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El IVA en Imbabura bajará al 8% tras fin del paro indígena, confirma ministra de gobierno Zaida Rovira

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(Redacción Imbabura).- Luego de que finalizara el paro nacional liderado por la Conaie, el Gobierno anunció medidas para reactivar la economía y el turismo en Imbabura. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, confirmó que el IVA se reducirá al 8% y se lanzará una campaña nacional para atraer visitantes, mientras se refuerza la seguridad con presencia policial y militar en la provincia.

“Estamos trabajando para que Imbabura vuelva a recibir turistas con tranquilidad y seguridad, a través de campañas de promoción y control permanente en las calles”, señaló Rovira en Ecuador TV.

Esta iniciativa busca atender las demandas de los sectores productivos locales, que registraron importantes pérdidas durante los 30 días de paralización. Los empresarios consideran esencial que la reducción del IVA se mantenga al menos seis meses para generar un efecto real en la recuperación económica.

El asambleísta por ADN, Fernando Jaramillo, indicó que aún se definirá la fecha exacta de aplicación de la medida, pero adelantó que el plan de reactivación tendrá seis meses de vigencia y contará con un presupuesto aproximado de 50 millones de dólares, destinado a apoyar a los afectados por el paro.

Quemas agrícolas, la principal causa de los incendios forestales en Ibarra

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(Redacción Ibarra).- Según datos oficiales del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, en lo que va del 2025 se han consumido 106 hectáreas de cobertura vegetal a causa de incendios forestales, lo que representa la cifra más baja de los últimos años.

El contraste con el 2024 es significativo: entre agosto y septiembre del año pasado se reportaron 167 eventos que devastaron más de 754 hectáreas, lo que demuestra un avance importante en la reducción de afectaciones.

Sin embargo, las autoridades advierten que, a pesar de las condiciones climáticas adversas —sequías, olas de calor, fuertes vientos y escasa precipitación—, la mayoría de los incendios actuales siguen siendo consecuencia de quemas agrícolas, una práctica que continúa poniendo en riesgo los bosques, la fauna silvestre y la seguridad de la población.

En el balance del 2025, el Cuerpo de Bomberos aclaró que no se han registrado incendios por negligencia humana en fogatas, colillas de cigarrillo, elementos refractarios ni actos piromaniacos, lo que resalta la necesidad de reforzar el control y la concienciación en torno al uso del fuego en labores agrícolas.

Imbabura duplicó su burocracia en la época del correísmo y hoy enfrentará los despidos de Noboa

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(Redacción Imbabura). El Gobierno de Daniel Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos a nivel nacional, una medida que, aunque aún no detalla cuántos trabajadores serán afectados en la provincia de Imbabura, ya despierta un debate sobre el tamaño del Estado y su papel en la economía y los servicios públicos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Imbabura registra actualmente 18.581 servidores públicos, una cifra que casi se duplicó durante la presidencia de Rafael Correa (2007–2017), cuando pasaron de 10.443 a 18.741. Este incremento respondió a una política de expansión estatal que apostó por fortalecer la presencia del Estado a través de nuevos hospitales, escuelas, instituciones públicas y programas sociales. La contratación de personal fue clave para operar esta estructura.

Sin embargo, esa misma expansión generó una carga fiscal elevada. Tras la caída de los precios del petróleo y el endeudamiento progresivo, el Estado comenzó a mostrar señales de desgaste económico. Desde 2017, con Lenín Moreno, se redujo el ritmo de contrataciones, y con Guillermo Lasso el número de funcionarios disminuyó aún más.

Hoy, la decisión de Noboa de reducir 5.000 plazas se presenta como una medida de contención frente a una crisis fiscal profunda. El recorte apunta a un Estado más liviano, en teoría más eficiente, pero también implica riesgos: menos personal podría significar reducción de servicios públicos en sectores clave como salud, educación y seguridad.

En provincias como Imbabura, donde muchas familias dependen de empleos estatales, la medida podría tener un impacto social y económico considerable.

Disminución presupuestaria compromete la ejecución de proyectos emblemáticos

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(Redacción Ibarra).- A 5´794.000 dólares asciende el monto de reducción del presupuesto correspondiente a la Prefectura de Imbabura, contabilizado este año. El recorte afecta principalmente al monto de inversión, destinado, principalmente, a la ejecución de proyectos emblemáticos, incluidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT.

 
Según la Dirección Financiera de la institución, el presupuesto del 2016 arrancó con una considerable reducción, tras el acuerdo 53 del Ministerio de Finanzas, que estableció la cifra de 21´873.971 dólares, a diferencia de los 24´900.000 que correspondió al año 2015.
 
De allí para adelante se han registrado otras disminuciones, tomando en cuenta resoluciones supeditadas a la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, en base a las recaudaciones permanentes y no permanentes del Estado, que tienen sustento en los ingresos del petróleo y las tributaciones.
 
Al existir disminuciones en estos ingresos, los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales fueron afectados en la distribución de los fondos. En el caso de la Prefectura de Imbabura, el acuerdo del Ministerio de Finanzas determinó una rebaja a 20´201.625 dólares, cifra desde donde se tomó en cuenta la elaboración del presupuesto del próximo año.
 
Sin embargo, en los últimos días, el organismo provincial fue notificado nuevamente sobre otra reducción. El comunicado oficial señala que, según acuerdo 186, la nueva asignación corresponde a los 19´106.600 dólares.
 
Este hecho genera preocupación, tomando en cuenta que casi la totalidad de los recursos con los que operan los gobiernos provinciales, depende fundamentalmente de la asignación del Gobierno Nacional. Otros rubros pequeños provienen de ingresos propios y por concepto de la devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA, que no son mayormente significativos.
 
Con este antecedente, las autoridades de la institución manifiestan que se deberán necesariamente realizar ajustes en los planes de inversión programados en el territorio, impidiendo que se pueda llevar a cabo las obras requeridas por las comunidades.  
 
Una de las fórmulas que se seguirá aplicando para enfrentar esta situación es la suma de esfuerzos con los diferentes organismos públicos, a fin de consolidar presupuestos destinados a atender las múltiples necesidades.