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Empresa recogió productos caducados de una quebrada de Ibarra tras cuestionada disposición de residuos

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(Redacciòn Ibarra).- Un caso de disposición ilegal de residuos generó preocupación entre los moradores en Ibarra, luego de que se denunciara el abandono de una gran cantidad de productos alimenticios en una quebrada ubicada en el sector La Violeta, sobre la conocida Ruta de las Haciendas. El hecho quedó registrado en un video el pasado mièrcoles 1 de julio, en el que se observa a presuntos trabajadores descargando los residuos desde un camión que portaba la imagen de la reconocida empresa ecuatoriana de embutidos y productos cárnicos La Italiana.

Tras la publicación de la noticia por parte de nuestro medio, el dia sabado 4 de julio personal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Ibarra realizó una inspección en el sitio, constatando que los desechos correspondían a embutidos en mal estado y productos lácteos con su fecha de caducidad vencida.

Con estos antecedentes, las autoridades se pusieron en contacto con la empresa relacionada con los productos encontrados para notificar lo ocurrido y, posteriormente, emitieron la respectiva citación a la Comisaría Ambiental del GAD de Ibarra, dando inicio al proceso administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente.

La comisaria ambiental del GAD de Ibarra, Paola Molina, manifestó que, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas municipales, además del proceso sancionador y las posibles multas económicas, se exige la restitución del sitio afectado a sus condiciones originales.

Por su parte, el director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, Diego Villalba, explicó que cuando existe un volumen considerable de residuos provenientes de empresas o establecimientos, estas deben notificar al Municipio para coordinar el acompañamiento técnico y el traslado del material al relleno sanitario de San Alfonso, donde se garantiza una disposición final adecuada mediante la destrucción de productos caducados.

Villalba enfatizó que este procedimiento evita la contaminación de las cuencas hídricas, la vegetación y otros ecosistemas, reduciendo los riesgos ambientales derivados del abandono de este tipo de residuos.

Tras conocerse el caso, Juan Pablo Madero, gerente de Marketing de La Italiana, manifestó que «el camión pertenece a un distribuidor de la zona, es un servicio externo, que no es de su total control pero que sí debe responder a su filosofía». Además, señaló que «este tipo de camiones, disponen de un sistema de refrigeración, lo que en algunas ocasiones genera un excedente de hielo» y que lo que se está «desechando» es el exceso de hielo. Asimismo, indicó que » la práctica o ejecución no es la correcta, ya que existe un tratamiento y proceso para cada uno de estos casos».

Finalmente, afirmó: «Hemos tomado las correcciones internas necesarias, para que este tipo de prácticas no se repitan y cada uno de los actores, internos o externos, se apeguen a nuestras políticas, normativas y filosofía.»

En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente (COA) prohíbe este tipo de prácticas por los daños que ocasionan al ambiente y a las fuentes hídricas. Dependiendo de la gravedad del caso, los responsables enfrentan sanciones administrativas, económicas e incluso penales, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Juez ordenó el desalojo en medio de una disputa por la copropiedad que involucra a decenas de familias

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(Redacción Ibarra).– La controversia por un predio ubicado en el sector de Priorato continúa generando preocupación entre decenas de familias que habitan el lugar. Lo que inició con un proceso judicial de ejecución y remate de acciones y derechos sobre el inmueble derivó esta semana en un operativo de desalojo que terminó con enfrentamientos entre ocupantes y miembros de la fuerza pública.

Según consta en el expediente judicial 10333-2015-01234, el proceso de ejecución concluyó con la adjudicación del 50% de las acciones y derechos del bien a favor de Nubia del Rocío Tatamues Enríquez. Posteriormente, el juez Pablo Enrique Vintimilla dispuso la inscripción de dicha adjudicación en el Registro de la Propiedad, dando por cumplida la fase de ejecución correspondiente al remate.

De acuerdo con la documentación revisada por los moradores, el otro 50% de acciones y derechos del inmueble pertenecería al ejecutante dentro de la causa, quien además habría actuado como depositario judicial durante el proceso.

Los habitantes sostienen que, una vez inscrita la adjudicación, el juez ya no tenía competencia para resolver controversias relacionadas con la copropiedad ni para determinar físicamente qué parte específica del terreno correspondía a la rematista. Señalan que esta posición quedó reflejada en una providencia emitida el 7 de octubre de 2025, en la que se habría negado una solicitud para que se singularizara o delimitara el 50% adjudicado, argumentando que dicho trámite debía ventilarse por otra vía judicial.

La situación tomó un giro inesperado meses después. Los afectados denuncian que, pese a haberse declarado incompetente para resolver aspectos inherentes a la división de la copropiedad, en enero de 2026 se emitió una nueva providencia que dispuso el desalojo y descerrajamiento de viviendas ubicadas dentro del predio.

Los moradores cuestionan que la medida no habría individualizado cuáles construcciones debían ser objeto de la diligencia, pese a que las viviendas se encuentran distribuidas en distintas áreas de la propiedad y no existe una partición previa que determine con precisión qué espacios corresponden al porcentaje adjudicado.

La mañana de ayer, la orden judicial fue ejecutada con el apoyo de la fuerza pública. Sin embargo, el operativo derivó en momentos de tensión y enfrentamientos entre efectivos policiales y ocupantes del predio, quienes intentaron impedir el ingreso a las viviendas.

Los residentes aseguran que muchas de las familias han habitado el sector durante varios años y que algunas cuentan con documentos de promesas de compraventa legalmente notarizadas. Además, afirman que entre los afectados existen adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad.

Como consecuencia del procedimiento, varias familias denunciaron haber quedado temporalmente impedidas de ingresar a sus viviendas y pertenencias.

Los habitantes reiteran su pedido de intervención a las autoridades competentes para que se revise la legalidad de las actuaciones posteriores al remate y se determine si las diligencias ejecutadas se ajustaron al marco jurídico aplicable a los casos de copropiedad.

Hasta el cierre de esta edición, no se había conocido un pronunciamiento oficial de las autoridades judiciales respecto a los cuestionamientos planteados por los moradores.

Vehículo se volcó en la vía Ibarra-Atuntaqui a la altura de Natabuela

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(Redacción Ibarra).- Hace pocos minutos se registró un accidente de tránsito en la vía E35, sector Natabuela. Según los primeros reportes ciudadanos, el conductor del vehículo presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. El automotor circulaba desde San Antonio a exceso de velocidad y realizando cambios bruscos de carril.

De acuerdo con testigos, el otro vehículo involucrado no perdió pista, sino que fue impactado por el automotor negro conducido por la persona en aparente estado de embriaguez. Como consecuencia del fuerte choque, el vehículo afectado sufrió daños de consideración, mientras que el presunto responsable terminó impactándose contra una vivienda y un poste de alumbrado público.

En el segundo vehículo se trasladaban cinco ocupantes, según la información difundida por testigos. El siniestro dejó a tres personas heridas. Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Antonio Ante atendió a dos de los afectados y los trasladó a una casa de salud, mientras que la tercera persona fue asistida en el lugar por paramédicos de Panavial.

La circulación vehicular se mantiene parcialmente habilitada, con un solo carril operativo mientras se desarrollan las labores correspondientes.
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Nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, invade publicidad municipal

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(Redacción Otavalo).- La presencia del nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, en material de comunicación institucional volvió a encender el debate sobre los límites entre informar gestión pública y promocionar a una autoridad usando recursos del Estado.

En varios eventos vinculados a la Alcaldía de Otavalo —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, cuya difusión comenzó el pasado 14 de enero— se ha evidenciado el uso reiterado de una gráfica institucional en la que el nombre de la alcaldesa destaca de forma predominante en distintos materiales publicitarios. Esta presentación, por su diseño y énfasis visual, resulta llamativa y deliberada, y según el criterio de varios especialistas; lo que se asemejaría más a una marca personal que a una identificación oficial del Municipio.

Al revisar el Sistema Nacional de Contratación Pública, se pudo verificar que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación de la Alcaldía de Otavalo, se inició un proceso de ínfima cuantía para la adquisición de bienes destinados al proyecto de difusión de acciones de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.

Dentro de las especificaciones técnicas de dichos bienes constan stands, inflables, carpas inflables, arcos inflables, obeliscos inflables, tótems, roll-ups, backing y otros elementos promocionales, los cuales no solo incorporan el nombre institucional de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, sino también el nombre de la primera autoridad del cantón.

Asimismo, en las redes sociales institucionales, particularmente en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, se observa de manera reiterada la inclusión del nombre de la alcaldesa, acompañado de los hashtags #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, un llamativo juego de palabras que refuerza la evidente apropiación simbólica de los canales institucionales.

¿Qué dice la norma?

El Código de la Democracia, en su artículo 219, prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su cargo. Especialistas señalan que el punto no es impedir la comunicación institucional, sino evitar que el presupuesto público se use para posicionamiento personal o con fines que puedan afectar la equidad política.

Contraloría ya ha observado casos similares

La Contraloría General del Estado sí ha revisado y observado el uso de recursos públicos en publicidad institucional cuando esta incluye nombres de autoridades u organizaciones políticas. Un antecedente directo es el examen especial realizado al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los gastos de publicidad, información y difusión en vallas y otros medios, específicamente para determinar si se utilizaron recursos y espacios públicos para promocionar nombres de personas u organizaciones políticas. Aunque en ese caso el informe concluyó con observaciones y recomendaciones —y no con una sanción administrativa definitiva—, el proceso dejó establecido que este tipo de prácticas son objeto de control fiscal. Además, la Contraloría ha reiterado en comunicados oficiales que mantiene controles permanentes, especialmente en periodos electorales, para evitar el uso de bienes y recursos públicos con fines de promoción personal o política, en concordancia con la prohibición expresa del artículo 219 del Código de la Democracia.

Cuando sí hay sanción: el precedente del TCE

En la vía electoral, el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado casos vinculados al uso de bienes públicos en contextos de promoción. En la causa 084-2019, el TCE declaró responsable al entonces rector de la ULEAM, Alejandro Miguel Camino Solórzano, y dispuso una multa de 10 remuneraciones básicas por permitir que vallas de propiedad pública sean usadas con publicidad electoral, citando el art. 219 como base prohibitiva y aplicando el régimen de infracciones.

Documentos públicos del requerimiento de la ORDEN DE COMPRA DEL GAD DE OTAVALO.

REQUERIMIENTO DE COMPRA Y SERVICIODescarga
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISIÓN DE BIENESDescarga

Evento de promoción del Pawkar Raymi Pinsaquí 2026 (14 de enero de 2026): https://www.facebook.com/share/p/1Ao4bHFfvk/

Nueva ordenanza del Registro de la Propiedad en Ibarra: actualización de tarifas, exoneraciones y modernización con Folio Real

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(Redacción Ibarra).- El Concejo Municipal de Ibarra aprobó la Ordenanza Sustitutiva para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón, luego de más de diez años sin actualización. La normativa anterior databa de 2011, mientras que la tabla de cobros se mantenía vigente desde 2003, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que debe revisarse anualmente.

Uno de los principales beneficios de la nueva ordenanza es que no se incrementa ningún valor en la inscripción de bienes de hasta 90.000 dólares, lo que garantiza que los proyectos sociales y créditos preferenciales continúen sin afectar a la ciudadanía. Estos trámites representan más del 80% de las inscripciones que realiza la entidad.

Además, los procesos de aclaración o rectificación de errores en escrituras o resoluciones tendrán un costo reducido al 25% del valor original. Por ejemplo, si una inscripción costaba 200 dólares, la aclaración ahora costará solo 50, en beneficio directo de los usuarios.

La actualización también busca mantener costos justos y sostenibles. Según la entidad, algunos trámites tenían valores que representaban menos del 10% del costo real del servicio. En ese sentido, se ajustaron aranceles como el certificado de gravamen, que pasa de 7 a 11,75 dólares (2,5% del salario básico unificado). Este ajuste, explican las autoridades, no representa un aumento repentino, sino la regularización de un rezago de casi dos décadas.

El Registro de la Propiedad de Ibarra destaca además por su eficiencia y modernización. Actualmente, el 95% de los certificados se entregan el mismo día de su solicitud, y los trámites se inscriben en un promedio de 24 a 48 horas. Para mantener este servicio, la institución avanza en la implementación del sistema de Folio Real, que asignará una clave única a cada bien inmueble, optimizando los tiempos de atención y reforzando la seguridad jurídica.

En materia de inclusión, la ordenanza contempla exoneraciones del 50% en aranceles para personas adultas mayores y personas con discapacidad superior al 30%, en cumplimiento de la ley. Asimismo, los procesos de justificación por homónimos —cuando se deben corregir errores ajenos al usuario— dejarán de tener costo, como una medida de equidad hacia los ciudadanos.

Con esta reforma, el Registro de la Propiedad de Ibarra busca equilibrar la sostenibilidad institucional con un servicio ágil, transparente y acorde a las necesidades actuales del cantón.