el gasto mensual promedio por hogar en alimentación, transporte y servicios puede superar fácilmente los $700 mensuales, sin incluir educación o entretenimiento.
A estos costos se suman factores como la disponibilidad de empleo y la densidad poblacional, que han influido en la fluctuación de precios de bienes y servicios.
Aunque no hay una única respuesta definitiva, los datos y percepciones indican que Ibarra y Cotacachi lideran la lista como las ciudades con “mayor costo de vida” en Imbabura, mientras que Otavalo mantiene una posición alta debido a su actividad comercial y turística. En contraste, cantones como Urcuquí, Pimampiro o Antonio Ante ofrecen un nivel de vida más accesible para las familias de ingresos medios y bajos.
