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Marcha ciudadana exige justicia y acciones inmediatas a las autoridades sobre la muerte de Deyran P. en Ibarra

(Redacción Ibarra).- El cuerpo sin vida de Deyran P. C., de 15 años, fue hallado cerca de las 16:30 del jueves 5 de febrero en el sector del Anillo Vial, en la intersección de las calles Latacunga y Calle 5, al norte de Ibarra, según información proporcionada por el ECU 911. Posteriormente, el adolescente fue identificado por sus familiares, quienes lo habían reportado como desaparecido desde la noche del lunes 2 de febrero.

Puede ser una imagen de texto que dice "DESAPARECIDO PALACIOS DESAPARECIÓ EL 02 DE FEBRERO DE 2026 DEYRAN DEYRAN ALEXANDER IMBABURA, IBARRA, ALPACHACA AYÚDANOS A ENCONTRARLO D E T o 1800 335486 ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD Ministerio del Interior FGE DENEA យេសេ្ត"

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Secuestros, Extorsión y Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes. De acuerdo con información preliminar, el caso es tratado como una muerte violenta.

Deyran vivía en el barrio Santa Teresita de Alpachaca y era el hijo menor de Evelyn C. Según el testimonio de su familia, el joven salió de su domicilio alrededor de las 15:00 del lunes 2 de febrero con destino al sector de San Benito de Palermo, donde iba a visitar a unos familiares. Cerca de las 21:00, su teléfono celular se apagó y no se volvió a tener noticias de su paradero.

El jueves 5 de febrero la madre de Deyran, con varios familiares y vecinos recorrieron desde el último lugar donde fue visto el joven y continuaron por el Anillo Vial, desde el redondel de Santa Teresita hasta el estadio La Cocha, en el sector de Lomas de Azaya. Durante la búsqueda, una mujer y un hombre en situación de calle habrían alertado sobre un posible punto donde podría encontrarse el joven. Cerca de ese lugar, entre la maleza, fue localizado el cuerpo con visibles laceraciones en el rostro.

Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, para la realización de las investigaciones forenses correspondientes. Más tarde, fue trasladado a la ciudad de Esmeraldas, donde se practicó la autopsia de rigor, con el objetivo de identificar y recolectar muestras de ADN en el cuerpo.

El cuerpo de Deyran presentaba signos evidentes de violencia, entre ellos el uso de objetos cortantes que habrían provocado lesiones en las extremidades, así como armas blancas, con una posible herida cercana al pecho. Además, se investigó el presunto uso de sustancias químicas, aparentemente ácido, en el rostro, lo que habría sido empleado para dificultar su reconocimiento, según relataron sus familiares.

Con los nombres señalados por vecinos y testigos, la familia logró ubicar a tres sospechosos, quienes fueron trasladados al comando policial. En este punto, no se descartó una presunta participación de los tres implicados en una posible violación grupal.

En el lugar, los tres sospechosos se habrían estado generando acusaciones entre ellos y brindando versiones contradictorias, lo que derivó horas después en que fueran puestos en libertad por disposición de la Fiscalía, debido a que había transcurrido el plazo legal de las 24 horas de flagrancia.

Por su parte, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron públicamente el asesinato de Deyran, a quien identifican como una adolescente trans de 15 años. De acuerdo con la información difundida por la Asociación Silueta X, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ y otros colectivos de la diversidad, el cuerpo presentaba indicios de tortura y violencia severa.

Desde una perspectiva técnica y legal, expresaron su preocupación por lo que califican como una respuesta institucional lenta, indicando que la dilación en los tiempos de búsqueda y captura habría permitido que los sospechosos evadieran la detención en flagrancia. También alertaron sobre la falta de un enfoque de género y diversidad en el tratamiento inicial del caso.

En un comunicado conjunto, exigieron al Estado ecuatoriano que el crimen no sea tratado como un delito común y solicitaron acciones concretas, entre ellas: el respeto a la identidad de género de la víctima en los procesos judiciales y en la cobertura mediática, la ejecución inmediata de órdenes de captura contra los presuntos responsables y garantías de protección para las personas que han brindado información clave. Finalmente, las organizaciones recalcaron que este caso se suma a otros hechos de violencia contra personas trans en el país.

Ante estos hechos, la familia, junto a vecinos y diversos colectivos, anunciaron una marcha pacífica que se realizará esta tarde desde las 15:00, partiendo desde el sector de Santa Teresita de Alpachaca, con el objetivo de exigir justicia y respuestas claras por parte de las autoridades.

A 30 días del asesinato de Efraín Fueres, la impunidad continúa con el silencio del Estado

(Redacción Imbabura).- La indignación crece en Imbabura a 30 días desde la muerte del comunero indígena Fueres, oriundo de la comunidad de Cuicocha, quien falleció la mañana del domingo 28 de septiembre en el hospital de Cotacachi, y aún no se conoce a los responsables de su asesinato. Su muerte, ocurrida durante las protestas del Paro 2025, encendió las alarmas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policía nacional durante estas protestas.

La Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía abrió una indagación sobre el caso. Se conoce que Fueres perdió la vida tras recibir tres impactos de bala durante un enfrentamiento en el sector del puente Ilumán, en la vía Cotacachi–Otavalo. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni versiones oficiales por parte del Gobierno Nacional ni de las Fuerzas Armadas, pese a que en redes sociales circula un video que muestra el nivel de brutalidad ejercido contra el comunero.

En las imágenes se observa a cuatro personas que cargan a un hombre inconsciente mientras al fondo se observan dos tanquetas militares. Uno de los cargadores queda junto al herido mientras los demás huyen ante el ruido de disparos. Segundos después, una tanqueta se detiene y dos militares descienden: uno patea al inconsciente y otro agrede a su acompañante. En los dos minutos y cuarenta segundos que dura la grabación, se contabilizan al menos 33 golpes y patadas, en una escena que refleja un ciclo de violencia desmedida y una respuesta represiva imposible de justificar.

Según declaraciones de Verónica Yaquilema, presidenta de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), y Diana León, abogada de la organización para el portal GK, se informó que las comunidades tomaron fotografías antes del levantamiento del cuerpo para documentar las heridas de bala. La Fiscalía de Cotacachi y agentes de la Dinased realizaron el procedimiento correspondiente dentro del hospital, recogiendo prendas con evidencias de impacto de proyectil.

Como parte de la investigación, se informó que el cuerpo fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde una autopsia (presenciada por un familiar y un representante de INREDH) determinó que una bala ingresó por la espalda y salió por el pecho, fracturando la columna cervical y una costilla, con afectación al pulmón izquierdo, y falleció debido a una insuficiencia cardíaca.

Mientras tanto, el silencio oficial persiste. Ni el Gobierno Nacional ni las Fuerzas Armadas han emitido un pronunciamiento público, alimentando la sensación de impunidad e indignación entre las comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.

Cronología de la muerte de Efraín Fueres.

27 de septiembre del 2025 (22h00 horas): Gobernación de Imbabura coordinó un convoy para salida de camiones.

Desde la página oficial de la Gobernación de Imbabura se publicaron unas imágenes y fotografías en donde se pudo observar a un grupo de camiones, escoltado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según el post de la Gobernación que luego fue borrado, la gobernadora de Imbabura, Elsy Landeta, coordinaba la salida de estos camiones y el ingreso de otros cargados de productos.

28 de septiembre del 2025 (06h30 am): Efraín Fueres recibió un impacto de bala.

Horas más tarde, varios comuneros en el sector de Ilumán atacaron estos camiones que intentaron abrirse paso y que finalmente en horas de la madrugada llegaron a Pichincha; sin embargo, un nuevo convoy de tráileres y camiones que entraba a Imbabura fue emboscado por comuneros nuevamente en el sector de Ilumán. Producto de este enfrentamiento, Efraín Fueres recibió un impacto de bala que acabó con su vida, un tráiler fue incendiado y más de 17 retenidos en la vía.

28 de septiembre del 2025 (09h30 am): Radio Ilumán confirma la muerte de Efraín Fueres

Mediante una entrevista en vivo a una comunera que acompañó el cuerpo de Efraín Fueres desde el hospital de Cotacachi, se confirmó lo que se temía: Efraín había fallecido.

29 de septiembre del 2025 (10h00 am): Organismos internacionales de derechos humanos investigan el caso.

Varios organismos nacionales e internacionales rechazan la violencia en Imbabura y piden que se conforme una investigación independiente para buscar los culpables de la muerte de Efraín Fueres.

21 de Octubre del 2025 (11h30 am): Fuerzas Armadas comparecen a la Asamblea Nacional

El jefe del Estado Mayor reconoce que dentro del operativo que terminó con la vida de Efraín Fueres, hubo un exceso del uso progresivo de la fuerza y constituye un acto de violencia.

21 de octubre del 2025 (12h30 pm): Denuncia por ejecución extrajudicial

En una reunión en la Asamblea Nacional, el abogado y excandidato presidencial Pedro Granja manifiesta que se ha denunciado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el delito de ejecución extrajudicial.

30 de octubre del 2025 (09h30am); La Gobernadora de Imbabura no responde sobre la coordinación del convoy.

Al ser consultada sobre la coordinación del convoy que resultó en la muerte de Efraín Fueres, Elsy Landeta, gobernadora de Imbabura, manifestó que no puede entregar información; sin embargo, se manifestó que los convoys siempre fueron de carácter humanitario y que lamenta la muerte del mismo y que, al ser un tema en investigación, no se puede pronunciar, al final no quiso responder más preguntas.

Las protestas en Ecuador han dejado un rastro de dolor e impunidad. Aunque el saldo de víctimas fatales de las movilizaciones de 2025 es menor al registrado en octubre de 2022 y junio de 2019 (donde hubo siete y once fallecidos, respectivamente), el patrón de falta de justicia se mantiene.

Un ejemplo lamentable es el de Byron Guatatuca Vargas, quien murió el 21 de junio de 2022 tras ser impactado en el rostro por una bomba lacrimógena disparada por la Policía, hecho que le provocó una hemorragia interna y posteriormente su muerte. Su caso, investigado como ejecución extrajudicial desde el 22 de junio de 2022, es uno de los tantos que reflejan la falta de investigación del sistema judicial, pues el 93,3% de las muertes registradas durante las protestas siguen sin esclarecerse. Se conoce que de 15 casos, solo uno llegó a juicio y obtuvo condena, mientras los otros 14 permanecen estancados o fueron archivados. Estos antecedentes revelan una estructura de impunidad persistente, donde las muertes de manifestantes quedan sin esclarecimiento ni responsables. En este contexto, a un mes del fallecimiento de Efraín, todo indica que su caso podría seguir el mismo camino.

Árboles y responsabilidad: qué debes saber si cae sobre tu propiedad

(Redacción Imbabura).- El pasado jueves en la zona del desvío de Azama, sobre la vía que conecta Otavalo y Cotacachi, un vendaval provocó que un árbol cayera sobre un automóvil en circulación. El impacto dejó daños materiales en el vehículo y una persona resultó herida. Este hecho expone a la ciudadanía a una pregunta frecuente: ¿Quién responde si un árbol cae sobre tu casa o tu vehículo?

En Ecuador, la respuesta depende de la causa de la caída y del estado del árbol. Según el Código Civil, si el árbol estaba seco, deteriorado o inclinado y el propietario no tomó medidas para prevenir el riesgo, este debe indemnizar los daños ocasionados. Por el contrario, si la caída ocurre por fenómenos naturales imprevisibles, como vendavales, tormentas o sismos, y no había señales de deterioro, se considera fuerza mayor, y no hay culpable directo. En estos casos, los afectados deben recurrir a su seguro o asumir los daños.

Si el árbol pertenece al municipio, por ejemplo en veredas o parques, la responsabilidad recae en la entidad municipal, según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), y los reclamos deben dirigirse al municipio correspondiente.

Se recomienda a los ciudadanos actuar con rapidez, documentar el incidente mediante fotos, videos, informes técnicos y testimonios, especialmente si hubo advertencias previas al propietario. Antes de acudir a la vía judicial, es aconsejable intentar mediación o acuerdos extrajudiciales, y si se cuenta con seguro, este puede cubrir los daños mientras se define la responsabilidad.

Este tipo de situaciones resalta la importancia de mantener y revisar regularmente los árboles en áreas privadas y públicas, y conocer los derechos y deberes legales para proteger bienes y personas. Estar informado permite reaccionar de manera adecuada, evitando conflictos mayores y asegurando que los daños se manejen correctamente.

EMAPA-O se deslinda de la responsabilidad directa sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales en Otavalo

(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.

Año 2025

Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.

Año 2023

Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.

Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.

Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.

A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.

La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.

La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.

Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.

EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.

Ministerio de Ambiente inició un proceso administrativo sancionador en contra de la Alcaldía de Otavalo por contaminación del Lago San Pablo

(Redacción Otavalo).- El lago San Pablo, uno de los cuerpos de agua más emblemáticos del Ecuador y símbolo natural de Imbabura, atraviesa una crisis ambiental alarmante. El nivel de contaminación se sitúa en 7 sobre 10, lo que lo coloca en una categoría crítica según los estándares del Ministerio del Ambiente. Cada hora, aproximadamente 68.000 litros de aguas residuales se vierten directamente en el lago, situación agravada por las 14 plantas de tratamiento que se encuentran inoperativas en la cuenca del lago. Aunque la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, conoce la problemática, no ha presentado un plan de acción concreto para remediar el daño.

Frente a esta situación, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), a través de su Dirección Zonal 1, ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra el Municipio de Otavalo por el incumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Este proceso se fundamenta en el artículo 151, literal c) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamientos del Agua, que tipifica como infracción muy grave el vertido de aguas contaminadas al dominio hídrico público sin previo tratamiento y de encontrarse culpables se podrá sancionar hasta con una multa de cinco a once salarios básicos.

La viceministra de Ambiente, María Luisa Cruz, visitó el lago San Pablo junto con personeros de la Agencia de Regulación y Control del Agua, quienes tomaron muestras de agua en puntos estratégicos para evaluar técnicamente el impacto ambiental y contar con la información actualizada. Esta inspección además servirá para sustentar el proceso sancionador que se inició en contra de la Alcaldía de Otavalo, por una infracción ambiental grave. Por su parte, el gobernador de Imbabura, Juan Sebastián Echeverría, fue enfático al indicar que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, advirtiendo que deberán enfrentar sanciones administrativas y posiblemente penales.

El proceso sancionatorio que inició el MAATE en contra de la Alcaldía de Otavalo está en marcha y el Municipio de Otavalo tendrá una semana para mostrar sus descargos sobre las acciones que ha realizado para mitigar el daño causado en el cuerpo de agua.

Nuestra redacción buscó contactarse con las personas encargadas de Ambiente de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, pero hasta el cierre de esta noticia no se recibió una respuesta.

Estas acciones tardías buscan frenar el deterioro del lago, proteger su valor ecológico y evitar que se pierda la denominación como geoparque mundial otorgada por la UNESCO desde 2019.