(Redacciòn Antonio Ante).- La reciente desvinculación del abogado anteño Santiago Vallejo Vásquez, Mgtr., Ph.D., de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha despertado interés y diversas reacciones tanto en el ámbito político como ciudadano en Imbabura.
Su salida de una de las funciones más importantes dentro del organismo electoral estuvo acompañada por numerosos mensajes de reconocimiento por parte de autoridades, funcionarios y ciudadanos, quienes destacaron su trayectoria profesional, académica y su aporte al fortalecimiento institucional durante su gestión.
Según fuentes cercanas al jurista, esta nueva etapa estaría relacionada principalmente con la culminación de sus estudios doctorales realizados en universidades del exterior, así como con nuevos proyectos académicos y profesionales que demandarían una mayor dedicación de tiempo.
Sin embargo, en distintos sectores políticos del cantón Antonio Ante también ha comenzado a tomar fuerza una interrogante: ¿podría Santiago Vallejo convertirse en uno de los protagonistas de las Elecciones Seccionales de 2027?
Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una posible candidatura, trascendió que varias organizaciones políticas habrían mostrado interés en sumar al profesional anteño a sus proyectos electorales. Su experiencia en la administración pública, formación académica y conocimiento de los procesos democráticos lo posicionan como una figura que empieza a ser considerada dentro del escenario político local.
Las especulaciones han aumentado en los últimos días, impulsadas por comentarios en redes sociales, publicaciones en medios de comunicación y expresiones de respaldo de distintos sectores de la ciudadanía, que ven en Vallejo Vásquez una alternativa para liderar el futuro del cantón.
Con la proximidad de los procesos internos de selección de candidaturas y la preparación de las organizaciones políticas para los próximos comicios seccionales, las próximas semanas podrían resultar decisivas para conocer si el abogado anteño decide dar el salto a la política local y asumir un nuevo desafío en busca de la Alcaldía de Antonio Ante.
(Redacción Ibarra).- El mercado Amazonas, uno de los principales puntos de concentración comercial y de abastecimiento en la ciudad de Ibarra y para la región norte del país, actualmente ya no cumple con las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento, tras más de 62 años de servicio.
Debido a su antigüedad y prolongado uso, presenta un evidente deterioro en su infraestructura, así como problemas de insalubridad, desorden y ocupación del espacio público en sus alrededores por parte de vendedores ambulantes. A esto se suman situaciones de inseguridad y la presencia de actividades ilícitas, factores que, con el paso del tiempo, han provocado que el mercado pierda funcionalidad y atractivo para los consumidores.
En este contexto, la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en Ibarra se ha posicionado como una de las principales propuestas de campaña de varios candidatos que aspiran a la Alcaldía. Esta obra es presentada como una posible solución a las problemáticas actuales del comercio local y como una apuesta para reordenar, modernizar y dinamizar la actividad comercial en la ciudad.
Este ofrecimiento ha tomado mayor fuerza debido a la presencia de diversos precandidatos a la Alcaldía, quienes, en el marco de sus recorridos y propuestas, buscan captar el respaldo ciudadano de cara a las próximas elecciones. Entre ellos se mencionan Juan Árias, Álvaro Castillo Monge, José Moncayo, Juan Manuel Mantilla, Estefano Bolaños entre otros.
Sin embargo, esta no es una propuesta nueva. Su origen se remonta a administraciones anteriores, durante las cuales distintos alcaldes han pasado por el despacho municipal sin lograr concretar la construcción del nuevo Mercado Amazonas. De esta manera, el proyecto se ha mantenido a lo largo del tiempo como una deuda pendiente con la ciudad.
A continuación, se presenta un repaso de las administraciones que han abordado —sin concretar— este proyecto:
Pablo Jurado (2005–2009): Durante su administración ya se planteaba la necesidad de ordenar y modernizar el sistema de mercados, enmarcado dentro de una visión más amplia de planificación urbana. En ese contexto, se impulsó la idea de transformar los mercados tradicionales en espacios más organizados y funcionales, incluso con características propias de centros comerciales, buscando dejar atrás la percepción de desorden e insalubridad.
Para 2006 ya se hablaba de concentrar la actividad comercial en un solo lugar a través de un macro proyecto que contemplaba infraestructura moderna y la reubicación de comerciantes, incluidos los del mercado Amazonas, hacia el sector de La Playa. La iniciativa contaba con estudios y planos listos, pero su ejecución dependía de un financiamiento estimado en alrededor de 9 millones de dólares, recursos que no pudieron ser cubiertos por el presupuesto municipal y que quedaron sujetos a una eventual asignación del Estado.
Posteriormente, en 2009, en el marco de su campaña de reelección, Jurado también planteó la ampliación del mercado La Playa y la construcción de nuevos centros de abasto en sectores de crecimiento como Los Ceibos, Alpachaca y San Antonio, reforzando la idea de desconcentrar y reorganizar el sistema de mercados de la ciudad.
Jorge Martínez (2009–2014): Durante su administración se mantuvo en agenda la necesidad de reorganizar el sistema de mercados, aunque sin concretar una intervención estructural en el mercado Amazonas. Su gestión priorizó obras de regeneración urbana, entre ellas la construcción del bulevar en el centro de la ciudad, proyecto en el que se invirtieron alrededor de 6 millones de dólares. Si bien estas obras apuntaron a mejorar la imagen urbana y dinamizar el comercio, la problemática de los mercados tradicionales continuó sin una solución de fondo.
Álvaro Castillo (2014–2019): Durante su administración se impulsó la construcción de un nuevo mercado Amazonas en las inmediaciones de la terminal terrestre, como parte de una estrategia para reordenar el comercio en la ciudad. En 2015 se colocó la primera piedra y se inició la ejecución del proyecto, cuyo costo total se estimaba en alrededor de 7 millones de dólares. Sin embargo, la obra se vio afectada por un litigio con la familia Morejón relacionado con la propiedad de los terrenos, lo que frenó su avance. A pesar de haberse invertido cerca de 3 millones de dólares en la primera fase, los trabajos no pasaron de los cimientos y estructura inicial, quedando la obra inconclusa y sin cumplir el objetivo previsto.
Andrea Scacco (2019–2023): Durante su administración se retomó la intención de construir un nuevo mercado Amazonas; sin embargo, se planteó un cambio de enfoque, priorizando su ejecución por etapas o incluso analizando la posibilidad de intervenir en el mismo sitio del actual mercado. Su gestión se centró en la búsqueda de financiamiento externo para viabilizar el proyecto, pero no se logró concretar una inversión ni iniciar obras, por lo que la propuesta volvió a quedar en planificación sin ejecución.
Álvaro Castillo (2023–2027): En la actual administración se ha planteado la creación de un “Sistema de Mercados Centrales”, que contempla la construcción de un nuevo mercado Amazonas junto con infraestructura complementaria, como parte de un proyecto más amplio y estructurado. No obstante, la propuesta se ha mantenido en debate y ha enfrentado resistencia por parte de los comerciantes.
El 15 de julio del año pasado se realizó un proceso de socialización entre dirigentes del mercado y el alcalde, quien informó que no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, señaló que el Municipio se encuentra gestionando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española.
La iniciativa, impulsada por el alcalde y delegada a la empresa pública municipal Innova EP, contempla una inversión estimada de 70 millones de dólares mediante un modelo de alianza público-privada. De acuerdo con la planificación, se destinarían 50 millones para el mercado Amazonas, 18 millones para el centro comercial municipal La Playa y 2 millones para la plaza de servicios Amazonas.
Sin embargo, hasta la fecha, la propuesta no se ha concretado y, considerando que la actual administración está próxima a culminar su periodo, su ejecución en el corto plazo resulta poco probable.
(Redacción Ibarra).- La mañana de ayer, en el salón de la Alcaldía de Ibarra, el alcalde Álvaro Castillo y el gerente de EMAPA-I, Giovany Rivadeneira, expusieron el plan de obras de infraestructura que será financiado a partir de la actualización del pliego tarifario del servicio de agua potable.
Durante una rueda de prensa conjunta entre el Municipio y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-I), se detallaron los proyectos previstos para intervenir en el sistema de distribución hídrica del cantón, en medio de cuestionamientos ciudadanos por el incremento en las planillas, vigente desde este año tras cerca de una década sin ajustes.
Según lo expuesto, el objetivo central del plan es reducir los problemas de abastecimiento y eliminar los racionamientos en sectores considerados críticos. No obstante, las autoridades señalaron que la ejecución de estas obras dependerá del flujo de recursos generado por el nuevo esquema tarifario.
Entre las zonas identificadas con mayores dificultades constan Azaya, Alpachaca, Priorato y Yahuarcocha, donde se prevé la construcción de nuevos tanques de reserva para mejorar la continuidad del servicio en horas de alta demanda.
De acuerdo con el gerente de EMAPA-I, entre las principales intervenciones previstas se encuentran la perforación de un pozo en el sector La Quinta, con un caudal estimado de 45 litros por segundo; la implementación de un sistema de micromedición electromagnética para reducir las pérdidas de agua —que actualmente bordearían el 39%—; y el desarrollo de un proyecto de alcantarillado pluvial en la avenida Atahualpa, cuya fase de contratación se anunciaría en las próximas semanas.
El ajuste tarifario, aplicado de forma progresiva desde 2026, responde a disposiciones de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y contempla incrementos escalonados hasta 2028. Según lo informado, la medida busca equilibrar los costos operativos del sistema, diferenciando entre niveles de consumo.
Pese a los anuncios, no se precisaron cronogramas detallados de ejecución ni fechas concretas de entrega de las obras, lo que mantiene la expectativa sobre el impacto real de estas intervenciones en el corto plazo. Mientras tanto, el incremento en las tarifas ya se refleja en las planillas de los usuarios del cantón.
Redacción Ibarra.- Desde agosto del año pasado, la Alcaldía de Ibarra ejecuta la repotenciación del Mirador San Miguel Arcángel, un proyecto emblemático que busca fortalecer el paisaje urbano y dinamizar el turismo en la ciudad. Este martes, autoridades municipales invitaron a los diferentes medios de comunicación para constatar los avances de la primera etapa de la obra, cuya inversión bordea el millón de dólares.
Jenny Muenala, directora de Proyectos y Planificación del GAD Ibarra, informó que la obra registra un avance aproximado del 30 %. Detalló que las labores de movimiento de tierra y conformación de plataformas ya han sido concluidas y que, actualmente, el personal se encuentra ejecutando la construcción de varias infraestructuras consideradas clave dentro del diseño integral del proyecto.
Esta obra busca incrementar la afluencia de visitantes y dinamizar la economía local. Para ello, se contempla la implementación de nuevos atractivos como un mirador principal, la intervención y recuperación parcial del monumento San Miguel Arcángel —que presenta signos de deterioro tanto en su estructura interna como en el revestimiento—, además de una plaza central, graderíos, columpio panorámico, puente peatonal, jardineras, piletas, áreas de uso múltiple, baterías sanitarias, guardianía y la reorganización de los locales comerciales y de los parqueaderos, todo para convertirlo en un lugar ideal para disfrutar de la cultura ibarreña.
Desde la Alcaldía se informó que la obra incluirá el adoquinado del área de ingreso, conectándola de manera articulada con las vías asfaltadas ya existentes. Estos trabajos se complementan con las intervenciones ejecutadas por la Prefectura de Imbabura, como el asfaltado del tramo que une el sector del Arcángel con Yuracrucito, fortaleciendo así la accesibilidad al sitio.
El alcalde de Ibarra, Ing. Álvaro Castillo, señaló que la primera etapa del proyecto será inaugurada a finales de mayo, habilitando de manera parcial los locales comerciales. Conforme al cronograma previsto, la entrega total de la obra está programada para finales del presente año. Asimismo, informó que se analiza la intervención de las aceras y la mitigación de los daños existentes en el talud desde el sector de la Av.17 de Julio, considerando el incremento del flujo vehicular que se proyecta con la puesta en funcionamiento del mirador.
Durante el recorrido, moradores del sector solicitaron mejoras adicionales para que el espacio no solo tenga un carácter comercial y turístico, sino también comunitario. Entre los pedidos consta la construcción de una capilla, obra que, según indicó el alcalde, forma parte de los ofrecimientos realizados a la comunidad.
(Redacción Ibarra).- Han pasado 61 años desde que el Mercado Amazonas se convirtió en un punto clave para el comercio popular en Ibarra. Fundado en 1964 por cerca de 100 emprendedores provenientes del antiguo Mercado del Águila, este centro de abastos marcó un cambio en la forma de comercializar productos en la ciudad, atrayendo a la población hacia lo que en ese entonces era un potrero, más allá del Obelisco.
Con el paso del tiempo, el mercado creció, se consolidó y se convirtió en un referente para el abastecimiento de la ciudadanía. Sin embargo, hoy enfrenta un panorama muy distinto que preocupa a los ibarreños.
Debido a su antigüedad y prolongado tiempo de operación, el Mercado Amazonas muestra un evidente deterioro en su infraestructura. Este desgaste ha traído consigo graves problemas de insalubridad, como la presencia de plagas, un sistema de alcantarillado que emite olores desagradables y un basurero ubicado cerca de la calle Obispo Mosquera, que causa molestias tanto a los transeúntes como a los vehículos que circulan por la zona. Las mingas realizadas de forma esporádica no han sido suficientes para mejorar las condiciones higiénicas, y con el paso de los años el mercado ha perdido funcionalidad y atractivo para los consumidores.
A esto se suma el desorden generado por el comercio informal, especialmente en la calle Obispo Mosquera, donde diariamente se produce una intensa congestión vehicular por la ocupación de la calzada por parte de vendedores ambulantes. Esta problemática obligó, hace algunos meses, a la colocación de una barrera metálica para evitar la apropiación del espacio público. Sin embargo, las tensiones han persistido, generando enfrentamientos entre comerciantes informales y agentes de control municipal, mientras que los vendedores establecidos dentro del mercado continúan denunciando falta de control, orden y acción efectiva por parte de las autoridades.
Otra problemática evidente en los alrededores del Mercado Amazonas es la inseguridad. En sus inmediaciones se ha identificado la venta de artículos de dudosa procedencia; esta situación se agrava por la notoria falta de patrullaje policial y la escasa presencia de agentes de seguridad, lo que convierte al sector en un punto vulnerable para actividades ilícitas.
Ante este escenario, se conoce que el alcalde Álvaro Castillo ha mencionado en intervenciones anteriores que existe una propuesta para la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en un terreno ubicado entre las calles Heleodoro Ayala y José Tobar Tobar, en las inmediaciones de la terminal terrestre. Una vez efectuado el traslado, el actual espacio del mercado sería destinado para la implementación de una estación de transferencia de buses urbanos.
Sin embargo, la mañana de hoy, en rueda de prensa, Blanca Quiguango, representante de los comerciantes del Mercado Amazonas, se pronunció sobre el proyecto, aclarando que durante una socialización realizada el día de ayer con los dirigentes del mercado y el alcalde de la ciudad, él informó que actualmente no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, explicó que el Municipio se encuentra buscando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española; esta última ya habría presentado su documentación, la cual se encuentra en proceso de verificación. Se prevé que en aproximadamente ocho días se mantenga una nueva reunión con las partes involucradas, donde se podrían conocer avances concretos y decisiones sobre el futuro del proyecto.
Mientras tanto, aseguró que el Mercado Amazonas continuará abierto y funcionando con normalidad, garantizando así el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad.
Finalmente, hizo un llamado a los comerciantes y a la ciudadanía a no dejarse confundir por rumores o información emitida por líderes y grupos que no representan los intereses reales del sector. “Los comerciantes no estamos desamparados. Es fundamental mantenerse informados por canales oficiales y autoridades legítimas”, puntualizó.
La situación actual del Mercado Amazonas evidencia que el modelo de hace seis décadas ya no responde a las necesidades de una ciudad con alrededor de 170 mil habitantes y en crecimiento.
(Redacción Urcuquí).- El pasado 22 de junio, el cantón Urcuquí recibió la visita de una delegación de alto nivel de Emiratos Árabes Unidos (EAU), encabezada por Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para la Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Teletrabajo. La visita formó parte de las actividades desarrolladas durante el Foro Económico y de Inversión celebrado en nuestro país.
Urcuquí fue seleccionada estratégicamente para un sobrevuelo técnico en el que se identificaron terrenos con alto potencial para el desarrollo de proyectos agrícolas sostenibles y plantas de energía fotovoltaica, dos sectores clave en la agenda global por su impacto en la seguridad alimentaria y la transición energética limpia.
Según la Cancillería del Ecuador, esta zona de la provincia de Imbabura representa un entorno ideal por su altitud, clima, recursos naturales y condiciones geográficas únicas para una posible inversión extranjera. El recorrido de los delegados emiratíes confirma que el norte del Ecuador está entrando en el radar de la inversión internacional no solo por sus condiciones naturales, sino también por su apertura y marco normativo favorable.
Durante el foro, los representantes de Emiratos también sostuvieron reuniones con el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, y miembros del Comité Empresarial Ecuatoriano, donde se reafirmó el compromiso del país con una integración económica ambiciosa y sostenible. Jaramillo resaltó los avances hacia un acuerdo de asociación económica integral con EAU, cuyas negociaciones se encuentran bastante avanzadas, con 19 capítulos ya definidos. Se estima que las negociaciones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos concluirían en seis meses.
A nivel empresarial, la delegación también visitó la planta agroindustrial de Pronaca, lo que permitió evidenciar la calidad, capacidad y sostenibilidad del sector agroexportador ecuatoriano. Productos como la pitahaya, guayusa, macambo, cacao, banano, café, flores y especialmente las hortensias despertaron el interés de los empresarios árabes, atraídos por la combinación de calidad, trazabilidad y certificaciones internacionales como Global GAP, USDA Organic y Fair Trade.
La presencia del ministro Al Olama, figura clave en la estrategia digital de Emiratos, también abre posibilidades de colaboración en temas de tecnología, inteligencia artificial y desarrollo de data centers, alineándose con el modelo ecuatoriano que ya impulsa una zona franca tecnológica en Cuenca.
La visita a Urcuquí no solo marca un hito diplomático y económico sin precedentes, sino que refleja cómo zonas rurales de este cantón tienen un potencial para la innovación y la inversión extranjera.
(Redacción Imbabura).- La ruta ferroviaria entre Ibarra y Andrade Marín, reactivada el 28 de abril de 2025 tras su rehabilitación en agosto de 2024, ha movilizado a más de 9500 pasajeros, según manifestó la empresa Inova encargada de su administración.
El trayecto, de 13 kilómetros, forma parte del proyecto Tren del Tayta Imbabura, impulsado por los municipios de Ibarra y Antonio Ante, con el respaldo del Gobierno Nacional. Este patrimonio ferroviario de la provincia cuenta con alrededor de 50 años de historia y actualmente cuenta con tres horarios diarios de salida desde la estación junto al Obelisco y registra una creciente presencia de turistas nacionales y extranjeros.
El recorrido incluye dos paradas: una en San Antonio, donde los visitantes acceden a una zona artesanal y gastronómica, y otra en Andrade Marín, donde se realiza una visita guiada a la antigua Fábrica Textil Imbabura, actualmente museo. El trayecto tiene una duración aproximada de tres horas y el costo del pasaje es de $5 para adultos y $2,50 para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
En cuanto a la expansión del proyecto, el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, anunció anteriormente que se prevé la habilitación del tramo Ibarra-Salinas, de 30 kilómetros, con una inversión estimada de $500.000 para la renovación de durmientes. Otro tramo que conectaría con el cantón Otavalo continúa pendiente, debido a la falta de rehabilitación del puente de San Roque, en el límite entre Otavalo y Antonio Ante.
Este proyecto ferroviario, aún en desarrollo, busca reactivar una red que podría superar los 50 kilómetros de recorrido en la provincia.
(Redacción Imbabura).-Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Solo en los primeros cinco meses de 2025, el país ha registrado un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. De enero a abril se han contabilizado 3.087 muertes violentas, lo que representa un incremento del 58 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Enero y febrero sumaron 1.530 homicidios, mientras que marzo y abril registraron 831 y 726 asesinatos, respectivamente. Las cifras convierten este periodo en el más violento jamás registrado en el país.
A pesar de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la violencia continúa escalando. Ciudades de la Costa ecuatoriana, varios sectores de la Sierra y zonas urbanas que antes eran consideradas tranquilas, como Ibarra, también han sido alcanzadas por esta ola delictiva.
En la capital imbabureña, la percepción de inseguridad ha crecido significativamente. La ciudadanía reporta un incremento de los delitos de oportunidad, como robos a domicilios y asaltos a personas en la vía pública, especialmente en zonas con escasa iluminación y sin presencia policial. Los antisociales, a bordo de motocicletas, aprovechan la falta de patrullaje para cometer estos robos. En sectores como Miravalle y Los Huertos Familiares, se registran hasta tres robos por semana según los reportes ingresados a nuestra redacción.
Frente a este panorama, el presidente Daniel Noboa envió el pasado 17 de mayo su primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional. Bajo el nombre de “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, la iniciativa busca golpear las finanzas de los grupos delincuenciales, atacando directamente el poder económico del crimen organizado.
La propuesta, calificada como urgente en materia económica, implica reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales. Los asambleístas tienen un plazo de 30 días para tramitarla.
El texto legal propone medidas tributarias, financieras y de seguridad con el objetivo de “proteger a la ciudadanía, estabilizar el sistema económico y reactivar zonas afectadas por el crimen organizado”.
El crecimiento del narcotráfico y la presencia de bandas delincuenciales han profundizado la crisis. Noboa enfrenta el mayor reto de su mandato: recuperar el control territorial y restablecer la seguridad del país.
(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.
Año 2025
Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.
Año 2023
Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.
Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.
Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.
A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.
La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.
La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.
Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.
EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.
(Redacción Otavalo).- La fase constructiva del Proyecto de Agua Potable Pesillo Imbabura en las provincias de Pichincha e Imbabura, concluyó el 28 de febrero del presente año. Este proyecto que inició en 2017, en la primera administración del alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, es una iniciativa crucial para mejorar el acceso al agua potable para 225 mil personas de 165 comunidades de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cayambe y Pedro Moncayo.
La inversión total del proyecto es de $47,6 millones de dólares, monto que debe ser reembolsado el 35% por los municipios que conforman la mancomunidad y el 65% no esreembolsable, recursos financiados por la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Ecuador.
La mancomunidad del Proyecto de Agua Potable Pesillo-Imbabura, liderada por el alcalde de Ibarra, trabaja para asegurar la culminación exitosa del proyecto. El próximo lunes 28 de octubre, se tiene previsto la realización de lasesión de directorio conformado por los cinco alcaldes de Imbabura y Pichincha, en el encuentro los burgomaestres discutirán en segundo debate el estatuto para la constitución de la Empresa de Agua Potable, sin embargo, ayer en la sesión Nro. 73 del concejo municipal de Otavalo, la discusión del proyecto generó polémica entre varios concejales y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, quien solicitó transparencia en la información técnica y económica de la gestión pasada.
Anabel Hermosa en el inicio de su gestión como alcaldesa, mencionó que “Otavalo no necesita el agua que brindaría este proyecto”, sin embargo, el concejo municipal de Otavalo le autorizó participar en la sesión del directorio para tratar sobre los estatutos de la creación de la nueva empresa pública.
En la sesión de concejo desarrollada el jueves 24 de octubre, el concejal Jorge de la Torre resaltó las aspiraciones de las comunidades para la administración de la empresa pública y en su intervención sentenció que “las comunidades no se quedarán cruzadas los brazos” si no se incorporan los requerimientos del sector rural, por su parte, el concejal Alberto Morales criticó la politización del proyecto Pesillo – Imbabura, refiriéndose a la candidatura de Fernando de la Torre, presidente transitorio del consejo de juntas de agua, quien busca ocupar una curul en la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana en las elecciones del próximo año.
Fernado de la Torre y el concejal Jorge de la Torre junto a varios dirigentes parroquiales ya protagonizaron manifestaciones en la capital imbabureña.
Hoy en Imbabura 