(Redacción Ibarra).- El asambleísta Luis Fernando Molina realizó un recorrido por el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, un centro de salud con cerca de 34 años de funcionamiento y que, según el Ministerio de Salud, fue catalogado en 2015 como el primer hospital de segundo nivel en el norte del país. Solo en ese año atendió a más de 52.973 pacientes en consulta externa y alrededor de 32.466 en sus 17 especialidades.
Molina denunció en sus redes sociales el grave deterioro estructural y las irregularidades que atraviesa el hospital. Durante su visita constató que la infraestructura es obsoleta y no reúne las condiciones necesarias para garantizar una atención médica de calidad ni estándares adecuados de salubridad e higiene. Entre las falencias observadas se encuentran la cocina del hospital en condiciones insalubres y sin mantenimiento, lavandería colapsada por maquinaria obsoleta, servicios de limpieza, alimentación y seguridad impagos desde febrero, déficit de especialistas y despidos bajo la Ley de Integridad Pública. Todo esto ocurre en medio de la crisis sanitaria nacional, marcada por el desabastecimiento y el presunto sobreprecio en la compra de medicamentos, lo que afecta directamente a miles de pacientes que dependen de esta casa de salud.
El asambleísta de Revolución Ciudadana señaló además que el director del hospital se negó a entregar la lista de medicamentos, mientras que los Ministerios competentes no han respondido a los pedidos de información. Además, recordó que, pese a que el Gobierno aseguró que la Ley de Integridad Pública no afectaría al personal sanitario, en la práctica se han registrado despidos y reducción de puestos en varios hospitales del país, incluido el de Ibarra.
(Redacción Ibarra).- Una banda delictiva conocida como «Dulces Sueños», famosa en varias provincias por escopolaminar a sus víctimas, podría estar operando ahora en Ibarra, poniendo en riesgo a los ibarreños más picarones.
Los antecedentes a nivel nacional son preocupantes. En Quito, tres jóvenes fueron drogados y asaltados por mujeres en un restaurante. En Guayaquil, el pasado mes de abril, un hombre denunció que dos mujeres lo escopolaminaron en su departamento de Urdenor 2 y lo despojaron de sus pertenencias. En todos estos casos, las asaltantes son mujeres.
Ahora, la amenaza toca cerca de casa. A nuestra redacción llegaron dos nuevos testimonios que confirman que el modus operandi se repite. Uno de ellos proviene de un ciudadano de Ambato, quien relató que fue víctima de estas mujeres: tras ser escopolaminado, le robaron 5 mil dólares de su cuenta bancaria. El afectado compartió fotografías de los perfiles falsos utilizados para delinquir y alertó que estas mismas mujeres ya estarían operando en Ibarra.
La alerta ya genera alarma en Ibarra con un reciente caso ocurrido este día jueves en la madrugada, cuando un joven relató en la red social Facebook cómo una mujer, que se identificó como “Alejandra”, lo abordó en una licorería de la avenida Atahualpa, ofreciéndole un trago. Lo que parecía una simple promoción se convirtió en un robo con escopolamina. La mujer insistió en subirse a su vehículo y, con la excusa de “poner música”, pidió el código de su celular. Minutos después, la víctima notó cómo ella añadía algo a su bebida. Tras un solo vaso, comenzó a sentirse mareado, sin reflejos y prácticamente paralizado. Horas después despertó dentro de su auto, despojado de billetera, celular, dinero y demás pertenencias. El diagnóstico médico confirmó la presencia de escopolamina.
El joven logró rescatar una fotografía de la presunta implicada, que coincide con los perfiles compartidos desde Ambato, reforzando la sospecha de que estas delincuentes ya estarían activas en Ibarra, utilizando distintos métodos para ganarse la confianza de sus víctimas.
Estos casos han generado preocupación y elevan la alerta a todas las personas que frecuentan aplicaciones de citas en internet y se dejan llevar por mujeres hermosas, que posiblemente sean perfiles falsos, para llegar a su casa o en su auto y proceden a delinquir; además, estos casos nos recuerdan la importancia del cuidado personal que deben tener las personas para evitar ser víctimas de la delincuencia.
(Redacción Ibarra).- El creador de contenido ibarreño Bryan S., enciende una controversial polémica en redes sociales, por lo que podría enfrentar consecuencias legales. El influencer, que se ha ganado una considerable audiencia en TikTok con videos cargados de sátira y opiniones, ha sido denunciado por calumnia tras acusar públicamente a un ciudadano identificado como Edison A. C. de haber sustraído piezas de su vehículo durante las festividades de San Juanes en Caranqui.
En uno de sus videos, que ya no está publicado en la red social, Bryan S. acusa directamente al ciudadano y le da un ultimátum de 48 horas para que se comunique con él y “lleguen a un arreglo”, acusándole de haberse robado varias piezas de su vehículo, además advirtiéndole que, de no hacerlo, “tendrá serios problemas”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse, generando un amplio debate entre quienes lo respaldan y quienes cuestionan la ética de hacer justicia a través de las redes sociales. Ante esta situación, Edison A. C. presentó una denuncia formal por calumnias, asegurando que su imagen y reputación han sido gravemente afectadas por afirmaciones sin respaldo legal, detallando además que Bryan S. habría enviado mensajes amenazantes vía WhatsApp contra su integridad y la de su familia.
Por otro lado, Bryan S. habría establecido una estrecha colaboración con un abogado «influencer en tik tok», que ha ganado notoriedad por sus vídeos virales en los que lanza constantes cuestionamientos contra servidores públicos, administraciones locales y agentes de tránsito.
En un video publicado el 24 de julio en la cuenta del mencionado jurista, se observa a ambos personajes comentando el caso que ha desatado la polémica. En el clip, Bryan S. declara: «Veo a este tal Edison cerrando la puerta de mi vehículo. Hay cámaras que lo demuestran; estás grabado, hermano, así que prepárate mi bro, porque te viene lo duro.» Más adelante añade: «Sus amiguitos con los que hace fechorías se han de enojar también con él, porque vamos a desmantelar todo lo que hace, así que que se prepare.»
El abogado, conocido por representar a varios ciudadanos en casos mediáticos, ahora estaría brindando su respaldo legal al influencer para enfrentar las denuncias en su contra.
Según la información pública que se encuentra en el Consejo de la Judicatura, el ciudadano Edison A, cuenta con varios procesos judiciales, por receptación, estafa y robo, sin embargo ninguno de estos procesos judiciales han llegado a buen término, en vista de que no se ha podido demostrar la culpabilidad del ciudadano y la justicia los archivó.
Adicionalmente, se conoce que dentro de este proceso Bryan S. no ha generado una denuncia formal por el presunto robo que acusa en redes sociales.
Este no sería el primer encontrón de Bryan S. con la justicia; se conoce que mantiene un proceso legal previo por presunta difamación contra la empresa Ecuasueña, reconocida por la venta de planes de compra programada de vehículos. En aquella ocasión, el influencer calificó públicamente a la firma de “estafadora”, lo que motivó una demanda por daño a la imagen y desprestigio comercial; igualmente, los videos colgados que son motivo de esta denuncia ya fueron borrados de la red social.
Bryan S. es conocido por sus publicaciones cargadas de humor y crítica y ha sido señalado en varias ocasiones por verter opiniones sin sustento y utilizar su alcance en redes sociales para instalar criterios que en muchos de los casos tienen escasa base argumentativa. Aunque su contenido gira principalmente en torno al entretenimiento, no es inusual que incurra en temas de política y actualidad nacional, lo que ha generado controversia y, además, demandas legales por calumnia.
Nuestra redacción intentó comunicarse vía WhatsApp con el influencer para obtener su versión, pero lamentablemente el canal de WhatsApp que tiene habilitado en su perfil dejó de funcionar.
(Redacción Imbabura).- San Miguel de Urcuquí, el cantón más joven de la provincia de Imbabura, con una población estimada de 15.203 habitantes, según proyecciones del INEC, paga 4.060 dólares a su alcalde, cifra que lo ubica entre las autoridades municipales mejor pagadas de Imbabura, por encima incluso del alcalde de Ibarra, quien lidera un municipio con más de 170.000 habitantes y recibe un sueldo de 3.935 dólares.
El monto ha generado debate local, especialmente si se lo compara con municipios mucho más grandes y complejos como Ibarra u Otavalo. Urcuquí, con apenas el 9% de la población de Ibarra, destina recursos a sueldos municipales que, para algunos sectores ciudadanos, no reflejan las verdaderas prioridades del cantón.
Urcuquí, si bien ha sido parte de importantes proyectos como Yachay, aún enfrenta limitaciones en infraestructura, obra y gestión pública, acceso a empleo y cobertura de servicios básicos. En ese contexto, la ciudadanía empieza a cuestionar si es prudente mantener altos niveles de remuneración en la administración local, mientras aún existen obligaciones sin cumplir.
La comparación entre cantones también resulta ilustrativa. La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, con alrededor de 125.785 habitantes, recibe USD 4.508; Cotacachi, con más de 44.000 habitantes, paga a su alcalde un salario de 3.800 dólares; Antonio Ante, con más de 45.000, paga 3.654 dólares; y Pimampiro, con unos 12.000 habitantes, mantiene un salario de 2.500 dólares para su autoridad.
(Redacción Ibarra).- Han pasado 61 años desde que el Mercado Amazonas se convirtió en un punto clave para el comercio popular en Ibarra. Fundado en 1964 por cerca de 100 emprendedores provenientes del antiguo Mercado del Águila, este centro de abastos marcó un cambio en la forma de comercializar productos en la ciudad, atrayendo a la población hacia lo que en ese entonces era un potrero, más allá del Obelisco.
Con el paso del tiempo, el mercado creció, se consolidó y se convirtió en un referente para el abastecimiento de la ciudadanía. Sin embargo, hoy enfrenta un panorama muy distinto que preocupa a los ibarreños.
Debido a su antigüedad y prolongado tiempo de operación, el Mercado Amazonas muestra un evidente deterioro en su infraestructura. Este desgaste ha traído consigo graves problemas de insalubridad, como la presencia de plagas, un sistema de alcantarillado que emite olores desagradables y un basurero ubicado cerca de la calle Obispo Mosquera, que causa molestias tanto a los transeúntes como a los vehículos que circulan por la zona. Las mingas realizadas de forma esporádica no han sido suficientes para mejorar las condiciones higiénicas, y con el paso de los años el mercado ha perdido funcionalidad y atractivo para los consumidores.
A esto se suma el desorden generado por el comercio informal, especialmente en la calle Obispo Mosquera, donde diariamente se produce una intensa congestión vehicular por la ocupación de la calzada por parte de vendedores ambulantes. Esta problemática obligó, hace algunos meses, a la colocación de una barrera metálica para evitar la apropiación del espacio público. Sin embargo, las tensiones han persistido, generando enfrentamientos entre comerciantes informales y agentes de control municipal, mientras que los vendedores establecidos dentro del mercado continúan denunciando falta de control, orden y acción efectiva por parte de las autoridades.
Otra problemática evidente en los alrededores del Mercado Amazonas es la inseguridad. En sus inmediaciones se ha identificado la venta de artículos de dudosa procedencia; esta situación se agrava por la notoria falta de patrullaje policial y la escasa presencia de agentes de seguridad, lo que convierte al sector en un punto vulnerable para actividades ilícitas.
Ante este escenario, se conoce que el alcalde Álvaro Castillo ha mencionado en intervenciones anteriores que existe una propuesta para la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en un terreno ubicado entre las calles Heleodoro Ayala y José Tobar Tobar, en las inmediaciones de la terminal terrestre. Una vez efectuado el traslado, el actual espacio del mercado sería destinado para la implementación de una estación de transferencia de buses urbanos.
Sin embargo, la mañana de hoy, en rueda de prensa, Blanca Quiguango, representante de los comerciantes del Mercado Amazonas, se pronunció sobre el proyecto, aclarando que durante una socialización realizada el día de ayer con los dirigentes del mercado y el alcalde de la ciudad, él informó que actualmente no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, explicó que el Municipio se encuentra buscando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española; esta última ya habría presentado su documentación, la cual se encuentra en proceso de verificación. Se prevé que en aproximadamente ocho días se mantenga una nueva reunión con las partes involucradas, donde se podrían conocer avances concretos y decisiones sobre el futuro del proyecto.
Mientras tanto, aseguró que el Mercado Amazonas continuará abierto y funcionando con normalidad, garantizando así el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad.
Finalmente, hizo un llamado a los comerciantes y a la ciudadanía a no dejarse confundir por rumores o información emitida por líderes y grupos que no representan los intereses reales del sector. “Los comerciantes no estamos desamparados. Es fundamental mantenerse informados por canales oficiales y autoridades legítimas”, puntualizó.
La situación actual del Mercado Amazonas evidencia que el modelo de hace seis décadas ya no responde a las necesidades de una ciudad con alrededor de 170 mil habitantes y en crecimiento.
(Redacción Imbabura).- Este miércoles 25 de junio, la provincia de Imbabura celebra 201 años de provincialización, una fecha que marca el inicio de un legado lleno de cultura y transformación.
En un recuento histórico, fue un 25 de junio de 1824 cuando se creó oficialmente la provincia de Imbabura, con su capital, San Miguel de Ibarra, y los primeros cantones: Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Cayambe. En ese entonces, su territorio se extendía desde Rumichaca al norte hasta el río Guayllabamba al sur.
A lo largo del tiempo, la provincia ha vivido importantes cambios administrativos:
En 1850 se creó el cantón Tulcán
En 1855, Cayambe pasó a formar parte de Pichincha.
En 1861, Cotacachi fue definitivamente establecido como cantón.
En 1880 nació la provincia de Veintimilla (hoy Carchi), separándose de Imbabura.
En 1938 se creó el cantón Antonio Ante.
En 1981 se sumó Pimampiro y en 1984, el más joven de los cantones: San Miguel de Urcuquí.
Hoy, Imbabura está conformada por seis cantones: Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí, con una población aproximada de 469.879 habitantes. En cumplimiento de la disposición general cuarta de la Ley Orgánica de Servicio Público, se establece descanso obligatorio para el sector público el viernes 27 de junio, con motivo de esta celebración provincial. Para el sector privado, este descanso es referencial.
(Redacción Ibarra).– La Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP) culminó su programa anual de educación vial dirigido a estudiantes de primero y segundo de bachillerato. La iniciativa llegó a 21 unidades educativas de los cantones que integran la Mancomunidad de Tránsito del Norte.
Un total de 1.634 estudiantes fueron parte de este proceso formativo, que se desarrolló durante 80 horas pedagógicas bajo la coordinación de la Unidad de Seguridad Vial y Responsabilidad Social de esta institución. Las capacitaciones se realizaron en instituciones de Ibarra, Antonio Ante, Cotacachi y Otavalo en Imbabura; Pedro Moncayo en Pichincha y en la provincia de Carchi en Montúfar y Bolívar.
Los contenidos impartidos incluyeron temas clave como las normas de tránsito para usuarios viales, la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), y el reconocimiento de señales de tránsito en sus diferentes categorías.
Además, se promovieron valores ciudadanos que refuerzan las campañas comunicacionales que ejecuta Movidelnor, orientadas a fortalecer la cultura de prevención y el respeto en las vías, como: Doble fila Doble Problema, para evitar estacionar en doble fila; Vive más, acelera menos, que busca concientizar a la población de los riesgos de conducir a exceso de velocidad; Al volante, toma conciencia, no alcohol, para reducir los accidentes provocados por conductores en estado de ebriedad; y La edad no quita derechos, que fomenta el respeto del adulto mayor en el sitema de transporte público.
El gerente general de Movidelnor, Michael Jiménez, destacó el alcance de esta estrategia educativa. “Para nosotros, la educación vial es fundamental. No solo se trata de conocer las reglas, sino de asumir una actitud responsable y solidaria en el espacio público. Apostamos por una movilidad segura, con conciencia y compromiso ciudadano”, afirmó.
Los estudiantes también valoraron el aprendizaje adquirido. “Fue una experiencia práctica y útil. Hoy entendemos mejor cómo actuar en las vías y compartimos ese conocimiento con nuestras familias”, expresó Jorge Vásconez, alumno de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Oña Perdomo del cantón Montúfar.
Este programa educativo refuerza las habilidades ciudadanas de los jóvenes que serán agentes multiplicadores del respeto a las normas de tránsito, el fomento de la movilidad sostenible y la seguridad vial. Este efecto a largo plazo aportará a la reducción de siniestros y contribuirá a construir comunidades más seguras a través de una cultura vial basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad compartida.
(Redacción Imbabura).-La Empresa Pública de Movilidad del Norte, Movidelnor EP, y la Defensoría del Pueblo impulsan la campaña “La edad no quita derechos”, con el objetivo de promover la inclusión, el respeto y la empatía hacia las personas adultas mayores, especialmente en sus desplazamientos y uso del transporte público. Esta iniciativa busca generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de ponerse en el lugar de quienes, con el paso del tiempo, requieren mayor consideración. La campaña cuenta con el respaldo del sector del transporte local.
La campaña promueve el respeto de conductores y pasajeros hacia los adultos mayores en su desplazamiento por las ciudades mancomunadas. Michael Jiménez, gerente general de Movidelnor, explicó que el compromiso institucional es con la promoción de espacios de respeto y convivencia. Indicó que garantizar una movilidad segura y digna para todos fortalece la cultura de inclusión en la región y contribuye al bienestar de la comunidad.
“Se enfatiza la necesidad de que los conductores se detengan cuando los vean cruzar la calzada. Además, se exhorta a los operadores de transporte público a cumplir con la tarifa preferencial y a brindar asistencia al abordar los buses, evitando cualquier tipo de negación de este derecho. “Dentro de las unidades de transporte, exigimos que se cumpla con la obligación de los pasajeros de ceder los asientos preferenciales destinados a este grupo vulnerable de la población”, manifestó Jiménez.
Katherine Andrade, delegada de la Defensoría del Pueblo en Imbabura, destacó la importancia de esta campaña articulada para generar mayor conciencia en la ciudadanía. “Muchas veces las personas no se detienen a pensar en las dificultades que enfrentan los adultos mayores; esta iniciativa permite recordar que todos, en algún momento, llegaremos a esa etapa de la vida y que los derechos no se mendigan, se exigen”, dijo.
Por otra parte, Hernán Valencia, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Ibarra, destacó la importancia de esta iniciativa y agradeció su puesta en marcha. Afirmó que se trata de una medida alineada con la Ley Orgánica del Adulto Mayor, la cual garantiza los derechos de este grupo poblacional bajo el principio de atención prioritaria y especializada. “Confiamos en que esta campaña contribuirá a mejorar la movilidad de quienes, como nosotros, enfrentamos barreras cotidianas para desplazarnos con seguridad por la ciudad”, manifestó.
Juan Carlos Yépez, gerente de la cooperativa San Miguel de Ibarra, ratificó el compromiso del sector transportista con el cumplimiento de la tarifa preferencial de 0,17 centavos de dólar para las personas adultas mayores. Aseguró que esta medida no solo responde a una obligación legal, sino que también representa un acto de justicia y solidaridad con quienes han aportado al desarrollo de la sociedad durante toda su vida.
